La denuncia judicial por ofensas no es algo nuevo en Uruguay.
Recuerdo que años atrás la actual presidenta del FA en Canelones
denunció a Gabriel Pereyra por una declaración sobre los hospitales
Fue cuando presidía ASSE, de donde fue sacada acertadamente,
como chicharra de un ala, por el entonces presidente Vázquez.
También ocurrió que el director de Aduana llevó a juicio a Ignacio
Álvarez por un programa que hizo sobre un puerto en Colonia.
Me encuentro un millón de veces más cerca ideológicamente de
Canon que, de Álvarez, pero no vacilé en salir de testigo de Nacho
por algo que considere un atropello contra la libertad de expresión.
Ahora la que se sube a los pedales es la fiscal Gabriela Fosatti y
hace cinco denuncias por que se sintió agraviada en su honor.
Demandar al máximo dirigente de un partido político por emitir
opiniones o críticas es grave, tiene connotaciones antirrepublicanas.
Rechazo visceralmente la práctica del periodismo chatarra, pero
considero que hasta esos pseudo periodistas que lo realizan, tienen
la libertad de hacerlo, si queremos tener una democracia completa.
Llevar a juicio a usuarios de redes sociales por comentarios, por
parte de un funcionario, raya en lo ridículo y es perder el tiempo.
¿No banca mucho la presión la fiscal y en esto se le fue la moto?
¿Otra muestra de que le gusta más la fama que el dulce de leche?
El tema de fondo es que cuando personajes con poder intentan
acallar las críticas con denuncias penales, entramos en un juego
peligroso, que puede generar miedo en los ciudadanos de a pie.
Se corre el riesgo de coartar la libertad de opinión con casos
ejemplarizantes, para que otros no se atrevan a decir nada.
Los personajes públicos, ya sean gobernantes, funcionarios o
cualquier otra cosa están expuestos al escrutinio de la gente.
Y si no bancan comentarios adversos, le erraron a la profesión.
Todos parecen de cristal y no toleran que se les cuestione nada.
¡Ojo! La judicialización de la política atenta contra la democracia.
Alfredo García
