Hoy, jueves 17, es un día de lucha, de movilización popular limitada por el desastre sanitario y un testimonio del coraje y la inveterada voluntad del PIT-CNT y de las organizaciones sociales de enfrentar al proyecto restauracionista de la derecha hegemónica, que, en apenas catorce meses, barrió literalmente por muchas de las conquistas y avances logrados en los quince años del ciclo progresista.
Se trata de una paralización de actividades que permite corroborar la fortaleza del músculo sindical y de los trabajadores organizados como vanguardia de la épica por la vida y la equidad, en un contexto económico y social de alta complejidad.
No en vano, la proclama del paro general condensa los más dramáticos problemas que afrontan la mayoría de los uruguayos, que, además de una terrible pandemia, deben padecer los estragos provocados por las políticas regresivas de un gobierno sordo a los reclamos populares, a las propuestas de la oposición y a las recomendaciones de la ciencia para afrontar la emergencia sanitaria.
La plataforma del movimiento sindical, que en este caso tiene rango de denuncia, es contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los quince docentes maragatos sancionados y sumariados por el Consejo de Educación Secundaria, en una arbitraria decisión que retrotrae al país a los tiempos más oscuros de la represión y la persecución a gremialistas.
Cómo no convocar a repudiar el hambre, cuando en apenas uno año 100.000 uruguayos más cayeron bajo la línea de pobreza y 80.000 compatriotas se alimentan cotidianamente en ollas populares, las cuales, durante quince años, desaparecieron en paisaje urbano de país.
Obviamente, estos ultrajados ciudadanos, que han perdido parte de sus derechos, sobreviven gracias a la solidaridad entre pares, porque poco o nada pueden esperar de un gobierno insensible que, en vez de atenderlos como es menester, se aferra a su ortodoxia económica y ahorra en plena crisis.
Cómo no movilizarse contra la desigualdad social que cada vez adquiere ribetes más groseros e inmorales, cuando, mientras los sectores de ingresos fijos se empobrecen, una oligarquía privilegiada sigue detentando la mayor porción de la renta.
Aunque la inequidad es inherente al sistema concentrador, en el último año esta situación se ha acentuado, por los efectos del descalabro económico y social provocado por la pandemia, pero también por las políticas anti-populares de un gobierno que está aplicando –a rajatabla- un presupuesto que recortó recursos en las áreas más sensibles y estratégicas del Estado.
Cómo no indignarse por la pérdida de 60.000 puestos de trabajo en apenas un año, por la catarata de seguros de paro y despidos, por la rebaja de salarios y jubilaciones y los sucesivos tarifazos.
Por supuesto, esta respuesta sindical y de las organizaciones sociales demanda también la protección de la vida, no sólo en lo que atañe a lo social sino también a lo sanitario, en un escenario de superlativa complejidad pautado por la alta tasa de contagios de Coronavirus y una alarmante número de decesos, que ha generado –en una decisión que no recuerda la memoria colectiva- la necesidad de ampliar la capacidad de los cementerios.
Obviamente, esta situación de desastre es consecuencia de la irresponsabilidad un gobierno obnubilado, que no atiende ni siquiera las recomendaciones de los científicos que reclaman una radical disminución de la movilidad.
Esta no es una medida caprichosa a inconveniente como afirman los voceros del oficialismo, que, en su exacerbada ceguera, no advierten la dimensión de los estragos provocados por una crisis que evoca el dramático colapso de 2002.
En efecto, durante estos casi quince meses de gobierno multicolor, el movimiento sindical ha actuado con suma responsabilidad, restringiendo al mínimo las movilizaciones callejeras, a los efectos de no comprometer la salud de la población, seriamente jaqueada por la pandemia.
La decisión de la clase trabajadora originó una airada reacción de la derecha, que acusa al movimiento sindical de distorsionar la campaña de vacunación, pese a que la paralización no detendrá la inoculación y el personal médico trabajará, aunque haya manifestado su adhesión a la plataforma reivindicativa.
El campo popular ha debido convivir con este escenario adverso en lo sanitario, en plena campaña de recolección de firmas tendientes a anular la Ley de Urgente Consideración.
El contexto favoreció los aviesos propósitos del gobierno, que aplica una herramienta legal que provoca graves retrocesos en los derechos de los uruguayos y una ley de presupuesto draconianamente restrictiva, en el contexto de impunidad que le otorga el blindaje mediático y encuestas que no sintonizan con el sentimiento que se percibe cotidianamente.
Más que reclamos puntuales, el paro general condensa un inequívoco y frontal testimonio de repudio contra un modelo económico que castiga a los trabajadores, a los jubilados y a los pequeños y medianos empresarios, y privilegia la concentración del capital en manos de los “malla oro” (la oligarquía vernácula), según la absurda denominación del presidente Luis Lacalle Pou.
Los jornales que no cobrarán quienes detengan sus actividades en la presente jornada no serán una pérdida sino una inversión, en el marco de una confrontación ideológica de largo aliento que interpreta cabalmente el mandato artigüista de que “los más infelices deben ser los más privilegiados”.
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