En estos meses se han procesado el debate sobre los cambios que, en la Ley de Urgente Consideración, se realizan a la Ley 18.437, también conocida como Ley de Educación.
Queremos destacar el hecho que estos cambios se produzcan en el comienzo del período de gobierno, más aún cuando abre una ventana de 4 años para que el ciudadano, a la hora de elegir nuevas autoridades, tome en cuenta si se produjeron o no avances en el camino deseado.
El Parlamento está escuchando a la sociedad civil, a los expertos, se generan opiniones en la prensa y los representantes de la ciudadanía votarán. Es un proceso democrático y republicano.
En cuanto al contenido, nos centraremos en la gobernanza propuesta por la nueva ley que a nuestro entender lleva a mejorar el marco legal de la educación. Con estos cambios, el Uruguay se pone en sintonía con las formas de gestión y administración educativa de los países que han tenido los mayores avances en educación, democracia política e inclusión social (entre ellos podemos destacar los Países Nórdicos, Irlanda, Países Bajos, Francia, Portugal e Israel).
Gobernanza
Un cambio impostergable
Desde el año 1966, nuestra Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a finalizar el ciclo educativo hasta la enseñanza secundaria superior. Pasaron 54 años y solo poco más del 40% de los jóvenes lo logran. Esta situación es multicausal, pero uno de los factores es la obstinada práctica de selección “por exclusión” que tiene la enseñanza secundaria en general y el bachillerato en particular.
No existe correlación curricular (en planes y programas, en formación docente, en mecanismos de articulación territorial, en compromisos y metas de cobertura, permanencia y aprendizaje) que ofrezca un marco para que el sistema educativo funcione como tal. Y esto se ve, especialmente en los 25.000 jóvenes de 20 años que hoy, por más que tengan “gratuito y público” el acceso a la enseñanza terciaria, mirarán las aulas universitarias, desde fuera.
Eso es lógico. Los uruguayos les hemos ofrecido a nuestros jóvenes una propuesta educativa que es como una carrera de vallas, cada vez más alta y compleja. El salto lo pudimos hacer quienes tenemos mayores apoyos familiares y capital cultural. La no articulación entre “subsistemas”, con programas, ritmos de estudio, formación docente y evaluaciones diferentes desconectadas, solo puede empezar a enmendarse con la voluntad política de una articulación central.
Este punto es un avance sustancial que habilita a la articulación, el establecimiento de metas comunes (con la asunción de la responsabilidad política por parte del Presidente de la ANEP, en caso de no cumplirlas) y la construcción de un organigrama más lógico.
Junto a ello hay dos elementos que es necesario destacar: el papel de MEC y el reconocimiento de nuevos actores en la mesa de la coordinación de las políticas educativas.
Sobre el primer tema quiero ser claro: no hay país en el mundo, donde las autoridades políticamente elegidas por la ciudadanía, no incidan en la educación de los ciudadanos. La autonomía marcada por la Constitución, se refiere al marco profesional y legal donde la educación construye propuestas que van más allá de los designios de partidos políticos o gobiernos de turno. Pero la Autonomía, no es Independencia. Entre otras cosas, porque es el poder político quien asigna los recursos de los ciudadanos y es en una democracia, donde las propuestas de los representantes del pueblo, son validadas por el voto de todos.
El MEC, (el de ahora y los que vendrán) ganaría la responsabilidad de conducir las líneas estratégicas del gobierno educativo. Esto lo vemos como un avance democrático, sobre todo para quienes están fuera del sistema (vuelvo a aludir a los cientos de miles de compatriotas, sobre todos los más desfavorecidos, que son excluidos del derecho constitucional a la educación definida como obligatoria). Las fuerzas políticas que hoy se oponen a este cambio, en caso de aprobarse, si vuelven a ganar la confianza de la ciudadanía y ocupan de nuevo el gobierno, agradecerán íntimamente esta nueva organización.
Finalmente la integración de nuevos actores al llamado “Sistema Nacional de Educación”. El valor de instituciones como el INEFOP, las organizaciones de la sociedad civil centrada en la educación y las instituciones privadas que sostienen una parte importante de la matrícula, son integradas a la coordinación y la discusión sobre las líneas estratégicas de las políticas educativas.
En este sentido, la educación no hace otra cosa que alinearse con una práctica que se ha extendido en el conjunto de las políticas públicas y con particular énfasis en las administraciones del Frente Amplio.
¿Por qué esta práctica sería válida para todas las áreas de la vida social y no para la educación? Quizá, porque la EDUCACIÓN PÚBICA, debe empezar a verse no solamente como la acción de las administraciones y los entes estatales que la llevan adelante, sino como un proyecto nacional, laico y plural que bajo las garantías de los gobiernos y en el marco del control del Estado, reconoce y avala la acción de diferentes actores de la sociedad. Este debate, profundamente político (porque tiene que ver esencialmente con el poder de quienes tomas las decisiones en las organizaciones burocráticas), es un buen argumento para desarrollar la nota de la semana que viene.
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