La renuncia de Jorge Díaz a la titularidad de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, culmina un largo proceso de enfrentamiento entre el dimitente y la derecha más recalcitrante y cavernícola de Cabildo Abierto, pautado por permanentes presiones y pedidos de destitución.
Pese a que el magistrado explicó que su retiro anticipado de la actividad está motivado por un proyecto que en el futuro desarrollará en la actividad privada, otros elementos pesaron en forma determinante en su decisión que, según afirmó, ya había sido adoptada el año pasado.
Como se sabe, el ciclo del funcionario al frente de la Fiscalía culminaba recién en abril de 2022, luego de haber cumplido el tiempo legal de permanencia en el cargo, que es de diez años.
Naturalmente, su alejamiento –que generará un interinato a cargo del hasta ahora Fiscal Adjunto de Corte Juan Gómez –iniciará un fuerte pulseada política para la designación de un nuevo titular de la Fiscalía, que requiere venia parlamentaria.
Como para proceder a la nueva nominación se necesita una mayoría especial de tres quintos del total de componentes del Senado de la República según lo estipulado por la ley 19.483, el oficialismo deberá acordar con la bancada del Frente Amplio.
Algo similar sucederá para cubrir el cargo vacante en la Suprema Corte de Justicia, que iba a ser ocupado precisamente por Jorge Díaz. Sin embargo, esa posibilidad quedó absolutamente descartada por la cerrada negativa de Cabildo Abierto.
Es que el enfrentamiento entre el ahora ex fiscal y CA es de larga data, luego de la solicitud de destitución de dicha fuerza política al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Los cuestionamientos a Jorge Díaz datan de 2019, antes incluso de las elecciones nacionales, cuando el hoy socio del conglomerado conservador afirmó tajantemente que la Fiscalía era un “brazo político” del gobierno frenteamplista de la época. La aseveración fue una airada reacción por la acusación formulada contra Guido Manini Ríos, quien, en su condición de comandante en jefe del Ejército, cometió el delito de omisión, por no haber denunciado, en tiempo y forma, el contenido de las confesiones del represor José “Nino” Gavazzo ante un tribunal de Honor.
Como es notorio, el oficialismo blindó al hoy senador y líder de Cabildo Abierto, desestimando el pedido de desafuero cursado por fiscal de Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciaballe, lo cual naturalmente originó el archivo de la causa y derivó en la impunidad del parlamentario.
Este partido ultraderechista criticó ácidamente a Jorge Díaz, por haber ordenado investigar a la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, quien dispuso el archivo de la causa penal que imputaba al intendente de Colonia Carlos Moreira, por presunto abuso de funciones y concusión, al prometer pasantías a cambio de favores sexuales. Como se recordará, el escándalo estalló en octubre de 2019, en plena campaña electoral, cuando se difundieron dos audios muy comprometedores.
La resolución adoptada por Díaz se basó en supuestas implicancias de la funcionaria con el acusado, ya que esta militó activamente en el Partido Nacional durante la campaña electoral de 2014. Además, dos de sus familiares directos –que son militantes orgánicos de la colectividad- ocupan cargos de confianza política en el gobierno.
Naturalmente, los cuestionamientos de Cabildo a la Fiscalía no se detuvieron. El año pasado, el senador coronel ® Raúl Lozano fustigó ácidamente el procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal Antunez, quien, en 1972, asesinó de un disparo por la espalda al preso político tupamaro Nelson Barrera.
Ello se sumó a las destempladas expresiones del propio Manini Ríos, quien condenó el enjuiciamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez, imputado por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), perpetrado durante la dictadura.
Asimismo, también acusaron a Jorge Díaz de eventuales presiones sobre los fiscales y de supuesta connivencia con la izquierda, lo cual constituye un atropello, ya que su probada imparcialidad no está en tela de juicio.
No en vano, durante la gestión de Díaz, fueron procesados, en 2013, el ex ministro de Economía y Finanzas del Frente Amplio, Fernando Lorenzo, y el ex Presidente del Directorio del Banco República, Fernando Calloia, con relación a la negociación de la frustrada venta de las acciones de Pluna.
Asimismo, en el período pasado de gobierno fueron dictados los pedidos de procesamiento del hoy ex vicepresidente de la República Raúl Sendic y del ex diputado del FA Daniel Placeres, sin que nadie interfiriera en dichas instancias judiciales.
Estas circunstancias corroboran la absoluta imparcialidad y transparencia del organismo a cargo de Jorge Díaz, ya que a sus magistrados no les tembló el pulso al solicitar el enjuiciamiento de altos funcionarios de dos gobiernos del Frente Amplio.
No en vano, más allá que los cuatro autos de procesamiento merecen reparos, la izquierda jamás cuestionó su legalidad, corroborando su absoluto respeto por la institucionalidad.
No sucede lo mismo con Cabildo Abierto, que celebró el alejamiento de Díaz a través de algunos de sus más connotados representantes. Obviamente, este socio de la coalición de gobierno, por sus nulas convicciones democráticas, no comparte que la Fiscalía de Corte actúe con la debida independencia técnica y sin presiones y que haya dejado de ser un mero apéndice de los gobiernos de turno.
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