Ser candidato presidencial en Colombia es sinónimo -a sabiendas- de poner en juego la vida. Si a algún candidato en plan de campaña se le ocurre exhibir proyectos contrarios a los que ejecuta el gobierno de turno o uno anterior, aquello que puede observarse como justo, lógico y aún hasta adecuado para la democracia cacareada por los políticos tradicionales y su prensa, quizá deba pensar antes dónde aspira a ser enterrado. Para ejemplo no precisa que nos remontemos a 1948, al asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán y las historias que refieren la presencia del estudiante Fidel Castro en Bogotá. El “bogotazo” que sobrevino a este crimen político, desparramó protestas por todo el país, dando lugar a otra forma de hacer política en Colombia: un tiempo de enfrentamientos llamado “La Violencia”.
Tras pasada una década, como un decreto, esa época se dio por terminada; sin embargo, dejó secuelas políticas y sociales perdurables hasta nuestros días: los alzamientos de miles de guerrilleros, como otra forma de conflicto armado interno; la intervención e involucramiento del ejército; la formación de escuadrones parapoliciales y paramilitares ultraconservadores y sus entrenadores extranjeros pagados y ordenados por políticos, delincuentes esmeralderos o narcotraficantes; falsos positivos. Las migraciones interiores expusieron una nación violentada, más o menos teledirigida, dependiente de una potencia imperialista, EE-UU, que “barrió” los excesos y las corruptelas de administraciones locales bajo la alfombra.
Pero todo puede ser más dificultoso si quien aparece como candidato ataca la implantada política de alternativa (bipolaridad) liberal-conservadora. Le sucedió a la Unión Patriótica, con Bernardo Jaramillo, y al M-19 (tras la dejación de las armas) con Carlos Pizarro Leongómez. En ocho meses entre 1989-90, empezando con Luis Carlos Galán, siguiendo con Jaramillo y Pizarro, la asociación de agentes políticos, militares, narcotraficantes y “paras”, asesinaron a esos tres candidatos presidenciales. Antes, en marzo de 1989, en el aeropuerto El Dorado, esta combinación había ultimado a José Antequera -comunista senador de la Unión Patriótica- y herido a Ernesto Samper -liberal, senador y años después presidente. En esos momentos se consideraba la oferta de paz de Rafael Pardo Rueda, en nombre del gobierno, a la delegación presidida por Antonio Navarro Wolff, del M-19, en el hotel Camino Real de Ciudad de México: en tal circunstancia interrumpí para contar lo del atentado. Confirmando los riesgos de ser candidato, Gustavo Petro -ex guerrillero del M-19, líder en las encuestas desde hace meses- suspendió su gira de campaña por el Eje Cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda) al denunciar un intento de asesinato contra su persona.
Colombia, en circunstancias diferentes al pasado -aunque no mejores- con menos guerrillas y guerrilleros, algunas bajas entre los “paras”, pero con todo lo demás más o menos intacto, se plantea una primera vuelta comicial para fines de mayo, donde la situación favorece a los conservadores, que mantienen resortes políticos: prensa hegemónica, gobernadores, alcaldes, apoyo extranjero y poderes electorales, clave en el escrutinio y en un eventual intento de mega-fraude.
Hace un año escribíamos que los miedos que inoculó Iván Duque -presidente-marioneta de Álvaro Uribe, del Centro Democrático- intentando imponer una reforma fiscal y la intención de acabar con la salud pública, se estrellaron con el levantamiento popular iniciado el 28 de abril (de 2021), que desembocó en el preacuerdo del 24 de mayo, aunque la represión continuó. El uribeduquismo militarizó las protestas y desplegó fuerzas paramilitares y el saldo fue lamentable: la reacción de gobierno dejó una estela de muertos, desaparecidos, presos políticos y detenidas violadas. Pero el temor no logró imponerse y la movilización enterró las medidas liberticidas y provocó dimisiones en el gabinete.
Parece llegada la hora colombiana en que el pueblo vote por gobiernos que den paso a un estado en que la autoridad entienda que no se pueden responder las protestas con agendas represivas y pretextando inicuas historias de “terrorismo urbano de baja intensidad” y “revolución molecular disipada”. Para ello y otras cosas -coincido con Sarthou- deberá sacudirse la clase media sus miedos, atmósfera natural de los regímenes autoritarios. Si esto se consiguiera y se superaran apetencias individualistas, se avanzaría a instancias con oportunidad para formas anticapitalistas.
La corriente que ocupó el tercer lugar para las legislativas de marzo tenía como candidata presidencial a Francia Márquez, quien pasó a ser la vice de la fórmula de Petro. Ella significa todo lo contrario a lo tradicional, casi algo escandaloso en una sociedad política acostumbrada a otras formas: hay sobresaltados porque se trata de una mujer, negra, que no salió a comprar votos, defensora del medio ambiente y activa feminista.
Desde la Casa Blanca, la elección debe ser observada atentamente, cuando en el subcontinente el progresismo ha tenido éxitos en comicios recientes. El país, el primer productor de cocaína del mundo -con destino principal a Estados Unidos y Europa- podría pasar a ser parte del mapa de esos gobiernos. La oportunidad catapulta rebotes diversos de sectores que usualmente suponen que Colombia es un sitio propio. Washington debe tener diferentes ópticas sobre una elección en que participa Federico Gutiérrez -aliado al uribismo que hizo campaña por Donald Trump en 2020- y a Petro, que perfila la moderación actual de las progresías latinoamericanas.
Para la vuelta próxima del 29 de mayo, se espera que Petro-Márquez mantenga, al menos, las cifras del primero en las legislativas, con un techo próximo a 50% (que entiendo que no superará) y el candidato de la derecha “Fico” Gutiérrez (que pretende ser considerado lejano a Uribe) 27%. Los porcentajes, en un muy posible balotaje en junio, serían 55% para Petro y 45% para Gutiérrez, según mis cuentas.
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