El discurso que el presidente Luis Lacalle Pou que brindó ante la Asamblea General ha sido presentado como un balance de su gobierno. Como era esperable, rápidamente se desataron reacciones a favor y en contra, a veces de modos muy superficiales y apresurados. Para no caer en meros reflejos, es apropiado repasarlo calmadamente, y aquí se abordan sus dichos ambientales con ese propósito. Esto es justificado, ya que el presidente sostuvo que su gobierno tenía una sensibilidad verde. Entonces, cabe examinar si sus palabras se corresponden con la realidad, y que hay detrás de lo que se dice como de lo que no se dice.
Promesas y realidades
Debe comenzarse por señalar que es positivo que el presidente tratara la cuestión ambiental. En su discurso le dio una enorme importancia a la emisión de deuda o préstamos cuyo repago está condicionado al desempeño ambiental, lo que parecería que reflejaría el supuesto tono ecológico de su administración. Esos instrumentos deben ser explicados: están enfocados en el cambio climático, buscando reducir las emisiones de gases invernadero, pero no en el resto de los demás componentes ecológicos, como la protección del monte nativo, la sobrevida de nuestra fauna o la calidad de las aguas.
Una analogía apropiada es imaginar un hospital que toma un préstamo, cuya tasa de interés depende de sus emisiones de gases invernadero, pero entretanto sus salas se van llenando de enfermos. Eso es justamente lo que está sucediendo: Uruguay padece de múltiples “enfermedades” ecológicas.
El actual gobierno había prometido avances en políticas ambientales. Los actores gubernamentales del Partido Nacional y el Partido Colorado, entre otras cosas habían dicho que se aumentaría por diez la superficie que cubren las áreas de protección ambiental. En verdad seguimos estancados en un 1 % del territorio del país, que es uno de los valores más bajos del mundo. Se prometió fortalecer el Ministerio del Ambiente, creado a partir de la partición de la anterior cartera que se compartía con vivienda. En cambio se redujo su presupuesto a la mitad, pasando a ser el menor de toda la administración central. Esta gestión deja un ministerio enclenque.
Se pueden mencionar otras evidencias similares, desde los intentos en la LUC por debilitar todavía más las áreas protegidas a la liberalización de la cacería que empecinadamente promovió el presidente. Se siguen sumando situaciones análogas, como los recientes anuncios sobre el “hidrógeno verde”, que no sólo encierra riesgos sobre el uso del agua sino que, una vez mas, cuando se examina la supuesta megainversión resulta que aproximadamente la mitad será pagada por ANCAP, o sea, subsidiada por nosotros.
El presidente en su discurso reivindicó que la realidad es porfiada y que era necesario entender los datos. Pero, al contrario de esos dichos, su gestión parece no comprender la realidad. El país está ecológicamente “enfermo”, no se toman las medidas enérgicas para resolver esos males, pero festeja un instrumento financiero. Se repite que el Estado no tiene dinero, pero al mismo tiempo subvenciona emprendimientos privados de riesgo ambiental.
Ante tantos problemas, estancamientos o retrocesos, siempre es posible encontrar algún ejemplo positivo. El presidente tomó uno de ellos al referirse al cierre de los vertederos municipales de residuos urbanos, lo que debe ser apoyado.
Pero de todos modos puede argumentarse que un balance de su gestión encontrará que el deterioro ambiental se agravó, las medidas de protección ecológica fueron insuficientes, y el Ministerio del Ambiente es todavía más débil. La ambición “verde” del Partido Nacional, y el Partido Colorado como socio encargado de ese ministerio, terminó siendo “marrón”: persiste la contaminación y la degradación ambiental. Esta es una conclusión que está más cerca de quienes consideran que los discursos del gobierno parecen alejados de los problemas reales.
Detrás del marrón
Pero es posible dar un paso más, para hurgar en tensiones más profundas que no siempre son advertidas. En ese sentido, el presidente Lacalle abordó la cuestión del suministro de agua potable para Montevideo, volviendo a anunciar que se comenzará con la obra en Arazatí. Esa es una toma de agua en la costa del departamento de San José, para inyectarla en la red capitalina, con la supuesta intención de dejarnos a salvo en caso de otra sequía.
Sin embargo ese emprendimiento es rechazado por casi toda la academia y se ha alertado repetidamente los riesgos con la calidad de esas aguas, tanto por la salinidad como por las floraciones de cianobacterias. Podría decirse que una vez más el gobierno desoye las advertencias científicas, lo que sería otra muestra de su alejamiento de la realidad.
Pero hay más que eso. Es que el presidente no puede asegurar como un hecho consumado que se construirá esa obra porque todavía no ha pasado por el estudio de su impacto ambiental. Ese es el principal instrumento de evaluación con el que cuenta el Estado, que supuestamente debe operar en beneficio de toda la sociedad para asegurar la calidad ambiental como un bien común.
En su discurso, el presidente parecería que desconoce la institucionalidad ambiental, ya que la única vía que tiene para asegurar que se construirá aquella obra es que desde la presidencia se impongan exigencias sobre el Ministerio del Ambiente para aprobarlo a toda costa, o que ya se sepa que el Partido Colorado, a cargo de ese ministerio, dará su visto bueno bajo cualquier circunstancia. Se está asestando un golpe a la posibilidad de una justicia ambiental, así como en paralelo se ha debilitado la justicia social.
Esto desnuda una problemática más profunda que aquella que enfocada en si se inauguraron más o menos obras, o si los indicadores laborales o macroeconómicos corresponden a la realidad. Es que amparándose en discursos como los que invocan la libertad individual, este gobierno debilita, recorta y transforma los modos por los cuales la institucionalidad estatal responde a las exigencias de una justicia para el bien común. Se pone en primer plano la libertad, pero es una circunscripta a individuos aislados, desconectada del bien común, y por lo tanto se la puede desvincular del accionar del Estado. Esa es, posiblemente, la herencia más grave que deja este gobierno, y sobre la que nada se dijo en el discurso.
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