A fines de mayo, antes de que hubieran comenzado los fríos del invierno, estallaron algunos conflictos sindicales serios. Todavía perduraban – y siguen perdurando- las vibraciones de la ocupación de la planta de la Compañía del Gas y estalló la ocupación de Friopan. La discusión sobre las ocupaciones –su legalidad, sus consecuencias, su utilidad- pasó a ocupar el primer plano de la escena política. Es natural. Pero quedarse en eso perturba la claridad necesaria para percibir una situación general que afecta a nuestro país.
El Ministro de Trabajo E. Murro calificó de lamentable (sic) la situación generada a partir de la ocupación de la planta de Friopan (La Diaria 5-6-19, pág.4). El Uruguay entero vio en ña pantalla de sus teléfonos los destrozos en la planta y todos sabemos que la medida sindical (tomada por 37 operarios sindicalizados y rechazada por los más de cien otros trabajadores) fue porque la empresa importó unas máquinas nuevas.
El Presidente del PIT-CNT admitió que los ocupantes de Friopan habían actuado con inmadurez y precipitación, sin entender bien la herramienta de la ocupación como último recurso. De todos modos, agregó, los daños habían sido menores: solo 30 kg. de masa (La Diaria, ibídem). Es decir, minimizó el daño y disculpó la mala interpretación de la doctrina sobre las ocupaciones.
Ni el daño fue poco (según la empresa) ni los sindicalizados de Friopan entendieron tan mal qué es el recurso de la ocupación. Veamos.
Medir cuantitativamente el daño es una barbaridad. Los dirigentes del PIT-CNT han aparecido en televisión argumentando que los empresarios hacen desmedida bulla con las ocupaciones que, en los últimos años, no pasaron de siete. Dejo de lado las muchas y fáciles formas de ridiculizar este argumento que aparecieron en las redes sociales (señora ¿por qué se queja que la violaron si solo fue siete veces?) y llevo el asunto al nivel donde debe discutirse: las ocupaciones están bien o están mal, son legales o no.
La fundamentación que se maneja en este plano tampoco es sólida. Se ofrece un solo argumento: es una prolongación del derecho de huelga. Esto es una declaración, pero no es una fundamentación. Vale tanto como decir: es porque yo lo digo o es porque lo dice el Espíritu Santo. El derecho de huelga es el derecho a no trabajar como protesta y no ser sancionado por ello. No vulnera ningún derecho de terceros. De impedir que otros trabajen si quieren hacerlo no se autoriza nada; de ocupar la propiedad ajena tampoco.
La verdadera fundamentación de la ocupación –la que interpretaron correctamente los de Friopan, los del Gas y todos los demás que han ocupado- es la poca autoridad o ascendiente de los dirigentes gremiales que no logran convencer a la mayoría de los trabajadores a hacer paro y entonces recurren a la pesada. La forma de hacer una huelga cuando la mayoría no la acepta es ocupar: así se consigue que paren forzosamente los que no quieren parar. Más allá del sentido meramente literal de las palabras de Fernando Pereira, los agremiados de Friopan entendieron bien la gramática de poder que sustenta el discurso del PIT-CNT sobre las ocupaciones.
El ejemplo paradigmático de cuál sea esa gramática del poder que está implícita en el discurso actual del PIT-CNT sucedió en santa Clara del Olimar el año pasado. Una delegación sindical del PIT-CNT concurrió a santa Clara para intervenir en un diferendo laboral en la estación de servicio del lugar. Llegaron y atracaron los autos a un lado y otro del único surtidor de la única estación de servicio, de modo que, mientras durase la reunión sindical o hasta que les diera la gana, nadie podría conseguir combustible en el pueblo. Era el lenguaje de la pesada clarito y contundente. Y el lenguaje de la pesada, como se dice vulgarmente, calentó a un pueblo y los paisanos de Santa Clara y aledaños corrieron a ponchazos a los sindicalistas venidos de Montevideo y echaron nafta a sus camionetas.
La gramática de poder que subyace al discurso del PIT-CNT es la de la pesada. En Conaprole, por ejemplo, el sindicato ha impuesto que la empresa esté obligada a contratar un nuevo operario por cada uno de los que se jubila o se va, los precise o no. Ese costo lo están pagando –hace años- los tamberos, que también son trabajadores, pero son llamados canarios comebosta y tratados como tales por los dirigentes de Montevideo.
Los sindicalizados de Friopan hace tiempo que han captado el contenido del lenguaje. Se habrán dicho a sí mismos: si el Presidente del PIT-CNT dice que siete ocupaciones no era motivo para alarma ¿qué tanto cambia que sean ocho? En nuestro país ha ido ganando lugar y hasta respetabilidad el lenguaje de la prepotencia; el lenguaje, la praxis y la justificación. Lo más sublevante es que se habla ese lenguaje y se procede conforme a él también en relaciones de trabajadores con trabajadores.
La prepotencia ha sido también moneda corriente de parte del Frente Amplio en el ámbito político. En vez de la pesada manejaron, con la misma lógica y la misma justificación, las mayorías absolutas en el Parlamento. Así fue que impidieron todas las comisiones investigadoras, protegieron a los suyos hasta extremos increíbles (Paredes es un héroe, Lorenzo y Bengoa actuaron de buena fe, a Sendic fue víctima de bullying hasta que él mismo aportó “en la maleta las pruebas de la infamia”), desconocieron resultados de plebiscitos (voto en el extranjero), impulsaron leyes inconstitucionales, colonizaron con su gente todos los niveles de la administración publica, defendieron a Maduro y apoyaron la suspensión de Paraguay del Mercosur, acto en el cual el eximio embaucador José Mujica deletreó claramente el mensaje de la pesada: lo político está por encima de lo jurídico (y lo político, papá, somos nosotros).
Es notoria la sensación de hartazgo que se va extendiendo en buena parte de la sociedad uruguaya. Empieza a calar la noción de que se ultrapasó un límite, se pasaron de la raya; en otras palabras, se ofendió un sentido rústico pero firme de ecuanimidad y de respeto que todavía tiene mucha gente. Si habrá un cambio de gobierno se debe a este justo hartazgo más que a cualquier promesa electoral que pueda ofrecer cualquier candidato de los partidos desafiantes.
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