En menos de 2 años, los combustibles aumentaron en valores reales seis veces –un 36%- y siete veces más que en los 15 años del ciclo progresista. Esta es una de las peores estafas que el gobierno perpetró contra los uruguayos, a la cual se suman 2 años consecutivos de rebaja salarial y de jubilaciones y el recorte de gastos e inversiones en áreas sensibles del Estado.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo le metió la mano en el bolsillo a la población, contrariamente a lo que afirmó el Presidente Luis Lacalle Pou, durante su edulcorada exposición ante la Asamblea General. En la oportunidad, el primer mandatario manifestó que “dato mata relato” y que “no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos”, saliendo al cruce de las críticas formuladas a la política económica del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, lo que mata el relato es la realidad que observamos cotidianamente en las calles, que pone en tela de juicio el país de Walt Disney del oriundo del barrio privado La Tahona: salarios y pasividades más bajas, inflación al alza, un 50% más de gente en situación de calle y ollas populares y comedores atestados.
El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira pisó el acelerador al afirmar que “vivimos realidades muy diferentes. Yo no sé qué piensan una maestra o un policía cuando le dicen que no le metieron la mano en el bolsillo, si en el primer año de gobierno perdieron 19 jornales. Si analizamos las jubilaciones y las pensiones, también cayeron por segundo año consecutivo ¿Cómo no se tocó el bolsillo de las personas si por dos años cobraron menos?”, añadió.
La realidad es que el gobierno aumentó los tributos por vía indirecta, cuando redujo el descuento en compras con tarjeta de débito del 4% al 2% en 2020. Además, en enero de este año incrementó la presión impositiva –en forma encubierta- al modificar los criterios en la definición de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que impactan directamente y negativamente en el cálculo en la liquidación del IRPF y el IASS.
En ese contexto, el abatimiento del déficit fiscal se logró de la manera más perversa y despiadada, recortando 200 millones de dólares en inversiones y otros 100 millones de dólares en salarios.
No obstante, la peor estafa a las promesas de la derecha se perpetró en el precio de los combustibles, que el presidente Lacalle prometió bajar o congelar durante la campaña electoral.
En tal sentido, la nueva variación tarifaria concretada en marzo, que se suma a la decretada el mes pasado, fue, según el gobierno, provocada por el aumento del precio internacional del petróleo. Este nuevo ajuste en el precio de las naftas y el gasoil, que alcanzó al 2%, eleva el valor de estos subproductos en casi un 36% con respecto a enero de 2021.
Como se recordará, en febrero, el incremento fue de 3 pesos por litro en todos los casos, lo cual elevó el costo del supergás, el producto más consumido por las familias, en un 5,35%. En tanto, el precio de la nafta Super 95 subió 4,26% y el del gasoil un 6%.
Asimismo y aunque el gobierno se empeñe como siempre en jugar a la desmemoria, el primer aumento de los combustibles en la actual administración se registro en enero de 2021, con un 6,2% respecto a los valores vigentes hasta diciembre de 2020.
Luego, en junio del año pasado, se concretó un tarifazo del 12%, en julio hubo una pequeña corrección al alza y, a partir del primer día de agosto, se aplicó un incremento del 7,6% en el valor de las naftas y de casi un 11% en el del gasoil, lo cual supuso un auténtico cimbronazo para el sector productivo y para la población en general.
El pretexto, además de la aplicación del PPI (Precio de Paridad de Importación) previsto en la cuestionada Ley de Urgente Consideración, son los supuestos sobrecostos de larga data, que no eran trasladados a precios cuando gobernaba el Frente Amplio.
Estos aumentos impactan directamente en los escuálidos bolsillos de los uruguayos y particularmente en los costos de producción, ya que las empresas los trasladan a sus precios para no perder rentabilidad.
Este nuevo desaguisado, perpetrado por una coalición derechista que engañó inmoral y demagógicamente al electorado prometiendo lo que sabía no podía cumplir, se traducirá seguramente en un nuevo empuje inflacionario que horadará más el poder de compra de la mayoría de los uruguayos.
La consecuencia será un salto al alza del Índice de Precios al Consumo, en un escenario, por segundo años consecutivo, de generalizada caída de salarios y jubilaciones.
Como es notorio, durante las administraciones progresistas las tarifas de los combustibles sólo eran ajustadas en enero, en guarismo siempre inferiores a los incrementos salariales y de jubilaciones. Esa circunstancia otorgaba absoluta certidumbre.
También se registraron moderadas rebajas tarifarias cuando los siempre fluctuantes valores del petróleo lo permitían, pese a que el crudo de lo modalidad Brent llegó a trepar a los 130 dólares por barril. Además, los precios fueron congelados durante dos años para no condicionar al gobierno entrante.
En mayo de 2020, en la fase más álgida de la pandemia, la cotización de la materia prima se desplomó en mayo a poco más de 29 dólares. ¿Por qué el gobierno no aprovechó esa coyuntura para bajar las tarifas como prometió? Ahora, el pretexto es la guerra de Ucrania.
¿Se puede confiar en la promesa de rebaja del IASS y el IRPF en 2023 de alguien que miente con tanta contumacia, si la reducción depende, como el afirma, de la incierta evolución de la economía?
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