¿Decoración de INTERIORes? 

La semana pasada en Artigas a raíz de una protesta en la inauguración de algunas obras tuvieron lugar hechos polémicos.    El ministro del interior se interpuso con los manifestantes que resultaron luego, detenidos por la policía. Todo lo ocurrido fue filmado y tuvo amplia difusión por las redes sociales y los medios de comunicación.  Dos días después el ministerio difundió los antecedentes penales de uno de los manifestantes.  El Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifestó en contra del procedimiento ministerial, así como en la difusión de los antecedentes del implicado.  Luego trascendió que la muerte de un preso adjudicada a otro recluso en una reyerta había sido causada por un funcionario policial. Y la secretaria de estado tuvo que salir a desmentir su primera versión del hecho y destituyo al director del Instituto Nacional de Rehabilitación.  ¿Qué está pasando en el ministerio del Interior? ¿Hay abuso de autoridad?  ¿Hay encubrimiento de excesos? ¿Hay un uso discrecional del aparato del estado para tapar los errores?  ¿Hay desviaciones autoritarias en los jerarcas? ¿No se pueden admitir errores?  ¿Existe soberbia y sensación de impunidad? ¿Hay que relevar la cúpula del ministerio?

El ministro en su laberinto por Alvaro J. Amoretti

Cuesta entender que Eduardo Bonomi aún sea ministro del Interior. Cuesta explicar que el presidente Tabaré Vázquez no haya dispuesto ya su reemplazo. Las encuestas señalan que la inseguridad pública es uno de los problemas que más preocupan a los uruguayos. Los indicadores muestran que el delito sigue ganando terreno. Y los ciudadanos, que perciben que el ministro Bonomi tiene más excusas que respuestas a los problemas de seguridad, tienen sobradas razones para sentirse cada día más temerosos. La realidad se empecina en mostrarle a Bonomi que hay que cambiar. Y Bonomi se enoja con la realidad. Es difícil encontrar en él y en su discurso un mínimo de autocrítica. Él cree que está ganando la batalla contra la delincuencia. Que todo lo que hace está bien. Que no hay razones para pensar que algo podría estar haciéndose mal. Bonomi está convencido de que Bonomi tiene razón. Así de sencillo. Y de tremendo. En la calle, la realidad es bien diferente. Nadie se salva. Se roba con casco de moto o a cara descubierta. Se roba con armas de fuego o con cuchillo. Se arrastran mujeres o se estallan vidrios de autos en los semáforos para robar carteras. Se roban celulares. Se roba de día, de tarde y de noche. Se roba en las que antes se denominaban “zonas rojas” pero también en la costa, y hasta en el Centro, a una cuadra de la mismísima Jefatura de Policía. Se roba en casas y en apartamentos. Con alarma, con rejas o con perros. Se roba a ancianos, pero también a adolescentes que salen a estudiar o a divertirse. Se roban cajeros automáticos, con o sin sistema de entintado de billetes. Se roban remesas y estaciones de servicios. Hay comerciantes que han decidido cerrar sus locales, que eran su sustento y el de su familia, hartos de que los roben una y otra vez sin que nadie haga nada para impedirlo. Hay otros que murieron en medio de un atraco y perdieron la vida por defender sus cosas, o porque el delincuente se puso nervioso, o porque –como aquella cajera de supermercado- no pudo abrir la caja registradora a la velocidad que el malandra de turno demandaba.

El ministro Bonomi y quienes le rodean siempre tienen una excusa para explicar su fracaso. Que se robaba más porque había más efectivo en la calle. Que se roba más porque, como no hay tanto efectivo en la calle, los delincuentes tienen que “trabajar” más para hacer el mismo dinero. Que se roba más porque la gente deja la ventana abierta, o no toma cuidado al entrar el auto en su casa, o anda distraída por la calle. Que se mata más porque hay más ajustes de cuentas. Que hay más droga y que eso vuelve los delitos más violentos. Que hay más gente viviendo en la calle. Y muchas cosas más. Todos tienen la culpa. Todos. Menos él.

Durante un tiempo estuvo, o lo tuvieron, callado. Alejado de los medios. Y la cara del Ministerio del Interior pasó a ser el asesor Gustavo Leal, la cara visible de la esperada y aplaudible ofensiva del gobierno contra las bandas de narcos que asolaban Casavalle. Fue una bocanada de aire fresco. Leal habló de hacer respetar la ley, de defender a los vecinos de los delincuentes, de llevar a la cárcel a quienes desalojaban a inocentes de sus hogares y de poner a la Policía al servicio de la gente de bien. Y no sólo dijo que lo haría. Lo hizo. ¿Era tan difícil?

Pero duró poco. Bonomi se comportó como un niño malcriado en Artigas y luego, para colmo, mintió en el caso del recluso muerto en el penal de Libertad. Logró, en apenas una semana, volver a ser el centro de la escena y convertirse, de nuevo, en un dolor de cabeza para el presidente y el gobierno. A estas alturas parece difícil que un ministro que se ha mostrado tan soberbio y carente de autocrítica sea capaz de dar, por sí solo, el paso al costado que se impone. Parece hora que, si el ministro no entiende que es un fusible, el presidente de la República o su sector político le señalen el camino de salida del laberinto donde ha quedado atrapado.

H E L A D E R A por Esteban Pérez

El asunto de los “tabacaleros” de Artigas, si bien tuvo mucha difusión en la prensa, como hecho en sí es un acontecimiento menor y es también un suceso generado asiduamente por parte de la derecha en períodos electorales. En lo personal, nos han tocado vivir similares provocaciones; recuerdo precisamente las montadas casualmente por blancos pertenecientes al sector del Dr. Luis Lacalle Herrera, allá por el año 2004, en las zonas de Toledo y Las Piedras utilizando lúmpenes para alterar actos frenteamplistas. El mérito de la provocación sucedida en Artigas fue lograr hacer entrar por el aro al Ministro Bonomi, pero le faltó carpeta al jerarca; actuando con un poco de cintura y algo de cancha podría haberles cedido el paso habilitándolos gentilmente a exhibir la pancarta pintada con los colores ¡oh casualidad! del Partido Nacional.

Pero lo peor no estuvo en la falta de flexibilidad del Ministro sino en la metodología utilizada después para tratar de arreglar el error cometido.    Lo más preocupante, y en ese punto coincido con la posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es la utilización del “enchastre” como método disuasivo, lo que lo coloca en ese aspecto a la altura ética de quienes orquestaron la provocación.

Se pone de manifiesto una vez más la nefasta metodología proveniente de las desviaciones del stalinismo, cuando aplicaba las “defenestraciones” para purgar discrepantes partidarios. En criollo, la elaboración de “cagarandum” para ahogar las críticas que podrían generar rectificación de rumbos. Esa metodología nefasta se sigue aplicando hoy en el seno de algunos sectores de izquierda hacia la interna, para desacreditar militantes con posiciones diferentes, de forma tal que las fundamentaciones no sean tomadas en cuenta por el descrédito de quien las diga.  No está muy lejano ese accionar de aquel brazo derecho de Hitler, un tal Goebbels, quien utilizaba la frase: “una mentira repetida mil veces se transforma en verdad”. En criollo: “una palada de mierda, por más que la limpies, algo de olor siempre queda”.Una luz de alerta se enciende: en la debilidad ideológica de la izquierda de hoy, estas metodologías tienden a expandirse…

De autoridad y autoritarismo por Fernanda Sfeir

La semana anterior el Ministerio del Interior protagonizó cuatro episodios que no pueden ser catalogados como “incidentales” sino que ya se convirtieron en una forma de actuar, siendo el gobierno el primer responsable.

En Artigas se detuvo ilegalmente a dos individuos que reclamaban a nuestros gobernantes por causas que entendían justas; Este tipo de arbitrariedades deben ser duramente sancionadas, es inconcebible que en un país como el nuestro no se condene a los responsables de utilizar el aparato estatal para avasallar los derechos y libertades individuales de aquellos que se manifiestan en contra de determinadas medidas del gobierno de turno.

La Constitución de la República en su artículo 15 dice que “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente.” Corresponde preguntarnos ¿Cuál era el delito aparente? Ninguno, el simple hecho de decir lo que no se quiere escuchar; Esto no configura un simple error, ya que existió la intencionalidad de censurar y callar la voz del que piensa diferente, dejando de manifiesto los problemas que se viven en nuestro país. Debemos destacar lo señalado por el INDDHH, cuando el Estado reprime debe hacerlo siempre acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo cual queda de manifiesto que no sucedió. No alcanzó con el silencio rotundo de la amplia mayoría de sus compañeros, sino que tanto el Ministro Eduardo Bonomi como la Ministra y pre candidata Carolina Cosse sostuvieron que el motivo de la detención no ajustada a derecho fue por un “empujón”. No conformándose con la vaga justificación, el Ministerio del Interior vuelve a incumplir la ley (en este caso la ley de Habeas Data número 18.331; Más allá del bloque de constitucionalidad, tratados internacionales y principios generales de derecho) con una actitud, una vez más, intolerante, infantil y contraria a los principios democráticos divulgando los antecedentes de uno de los involucrados. De acuerdo con el INDDHH entendemos que la divulgación de datos personales no “cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas (…)”. Por lo tanto, responde a un objetivo de naturaleza vengativa de aquel que no asume su grave acción y que además intenta justificarla.

El tercer “episodio” agrava aún más la situación. Por un lado, el hecho de que un recluso haya muerto por una hemorragia ocasionada tras el impacto de una munición no letal disparada a corta distancia desde la escopeta de un custodio de la cárcel sumado a la negligencia en la atención médica por parte de la repartición carcelaria y por otro, la versión que sostuvo el Ministerio del Interior en primera instancia, la cual fue totalmente contraria, manifestando que el homicidio había sido por motivo de un arma blanca tras el enfrentamiento con otro recluso, es por lo menos, alarmante y condenable. Ambos elementos, sumados a las prácticas violatorias de los Derechos Humanos que se viven en los centros de reclusión sistemáticamente deberían ser motivo de preocupación del sistema político todo y de la sociedad en general. Es imperante una investigación que determine claramente responsabilidades, murió un ciudadano en manos del Estado, debemos saber cómo y por qué.

Para culminar la semana, tras la manifestación violenta de un grupo de pseudo revolucionarios en contra del G20 con rostros cubiertos, luego de agredir cobardemente a trabajadores periodistas, atentar contra embajadas y contra otros edificios estatales, la policía no intervino ya que, según las versiones de prensa, no tenían la orden de hacerlo por parte del Ministerio del Interior. Varios puntos sobre los cuales reflexionar.

El primero, las prioridades y los criterios de acción del Ministerio del Interior deben ser urgentemente revisados y reformulados; Utilizan el aparato estatal para detener a dos individuos que se manifiestan, pero no para detener disturbios y agresiones contra otras personas (lo cual sí configuraba infraganti delito).

El segundo, el silencio que ya ensordece por parte de muchos frenteamplistas. ¿Cuál será el límite para reaccionar? Personalmente estoy convencida de que esos no son los valores que la fuerza política defiende, no obstante, creo que cuando se trata de Derechos Humanos no hay grises, se respalda o se condena. En este caso el silencio convierte en cómplice y además en hipócrita.

Por último, estos abusos y excesos demostraron no ser episodios aislados sino una actitud constante, que plasma una forma de pensar y actuar. En virtud de ello, un gobierno democrático no puede tolerar este tipo de conducción por parte de algunas de sus autoridades, por lo tanto, corresponde que el Presidente de la República tome una decisión firme que ponga punto final a estas prácticas ilegales, de lo contrario sería responsable él también, ya que en definitiva es quien pone su confianza personal al designarlo y mantenerlo, compartiendo los actos que lleva adelante en su representación.

La culpa es de los otros por Verónica Amorelli

Pocas veces una imagen se vuelve la poderosa síntesis de un estilo de gobierno. Del mismo autor de “dejaron la ventana abierta” ahora llega “ellos me empujaron” y desencadena una sucesión de hechos preocupantes para una sociedad democrática.

Ver al ministro del Interior intentando tapar una pancarta con su humanidad durante el llamado acto de inauguración de la Ruta 30 pudo haber sido hasta jocoso de no ser protagonizado precisamente por el encargado de la seguridad en el país. A su torpe reacción debe agregarse una rápida y excesiva respuesta policial que mantuvo detenidos por varias horas a los manifestantes. El hecho motivó una rápida respuesta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo señalando que se afectaron de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos.

Lamentablemente ya sin causar sorpresa la explicación del ministro pasó por un ensayo infantil del orden de “ellos empezaron”. Con el paso de las horas se redobló la apuesta y como era de esperarse se hicieron públicos los antecedentes de los involucrados. Según se desprende del discurso uno fue detenido por sus antecedentes penales, el otro por sus antecedentes políticos.

La práctica del escrache se consolida como metodología, la misma a la que asistimos cuando la página web de Presidencia publicó los antecedentes como deudor del colono que osó discutir con Vázquez. Ante este nuevo episodio en una clara, independiente y necesaria declaración la INDDHH manifestó su más profunda preocupación ante la reiteración de estas prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo.  La Institución reiteró que la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos atenta contra la libertad de expresión y de reunión pacífica.

A costa de atropellar tan preciados valores democráticos se vuelve imperioso instalar la idea de que siempre la culpa es de los otros, los medios, los manifestantes, las deudas del colono. De esta manera el episodio registrado días pasados en Artigas no es otra cosa que la sincronía de una torpe y arrogante gestión ministerial carente de eficacia y autocrítica.

Los ‘pichis’ y nosotros por David Rabinovich

Una de las consecuencias más terrible que tiene el sistema capitalista -insolidario, consumista, tecnocrático- es la marginación de importantes sectores de la comunidad. Nacer marcado por las carencias de nuestro entorno, es una condena a pobreza perpetua de la que muy pocos logran escapar. La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? La construcción de algunos ‘nosotros’ excluyentes, genera los ‘ellos’ indeseables y también los modelos de lo que quisiéramos llegar a ser. El sistema nos convence que si no podemos llegar arriba es porque no nos esforzamos lo suficiente, o porque cometemos errores de nuestra exclusiva responsabilidad. Los de ‘arriba’ están allí por derecho propio y los marginados, lo son por su propia responsabilidad.

En este marco de clases sociales con puntos de partida tan distintos y distantes, la violencia emerge de forma natural e inevitable. No comparto las políticas, llamadas de seguridad, que sólo apelan a la mano dura, a la inflación penal, al encierro en condiciones inadecuadas si de recuperación hablamos.

Es curioso. Hay un clamor, primorosamente alimentado por los medios y las comunicaciones interpersonales, que pide meter más gente presa, por más tiempo y que reclama, además, por los costos que generan todos esos ‘mantenidos’ por el estado. En esos reclamos está presente también la disconformidad con la eficiencia de la policía y la benignidad de leyes y jueces. Pero la realidad muestra un país que, para su capacidad económica, destina a seguridad (y defensa) cifras enormes; así como en relación a su población mantiene una enorme cantidad de gente privada de libertad. Lo que sea que estemos haciendo es caro, ineficaz, injusto… Más de lo mismo será más caro, igual de ineficaz y cada vez más injusto. La sociedad debería ocuparse de erradicar las causas de la pobreza, imposible de eliminar en un sistema que la reproduce permanentemente como resultado de su lógica intrínseca.

A todas las dificultades anteriores, a los errores de enfoque y perspectiva, agregaría la realidad de la policía, una institución que parece impermeable a los propósitos democratizadores. Es sabido que los cambios de la cultura institucional son lentos y complejos. El entorno social, del que naturalmente salen los nuevos integrantes del cuerpo, no parece ayudar a la mejora, los esfuerzos –que creo bien orientados- de la nueva Escuela de Policía demorarán en verse. Se necesita algunas generaciones de egresados con ‘otra cabeza’ y la sustitución de las herencias que vienen de los años 70. Aquellos jóvenes oficiales que integraron las Fuerzas Conjuntas ¿qué pueden aportar como altos oficiales en la actualidad?

Insisto. El sistema no genera soluciones sino problemas. En la policía y en el Poder Judicial tiene demasiado peso la cultura de la impunidad, del abuso, de la discrecionalidad. Hay sectores de la policía y del Poder Judicial que, respondiendo a una ideología conservadora no tienen pudor de actuar poniendo dificultades a las políticas de defensa de los DD. HH.

Para terminar y ser claro: Si cambia el ministro, con o sin la cúpula del ministerio, pero no se adoptan otros rumbos, otra filosofía más moderna y de avanzada, difícilmente la institución logre dejar atrás definitivamente un pasado oprobioso. Quizá haya que mirar en la primera etapa del primer gobierno del Frente Amplio, para encontrar el humanismo que está faltando.

Cuestionamiento al Estado de Derecho por Max Sapolinski

Que los problemas de seguridad no se arreglan de un día para el otro con la salida de las actuales autoridades del Ministerio del Interior no hay duda. Pero tampoco hay duda de que la gestión de las mismas ha llegado a un punto imposible de tolerar.

Si hasta ahora la preocupación general radicaba en la problemática originada por la falta de acciones claras que logren combatir con algún éxito el incremento de la inseguridad, en los últimos tiempos se han venido originando nuevos elementos que causan especial alarma.

Las novedades radican en la falta de respeto a los derechos de los ciudadanos, la omisión de información lindante con la mentira, el cuestionamiento al Estado de Derecho por medio del abuso de autoridad y la soberbia de la cual los jerarcas hacen gala constantemente.

En menos de una semana hemos presenciado azorados, como el Ministro del Interior disputó su ubicación en la primera fila de un acto para evitar la presencia de una inocente pancarta y cómo se detuvo a dos ciudadanos por haberla pretendido exhibir, brindando luego antecedentes personales de los detenidos en un manejo de información improcedente, al cual ya nos estamos acostumbrando. A estos hechos se agrega el conocimiento un mes tarde de la información sobre un recluso que murió en un centro carcelario ocultándose la verdad a toda la población. Si todo esto fuera poco, hemos visto como una horda destrozó vidrieras y vehículos en 18 de Julio atacando a periodistas y a policías que tenían la orden de no cumplir con su obligación.

Demasiados hechos que no resisten la mínima duda. Demasiados sucesos que afectan la convivencia y valores superiores como la responsabilidad y por qué no, el sentido de República, del cual tanto siempre nos vanagloriamos los uruguayos.

Lo que antes podía ser una gestión discutida y discutible, pasó a constituirse en el desprecio por valores que en la cultura laica republicana son sagrados.

La arrogancia y la soberbia de la que las autoridades están haciendo gala complican su ya debilitada gestión, pero también echan por tierra tradiciones, costumbres e idiosincrasia de nuestro pueblo, que siempre presenció con respeto y reconocimiento el vínculo casi personal con sus gobernantes, sin distinción de banderías, hacia sus gobernados.

El concepto de servidor público está siendo desconocido y mancillado.

No soporto la tentación de compartir alguna anécdota sencilla, extraída de sucesos menores, de las cuales fui privilegiado espectador, pero que es una demostración de las que honran nuestras tradiciones.

En 2004 visité junto al Presidente Jorge Batlle el stand que Uruguay montó en la Feria de Turismo en Madrid. El gobierno español asignó la presencia de dos funcionarios de la Policía para acompañar a Batlle en el recorrido. La feria estaba colmada de gente. Los funcionarios policiales, celosos de su tarea, mantenían a distancia al público. Batlle, fiel a su estilo, pero por encima de todo imbuído en el más profundo sentimiento de republicanismo y austeridad, llamó a los funcionarios para que permitan a quien quisiera acercársele. Esas actitudes no eran poses artificiales. De hecho, aunque lo hubiera querido, no había ante quien capitalizarlas en beneficio de su popularidad en el plano local. Simplemente estaban basadas en las más profundas convicciones. No había lugar a la arrogancia cimentada en el abuso de poder.

Hoy en día, parece que el ejercicio prolongado del poder, desnaturalizó el sentido común y está poniendo en jaque valores fundamentales.

El drama ya no recae en la imposibilidad de encaminar las carencias que se han venido profundizando hace años. Estamos pasando, poco a poco, pero sin descanso, a hipotecar la base de la sociedad, cuyo espejo, que debiera reflejar las actitudes de los gobernantes se está empañando cada vez más.

Nunca más vigente la frase de José de San Martín: “La soberbia es una discapacidad, que suele afectar a pobres infelices que se encuentran de golpe con una gota de poder”.

Una elite de medio pelo y el concepto de unidad por Roberto Elissalde

El Frente Amplio, sabiéndolo o no, ha ido creando una elite que es reconocida como tal por los medios y los ciudadanos. Ya no se trata del grupo de varones educados, exitosos económicamente, de buena familia y con buen pasar que rue en el pasado. Es una elite de medio pelo, con muy pocos “doctores”, casi ningún estanciero y sin ninguno de los verdaderos “grandes”, aquellos que cortan el poder económico. Y si bien la izquierda llegó al gobierno y no al poder, es reconocida como el grupo de los que mandan.

Los juicios sobre las elites no han sido iguales a lo largo de la historia. En unos tiempos el miedo que generaban los jefes de la manada no daba lugar al enunciado de discrepancias. En otras épocas, incluso antes de que se creara el término hegemonía, las elites gozaban del reconocimiento y la admiración de los comunes. Pero, como ya dijera Juan María Bordaberry en su momento, la Revolución Francesa fue el principio del fin: se puso en duda el orden natural y cualquiera se sintió con derecho a criticar y opinar.

La elite del Frente Amplio no goza de la benevolencia de sectores importantes de la sociedad uruguaya, en particular la de la elite blanca y colorada, desplazada del gobierno hace 14 años, y de los medios que son propiedad de esa vieja casta. Y también sufre las críticas de aquellos que, después de haber sido liberados del yugo que les imponía el “orden natural”, se sienten con derecho a juzgar con mayor o menor detenimiento, lo que hacen los gobernantes.

La soberbia es mala consejera y el mal cálculo político también. Cada acto público (y hasta privado) está bajo el escrutinio público. Cada mensaje de whatsapp, cada caderazo a un manifestante, cada respuesta fuera de tono a un exaltado en la calle, frente a las cámaras, cada uso de una tarjeta corporativa no suficientemente explicado se convierte en un búmeran. Un chiste, una avivada, una demostración de fuerza innecesaria, serán juzgadas por miles de personas que hoy escriben sus opiniones en su teléfono o computadora y que llegan, con el impulso de profesionales organizados dentro de la manada, a cientos de miles.

Si las autoridades del Ministerio del Interior sabían que la muerte del recluso no era responsabilidad de otro preso sino de sus propios subordinados y no lo informaron adecuadamente, cometieron un gravísimo error. Un error con consecuencias no solo para ellos es para el resto del gobierno y para la credibilidad del FA. Asumir errores, por graves que sean, es siempre mejor que mantener una mentira porque ésta va a emerger y desprestigiar a toda una fuerza política llena de gente buena y honesta.

Esta situación de la modernidad debería hacer reflexionar a los gobernantes sobre los nuevos alcances del concepto de “unidad”: los actos de cada uno de nosotros serán juzgados al barrer, no como decisiones propias sino como características del conjunto. Y los frenteamplistas no merecen ser considerados como mentirosos, corruptos, garroneros o soberbios porque en general no lo son, por más que algunos cuadros o dirigentes sí lo sean.

Por el bien de la fuerza política construida durante casi medio siglo, deberíamos ser claros a la hora de juzgar nuestros propios errores y flaquezas, asumir responsabilidades y actuar en consecuencia.

Patoterismo vulgar por José Luis Perera

Lo primero es lo primero: El ocultamiento del asesinato de un recluso en el penal de Libertad por parte de la guardia, al que mataron como animal, indigna. Desde el que apretó el gatillo hasta el Ministro, todos mintieron y ocultaron. Y como dice un amigo, “esa sí que es una línea roja que el FA no debería dejar cruzar” en esto de permitir y justificar todo lo que venga de su gobierno. Mi amigo no tiene ninguna esperanza, yo tampoco. La destitución del director del INR no debería ser el cierre del asunto, sino el comienzo, y debería terminar con la renuncia del ministro, algo que sucede en los países civilizados con gobiernos decentes. Por cierto, no sucederá acá. En cuanto a lo que pasó en Artigas, fue un patético sainete que incluyó al ministro Bonomi reculando para tapar una pancarta, actitud ridícula por donde se la mire, aunque admite una serie de calificaciones más: infantil, estúpida, ordinaria, patotera, intolerante, grotesca, en fin, lamentable. Porque estos mismos señores que se arrodillan frente al capital extranjero se envalentonan ante un puñado de ciudadanos con una pancarta. Lo grave, es que además culminó con la prisión de uno de los manifestantes (criminalización de la protesta), y luego la difusión pública de cosas que tienen que ver con la vida de las personas que protagonizaron los hechos. La INDDHH expresó su “profunda preocupación” por el uso de los datos que realiza el gobierno con manifestantes opositores y recordó que ya había advertido sobre este tipo de prácticas.  La divulgación de antecedentes de un ciudadano, con fines políticos, es una actitud merecedora también de calificativos como los mencionados más arriba; además de ilegal.

Al parecer, uno de los manifestantes sería un ex preso, y otro un militante de un partido político. Por cierto, ninguna de las dos cosas impide manifestar; no es ilegal ser un ex preso, ni tampoco ser un militante político. De hecho, el propio ministro Bonomi es la prueba viviente de que se puede. Un ex delincuente, que fue condenado y cumplió su pena y hoy está en libertad, tiene todos los derechos. Incluso hasta puede ser ministro, como es notorio, incluso presidente de la república. En puridad, ya no es un delincuente. Delincuente es por ejemplo alguien, que está procesado por el delito de peculado, y que aún no ha cumplido ninguna pena. Sin embargo, el gobierno no le prohíbe concurrir a ningún acto, ni es proclive a difundir sus antecedentes. En cuanto a ser un militante político e ir a un acto del gobierno con una pancarta, no solo que no es un delito, sino que debe ser lo más común de las cosas comunes en este país. Claro, en general son afines al gobierno, y esos no son tapados por un ministro que recula ni escrachados en los medios. Todo eso no hace más que demostrar la intolerancia y el autoritarismo de un ministro que hace rato ya, es impresentable.

No se trata de un hecho aislado por Juan Andrés Fernández

Los episodios protagonizados la semana pasada por el Ministerio del Interior son penosos y repudiables, y evidencian la arbitrariedad con la que actúa el Ministro, con la soberbia de quien se siente impune e inamovible, sostenido por el sector mayoritario del partido de gobierno, que no está dispuesto a ceder esa cuota de poder.

Con distintos niveles de importancia, los hechos hablan a las claras, en primer término, de lo poco que le importa a Bonomi la libertad de expresión y el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. No conforme con empujar a los manifestantes en Artigas, impedir la concentración y llevarlos detenidos, lo vimos todos, somete al escarnio público a uno de esos ciudadanos al publicar sus antecedentes, utilizando para ello el aparato del Estado. Inadmisible desde todo punto de vista para quienes creemos en el Estado de Derecho. El Ministro demuestra, una vez más, lo débil que es su adhesión a estos principios republicanos, de los que siempre renegó y contra los que en su momento atentó.

Pero el más grave de los hechos en discusión, el que expresa un problema institucional de fondo, es la muerte del recluso Núñez Santos en el penal de Libertad, a quien un guardia le disparó innecesaria e irregularmente, y que luego de ser herido no recibió la atención inmediata que requería y que exigen las normas, permaneció desangrándose más de una hora en un calabozo, fue el último en ser atendido y murió antes de llegar al centro médico del penal. Lo que agrava aún más la situación es que la ciudadanía no pudo acceder a esta información hasta el jueves de la semana pasada, cuando Juan Miguel Petit presentó un informe al Parlamento, producto de un análisis sistemático de los hechos, para el que realizó setenta entrevistas y recibió diversas asesorías, comprobando que la versión sostenida durante más de un mes por el Ministerio, según la cual el recluso había sido apuñalado por otro interno, era incorrecta. Aun conociendo el informe del comisionado, el Ministerio encubrió un abuso flagrante de la autoridad, mintiéndole descaradamente a la ciudadanía.

No se trata de un hecho aislado. El episodio refleja la situación de las cárceles uruguayas en donde, lejos de ser los centros de reeducación que establece la Constitución, se violan sistemáticamente los derechos humanos, profundizando la fractura social y promoviendo la violencia y el delito. Esta situación no es propia del Uruguay. Parece otro país pero nos está pasando a nosotros y lo peor que podemos hacer es mirar para el costado. Es hora de que, observando los ejemplos exitosos del mundo, que los hay, asumamos el desafío de reformar las cárceles como una causa nacional.

La política es más fuerte por Alejandro Sciarra

Los Ministros del actual gobierno empiezan a mostrar signos de cansancio en clave de desatinos. María Julia Muñoz, Danilo Astori, Marina Arismendi, y el máximo galardón se lo lleva Eduardo Bonomi. “El Ministro récord”, como tituló La República hace unos días. Sin duda que fue el Ministro récord. Récord en tasas de homicidio, rapiñas y todos los delitos violentos que pueda usted enumerar. Bonomi ha demostrado una capacidad de fracaso récord. ¿Por qué continúa entonces al frente de una cartera que resulta tan cara para todos los uruguayos? Porque la política es más fuerte. Bonomi sigue all duramente atornillado porque es una suerte hermano putativo de Mujica, un tío del MPP, cuyo cese sería un golpe político inaceptable.

Pero el agotamiento, que no es sólo físico sino de su proyecto y sus ideas, le está trancando mal. Y su naturaleza se pone de manifiesto cada vez que lo prueban. El bicho pica. Nunca le gustó que lo desafíen. En otra época un asunto como el de Artigas, con el tabacalero, quizá lo hubiese zanjado él. Hoy detenta el poder, y le gusta más que el dulce de leche. Así que con un gesto provoca un alud de patovicas que le sacan la basura. Y puede incluso ordenar una detención sin orden judicial ni infraganti delito.

Eso sí, nunca hará ese gesto contra Irma Leites, ni contra los encapuchados que destrozaron la propiedad privada en 18 de julio.

Los que hicimos artes marciales sabemos que pelear cansado es peligroso. Dejas de pensar con claridad, bajas la guardia, permitís que el otro vea tus debilidades, pero además, podés golpear por fuera del reglamento. A aquel muchacho revolucionario le hubiera venido bien cambiar las armas por un cuadrilátero. Quizá hubiese aprendido a no pelear cansado. A no cometer errores, a no mostrar sus puntos más débiles debiendo recurrir a la autoridad (o autoritarismo) de su investidura para salvar su pellejo y arriesgar el de su país.

Está comenzando la campaña electoral. Podría ser la oportunidad de oro para renunciar con la excusa de dedicarse a las giras y compromisos de cara a 2019. Y con “renunciar” me refiero a responder a un susurro del Presidente.

Pero aún en el cansancio que aqueja también al primer mandatario (contener el aire al hacer la plancha vemos que puede ser agotador), susurrar un pedido de renuncia al gabinete de un miembro del MPP puede significarle a uno un año de torturas (en sentido figurado, aunque decepcione a Mujica).

Ahora al parecer pretendemos que la muerte de un preso haga caer a Bonomi. ¿Al mismo Bonomi que en 2011 no hizo caer la muerte de 12 reclusos en la cárcel de Rocha?

El ministro no tiene quien le escriba por Rodrigo da Oliveira

El gobierno necesita sostén. Los números no cierran, el desempleo aumenta, quienes buscan trabajo son cada vez menos, los emigrantes son cada vez más, los escandaletes de corrupción se suceden día tras día (hechos y protagonistas que ya no saben cómo disimular y de los cuales se han ocupado bien en marcar distancia, por parte de los precandidatos de la coalición FA).
Digo el gobierno y no nuestro gobierno, como debería ser, ya que hace mucho tiempo que mucha gente no lo siente así. Entre ellos me encuentro.
Hace bastante que venimos hablando acerca de algunas señales preocupantes respecto a las libertades y sus manifestaciones corrientes.
Artigas puso en evidencia esas prácticas, de la mano del ministro del Interior, del ministro de gobierno nada menos. Intentando acallar una persona que portaba una pancarta con un reclamo más o menos pertinente, fueron al choque cuerpo a cuerpo el sr Ministro y parte de lo que suponemos es la seguridad del acto. En un despliegue de Inteligencia sin precedentes, captaron la peligrosidad de dicho individuo en el mismo instante y lo sacaron en andas del lugar, para luego intentar justificar dicha acción dando por válido un video que antes de apoyar lo actuado expone abiertamente el silencio que buscaron alcanzar.
Gran escándalo e intentos varios de escapar del embrollo. Para colmo de males, surgen a la luz pública y por parte del gobierno, datos personales del pancartero. Grosero intento de censura a los ciudadanos, peor aún de censura previa para otros que tengan pensado quejarse de lo que sea. ¡CUIDADO! que el ministerio que NO nos cuida sí persigue a los críticos. La INDDHH emite un comunicado criticando el hecho, el legislador Civila también, correctamente.
Nada de todo esto es nuevo, hay antecedentes.
Lo que llama la atención es el que además van perdiendo las formas. Por estas horas la senadora Xavier dice que debería haberse cambiado al señor Bonomi. No señora, el problema no es el señor ministro, el problema es el gobierno, que es quien lo sostiene.
La falta de autocrítica y la soberbia no son nuevas en estas administraciones, aún dentro de filas. O se calla o se va, dijeron un día al Gral Seregni, dicen que nuestro actual presidente.
Desde la ley de medios para acá el tufillo autoritario se deja sentir, en un conglomerado de sectores que apoya abiertamente las peores gestiones y dictaduras de la región: Venezuela, Cuba, Nicaragua. El empeoramiento de las condiciones en las cuales gobernar incrementa esos desvíos, cuando los dineros tienden a acabarse hay que administrar en serio y achicar gastos. Pues no. No vamos a achicar, a propuesta del último Congreso aumentaremos impuestos, en un desborde de genialidad en materia económica.
El ministro no tiene quien le escriba un guión acertado para su accionar. Verlo como un barrabrava defendiendo a empujones a un disidente fue todo un símbolo de un gobierno que no quiere ni puede. El gobierno necesita ser sostenido. Sólo y a empujones no logra tenerse en pié.

Los árboles y el bosque por Miguel Manzi

En los últimos días, el ministro del Interior Eduardo Bonomi protagonizó, personalmente o por razón de su cargo, tres episodios escandalosos: el culazo a los tabacaleros en Artigas con posterior detención y escrache en la web, el falseamiento en la autoría de la muerte de un recluso, y la pasividad policial ante un puñado de vándalos. La oposición presentó una moción de censura en el Senado, cuyo resultado es más que previsible. Tanto como la permanencia de Bonomi al frente del Ministerio, siendo que el presidente de la República debería cesar a quien comete actos aberrantes que perjudican al gobierno y a la convivencia. ¿Puede ser peor? Sí, puede.

El culazo en Artigas lo da Bonomi; pero son otros los que mandan detener a los protestantes; y otros más los que publican sus antecedentes en la web. La muerte del recluso en manos de la guardia es conocida por Bonomi; pero son otros los que montan la patraña; y otros más los que mantienen el embuste por más de un mes. Las intenciones y el modo de operar de Irma Leites y sus secuaces son conocidos (¡de memoria!) por Bonomi; pero son otros los que imparten las directivas para la manifestación; y otros más los que dirigen el procedimiento.

Digo: Bonomi es un psicópata que mataba gente por la calle y por la espalda, como Mujica, Topolansky, y toda la irredenta caterva tupamara (la cana y los votos no cambian la carátula; el arrepentimiento -civil- redime, pero entre los notorios hay pocos arrepentidos). ¿Y todos los otros funcionarios? Nada; debemos concluir que los subalternos de Bonomi están todos cortados por su tijera; que el instituto policial está todo podrido. Conclusión harto razonable, tras 9 (nueve) años ininterrumpidos de Bonomi en el cargo; durante los cuales, dígase de paso, se centuplicaron los recursos del ministerio del Interior, en presupuesto, en personal, en vehículos, en tecnología, en armamento, en inteligencia (todo en manos de los tupas, qué locura). Eso para abajo; ¿y para arriba?; ¿y el jerarca de Bonomi? Es el que da el ejemplo. Tabaré Vázquez ejercita la ironía, que desde el llano suele denotar fina inteligencia, pero desde el poder denota cobardía. La misma que hace falta para patotear a un infeliz teniendo atrás un ejército de patovicas y después mandar a escracharlo en la web; la misma que hace falta para defenestrar de sus cargos públicos a sus competidores comerciales; la misma que hace falta para plagiar el pensamiento ajeno, no una, sino muchas veces; la misma que hace falta para firmar un telegrama de adhesión a un dictador; la misma que hace falta para mentir sin que le tiemble la voz. Es el gobierno entero, pues, el que está todo podrido.

Siendo así, ¿podrá volver a ganar el Frente Amplio? Me temo que es posible, mientras la oposición siga jugando a los candidatos (yo cuento doce -de repente se me escapa alguno- de los que van a resultar cinco pequeñas formulitas partidarias; ninguna de las cuales capaz de encolumnar a todos los opositores en el balotaje; pobre país).

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