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Dramático: hay más de 380.000 pobres en Uruguay Por Hugo Acevedo

Dramático: hay más de 380.000 pobres en Uruguay  Por Hugo Acevedo
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En el primer semestre del año, la tasa de pobreza por ingreso experimentó un leve pero inquietante ascenso con respecto a igual período de 2021, ratificando el estancamiento de este indicador que castiga a los sectores más vulnerables de la población, en un escenario de fuerte crecimiento económico sin derrame.
Aunque los voceros gubernamentales le bajaron los decibeles al informe oficial del Instituto Nacional de Estadística, lo cierto es que, en el tercer año del gobierno multicolor, este flagelo sigue afectado al 10,7% de los uruguayos- casi dos puntos más que en 2019- y a 78.000 ciudadanos más con respecto a los reportados en la prepandemia.
Si bien los números de los primeros seis meses del año marcan una tendencia a la estabilidad en la tasa de personas carenciadas, este fenómeno no debería enorgullecer al gobierno. En efecto, aunque la situación no habría empeorado, tampoco mejoró.
En efecto, aunque el porcentaje bajó respecto a 2020- cuando en plena pandemia se registró el pico de los registros relevados por el INE- aun son 380.000 los uruguayos que viven bajo la línea de pobreza, que no perciben los ingresos necesarios para cubrir las necesidades mínimas en materia de alimentación, entre otros requerimientos no menos trascendentes.
Empero, lo realmente más preocupante del informe es lo relativo a la población infantil y adolescente, tramos etarios en los cuales los números son aun más contundentes y dramáticos. En efecto, la franja más castigada es la situada entre los 0 y el los 6 años, donde el aumento bimensual fue de cuatro puntos, pasando del 16,1% de primer semestre de 2021 al 22,5% en el primer semestre de este año.
Al respecto, los otros tramos más afectados por situación de aguda privación son los comprendidos entre los 6 y los 12 años de edad, con una tasa de pobreza de un 18,5% y de 13 a 17 años, con un guarismo de 17,1%.
Asimismo, si se compara el primer semestre de 2021 con idéntico período de 2022, también creció el porcentaje de uruguayos en situación de indigencia, que alcanza al 0,4% de la población, con una cara bien visible, por ejemplo, en los uruguayos que se encuentran situación de calle, que crecieron un 50%.
No en vano, hay actualmente más de 4.200 personas que carecen de techo y suelen pernoctar o acampar en plena vía pública, más allá de quienes habitan en los centros de acogida del Ministerio de Desarrollo Social, cuyos cupos son insuficientes.
Esta dramática contingencia se observó nítidamente durante los meses más inclementes del invierno, con refugios atestados y personas que permanecieron a la intemperie padeciendo los rigores del frío.
Empero, otro ángulo de reflexión que nos debería interpelar como sociedad es la composición de la población que sobrevive bajo la línea de pobreza, que revela que este traumático problema afecta en su mayoría a las personas de origen afrodescendiente y a las madres jefas de hogar.
Esta información es, sin dudas, un auténtico retrato de las inequidades y de los problemas de fondo que padece la sociedad uruguaya, que revela, por ejemplo, que la segregación racial, aunque pueda estar invisibilizada por los discursos de inclusión- los auténticos y los hipócritas- es una realidad palpable que está lejos de diferenciarnos de otros países de la región.
¿Cómo es posible que en un país que ostenta tasas de crecimiento económico superiores al 4% y que este año según los analistas, proyecta un aumento del Producto Bruto Interno del 5%, subsista un panorama tan complejo para más de 380.000 uruguayos?
La respuesta a esta interrogante es bastante más sencilla de lo que se supone y pasa necesariamente por el tamiz de las políticas aplicadas por la coalición de derecha que nos gobierna, que privilegia los intereses de la minoría de la clase empresarial sobre los de la mayoría, que pertenecen a la clase trabajadora y a los compatriotas que viven en la periferia de la sociedad.
En efecto, ese crecimiento del PBI, que sí alcanzó guarismos superiores a los de la pre-pandemia, se concentra básicamente en el sector agroexportador, que bate mes a mes cifras récord de ventas al exterior, tanto en volumen como en valores.
Este fenómeno, que es naturalmente hijo del modelo concentrador, contribuye a ampliar aun más la brecha entre los ricos y privilegiados que detentan la propiedad de los medios de producción y la mayor porción de la renta y los trabajadores, los pequeños comerciantes y pequeños productores, quienes, al igual que los asalariados, viven de su trabajo.
No en vano, desde el oficialismo se ha priorizado el empleo sobre el salario, en un discurso que establece una apócrifa dicotomía entre ambos componentes, propia de la teoría económica del dogma neoliberal, que carece totalmente de sustento empírico.
En efecto, el 37% de los nuevos empleos de los cuales se vanagloria el gobierno corresponden al programa de jornales solidarios, que realmente son trabajos precarios y con remuneraciones irrisorias. Otro tanto sucede con los denominados veinte mil pesistas, ya que hay casi 800.000 empleados que cobran mensualmente menos de 25.000 pesos.
Con este complejo panorama parece insólita la decisión de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social en el sentido de suspender el apoyo económico a la Coordinadora Popular y Solidaria que articula el funcionamiento de decenas de ollas populares y merenderos, en un contexto de hambre corroborado por la alta tasa de pobreza imperante en el país.
Ello confirma que para este gobierno la prioridad son los denominados “malla oro” y que, durante este período, no se cumplirá la proclama artigüista de que los más infelices sean los más privilegiados.

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