En las últimas décadas abundaron las consultas populares.
La mayoría de ellas impulsadas por la izquierda y los sindicatos.
Hagamos un repaso de los más significativos por su importancia.
1989: Referéndum por la ley de caducidad. (Voto verde y amarillo)
1992: Referéndum sobre privatizaciones de empresas públicas.
1994: Plebiscito sobre ajuste de jubilaciones con los salarios y otro
para establecer el 27% del presupuesto para la educación.
1996: Reforma electoral que impone entre otras cosas el ballotage.
1999: Referéndum contra la ley de promoción de inversiones.
2003: Referéndum contra la ley de Reforma de Ancap.
2004: Plebiscito por la defensa del agua.
2009: Plebiscito para permitir el voto de uruguayos en exterior.
2014: Plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad penal.
A todos estos se le deben agregar otros tantos intentos que fallaron.
En nuestro país hemos utilizado muchas veces los mecanismos de
consulta a la ciudadanía por temas coyunturales o por rédito político
Ahora los promotores son algunos sectores de los partidos de
oposición que lo ven como un instrumento idóneo para ganar votos.
Así se juntan firmas para medidas de seguridad, contra la inclusión
financiera, contra el voto en el exterior o por la planta de UPM.
Deberíamos ser cuidadosos con estos mecanismos y reivindicamos
hoy las palabras ex presidente Julio María Sanguinetti en 1997:
“estamos asistiendo a un abuso del uso de un instrumento democrático. El referéndum le hace muy bien a la democracia cuando se utiliza para grandes asuntos. Pero cuando ese referéndum se usa para todo y de cualquier manera, se terminan debilitando las instituciones democráticas.”
A veces es difícil resistir un archivo y se cae en la incoherencia.
Alfredo García
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