La estampida de precios que elevó la inflación anualizada a casi un 9% según el reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística, se transformó en un auténtico cimbronazo para los sectores de ingresos fijos, cuyo poder de compra sigue cayendo por una rebaja salarial y de jubilaciones que abarca ya dos años. Para no pagar el precio político de digerir un tercer año de caída del poder adquisitivo, el gobierno se puso a trabajar contra reloj.
En tal sentido, se votaron leyes para exonerar transitoriamente el IVA al asado de menor calidad y para quitar la tasa mínima del tributo a los panificados, harinas y fideos. Según los operadores económicos, estas medidas, que son insuficientes, no tendrían un impacto significativo.
Incluso, el anunciado ajuste del 3% en las pasividades y del 2% en los salarios públicos a partir de julio –que es un mero adelanto a cuenta del previsto en enero de 2023 y se calculó sobre la inflación proyectada en una coyuntura de volatilidad- no permitirá ni siquiera amortiguar lo perdido en el primer trimestre.
El Presidente Lacalle Pou manejó engañosamente los números, sumando este ajuste adicional al de enero pasado, lo cual permitiría llegar al 9%. A su juicio, estas mejoras posibilitarían superar al IPC de 2022. El error, que es deliberado, es que las mejoras otorgadas en enero, que fueron de 6% para los pasivos y de 7% para los estatales, estaban destinadas a enjugar la inflación de 2021, que trepó al 8%.
Con este panorama, los anuncios son un mero golpe de efecto, y no contribuirán a recuperar los deprimidos salarios y jubilaciones perdidas en 2020 y 2021.
No fueron atendidas las demandas de soluciones más contundentes, como el tarifado de artículos de la canasta familiar y solicitar a los propietarios de los medios de producción que depongan parte de sus ganancias, lo cual es una ingenua utopía.
Hasta ahora, todo el esfuerzo para mitigar el impacto de la carestía corre por cuenta del Estado, con renuncias fiscales que se suman a otras millonarias dádivas que se otorgan a los denominados “malla oro”.
Estos señores, que se siguen enriqueciendo a manos llenas por el trepidante aumento de los precios internacionales de las materias primas, han permanecido indiferentes ante los estragos de la crisis social provocada por la pandemia y las regresivas políticas del gobierno.
No tienen patria. Sólo tienen bolsillo y cuantiosas cuentas bancarias, que se siguieron engrosando, merced a una coyuntura internacional favorable, traccionada por la recuperación económica global, tras la recesión originada por el Coronavirus.
Si Uruguay es exportador de carne vacuna, de pollo, de trigo y de productos lácteos y naturalmente se autoabastece, ¿por qué los consumidores compatriotas deben pagar los mismos precios que mercados de gran porte como China, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros?
La explicación es que, para la oligarquía dueña de la economía y con sectores estratégicos de propiedad multinacional, el mercado uruguayo es meramente marginal. A raíz de esta situación, que realmente raya con el absurdo y con una suerte de realismo mágico, Uruguay ha tenido que importar carne paraguaya para bajar los precios, pese a que en el país la proporción entre vacas y personas es de cuatro a uno.
Empero, otro factor que disparó la inflación por su efecto multiplicador en costos de producción y logística, son los permanentes ajustes del precio de los combustibles, a los cuales se suman las correcciones anuales de otras tarifas públicas.
Pese a que los incrementos de naftas y gasoil de febrero y marzo fueron más moderados por la proximidad del referéndum destinado a derogar 135 artículos de la LUC, el impacto sobre la cadena productiva fue igualmente significativo y, naturalmente, trasladado al consumidor final.
Estas permanentes correcciones al alza no comenzaron con la guerra de Ucrania, sino en enero de 2021, sumando, hasta el momento, nada menos que siete ajustes en poco más de un año-exactamente 15 meses- lo cual ha elevado el precio de los carburantes en más de un 40%, como en los pretéritos tiempos de la inflación de tres dígitos.
No obstante, además del ciudadano de a pie, el que más sufre es el comercio minorista de cercanía conocido popularmente como almacén de barrio, que es tomador de precios de los grandes distribuidores y vive al día como cualquiera de nosotros.
En ese contexto, Cambadu, que es la organización que nuclea a estos pequeños comerciantes, ya ha planteado el fraccionamiento de algunos productos de primera necesidad, lo cual supone un dramático retroceso de medio siglo.
Hoy, como en el pasado remoto, es habitual que una persona ingrese a un almacén barrial y pida cien gramos de azúcar y otro tanto de harina y dos huevos, para seguir sosteniendo – a duras penas-la manutención de las poblaciones pobres ubicadas en la periferia de la sociedad. Contrariamente a lo que proclamaba Artigas, los más infelices no son los más privilegiados, sino los más perjudicados.
Como lo admitió el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a raíz de esta situación será muy complejo comenzar a recuperar el salario que se perdió en 2020 y 2021.
Si se confirmara su vaticinio, el gobierno incumpliría una nueva promesa, que se suma al no cumplimiento de los compromisos contraídos en la campaña electoral, en el sentido que no aumentar los combustibles y las tarifas públicas y mantener el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Realmente, la mayoría de los uruguayos fueron estafados.
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