Con independencia del resultado del próximo domingo 21, el gobierno de Sebastián Piñera puede marcar el final de periódicas administraciones de la postdictadura. Tal vez ocurra que sea la defunción de un largo periodo de alternancias con democracia incompleta. Su gobierno se convertirá en un mal recuerdo ciudadano, aquel que dio el último puntapié para desnaturalizar del favor popular conciertos de partidos políticos.
Este tiempo, conocido como el de “transición a la democracia” no fue otra cosa que una muy deficiente adecuación de la filosofía económica y política de la dictadura, más identidad continuista, con la aplicación a rajatabla del neoliberalismo, más adicionales agravantes, asumiendo corrupción, violación de derechos, ausencia de justicia sobre desmanes autoritarios precedentes. Debe sumarse la resistencia y la lucha de los mapuches, exigiendo la restitución de territorios y bienes que le fueron robados por los gobiernos anteriores a la dictadura y ésta se encargó de garantizar.
Lo que puso un hasta aquí a la situación, fue el estallido popular de octubre de 2019 del cual llegó a suponerse que acabaría con el sistema vigente: influyó en que perviviera la herencia la instalación crítica de la pandemia.
Al intentar analizar cómo se condujo el movimiento popular que enfrentó directamente al gobierno y sus expresiones represivas (a los que agrego los medios de comunicación hegemónicos y las “luces cortas” de los partidos apodados de izquierda), estimo que entre la espontaneidad urbana hubo grupos más esclarecidos acerca del quehacer y que actuaron como una especie de pequeño-cañón-guía que apuntaba a construir una nueva hegemonía a partir de demandas de contenido político popular, transformando el movimiento en algo con grandes aspiraciones democráticas. Todo eso derivó en un vasto compendio aliancista, consensuado, convertido en partido de hecho -aunque no se visualizaran conductores- pero actuando como caldo de cultivo que apuntaba a amalgamar los reclamos masivos del extendido territorio chileno.
La concepción del movimiento se nutrió de las demandas -con diversas intensidades- insatisfechas y se efectivizó a través de las acciones concretas del colectivo. Así quedaron marginadas actitudes burocráticas, el seguidismo de lo pasado, el autoritarismo, la abolición de lo “oficial” y la autocensura constante.
Ante lo anterior, se demuestra y evidencia -previo a cualquier acción- que la autoridad carecía de un proyecto propio y vivió en consonancia con un sistema que se quería superar, en particular, terminando con los distanciamientos entre autoridades y pueblo. No puede negarse que la denuncia de la corrupción y la falta de credibilidad popular en los partidos políticos estuvieran en la raíz de los estallidos de octubre del 19, o las demandas mapuches, la violencia de género, el cambio climático, la cuestión educativa, la salud. Tampoco se sabía años atrás que se integraría una Lista del Pueblo y que ésta -lamentablemente- se disolvería, al emerger en su seno personalismos similares a los heredados de los partidos tradicionales.
La revuelta popular se “refrenó” cuando el 15 de noviembre de 2019 se firmó algo -digamos- como un pacto de paz que le dio cierto respiro al acosado régimen de Piñera, el que a esas alturas entendía que la “democracia a palos” (convocando a la represión conjunta de policía, Carabineros y ejército) no aplacaría a los de Plaza Italia. Junto a la aprobación presidencial, firmaron los partidos políticos el llamado a una Constituyente -a la que le impusieron sus “permisos” acerca de qué temas legislar- y un nuevo aliado se le añadió, el Frente Amplio, hoy representado por la persona de Gabriel Boric.
Los comicios de este noviembre deben situarse en el contexto de que quienes fueron protagonistas de los hechos de octubre quedaron enredados en la vieja institucionalidad y, por tanto, en el avance presidencial del candidato progresista Boric (Frente Amplio dentro del pacto Apruebo Dignidad) que pasará a segunda vuelta y casi con seguridad será electo como primer mandatario. La derecha lleva el ex diputado neofascista José Antonio Kast (Partido Republicano) y a Sebastián Sichel (Chile Vamos), existiendo otros pequeños actores-competidores. Recordemos que Boric le habla a la centroizquierda, progresistas o socialdemócratas, con ideas sobre medio ambiente (lo que es sumamente importante, pero no único) sin referirse al conjunto Apruebo Dignidad.
Algunos analistas aseguran que al pasar dos años del inicio de la revuelta popular, quienquiera gane las presidenciales, seguirá subsumido por las leyes del mercado, según la nueva Constitución que la avalará. Saben que hace un año señalaron la victoria de la izquierda como un “triunfo popular”, rompiendo con una democracia restringida, al tiempo que para la derecha se marcaba un fracaso contundente: 80% del votó para la Constituyente fue a las fuerzas de la movilización y 20% por la derecha.
Marcos Roitman Rosenmann sintetiza: “La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración”. Como señala, la rebelión popular se encuentra delimitada, acotada, entre “las elecciones y una Constituyente descafeinada”, lo que comparto.
Con toda seguridad, en futuras notas daré una opinión de este mes de noviembre en el que, además del acto electoral de Chile, ocurrirán en hispanoamérica otros dos.
Hoy en Chile, pero puede serlo en otras latitudes, estimo que de lo que se trata es de armonizar un planteo económico de base comunitaria que sea, a la vez, una expresión política de un conjunto de superiores libertades. Deploro pensar que del nuevo gobierno chileno y la Constitución renovada no sea esperable que abra “las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor” hacia un modelo -por lo menos- anticapitalista y que a los indígenas les restituirán algo de lo robado.
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