Ante la crisis del agua potable asoman por lo menos dos posiciones dentro del Frente Amplio. Una se expresa en los dichos del ex presidente José Mujica: “Nos dormimos”, asumiendo parte de la responsabilidad en la debacle que hoy se sufre. Otra insiste en señalar que la culpa está en el actual gobierno de Lacalle Pou, como afirma Fernando Pereira, el presidente del FA.
Un examen de toda esta problemática muestra, a mi modo de ver, que Mujica tiene razón y que Pereira está equivocado. No sólo eso, sino que posturas como las de Pereira expresan modos de construir políticas que entorpecen la gestión de medidas para superar la crisis.
El agua salobre llega a nuestros hogares por varios factores que cargan con sus historias. No hay duda que el gobierno de coalición no ha sabido lidiar con este problema, repetidamente lo minimiza, culpa al cambio climático para relegar sus culpas, y sus respuestas son parciales e inefectivas. Estamos ante un colapso en por lo menos tres ministerios (Ambiente, Salud Pública y Desarrollo Social), una empresa estatal (OSE), y una agencia de regulación (URSEA). Las medidas han sido tolerar enormes cambios en la calidad del agua, desesperadas construcciones de diques y tendido de caños, y compensaciones económicas (tales como anular impuestos o dar dinero para comprar agua embotellada). El resultado es que el agua dulce potable de hecho se ha privatizado, convertida en una mercancía que se compra en el mercado.
Pero el desplome de las reservas de agua en el Río Santa Lucía también se debe a que no se hicieron ciertas obras, y su mala calidad responde a una batalla contra la contaminación que se venía perdiendo. Se han hecho advertencias sobre ese deterioro por lo menos desde finales de la década de 1990, y una vez que el FA conquistó el gobierno nacional, en 2005, con Mariano Arana como ministro de vivienda y ambiente de aquella primera administración, todos los años se advertía sobre su continuado deterioro.
Por lo tanto, tiene toda la razón Pepe Mujica cuando admite que son en parte responsables por no haber actuado en esos años. Por ejemplo, era necesaria la construcción de una presa en el Arroyo Casupá, pero también otras medidas complementarias (como un represamiento en el Arroyo El Soldado). Ninguno se concretó. Al mismo tiempo, se debían limpiar las aguas en toda la cuenca, afectadas por muy altos niveles de contaminación, en su mayor parte provocada por fuentes difusas debido a una agricultura intensiva. Los planes para resolverlo, por ejemplo bajo el segundo gobierno Vázquez, sea en su diseño o implementación, no funcionaron adecuadamente.
En aquella gestión, por un lado, se logró aprobar el Plan Nacional de Aguas, lo que es muy positivo. Pero por otro lado, también se reformuló la ley de riego, y entre sus justificaciones se decía que permitiría remontar futuras sequías, mientras que al mismo tiempo el intento de reglamentarla desnudaba las dificultades para entender la dimensión ecológica en gestionar recursos hídricos. Vázquez también creó una secretaria presidencial en ambiente, agua y cambio climático, contribuyendo a la confusión institucional, mientras que la ministra del ambiente de aquellos años minimizaba los problemas de contaminación del agua, y por si fuera poco decidió darle gratis ese recurso al más grande consumidor del país, la planta de celulosa de UPM. De esos y otros modos, la gestión ambiental fue deficitaria en general, y el manejo de los recursos hídricos en particular, no tuvo la fortaleza que resolviera los problemas y, en cambio, se agravaban día a día.
Le asiste la razón a Fernando Pereira en denunciar la mala gestión de la crisis hídrica en el actual gobierno; eso no está en discusión como se apuntó arriba. Pero eso no es suficiente, y se equivoca en negar las responsabilidades de los anteriores gobiernos. Esa postura genera dificultades que deben señalarse.
La primera está en sus argumentos, ya que defiende la anterior gestión del FA repitiendo las cifras de dinero invertido en agua y saneamiento; datos que ya había adelantado Mario Bergara. En esos dichos hay una confusión ya que se suman dos asuntos muy distintos como son las obras en saneamiento con aquellas que aseguran el agua dulce. La construcción de infraestructuras cloacales es por todos aplaudida, pero eso es muy distinto de las obras requeridas, por ejemplo, en el Río Santa Lucía para asegurar el agua potable. Se invirtió mucho más en “aguas marrones” (saneamiento), lo que no resuelve que se necesitaban más obras en “agua azul” (agua potable). Confundir esas dos “aguas” no es menor porque revela que algunos en el progresismo siguen sin asumir aspectos básicos en la gestión ambiental.
Una segunda dificultad está en minimizar o incluso hacer desaparecer la historia anterior del manejo ambiental bajo los gobiernos progresistas. Sin embargo, para poder lidiar con esta crisis y tomar medidas para que no se repita, es necesario entender el problema en todas sus dimensiones, tanto las actuales como las pasadas. En ese sentido, el reconocimiento de Mujica no solo es acertado sino que es necesario. Además, esa actitud permite terminar con las acusaciones mutuas para pasar a enfocarse en soluciones. En cambio, la negación de la historia, según énfasis como los de Pereira, entorpece comprender el problema en toda su complejidad y limita la identificación de las soluciones necesarias.
Como tercer aspecto, así como los políticos de la coalición gobernante culpan de casi todo al cambio climático y al FA, y son ciegos a sus propias incapacidades, una posición como la de Pereira solo ve las deficiencias del gobierno Lacalle, cayendo en otra ceguera, en su caso sobre aquellos antecedentes históricos. Son posiciones contrarias pero que al menos en esto razonan de modo similar. Ambas son parciales, cada una atrincherada en unas negaciones que se vuelven obstáculos para abordar los temas sustantivos en esta crisis. Esas guerritas de declaraciones en redes y medios es esperable desde sectores conservadores, y la repite el actual gobierno, pero sería un retroceso que la izquierda terminara atrapada en esas actitudes ya que para ella tiene un costo político mucho mayor. Entretanto, sin que muchos se dieran cuenta, en los hechos, seguimos con agua salobre en los hogares y el agua potable fue mercantilizada y privatizada.
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