Asistimos a una ofensiva sobre el fiscal de corte Jorge Díaz que culmina con el pedido de Cabildo Abierto al presidente para que lo destituya de su cargo. Los últimos episodios están relacionados con la investigación sobre la fiscal Charquero por su posible relación con Carlos Moreira. ¿Hay persecución política en la fiscalía? ¿Por qué molesta el fiscal Díaz a miembros de la coalición? ¿Están abriendo el paraguas por el eventual desafuero de Manini? ¿Se pretende frenar las actuaciones sobre las violaciones a los DDHH en la dictadura? ¿Quién filtra la información a la prensa? ¿Se está investigando en el caso Charquero como se hizo antes con Cendoya? ¿Tiene demasiado poder el fiscal de corte? ¿Presiona Díaz a los fiscales? ¿Debió excusarse de actuar la fiscal Charquero en el caso Moreira? ¿Debe sustituirse la figura del fiscal de corte por un colegiado, como propone el ex fiscal Zubía? ¿Debe el presidente ocuparse de este tema? ¿Hay un cuestionamiento a la institucionalidad?

Asalto a la fiscalía por Enrique Paroli

El fiscal Jorge Díaz ha sido mentor y articulador de una reforma profunda en el sistema de justicia. Una cruzada con consecuencias en muchos planos.

Dio batalla entre los propios actores del poder judicial, se enfrentó con políticos tradicionalistas, con la burocracia estatal y una vez aprobado, encontró alguna resistencia en el ministerio del interior.

Fuimos testigos de jueces que se sintieron desplazados, abogados y fiscales que perdieron prerrogativas, políticos a los que les quitó protagonismo y “poderosos” que perdieron años de inversiones para controlar los pasillos de la justicia. La lista de enemigos del fiscal general es extensa, sin olvidar a aquellos que ordenó indagar.

Desde la asunción del nuevo gobierno, la autonomía y visual pública de Díaz es revulsiva para la presidencia. Tanto el cargo, como el andamiaje se convirtieron en un tesoro político de cuantía. Era cuestión de tiempo para que algunos tomaran la decisión de perpetrar un “asalto a la fiscalía”.

Quién ha sido la mente maestra, aún es demasiado pronto para decirlo; pero podemos observar las piezas que se pusieron en acción.

La movida inicial fue ejecutada por legisladores cabildantes. El Diputado Lust, que a esta altura ya reviste fisonomía de superhéroe -o súper villano- de Marvel y el senador Domenech, que dispara contra todo lo que pueda tener olor a izquierda. Con el respaldo de Manini, solicitaron la destitución del fiscal.

El presidente dejó en suspenso la respuesta, pero no ocultó el malestar. A través de algunas figuras blancas hizo llegar su disconformidad con el accionar de Díaz.

Sin embargo, Moreira volvió a poner una granada en manos de los blancos. Es notoria la relación de la fiscal Natalia Charquero -quien solicitó el archivo de la causa- con el acusado; ambos formaron parte del equipo de seguridad armado por su partido en 2014, y además continuó siendo activa figura de la Lista 404 para las elecciones del 2019; insólitamente, Moreira declaró “no conocerla”.

Desde filas coloradas, el diputado y ex fiscal Zubía, aprovechó para disparar contra Díaz y denunciar los “superpoderes” del fiscal general, que deberían ser sustituidos por un triunvirato -multicolor claro está.

En resumen, la operación se puso en marcha y hemos presenciado su primer asalto: la caza al fiscal Díaz. Pero el objetivo final es en realidad otro, controlar ese preciado tesoro que es la fiscalía general, porque desde ella, como sucedió en muchos países, se puede llegar a actuar a discreción contra cualquier enemigo político.

En estas circunstancias, defender de manera intransigente la autonomía de la fiscalía es una causa democrática y resguardar el accionar de Jorge Díaz, la forma que la misma reviste para estos días.

El comisario, el soplón y el avivado por Mario Ferreira

No hay serie policial que no tenga un soplón, un comisario bueno en problemas y un avivado que quiere sacar partido de la viuda del muerto.

El soplón.

Parece ser que la fiscalía tiene más de un soplón que está en plena zafra. Primero los mensajes a Cendoya (con ribetes cinematográficos), ahora las filtraciones a la prensa sobre la investigación de la fiscal (lindo nombre para una película). ¿Cuántas más menos aparatosas hubo? Parece ser que Díaz tiene bastante trabajo para ordenar la casa y descubrir a esos infieles que la minan desde adentro.

El comisario en problemas.

Siempre estaré de acuerdo en que todo lo que tenga un dejo de irregularidad se investigue (y eso corre también para los parlamentarios protegidos por sus fueros).

Pero para iniciar una investigación, es necesario tener argumentos que la legitimen. Y sinceramente en este caso, no logro descifrarlos.

Para empezar, se niega el derecho de que una fiscal pueda tener un pasado de militancia política, y digo pasado porque de acuerdo a la información disponible, la fiscal Charquero abandonó toda militancia política una vez que fue nombrada en su cargo.

En este caso en particular, además, hubo un primer fallo de la Dra. Eliana Travers quien ordenó su archivo, un antecedente con iguales consecuencias. Resumiendo: dos equipos de fiscalía llegaron a la misma conclusión, pero se pone el foco en uno solo de ellos el que, por otro lado, está conformado también por otra fiscal, la Dra. Paola Nebot, cuya actuación, coincidente con la de Charquero, no ha sido cuestionada.

Me pregunto si en todos los casos que involucraron a un político, se investigó la pertenencia pasada o no de las y los fiscales, a algún grupo político, o su simpatía por el investigado o sus ideas.                     La situación se debería haber manejado de manera más cuidadosa, propiciando el diálogo entre Díaz y Charquero. No pongo intenciones políticas en el accionar de Díaz aunque creo inapropiada la decisión. La pregunta es si de manera indirecta, alguien, ese sí con la intención de embarrar un poco la cancha, lo animó a llevarla a adelante. Nunca lo sabremos.

El avivado.

En la otra esquina del ring, nos encontramos a los legisladores Guillermo Domenech y Eduardo Lust de Cabildo Abierto, clamando en el desierto por la renuncia del fiscal general de la Nación en un giro fuera de lugar, sin fundamentos lógicos ni razonables. Aprovechando “la bolada” que el propio Díaz les deja en bandeja, reclaman la destitución de quien suponen será inflexible ante los hechos sobre los que se investiga a Manini, frente a un muy improbable desafuero. Y ojo, que esta movida también protege a varios personajes del Frente que, de darse esta situación, deberán explicar sus actos en el caso del expediente de Gavazzo.                     Ojalá, no haya segunda temporada.

Sólo resta aguardar por Hebert Gatto

Respondo a los interrogantes planteados sobre la Fiscalía General. de la Nación en la investigación promovida por la actuación de la fiscal.

1.- No me consta que haya persecución política en la fiscalía.

2.- Tampoco me consta que la misma moleste a la coalición de gobierno.

3.- El desafuero del Gral.Manini es un problema de Cabildo Abierto. Creo que el Parlamento debería concederlo en tanto es ésa la posición del propio Manini. Otorgarla en esas condiciones, no es ningún demérito para el legislativo.

4.- Los Fiscales son independientes. Han acusado penalmente siempre que lo han entendido adecuado. Como he expresado otras veces, entiendo que la mayoría de los delitos cometidos durante la dictadura están prescriptos. En Uruguay los mismos no son crímenes de lesa humanidad, en tanto las leyes penales no tienen efectos retroactivos salvo que favorezcan a los ofensores. No obstante, algunos fiscales y jueces difieren con esta tesis y siguen acusando, formalizando y condenando a quienes realizaron tales hechos, sosteniendo que son imprescriptibles. Esto ocurre independientemente de la posición personal de Jorge Díaz sobre el punto. 

5.- Creo que la investigación sobre la fiscal Charquero fue, por lo menos, apresurada.

6.- Preferiría que la dirección de la Fiscalía General de la Nación fuera colectiva, para ello sería necesario modificar la ley. Pero este es un tema general y no se relaciona con la persona concreta que actualmente la dirige.

7.- Ignoro por qué se investiga a la Dra Charquero, por lo mismo ignoro si debió excusarse. Si el hecho a dilucidar fuera únicamente su anterior militancia en el Partido Nacional, parecería, como dije, que la investigación está mal iniciada y así se decretará. Si en definitiva hay perjuicio para la fiscal será ella la que deberá solicitar la correspondiente compensación por los eventuales daños.

8.- Nada debe hacer el Presidente.

9.- Por ahora sólo resta aguardar. 

Díaz: Efecto boomerang por Ramón Rodríguez Puppo

El sistema judicial uruguayo se debate desde hace ya casi un quinquenio en un incesante devenir de iniciativas de cambio. El Fiscal General Dr. Díaz ocupó un rol tan protagónico en los cambios hacia un nuevo modelo de Proceso Penal que hasta se pudo haber imaginado que con la aprobación del nuevo Código el debate iba a terminarse. Se optaba por un modelo garantista y bien inspirado pero –como siempre sucede- la realidad pudo más. Es probable que la letra del Código haya sido superada por un fáctico desbalance en favor del peso de Fiscalía y en desmedro del Poder Judicial propiamente dicho. Esto es, Díaz inspiró un cambio que fue visto desde afuera como un aumento prefabricado de su propio poder personal mientras ejerciera ese cargo.

Varios actores se dieron cuenta de este desbalance y empezaron a proponer modificaciones al sistema. Entre ellos el ex fiscal -y ahora diputado- Gustavo Zubia viene insistiendo en darle a Fiscalía una integración colegiada para difuminar esa concentración de poder en una sola persona.

He expresado todo esto como preámbulo para el análisis del affaire Moreira y de cómo el Fiscal Jorge Díaz entendió que una de las fiscales subordinadas (Dra. Charquero) pudo haber incurrido en una falta administrativa grave dada su filiación “blanca” y el hecho de en algún momento pudo hasta haber integrado una misma comisión partidaria de seguridad con el propio Moreira. (Aclaro que el tema de fondo por el que se juzga a este viejo dirigente del Partido Nacional no lo voy a abordar en estas líneas por razones obvias de tiempo y espacio).

El Dr. Díaz está en su derecho de realizar estos controles e iniciar investigaciones administrativas. Pero la filtración de la misma –sin dudas- genera per se un daño de imagen a la persona y jerarquía de su subordinada. En estos temas se debe ser prolijo y no extraña que ya haya habido acciones de Fiscales solicitando reparación del Estado por acusaciones de dudosa veracidad. Preveo que en este tema salvo pruebas contundentes no tendrá otra derivación que una nueva demanda al Estado.

La ley orgánica de Fiscalía es muy clara al respecto. Hay 3 causales para recusar o para que un Fiscal se excuse de intervenir en una causa: Parentesco, manifiesta enemistad o relación de afecto hacia alguna de las partes. Por tanto no alcanza con sostener que previo a haber sido designado como fiscal alguien pueda haber tenido actividad partidaria afín a un indagado. Ni siquiera alcanza con que alguna vez lo haya tratado personalmente. Hay que probar –en este caso- la relación afectiva.

La filtración y la extrema hipersensibilidad del sistema todo no hicieron otra cosa que poner la mirada acusatoria sobre la propia historia militante del Fiscal General Dr. Díaz en su pasado. Un efecto “Boomerang” seguramente inesperado para el involucrado.

El Partido Cabildo Abierto –por otra parte- ni lerdo ni perezoso aprovechó el flanco para socavar la credibilidad del Fiscal y el diputado Lust llegó hasta hacer un exacerbado uso de la presión política expresando que su Partido debería pensar en abandonar la Coalición de gobierno si el Presidente Lacalle no retiraba a Díaz del cargo. El líder de ese Partido en un claro juego de “policía malo y policía bueno” rápidamente enmendó la plana y relativizó totalmente las expresiones de su Diputado. A Cabildo Abierto le va la vida hoy por hoy insistiendo en la sospecha sobre todo el sistema judicial uruguayo –tal vez- por aquello de la confirmación de las auto-profecías realizables. (El propio Manini ha insistido en restarle crédito a la imparcialidad de la Justicia uruguaya).

En este tema otros actores de la Coalición de gobierno han tenido la misma mirada hacia la desprolijidad de Fiscalía pero asumiendo una actitud más responsable y también más proactiva. El Partido Colorado por ejemplo entiende que Díaz debe aclarar este episodio y alguno de sus miembros –en todo caso- vuelven a insistir con agregar cambios legislativos que mejoren el sistema judicial aprovechando el insuceso como disparador para propiciar mejoras hacia la desconcentración del poder del Fiscal General.

En fin, la filtración y el error de cálculo del Dr. Díaz tuvo un alto costo en la imagen impoluta que debería tener alguien que ostenta esa investidura. La Fiscal Charquero es la 3º fiscal que solicita el archivo de la causa Moreira. O sea, Díaz gastó – tal vez- “pólvora en chimango” dejando la impresión en una buena parte del sistema político que sólo le interesaba un único resultado final en este tema. Tal vez si se tratara de un solo fiscal el que se haya expedido, no hubiera sido tan grave la sospecha sobre el propio fiscal Díaz y su presunta imparcialidad. Por tanto y para concluir; al Dr. Díaz solo le queda como último recurso de sostén de su credibilidad, el encontrar evidencia muy contundente en contra de una de sus fiscales subordinadas. Deberá probar que la misma –claramente- incumplió con su obligación de excusarse en un tema tan delicado y que esa prueba incurra en alguna de las 3 causales previstas en las inhibiciones de la ley orgánica de Fiscalía. Difícil para Sagitario. Pero todo siempre es posible en la viña del Señor. Del señor Díaz (obviamente). Es así que a muchos en las redes se les ha ocurrido plantearse un entretenido juego de palabras: ¿Quién fiscaliza al Fiscal que fiscaliza a la Fiscal?

Qué hizo mal el Fiscal Díaz por José Franzini

Días pasados el diputado Lust le pidió, de forma pública, al Presidente Lacalle Pou, la remoción del Fiscal General de la Nación Dr. Jorge Díaz. El motivo halla su origen en el archivo del caso del ex intendente Moreira por parte de la fiscal de Carmelo, Dra. Natalia Charquero. Una publicación del periodista Carlos Pelaez vincula a Charquero como integrante de la comisión de seguridad del Partido Nacional en 2014.  A partir de allí surgieron otras publicaciones en la misma dirección. La vinculación alertada por Pelaez es real, existen testimonios más que claros de que eso fue así, pero también existen elementos claros que la fiscal mencionada continuó vinculada al Partido Nacional.

“Seguiré luchando por mi Partido, por mi Sector y por mi 404 desde donde sea…” afirmaba Charquero en un posteo que luego, cuando asumió la fiscalía, habría borrado, según publica el periodista antes mencionado. También publica Pelaez una foto donde se ve a Moreira y Charquero sentados en la misma mesa en un acto del Partido Nacional. Tal publicación es posterior a la afirmación de Moreira de: “No la conozco, nunca la vi, nunca trabajé con ella…”

Con todos estos elementos en la opinión pública el Fiscal General instruye una investigación al respecto. Concomitantemente el diputado Lust, por este motivo, solicita al presidente la remoción del Fiscal. ¿Qué pretendía Lust que hiciese el Fiscal gGeneral ante el estado público de la vinculación denunciada?  El Fiscal, además de tener potestades para instruir una investigación, en este caso, tiene el deber de hacerlo. Si bien todos somos iguales ante la ley no todos los casos tienen la misma notoriedad. El referido es un caso de una persona pública quien además se encuentra en plena campaña política y la sola sospecha de una connivencia entre acusado y fiscal dañaría al sistema político y judicial. Lamentablemente el episodio que debió entenderse como una garantía que establece la fiscalía de investigar sus propias actuaciones y la fiscal de fundamentar porqué conservando tal vinculación, no se excusó de actuar en el caso, fue una justificación para politizar un tema que está en la órbita judicial.                               Lust, que además es Profesor Grado 4 de Derecho Constitucional, afirma que Díaz actúa motivado por convicciones políticas, le adjudica intencionalidad. Y, obviamente, lo encasilla en la oposición. El sistema político se tiñó de partidismos y ya no solo fue Lust, sino toda la barra de la Ámsterdam ya que el tema tomó ribetes de fanatismo de barra brava. Daño innecesario que socava a la imparcialidad de la justicia y, de paso, daña la credibilidad ya deteriorada del sistema político.

Ojos bien cerrados por Leo Pintos

Desde hace mucho tiempo observar la realidad argentina constituye un buen ejercicio para entender, con más o menos precisión, cómo evolucionarán las cosas en Uruguay. Hemos sido desde siempre una “provincia loro”, que hace la gracia de repetir a fuerza de consumir -sea por imposición, sea por libre opción- todo lo que nos llega desde el otro lado del río. La última porteñada que los uruguayos nos trajimos en la bodega del Papa Francisco es “grieta” y “relato”. Por alguna razón “brecha” y “verso” ya no nos sirve, seguramente por falta de charme.

Desde que somos república existe una brecha bien definida en la sociedad entre ricos y pobres, o lo que es lo mismo, entre poderosos y débiles. Y el verso está siempre ahí, recordándonos que todos los uruguayos somos iguales ante la ley. El caso Carlos Moreira es el más reciente ejemplo de esa brecha existente hoy entre los que repiten ese verso y quienes no nos lo creemos.

La verdadera cuestión en todo esto es definir qué papel tiene la justicia en un país democrático.  Porque, así como uno espera que las sentencias judiciales no se dicten por presión de la opinión pública, cabría esperar que tampoco los vínculos influyeran, porque ambas situaciones son lo opuesto al concepto de justicia. La presión popular entra en juego al momento de elegir a los representantes que podrán cambiar o redactar las leyes. Nada más, ni nada menos que la soberanía popular en todo su esplendor, pero tamizada y reposada en las urnas; el filtro imprescindible para no legislar a golpe de impulsos emocionales, y que parece tener aún la fortaleza suficiente para no preocuparnos, porque pese a la novedad de la fragmentación del sistema de partidos, la situación de esos pequeños partidos es una prueba de dicha fortaleza. Otra cosa es el histórico relacionamiento entre ciertos sectores de poder con la institución Justicia: apellidos que se repiten, vínculos políticos partidarios, etc. Quizá sea utópico exigirle a este poder del Estado la “asepsia total” respecto a los vínculos parentales o políticos. Y en el interior eso es aún más difícil. De ahí la importancia de cumplir las normas. La Ley 19.483, Ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación, prevé como motivo para recusación (Art. 56) o excusación (Art. 57) en caso de existir enemistad, afecto o parentesco de parte de la Fiscalía en relación a alguna de las partes intervinientes en el contencioso. 

Nadie puede abolir su pasado, aunque el pasado esté a tiro de piedra del presente. Nadie puede renunciar a los vínculos parentales sanguíneos de primer grado, madre y padre, aunque ambos ocupen cargos de particular confianza política en el gobierno. Pero sí se debe exigir sentido común, honestidad intelectual y decoro en el cumplimiento de la función pública. Es evidente que la fiscal Natalia Charquero no se dio por aludida en el caso Carlos Moreira. Y también es cierto que esta situación no constituye en sí ninguna novedad. Fue siempre así, existen distintas justicias: una justicia para quien pueda pagar un abogado influyente, una justicia para personas importantes, otra que se mueve según la dirección que sople el viento. Siempre fue así, solo que ahora, con esa necesidad irrefrenable de publicar todos nuestros sentimientos y opiniones en las redes sociales hay más posibilidades de que esa connivencia quede a la vista. Así pues, lo que queda claro es que la Justicia no es ciega, tiene los ojos cerrados y los abre de vez en cuando para ver quién es el acusado.

De piedras y cangrejos por Daniel R. Olascoaga

El Fiscal Díaz es, sin dudas, un personaje polémico. Con una exposición pública mayor que la de sus antecesores y con un marco normativo relativamente nuevo que le confiere una mayor autoridad, desde que la Fiscalía se convirtió en un servicio descentralizado.

El Dr. Díaz es un procesalista destacado y, a no olvidar, su venia para ocupar el cargo fue votada por unanimidad. También es cierto que en su pasaje por la judicatura como juez de crimen organizado tuvo a su cargo la investigación inconclusa, o al menos dudosa, del episodio relacionado con el famoso caso del arsenal del contador Feldman. Caso que nunca terminó de dilucidarse.

Desde hace bastante tiempo se escuchan voces, dentro de la propia fiscalía, que refieren a una conducción polémica, tanto en lo que tiene que ver con las instrucciones dadas a los fiscales a su cargo, como en la aplicación de sanciones o investigaciones. Todas cosas que, sin dudas, se encuentran en el ámbito de su competencia.

La intempestiva solicitud por parte de un diputado y un senador del partido Cabildo Abierto al Presidente de la República para que Díaz sea destituido parece lograr exactamente el efecto contrario que se enuncia.

¿Por qué decimos esto?, porque hay sí un proyecto elaborado por el diputado Zubía que propone conformar una dirección colectiva de la Fiscalía General, de modo tal que se puedan tener contrapesos y mayores garantías en la conducción del ministerio público.

En vez de sopesar argumentos sobre ese proyecto, estudiar con detenimiento sus pros y sus contras, buscar ajustes e intentar construir más y mejor institucionalidad, la respuesta de Cabildo Abierto es salir prácticamente a amenazar al Presidente de la República y hacer un gran circo mediático.

En fin, uno podría pensar que el diputado Lust, en su inexperiencia en la actividad política, estaría cometiendo un grave error. Por un lado, emplazar a un Jefe de Estado nunca es buena cosa, y mucho menos si se trata del actual Presidente, por otro lado logra un abroquelamiento de diferentes fuerzas políticas, encabezadas por la coalición opositora pero de más amplio alcance, en defensa ya no sólo de Díaz, sino de la institucionalidad misma. Ahora, lo de Lust es creíble como una inocentada, que ello sea avalado por un gran estratega como el Gral Manini no es de recibo.

Manini ha demostrado ser hábil en lo político y un conocedor de las estrategias, y en cualquier manual de estrategia se sabe que los hechos no se evalúan por sí solos, sino por cual es el resultado final de los mismos, lo que es igual que decir a quién benefician.

En este caso creemos que es bastante claro que el principal beneficiario de esta movida es el propio Fiscal General, que ve fortalecida, al menos por el momento, su posición en el unicato de la conducción del Ministerio Público. Tras la “fallida” arremetida de Cabildo Abierto el comenzar a debatir alternativas como las planteadas por Zubía, estarían teñidas de las repercusiones que la aparatosa presentación de Lust dejó.

Y esto no tiene nada que ver con la fiscal Charquero, a quien varios se han encargado de ensuciar por haber ratificado fallos anteriores y ser culpable de haber integrado una comisión hace seis años con el denunciado en la carpeta de referencia. Si bien la investigación administrativa fue, como mínimo, mal manejada por la Fiscalía General, el escandalete posterior poco ayuda en su carrera funcional.

De una vez dejemos de ver las cosas de forma lineal, la arremetida no fue en defensa de la Dra. Charquero, no tenía como objetivo real la remoción de Díaz (es no conocer a las personas ni las formas creer que ese podría ser el efecto) y, como efecto secundario (?) logra blindar a Díaz, al menos por un tiempo, y posponer la discusión de una propuesta interesante como la de Zubía. Las consecuencias ante la opinión pública quedan más o menos así: Díaz fortalecido en su posición y Manini enfrentado públicamente al titular del organismo que pide su desafuero, dando lugar a todo tipo de especulaciones.

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