Centrales y sindicatos siguen dando por válidos instrumentos de años atrás para reclamar reivindicaciones. Aunque fueron muy importantes, ahora deberán repensarse y modificar las tácticas ante la adopción por la contraparte -desde fines del siglo pasado- del capitalismo basado en el neoliberalismo y cuyo acompañante subsidiario, la globalización, margina cada vez más a los trabajadores. Por supuesto que también existen y lamentablemente son mayoría -sobre todo en naciones periféricas- las organizaciones laborales que en distintos momentos dejan de lado aspiraciones de los agremiados y buscan equilibrios mediante pactos conciliatorios, acuerdistas, con los dueños del capital. En ese sentido hay que decir que una parte alícuota les corresponde a los dirigentes que quieren hacer de causas justas -como la solidaridad entre trabajadores y la unión de los movimientos- un pretexto.
La pandemia llegó con consecuencias extendidas (resultando un elemento de recorte de libertades individuales y derechos humanos) que permite fingir excusas a los empresarios que estrechan, aún más, el cerco sobre los trabajadores, sus sindicatos y los salarios. Como síntesis diremos que en el discurso lo legítimo de las reivindicaciones se observa fácilmente, pero en la vida gremial hay una enorme falta de discusión e información, agregándose asambleas con escasa asistencia. Por lo tanto, no se está objetando la concurrencia de las autoridades sindicales a parlamentar con gobiernos, cámaras patronales o empresarios: el diálogo en todo caso es necesario; lo que se rechaza es que se tenga al mismo como la principal herramienta de los trabajadores.
La idea de la conciliación mediante el diálogo, impulsado por algunos gobiernos y el empresariado, ha hecho carne en dirigentes sindicales que lo ven como una suerte de fin en sí mismo al confundir una táctica (mal aplicada) con estrategia. En las luchas de todos los tiempos, de no estar en juego la seguridad de las ganancias de los patrones, no hay un pronóstico bueno que pueda augurarse para los trabajadores.
En naciones donde van ganando espacio las opciones conservadoras – hasta se permiten conquistar mentes del llamado progresismo- se dan ejemplos a las derechas, que los imitan y adoptan sus propuestas de devastar o debilitar los sectores públicos que prestan servicios esenciales a la población, vacían y tildan de ineficaces otros entes oficiales, limitan el movimiento sindical, le conculcan algunas conquistas o lo judicializan (como a los políticos), apoyados por medios de comunicación propios y afines. Así esperan la siguiente aplicación -por ellos- de los avances científicos (inteligencia artificial y robótica) que suponen les ayudarán a elevar las ganancias al ahorrarles el pago de una importante fracción de la masa salarial y a subordinar expresiones gremiales.
En otros sitios, se puede observar cómo las empresas del estado subsisten junto con el avance empresarial. En ciertos sectores de los servicios y la investigación pública (educación, ciencia, energía, agua), se mantienen, por ejemplo, instituciones estatales de periodos anteriores. Sin embargo, pese a sostener esos entes y servicios bajo la égida oficial, no se han detenido los aumentos en tarifas, los recortes económicos a la investigación. Todo sin presentar abiertamente una política privatizadora, trocándola por otra de menor gasto presupuestario, en tanto los despidos laborales -como nunca había ocurrido- se siguen dando de forma persistente, incrementando el desempleo, al tiempo que allí donde hay inflación y depreciación monetaria, los “ajustes” monetarios se pierden ingresos salariales y jubilatorios.
Por otra parte, a los despidos en el sector privado se suma la no recontratación en entes públicos, con restricciones edilicias, de docentes y presupuestos para la educación y en materia de investigación. En paralelo, desde las autoridades del estado se protege al sector privado -en general- y al financiero en particular.
Otro elemento debe exponerse como ejercicio común de las derechas en los gobiernos; la represión. A modo de ejemplo, sin su catadura agravada -que podía llegar a una resolución judicial con pena de muerte- se retoman, por caso, en Uruguay aspectos del brasileño Acto Institucional No. 5. La concepción política de este decreto de la dictadura brasileña ampliaba la exclusión de ilicitud de las fuerzas represivas: algo similar acontece con lo votado por la coalición de derecha del legislativo uruguayo con el título de Ley de Urgente Consideración (LUC).
Nadie puede oponerse a actuar contra el delito y al tema de uso de las armas de reglamento, ya considerada y regulada por los códigos Penal y de Procedimiento. La LUC, en este caso, no sólo “llueve sobre mojado” sino que pone el acento en la represión en favor de quienes tienen el estanco de la violencia legítima. En tanto, el ministro del Interior uruguayo reintrodujo la parte de esta política conocida como del «gatillo fácil” pese a que sus propuestas represivas habían sido rechazadas por la ciudadanía en el último acto comicial.
En aquellas naciones donde se aproximan elecciones y se dan algunas movilizaciones, la atracción mayor (cuando la hay) se refiere a temas circunscritos a las propuestas de los medios, con entornos reducidos, del orden
de la seguridad personal y comercial ante el auge delincuencial, el aborto, la llamada y estigmatizada “ideología de género”. Lo que se puede ver hasta ahora es que hay líneas generales de la derecha conservadora que son similares de país a país; ejemplo de ello es la intención de ofrecer promesas de la derecha de programas “desideologizados”, algo que ya tratamos en el pasado y que intenta endilgarse como algo negativo y propio de las izquierdas.
La pandemia, como cataclismo, dañó a ciertas empresas, pero produjo beneficios a laboratorios -también a parte del comercio- y al núcleo central del capitalismo, -los poseedores de fortunas- repitiendo lo ocurrido a menudo: perjuicios a los más y mirar el futuro.
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