Quienes guiaron sus pronósticos sobre la base de declaraciones cupulares y se apoyaron en alguna encuesta relacionada con el balotaje, acertaron al inclinarse por Guillermo Lasso, el empresario y banquero que con sus legisladores sostuvo en el parlamento a Lenín Moreno. Por el contrario, los que nos concentramos en los efectos de la primera vuelta, la represión de 2019 contra el movimiento popular, la mala conducción sanitaria de la pandemia y otras encuestas, apostamos por el correísta Andrés Arauz como futuro presidente: así lo escribí.
Más allá de posturas antagónicas de los contendientes en la vuelta definitiva -Lasso con una propuesta de derecha neoliberal y Arauz con la de una retoma continuista del nacionalismo estatista-progresista- estuvo la decisión de sectores no representados electoralmente. Mientras se hacen análisis sobre el conjunto de los votantes (la ciudadanía en general), yo prefiero tratar de entender el peso que entiendo decisivo de la comunidad a través de Pachakutik -con un objetado tercer lugar- fundamental en lo electoral, que mayoritariamente sufragó por el ganador, dándole el triunfo a la derecha neoliberal de Lasso. Ocurrió entonces, a pesar de que se habrían duplicado los votos anulados de una a otra instancia (ahora llegarían o superarían el 17%), la definición por lo colectivo del indigenismo y ecologistas, que recordó una primera represión protectora del extractivismo (2016), junto a su estatismo, que dan la pauta del rechazo a la candidatura de Arauz.
El voto anulado de la primera vuelta (9%) se reforzó con una parte del voto de Pachakutik y algo más de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador); el resto mayor se decidió por Lasso, segundo en la inicial en que Arauz consiguió el 32%.
La propuesta del correísta era imponer mayores fiscalidades a los ricos; buscar independencia del FMI al tiempo que arbitrar una normativa para hacer regresar inversiones que los ecuatorianos mantienen en el extranjero. Lasso, de acuerdo con su pertenencia social, se inclina por el libre mercado, los estrechos lazos del país con Washington e intentará una proximidad mayor a los organismos internacionales que aquel orienta. De sus promesas electorales destaca la propuesta de aumento de salario mínimo a 500 dólares (sine die) y eliminación de impuestos para herramientas del agro. Se descuenta que además de perorar sobre pandemia, desempleo, igualdades de género, educación, vivienda y seguridad, deberá decidir acerca de cuándo enfrentar a la parte de los votantes indígenas y ecologistas con sus aspiraciones de ensanchar el cuadro extractivista dominado por extranjeros.
Cuando Lasso aplique su plan de gobierno, el que impone su inscripción en la derecha, tomará el pulso a un país dividido en la Asamblea Nacional (legislativo) y entre la población. En tanto, Rafael Correa -asemejándose a Perón- se informará y opinará desde el exilio.
Luego de ver la realidad ecuatoriana, pasamos al escenario vecino de Perú donde todo hace entender que entre los 18 candidatos a la presidencia uno dio un batacazo al obtener la primera posición (aunque con un pobre 18.2%): Pedro Castillo, maestro rural y sindicalista. Por cierto, la sorpresa mayúscula de todos y particular de la derecha llevó a esta a incrementar exponencialmente alias contra el triunfador de la izquierda y lo apostrofaron con motes de ultra, senderista, señalándolo como castro-chavista.
La insurgencia de Castillo en el panorama comicial peruano refresca la oferta política y lleva a pensar que los ciudadanos que se decidan por un cambio de rumbo que les permita superar a muchos condicionantes de segregación, indigencia, pobreza, desempleo y falta de oportunidades en educación, en un país donde varios de los últimos 10 presidentes están presos por malversación del erario o enfrentan causas judiciales de principio acusatorio.
Para ocupar un lugar en el balotaje, las autoridades electorales cuentan con varios especímenes del espectro de la derecha: Hernando de Soto -hermano del designado por ONU principal mediador en los acuerdos de El Salvador, Álvaro (“el Peloncito”, para el FMLN)-, la ex presa Keiko Fujimori (hija del dictador) y Rafael López Aliaga (al que lo conectan con el Opus Dei). Detrás de ellos se ubican el centroizquierdista (cualquier cosa que eso sea) Yonhy Lescano -aún con posibilidades- y la antropóloga Verónika Mendoza, de una coalición socialdemócrata.
El “radical de izquierda” en campaña propuso sustituir el Tribunal Constitucional subrogando la fujimorista Constitución de 1993 (que habilitó la reelección inmediata por única vez del presidente del Ejecutivo), aprobar una estricta regulación de los medios de comunicación sobre tiempo, contenidos y anuncios, para “acabar con la televisión basura” e incrementar los fondos destinados a la educación y la sanidad. Asimismo, se adelanta una política exterior con la mirada puesta en relaciones integracionistas e intensas latinoamericana y caribeña.
Hasta ahí, parte de lo avanzado propuesto por Castillo; al mismo tiempo se expidió sobre otros temas de la agenda y fue terminante en sus expresiones destacándose las referidas contra el aborto, el matrimonio diferente al tradicional de hombre y mujer, la eutanasia y los enfoques de género en las escuelas.
Este candidato de la izquierda, como cualquiera otro que se clasifique para el balotaje, partirá desde un muy bajo caudal de votación, agregará dificultades para llegar a la presidencia de una nación sumamente fragmentada en lo político, de lo cual será testigo el Legislativo de 130 integrantes que, por el momento, se divide entre 11 bancadas partidarias.
Para Ecuador y Perú -según pienso, ambos con futuros inciertos- bien vale recordar, aunque más no sea una frase, al maestro José Carlos Mariátegui: “La revolución es una obra política. Es una realización concreta. Lejos de las muchedumbres que la hacen, nadie puede servirla eficaz y válidamente. La labor revolucionaria no puede ser aislada, individual, dispersa.”
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