Una parte de lo que geográficamente se conoce como escudo brasileño (sur de Sao Paulo, atraviesa Uruguay y finaliza en Viedma, Argentina) se ha visto afectada desde el 27 de abril por una lluvia casi permanente, persistente, y por correntadas de las cuencas de cinco ríos que descienden de las sierras del Estado de Rio Grande do Sul. La propia ciudad principal, Porto Alegre, de un millón y medio de habitantes, pero en cuyo municipio se reúnen alrededor de cuatro millones de personas, desde el pasado 3 de mayo debió cerrar operaciones en su aeropuerto inundado, estimándose -inicialmente- que pasarán mínimamente cuatro meses, a partir que cese la contingencia, para que vuelva a la actividad.
En el Estado, advierten que la llegada de un frente frío el 13 de mayo, empeorará la situación, al tomar en cuenta que el promedio inusual de 20 grados centígrados diarios en los días previos, tuvo como consecuencia inicial la reducción abrupta de siete grados en la media y que el fenómeno, al chocar con la atmósfera más caliente, producirá nuevas lluvias. Si a lo anterior se suma que el viento sopla de sur a norte se entiende que el nivel del mar sube y la desembocadura de las aguas -Porto Alegre está en una ribera del río Guaíba (en verdad, un lago)- hace más lenta la normalización de su nivel y las ciudades permanecen inundadas y un ciento (por lo menos) de carreteras son vías intransitables.
Buceando en un mar de informaciones falsas, dado que los políticos sacan partido con datos inventados para sus fines personales, el gobierno estatal dio a conocer algunas cifras preliminares: más de 650 mil casas perdidas y uno de cada cinco habitantes (por lo menos) es damnificado. En tanto, se cuentan por cientos los muertos y desaparecidos, mientras en algunos lugares debieron suspenderse los servicios de agua potable, electricidad, alimentos y comunicaciones.
Hasta ahora, lo “habitual” para unos cuantos era que los Estados nordestinos de Brasil padecieran en ciertos casos largas sequías y los del sur tiempos de lluvia y alguna que otra temporada de lluvias y, eventualmente, tormentas, con algún desborde menor (entendido como “natural”), sin mayor cosa que el desplazamiento temporal de damnificados pobres.
Sin embargo, meteorólogos y, sobre todo, geógrafos, ingenieros agrónomos y agricultores, desde hace varias décadas vienen tratando de hacer entender a los diversos gobiernos regionales de la necesidad de mantener un política de suelos acorde con la naturaleza de los sitios: por toda contestación a las advertencias acerca de la posibilidad cierta de que se produjese una catástrofe como la actual se encontró con la desidia de los gobernantes o la autorización por ellos de una política medioambiental protectora de las empresas nacionales o extranjeras, el avance de sojeros, aserradores madereros y ganaderos, a costa de tierras arrancadas a comunidades indígenas y a campesinos pobres. Como variante, para favorecer a esos grupos, se acordaron desvíos de ríos y nuevas represas y en las urbes más edificaciones.
El propio territorio brasileño dio un primer aviso acerca de lo que sobrevendría en el extremo sur: en el Estado de Acre (ex boliviano) hace unos meses, las inundaciones inusuales lo devastaron y, sin embargo, esto no movió a una urgente acción de previsión o a alguna reflexión.
Un informe publicado recientemente señala: “(…) la ausencia de una estructura técnica y política del Estado para combatir los eventos climáticos, la opción por el desarrollo del capitalismo y la consolidación de las políticas neoliberales deben ser considerados responsables por la magnitud de la tragedia”. En el informe se opina acerca de cómo se integró históricamente este caso, y dice: “(…) una formación territorial del Rio Grande do Sul emprendida por el Estado-Nación desde el período Imperial, fundada en la explotación maderera, expropiación y genocidio de los pueblos originarios, migración subsidiada para la explotación del trabajo campesino, acaparamiento de tierras y apropiación de las tierras públicas; institución del poder político oligárquico; estructuración de los órganos estatales en alianza a los intereses del capital nacional e internacional; desestructuración de los órganos e instituciones del Estado fuertemente realizada en los años 2000, y la profundización del proyecto neoliberal del Estado”. Y concluye con una frase terrible: “Ninguna novedad acerca de la historia de Brasil, puesto que este es un proceso compartido en la escala nacional.”
El texto del informe, sobre el final, se permite una reflexión que conlleva una condena. “La opción política se materializa en el Poder Legislativo (federal) que legisla a favor de la burguesía nacional e internacional, legalizando prácticas criminales inconstitucionales; asigna -y desvía- recursos públicos a proyectos económicos destinados al desarrollo del gran capital en Brasil y toma decisiones políticas de Estado que privilegian esos intereses económicos.”
A la desastrosa situación del sur de Brasil, hay que agregar las afectaciones a territorios de otros países: una parte de las aguas que azotan a los “gaúchos “
van a desembocar a las estribaciones de la Serra do Mar, en las nacientes del río Uruguay, provocando en el lado oeste inundaciones en la ciudad y región circundante de Concordia, con la consecuencia de damnificados -pobres, para variar- y desalojados. El caso del lado uruguayo es aún más difícil porque abarca los cuatro departamentos del norte y centro litoraleño, la creciente fronteriza con Brasil del río Cuareim y el departamento (también de frontera) de Treinta y Tres, que comparte con Cerro Largo la zona arrocera de La Charqueada y la parte correspondiente de la soberanía oriental con la Laguna Merín, que del lado vecino pertenece a la jurisdicción del Estado de Rio Grande do Sul.
En consecuencia, los cambios generados por El Niño, el cambio climático y el modelo capitalista (actualmente neoliberal) de desarrollo urbano y rural brasileños son los causantes de la actual situación.
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