“Cada vez hay más rejas en Montevideo”, fue el sugerente titular de un matutino oficialista, que denuncia la situación de los vecinos capitalinos que construyen rejas en las octavas de sus propiedades, para evitar que personas en situación de calle se instalen o acampen en esos espacios públicos. Por supuesto, la medida, que está prohibida por el gobierno departamental, también se adopta por obvias razones de seguridad.
El fulminante aumento en los dos últimos años y medio de los uruguayos que duermen a la intemperie o permanecen internados en centros de acogida del Ministerio de Desarrollo Social, revela la cara más dramática de la grave crisis social que afronta nuestro país, que pone en entredicho el edulcorado discurso del gobierno.
En efecto, las personas que carecen de techo propio y ni siquiera tienen recursos para arrendar una mera habitación de pensión con baño compartido, crecieron un 59% entre 2020 y 2021, coincidiendo con la asunción del gobierno multicolor y la pandemia. Al respecto, mientras en 2019 eran 2.518, esa cantidad ascendió a 3.384 en 2020, en 2021 a 4.000 y hoy a 4.200.
Pese a la mejora de los indicadores de la macro economía, algunos de ellos maquillados por el cambio de metodología, los sin techo no han parado de crecer. Evidentemente, al igual que a los asalariados y a los jubilados, no les llegó la “bonanza” que sólo existe en la imaginación del inquilino de la Torre Ejecutiva y de su séquito.
Para estas víctimas de un sistema perverso que sobreviven como pueden gracias a la asistencia estatal de un ministerio que fue creado por el Frente Amplio, no hay un horizonte multicolor. Es, simplemente, gris.
Muchos de ellos, antes de la irrupción de la pandemia y de un gobierno que hizo del recorte presupuestal una suerte de dogma, gozaban de condiciones bastante más dignas de vida. Hoy, su presente es la degradación y la incertidumbre.
Esa circunstancia se traduce en una coyuntura paupérrima, que, al margen de los fríos números oficiales, que casi nunca impactan en los bolsillos del uruguayo de a pie, se parece mucho a los de la devastadora crisis que eclosionó en 2002.
Coincidentemente, esa especie de tsunami que hace dos décadas disparó la pobreza al 40%, el desempleo a dos dígitos, la inflación a las nubes, fundió al sistema financiero y liquidó al aparato productivo, también transcurrió en un gobierno de coalición, en ese caso blanqui-colorado, que se extendió de 1995 a 2002.
Contemporáneamente, cuando la administración Lacalle se bate el parche porque la economía creció en 2021 más de un 4% luego de caer un 6% en 2020 y el desempleo estadístico parece haberse desacelerado por factores coyunturales, la pobreza y la miseria siguen colapsado a la caricaturesca democracia uruguaya. No en vano, aun hay 696 ollas populares y merenderos funcionando, donde se alimentan más de 170.000 personas, tanto en Montevideo como en el Interior. En el último año, fueron servidos platos 1.200.000 mensuales.
Si bien el fenómeno no es nuevo en gobiernos de derecha, que siempre fueron los que arruinaron al país, el cambio radical son las contradicciones entre los propios voceros oficialistas.
Partiendo de la base que en 2020 fueron 100.000 uruguayos más los que cayeron bajo la línea de pobreza por la pandemia y la ausencia del Estado, los mensajes de la Ministra de Economía y del propio presidente de la República parecen contradecirse con las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística.
Como se recordará, a comienzos de año, Azucena Arbeleche anunció que 50.000 compatriotas habían abandonado su condición de pobres, particularmente en el segmento infantil, que es, si dudas y por razones obvias, el más sensible.
La rimbombante novedad fue avalada y reiterada por Luis Lacalle Pou el 2 de marzo pasado, cuando leyó su mensaje anual ante la Asamblea General, en medio de alborozados aplausos de los miembros del oficialismo.
Sin embargo, poco tiempo después y en plena campaña por el referéndum destinado a derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, fue el propio Instituto Nacional de Estadística, que es una unidad ejecutora del gobierno, el encargado de enmendarles la plana a ambos jerarcas.
Según el INE, la cifra real de personas que dejaron de ser pobres por el método del ingreso fue de 35.000, lo cual mantiene los números por encima de los de pre-pandemia y el índice de pobres en un 10,6% del total de la población. Los valores más elevados se registran entre los niños de 6 a 12 años con un 19,4%, y de 0 a 6 años, con un 18,6%, en ambos casos superiores a los del último año de gobierno del Frente Amplio.
En consecuencia hay, siempre según el reporte oficial, nada menos que 66.000 pobres más que en el período de la pre-pandemia y esta situación afecta a todos los tramos etarios.
Empero, si estos inquietantes indicadores no fueran suficientes, se conoció que el número de niños y adolescentes en situación de calle aumentaron el año pasado al doble, sumando actualmente 1.168 menores, de los cuales el 45% no tenía experiencia previa en condiciones de vida de penuria e indefensión. Aunque todos o la mayoría de ellos fueron albergados en refugios del MIDES, el problema no pierde un ápice de su dramatismo.
¿Dónde está el país maravilloso y en pleno desarrollo que nos quiere vender el gobierno? Sólo en la imaginación del oficialismo o en el bolsillo y las cuentas bancarias de los denominados “malla oro”, que siguen engulléndose la mayor porción de la renta que producen todos los uruguayos.
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