La interpelación a la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por la exoneración otorgada a la empresa del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, corroboró la absoluta desfachatez del gobierno multicolor, cuyos escuderos legislativos defendieron en bloque un procedimiento deleznable y reñida con la ética.
Aunque nadie niega que el beneficio otorgado sea legal, porque se ajustó en todos sus términos a la normativa vigente contenida en la ley 16.906 de Promoción de Inversiones, es indudable que este bochornoso episodio configura una clara conjunción de interés público y privado.
Aunque se trata de un delito penalizable, no puede ser tipificado como tal porque la responsabilidad es de la Ministra Arbeleche, quien, a la sazón, no es la directa beneficiaria.
En este caso concreto, poco importa el monto de la exención, de apenas 8.000 dólares. Lo realmente trascendente es el fondo del asunto, que roza la honorabilidad de un gobierno que ha ensayado permanentes gárgaras con la palabra ética y ha practicado, en poco más de un año, un grosero clientelismo que recuerda las peores prácticas del ejercicio abusivo del poder.
Lo realmente grave, que se supo recién el mismo día de la interpelación promovida por el Frente Amplio en el ámbito de la Cámara de Representantes, es que Alfie tramitó la exoneración ante el MEF el 13 de diciembre de 2019, estando ya en conocimiento que integraría el gobierno de Luis Lacalle Pou. En efecto, tres días antes, el 10 de diciembre, el por entonces electo presidente le había ofrecido el cargo.
Por supuesto, Alfie sabía perfectamente que el trámite iniciado en el último tramo del gobierno del Frente Amplio insumiría un tiempo de estudio y que su solicitud sería concedida por la administración entrante, que obviamente el integra.
Resulta insólito que la ministra manifieste que no otorgar el beneficio era violar la ley, cuando la norma no es preceptiva. No en vano, el pedido es estudiado previamente por una comisión asesora, la Comap, que estaba integrada, entre otros, por funcionarios subordinados al propio Alfie.
Naturalmente, el episodio no es mera desprolijidad procedimental. Esto es –lisa y llanamente- impunidad y corrupción. Empero, pese al blindaje mediático, la información trascendió y se tornó viral.
Esa circunstancia puso en una encrucijada al gobierno y el propio Alfie, quien renunció a la regalía para evitar que el escándalo asumiera mayores proporciones. En efecto, Lacalle Pou, quien admitió que la aprobación del beneficio era inconveniente, le bajó el pulgar, tal cual se estilaba en la Roma antigua, cuando el emperador debía decidir sobre la suerte de un derrotado gladiador.
Amparado en la mayoría propia que le otorga la penta coalición en la Cámara baja, la Ministra Azucena Arbeleche desestimó responder la mayoría de las preguntas formuladas por el diputado socialista Gonzalo Civila.
Empero, el llamado a sala, que concluyó naturalmente sin consecuencias políticas, cumplió el rol de poner en debate un tema de alta sensibilidad: la grosera discrecionalidad del gobierno para beneficiarse a sí mismo.
También puso en tela de juicio un tema recurrente de larga data: las generosas exoneraciones que se otorgan al empresariado y al gran capital, que alcanzan a los 3.500 millones de dólares anuales, lo cual equivale a nada menos que a un 7% del Producto Bruto Interno, según lo denunciado –insólitamente- por el diputado oficialista Álvaro Perrone, miembro de la bancada de Cabildo Abierto.
La contundencia de los números desnuda la inmoral inequidad aplicada por un gobierno que solamente destina un irrisorio 1,6% del PBI a atender las dramáticas consecuencias de la pandemia, que es la inversión más baja de la región.
La coyuntura también confirmó que Isaac Alfie es un auténtico taimado con antecedentes muy negativos, ya que, como se recordará operó contra de los intereses de Uruguay en el fracasado juicio civil entablado por la minera Zamin Ferrous con relación al proyecto Aratirí de extracción de hierro.
Como es notorio, Alfie viajó a Washington en enero de 2020, a los efectos de declarar en el pleito que enfrentaba a las partes, cuando ya se había confirmado su designación al frente de la OPP.
Ante la andanada de críticas que partieron desde la oposición, el funcionario formuló sus descargos, recordando que, en abril de 2019, lo convocó un estudio jurídico uruguayo que le encomendó preparar un informe histórico en torno a las normas en materia de promoción de inversiones vigentes en nuestro país.
Más allá que su actitud pueda ser éticamente cuestionable por tratarse de una multinacional que estaba litigando a nuestro país, lo realmente grave es que ocultó deliberadamente que su participación excedió la elaboración del mero reporte técnico.
Según lo trascendido públicamente, en base a pruebas documentales contundentes que avalan la deleznable conducta del economista en el controvertido contencioso –que pudo provocarle al país una pérdida de 3.500 millones de dólares- Isaac Alfie no sólo asesoró sino también respaldó a la empresa querellante en su demanda y declaró a favor de ella cuando fue convocado a las instancias de arbitraje.
El hecho que Alfie siga en su cargo con tan profuso prontuario, corrobora que este gobierno es un engendro incalificable, que, mientras desmantela el Estado sin pudor, ejerce el poder en forma discrecional para beneficiarse a sí mismo, mediante un accionar despojado de la más elemental ética.
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