PRIMERO: hace un tiempito el Parlamento sancionó una ley que obligará a debatir a los candidatos que compitan en la segunda vuelta de la elección presidencial.
Es una de las decisiones más trasnochadas que se pueda imaginar, violatoria de principios jurídicos básicos y reñida con el sentido común más elemental.
Empieza por violar el artículo 7 de nuestra Constitución que consagra expresamente el derecho a la libertad. Habrá quien opine que el citado artículo prevé expresamente la privación del derecho aludido si se saca una ley “por razones de interés general”. Es cierto, eso dice. Ahora, ¿cuál es aquí el “interés general”? La expresión constitucional es filosófica y jurídicamente, muy precisa. No significa que, si mucha gente tiene interés en ver debates de políticos, eso justifica hacerlos obligatorios por ley. La expresión no refiere a un concepto numérico, si no cualitativo: un valor superior al del derecho en cuestión, que justifica su privación. En este caso, tendría que haber un valor superior al de la libertad.
Pero, quizás se pudiera argumentar que el tema refiere al derecho del elector a ser informado y creo que, de hecho, los defensores del proyecto han utilizado ese argumento: el tal derecho del elector primaría sobre el derecho a la libertad de los candidatos.
Disparatado: el derecho a ser informado políticamente no existe. No hay norma jurídica que lo establezca, ni principio filosófico que lo sustente. En todo caso, sería al revés, siendo el voto obligatorio, conlleva el deber de ejercerlo responsablemente y, por tanto, la obligación de estar informado. Soy yo que debo informarme, no otros que tengan el deber de hacerlo por mí.
Lo anterior es suficiente para demostrar lo descabellado de la ley en cuestión, pero es posible aún añadir más argumentos condenatorios. Para empezar, si se impondrá a los candidatos la obligación de debatir sería lógico obligar a los electores a mirar los debates. ¿De lo contrario, a dónde va a parar el “interés general”? pero, además, en una realidad como la uruguaya, con campañas electorales que duran meses, en las que los candidatos hablan varias veces por día, todo ello en un país chico donde todos se conocen, qué dificultades puede haber para que el elector se informe adecuadamente.
Por otra parte, ¿qué tan informativos son los debates? ¿Surgen de ellos cosas nuevas, desconocidas para los ciudadanos? ¿O más bien son un evento de tipo competitivo, donde lo que busca el público es ver quién resultó ganador? Hay varios estudios, tanto aquí como en otros países, que opinan esto último y creo que lo veremos ratificado el martes 1°.
En definitiva, es absolutamente legítimo que un candidato resuelva no debatir por razones estratégicas y eso no lo invalida para gobernar. Puede ser malo debatiendo, pero un excelente gobernante.
Por si algo le faltara a esta mal hadada ley, al disparate de fondo se le añade el de la sanción: si un candidato no debate, se le sancionará reteniéndole los fondos que, por ley, el Estado asigna a la financiación de su campaña electoral. No entendieron nada: el mecanismo de financiación con dineros públicos no es un privilegio que se da a los candidatos. Responde a la preocupación de evitar reducir presiones económicas que pueden afectar negativamente a la Democracia. No es plata para el candidato, sino que es beneficio para la Democracia y, por tanto, no puede usarse como castigo a quien no debate. Sería una barbaridad.
SEGUNDO: como muchas veces es cierto aquello de que “no hay mal que por bien no venga”, la ley de marras sirve para ejemplificar porqué la propuesta del General Manini, de mejorar la situación del país reduciendo el número de legisladores y obligándolos a trabajar ocho horas diarias, es otro error. No dudo de sus buenas intenciones, pero su razonamiento está – peligrosamente – equivocado.
En primer lugar, es un error creer que el sentido del Parlamento (y, por tanto del trabajo del legislador), sea producir leyes. Error estrechamente emparentado con aquel otro de creer que una sociedad estará mejor cuanto más se legisle. Mi padre, que era un hombre muy sensato, solía decir que la situación del Uruguay se podía medir inversamente al número de tomos del Registro de Leyes: en los años dorados era uno por año, hoy andamos en cinco o seis.
Los parlamentos no fueron creados como cuerpos estables del Estado, productores de leyes, si no como instituciones fuera del gobierno, del lado de los ciudadanos, para proteger sus derechos.
Es también un error pensar que el país está mejor si los legisladores ganan menos. Si creemos que está bien pagarle mal a un legislador, no estamos entendiendo qué es una Democracia. Una de las razones por las cuales nos parece que los legisladores ganan de más es porque los consideramos incapaces o mediocres. Pues, pagando menos, lo serán aún más. Por esa y otras razones, estamos instalando en el país un mecanismo de selección inversa para quienes nos gobiernan.
Es otro disparate, peligroso.
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