El conflicto del “campo” tira por tierra el mito preferido de los uruguayos de que somos una sociedad politizada. La sociedad no tiene mucho de politizada, en el sentido de “debatir el deber ser de un país que quiere vivir mejor”, incluso los mismos actores que participaron de la movilización no tienen claro sus intereses. Sí aparece una sociedad muy polarizada ideológicamente, entre los que creen que tienen el mejor de los gobiernos posibles y aquellos que sueñan con volver a épocas pasadas. En realidad es una puja entre liberales de un lado y más liberales del otro.
El conflicto pone de manifiesto, a su vez, un malestar de parte de la población del interior (rural y urbano) con el gobierno; lo que desafía esa tan repetida frase de que la “gestión macroeconómica del progresismo es buena” pero que no resuelve las expectativas de la gente. En realidad, la frase debería voltearse, no resuelve las expectativas de la gente porque la política macroeconómica tiene metas ampliadas contradictorias con los intereses de la mayoría.
El muy buen artículo de Oyhantçabal y Sanguinetti (Brecha, 19/01/2018) le ponía unos números a los actores y clases sociales del campo que vale la pena tener en cuenta. Sin duda, no todo el campo está en este reclamo, es decir, las diferentes clases que conforman la producción agropecuaria y tampoco todos los sectores son afectados por la gestión macroeconómica del gobierno.
A pesar de la caída de la población rural y la concentración de las unidades productivas, a pesar de que cada vez hay menos trabajadores rurales y también menos establecimientos, siguen siendo los trabajadores la clase más numerosa y los que generan la riqueza en la actividad agropecuaria. Asimismo, esa expulsión de población del campo y la concentración de la tierra, conjuntamente con el achicamiento del número de los establecimientos tiene que ver con la gestión de la economía de la que un gobierno de izquierda no debería sentirse orgulloso.
Ciertamente, no todos los sectores del agro son perjudicados o beneficiados por la política económica del gobierno; tampoco todos los sectores que indirectamente se vinculan a la actividad agropecuaria, especialmente los diferentes proveedores de servicios (finanzas, comercio, inmobiliarias, servicios en general; etc.). En este conflicto hay varias clases en pugna que, a pesar de que varios actores de tales clases no lo han percatado aún, tienen intereses contrapuestos.
La producción arrocera, hortícola y especialmente la producción lechera tienen números globales que cuestionan la rentabilidad, ya que dependen en buena medida de la renta de tierras. Es decir, una buena parte de esta producción es realizada por empresas capitalistas que no tienen tierra y deben de pagar renta a los propietarios de las mismas. Aquí se da el conflicto inter-clases más fuerte, que en algún momento se pondrá al rojo vivo. Los terratenientes se volvieron una clase parasitaria a partir de que la soja irrumpió en el escenario local y con una rentabilidad que permitía pagar una hectárea de campo a precios que no resistían otros complejos productivos. Sin embargo, luego que los grandes plantadores de soja (básicamente empresas argentinas que evadían las detracciones en su país) emigraran el precio de la tierra comienza a caer, sin que aún sea los suficientemente baja para plantaciones como el trigo o para la ganadería de leche o carne. El freno a dicha caída lo constituye la potenciación del complejo maderero que goza de condiciones impositivas excepcionales; entonces los terratenientes ya no tienen rentas comparables y algunos se pusieron a tomar riesgos productivos.
El gobierno aquí tiene una responsabilidad importante, porque cree en exceso en el mercado y los ajustes automáticos, no obstante, los automatismos llevan sus tiempos de conflictos. El Instituto Nacional de Colonización (INC) mismo utiliza el mecanismo de los precios de mercado para lograr hacerse de tierras, contribuyendo a las desmedidas rentas de la tierra.
Las clases capitalistas, terratenientes, trabajadores y otros conflictos menores
Los capitalistas son quienes toman las decisiones de inversión, la clase que tiene como papel ampliar la producción y la acumulación de capital (riqueza) en las sociedades actuales; por lo que espera una ganancia que es la forma en que participan de los ingresos totales.
Los dueños de la tierra, reclaman una renta por ceder sus propiedades al capitalista que toma los riesgos productivos, por lo que recibe sus ingresos de la propiedad privada del suelo.
Algunos dueños de la tierra también son capitalistas, disponen de sus tierras e invierten para llevar adelante esta producción. Tanto los ingresos que obtienen el terrateniente como el capitalista devienen de fuentes diferentes, en el primer caso es la propiedad privada del suelo que los justifica; en el segundo, reembolsa la cuota de ganancia propia de su actividad económica. Cuando se trata de terratenientes que producen, obtienen la ganancia capitalista pero también mantienen la propiedad y eventualmente especulan con su valor, por lo que existe una renta del suelo también camuflada en sus ingresos.
Los trabajadores son los responsables de la creación de la riqueza, sin embargo, solo embolsan un salario que en términos de los ingresos totales representan una ínfima parte; a pesar de algunos avances que la organización sindical y la legislación le permitieron en los últimos años.
Ahora bien, el otro actor de peso en este conflicto es el Estado, que en el capitalismo su forma por excelencia de organización es la democracia liberal representativa, cuyos actores son los partidos políticos. El actual gobierno, auto-definido como progresista, tiene como característica central la búsqueda del desarrollo (acotado al crecimiento económico) pero con una dosis de solidaridad con la pobreza (discursos y acciones para mejorar la distribución de los ingresos, la indigencia y la pobreza lo atestiguan).
Los enfrentamientos con el gobierno son por los altos costos productivos, especialmente la energía eléctrica, combustibles e impuestos; aunque se aprovecha a poner sobre la mesa la política cambiaria. La argumentación que vincula estos temas es el déficit fiscal, cuyo financiamiento depende de una política recaudatoria de impuestos a través de precios monopólicos que no se condicen con sus costos productivos (tanto la electricidad cuyos costos bajaron con la diversificación de fuentes como la dinámica de precios del petróleo). Curiosamente, las propuestas “auto-convocadas” no se distancian de otras avanzadas por el mismo titular del MEF para limitar el ingreso al sector público.
El dólar, aunque sigue una política de flotación cambiaria determinada por el mercado con esporádicas intervenciones del BCU para evitar volatilidades, se deprecia consistentemente. Dicha depreciación, en una economía abierta y muy dolarizada, contribuye a tener niveles inflacionarios menores; y por extensión, menores costos productivos. Aquí, los exportadores no conjugan intereses con los que venden al mercado doméstico, cuando mejorarían sus ingresos vía tipo de cambio podrían verse afectados por los costos. Lo mismo si se dinamiza la inflación, los sectores cuyos costos son dominantemente en moneda nacional se verán afectados doblemente.
El gobierno accedió austeramente a algunos reclamos, lo que no conforma a los que se “auto-convocaron” en Durazno. Se le achaca que elige a la inversión extranjera directa que se vincula a la producción para la exportación a quiénes otorga beneficios impositivos, zonas francas, garantías crediticias, puertos naturales, ordenamiento jurídico a medida. La razón, es que el volumen de la inversión mueve la aguja del PBI, mientras otros sectores (en especial los trabajadores) sigan transfiriendo ingentes recursos para financiar los déficits fiscales y las políticas solidarias el progresismo seguirá fuerte. Aunque la gravedad, siempre tira todo al suelo.
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