El 7 de agosto dio inicio en Colombia la presidencia de Iván Duque, hombre del uribismo, triunfador en segunda vuelta el 17 de junio. Mientras el senador oficialista que le dio posesión culpó a su predecesor -Juan Manuel Santos- por la crisis del país, el debutante expuso su intención de concluir un Pacto por Colombia y dejó en el aire, sin hilo conductor, qué va a pasar con los acuerdos firmados y en aplicación con la ex insurgencia y qué acontecerá con el grupo alzado.
Sin embargo, fue claro en que reducirá impuestos al capital, aunque luego se sumergió en lugares comunes pretendiendo definir los pasos a seguir en empleo, formalización laboral, vivienda, salud, seguridad combate a la corrupción y al narcotráfico.
La impresión que dejó tras el discurso de toma de posesión y otras afirmaciones es de que formará gobierno sin recurrir al clientelismo (apoyos políticos de partidos tradicionales de derecha) tiene visos de ser en parte cierto: Duque privilegia una especie de corporativismo que favorece a las cámaras empresariales, que estarán representadas en su gestión, por encima de los apoyos de quienes se inclinaron con sus organizaciones partidarias tras su candidatura: transita por esta corriente de la burguesía la idea que lo fundamental es alcanzar éxito económico teniendo al mercado como regulador y árbitro del proceso, donde la atracción de apoyos se obtiene con medidas como la ya anunciada en que se trasladan las fiscalidades de la producción, rentas personales, provecho y lucro de losconglomerados capitalistas al consumo.
Para el caso del Poder Judicial tampoco hay propuestas que modifiquen el embudo con que se tratan los procedimientos, donde la parte ancha va desde distintas formas de venalidad hasta la impunidad, con salvaguarda del espectro
referido a propiedad privada, y la parte estrecha se ajusta sobre las clases populares, los jóvenes y los líderes populares opositores. En síntesis, su discurso no dijo nada acerca de un tema al que se esperaba que se refiriera (el de los tratos con quienes tomaron las armas) y sobre otros tópicos recurrió al mismo texto de recetas neoliberales de las últimas tres décadas.
Una primera proximidad con el ex presidente y senador Álvaro Uribe por parte de Duque lo constituye su declaración de no compromiso con la Consulta Popular Anticorrupción que se llevará a cabo el 26 de agosto: el Centro Democrático, desde el que opera el senador reelecto para un cuarto período, anunció el 8 de agosto que no respalda el llamado. La consulta demanda la opinión del electorado acerca de siete puntos -mediante respuestas de sí o no- sobre reducción de salarios para altos funcionarios y congresistas; establece límite de tres periodos para ser elegido senador; obliga a rendir cuentas a los funcionarios y que se publiquen sus declaraciones de bienes. La aprobación de estas medidas por el Legislativo requiere que la votación sea superior a un tercio (12 millones 231 mil 314 votos) de los incluidos en el padrón, y que cada cuestión sea avalada por un mínimo de 6 millones 115 mil 658 ciudadanos.
Pero si dejamos para más adelante el análisis en detalle de las consecuencias que traerá aparejada para Colombia esta administración y pasamos a su política exterior y de ella al capítulo regional, podemos hacernos a la idea de por dónde van los designios de este gobierno. Tres días después de instalado como jefe Estado, Duque y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, anunciaron la salida de la Unasur.
La decisión de Colombia -es decir la de Duque y la de Uribe- es irrevocable, tal y como lo había adelantado el flamante presidente durante su campaña, justificando la salida porque la organización continental estaba siendo «una caja de resonancia de Venezuela». Además, Bogotá promueve acciones similares de Perú, Chile y Argentina. Dicho de forma más clara y sin recovecos de diplomacia: aquí de lo que trata es de acabar con un instrumento de 2007 que integraba políticamente a naciones de la región y que estaba pensado -en palabras de 2011 de Hugo Chávez- como “(…) la más grande garantía que nos puede dar la providencia y nosotros mismos para garantizar la continuidad de nuestras nacientes repúblicas, de la independencia suramericana» y de sus miembros frente a Estados Unidos. De eso procede el encontronazo con esta Colombia en que sus gobiernos vienen siendo aliados de Washington.
Se ve paradojal que cuando Unasur se creo Colombia era presidida por Uribe y hoy es su delfín quien rompe con la institución. Este país se aboca ahora casi exclusivamente a acrecentar el poderío político del Grupo de Lima, del que participan, además, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Por supuesto, las tendencias nacionales que se han impuesto Argentina y Brasil -de acompañar corrientes neoliberales de dudosa vigencia-, en la concepción de Macri y Temer (con la adhesión de Paraguay), procuran hacer regresar al Mercosur a sus inicios, donde la integración quedaba librada a las condiciones que imponía el mercado que decidió -en sus pasos originales- un rápido proceso de reducción arancelaria. Así se dio el incremento comercial intrarregional, sobre la base alcanzada desde antes por cada integrante. Esa posibilidad se ve alentada hoy por la capitanía de Temer y Macri que esperan concertar telecés a diestra y siniestra desde el bloque comercial.
El plan de desmontar organizaciones que pudieran competir, desplazar o atenuar la hegemonía estadunidense en el subcontinente, supone la sustitución en Brasil de la burguesía industrialista por la facción reprimarista, sumada a la secundarización del BRICS, y por el “regreso” a un Mercosur sólo comercial.
La Unasur, tras las inasistencias y salidas anunciadas quedó reducida a la mitad: Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana, Surinam y Venezuela. Habrá que ver si como dice el colombiano Gustavo Petro, los que pierden en este caso son los que se van y América Latina toda.
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