La destemplada actitud de algunos miembros del oficialismo, que no aceptan críticas ignorando las reglas de la convivencia democrática, sigue aumentando la tensión confrontrativa, tanto con la oposición como con el movimiento sindical.
En tal sentido, el último paro general convocado por la central obrera generó airadas reacciones del gobierno, que acusó a los sindicalistas de obstaculizar la vacunación y dejar a miles de escolares sin comer.
Sin embargo, las acusaciones son infundadas, ya que tanto el transporte como el personal de salud trabajaron con normalidad, y los problemas en la alimentación escolar se originaron en la falta de previsión de las autoridades de la enseñanza.
Empero, la creciente tensión entre el gobierno y el PIT-CNT es absolutamente previsible luego de quince meses, por la rebaja salarial y de jubilaciones, el aumento del desempleo y los miles de despidos y seguro de paro.
Obviamente, esta atmósfera enrarecida también incluye la inminente convocatoria de la ronda de los Consejos de Salarios que deberá concretarse este mes de Julio. En la oportunidad, deberán negociar 193 subgrupos de casi todas las ramas de actividad, que abarcan a nada menos que 640.000 trabajadores.
Por supuesto, en esta instancia el movimiento sindical reclamará un calendario transparente de recuperación salarial, luego del período puente de un año que determinó irrisorios ajustes del 3,5% por vía de excepción, atendiendo a las complejidades generadas por la pandemia, guarismo sustantivamente menor a la inflación del período.
Sin embargo, se percibe que el sector empresarial –como es habitual- no sería proclive a consensuar mejoras, proponiendo que nuevamente se priorice el empleo sobre otros beneficios. Si esa conjetura, que parece tener un sólido asidero, finalmente se confirma, el gobierno incumpliría su promesa de iniciar la recuperación de lo perdido a partir de enero de 2022.
Consecuentemente, el oficialismo corroboraría su alineamiento con los espurios intereses de las cámaras empresariales, en detrimento de los legítimos derechos de la clase trabajadora.
A ello se suma otro tema altamente controversial que enfrenta recurrentemente a los dos bloques ideológicos antagónicos, como lo es, sin dudas, el nuevo sistema de licencias médicas que el gobierno se propone aplicar a los trabajadores estatales, el cual sigue siendo objeto de polémica y discusión.
Como se sabe y con el manido pretexto de evitar abusos, la propuesta oficial es que a los empleados públicos se les aplique el mismo e injusto régimen que a sus pares del sector privado, quienes, cuando se enferman, no perciben salario durante los tres primeros días de ausencia y luego se les paga un 70% de su salario, con topes muy estrictos.
El tercer tema que tensa al máximo la situación es el que atañe a las licencias que usufructúan los dirigentes gremiales, en el marco del fuero sindical establecido por la ley de negociación colectiva sancionada durante los gobiernos del Frente Amplio.
Este tópico ha sido objeto de permanentes cruces, entre miembros bien reaccionarios de la coalición derechista que no entienden la lógica y la naturaleza del trabajo sindical, y los representantes de la central obrera.
Al respecto, uno de los choques más duros registrado en el programa televisivo “Todas las voces”, lo protagonizaron el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira y el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, un pedante con lenguaje de barra brava que adquirió insólita visibilidad mediática por sus permanentes ataques a los sindicatos.
En ese marco del debate, que subió de tono, el legislador nacionalista, que es un latifundista devenido político, afirmó que no puede “estar de acuerdo con la gente que no vaya a laburar o vaya y haga que labura”. A esta acusación, el dirigente sindical replicó señalando: “Yo le puedo permitir de todo al senador, menos que no trabajo, porque trabajo desde los 14 años”.
En ese contexto, Da Silva acusó a Pereira de “estar por cumplir las bodas de plata de no marcar tarjeta”, lo cual levantó la temperatura del intercambio y generó una interrogante concreta del titular del PIT-CNT: ¿vos donde marcás tarjeta?” Insólitamente, el legislador dijo que la marcaba pagando sus impuestos.
La respuesta del parlamentario, admitiendo explícitamente -en un año parlamentario caracterizado por el ausentismo- que no va a trabajar, pese a que percibe un salario privilegiado que pagamos todos los uruguayos, es realmente intolerable. Por supuesto, tampoco marcan tarjeta los asesores, los cargos de confianza y los centenares de acomodados de la clase política.
En efecto, el senador Da Silva, mientras embolsa un grueso emolumento por ni siquiera pisar el Palacio Legislativo, se dedica a gestionar su empresa “Da Silva Agroinmuebles” y su establecimiento rural, acorde a su condición de miembro del rancio patriciado rural.
Fue una de las caras visibles del Movimiento Un sólo Uruguay –brazo empresarial de la derecha- que, durante el último gobierno del FA, organizó numerosas movilizaciones y reclamó rebajas de tarifas, entre otras medidas.
Desde hace poco más de un año, estos señores han soportado en silencio dos ajustes de tarifas eléctricas en diez meses y dos aumentos de los combustibles en apenas un semestre.
La polémica entre Fernando Pereira y Sebastián Da Silva reproduce la dicotomía entre la clase trabajadora y la clase patronal alineada con el gobierno, en un ácido lenguaje que alimenta la tan mentada grieta entre bloques ideológicos.
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