El golazo del diputado Puig

por Juan Martín Posadas

En el Parlamento uruguayo se siguen sucediendo acontecimientos curiosos (por usar un término cariñoso). Donde se nota mayor empeño es en la bancada de Diputados del Frente Amplio. El Diputado Puig sintió el aguijón de la alarma por lo que él ha titulado “espionaje en democracia” y ha pedido (y consiguió) la instalación de una comisión investigadora al respecto. Presiente –supongo- que, además, podrá aprovechar la bolada para desviar un poco la atención de tantas otras comisiones investigadoras sobre actividades cuestionables del Frente Amplio como las que están actualmente en curso. Vale decir, espera un golazo a dos puntas.

El Diputado Puig se escandaliza de que organismos del estado encargados de las tareas de inteligencia hayan seguido metiendo la nariz en los partidos políticos y los sindicatos ya en tiempos de democracia. Para él los servicios de inteligencia están para investigar (él habla en términos de espiar) a los sospechosos y, en su mundo dividido entre buenos y malos, el Frente Amplio y los sindicatos están en el campo de los buenos, no de los sospechosos.

Pero sucede que más o menos en el mismo momento en que él se indigna por lo que considera una extralimitación escandalosa de los servicios de inteligencia sobre los buenos y pide la Investigadora, en esos mismos momentos ha vuelto al escenario de la opinión pública con cierto estruendo una vieja información referida a las actuaciones de integrantes del Frente Amplio cometiendo asaltos a mano armada con la finalidad de recabar fondos para sustentar emprendimientos subversivos y en previsión de eventuales desafíos contra la legalidad democrática.

Esas actividades ya habían sido reveladas hace años por Adolfo Garcé en su libro “Donde hubo Fuego” y fueron retomadas recientemente por María Urruzola en el suyo. En esas actividades armadas y con fines políticos subversivos estuvieron comprometidos –en plena democracia- elementos de los tupas y de algún gremio (transporte). Aparentemente el Diputado Puig lee poco. Él, junto a los ex Ministros Marchesano e Iturria parece que son los únicos que no estaban enterados.[1]

Siendo así las cosas –y nadie lo ha desmentido ni puede hacerlo- los servicios de inteligencia estaban cumpliendo con su obligación y haciendo lo que se supone deben hacer al investigar, como lo hicieron, a los sindicatos y los partidos políticos.

El golazo que imaginó el Diputado Puig se ha convertido en gol en contra pues si se avivan los miembros de la oposición en dicha comisión investigadora van a comenzar a citar a Mujica, Rosadilla y el resto de los tupas para indagar qué hacían, qué permitían o cuánto sabían acerca de esas actividades subversivas. Además, (pienso yo con adecuado sarcasmo), la Comisión Investigadora tendrá que terminar felicitando a los servicios de inteligencia por haber cumplido cabalmente con su misión.

Hablando en serio (en la medida en que el  caso lo permite) los servicios de inteligencia tienen que buscar información que no saben dónde se encuentra, por lo tanto tienen que buscar en todos lados, o por lo menos, donde haya sospechas fundadas de que pueden encontrar algo. Todos sabemos –si se quiere jugar limpio- que hasta el año 1997 (por lo menos) había sospechas fundadas para investigar a ciertas formaciones políticas dentro del Frente Amplio y a ciertas dirigencias sindicales.

El tema de los servicios de inteligencia es un tema importante. Si en vez de tratar de meter un golazo el Diputado Puig hubiera tomado el asunto en serio (y dando por supuesto que no va  proponer la eliminación de esos servicios) podría haber pedido una comisión con fines legislativos para abordar aspectos tales como ¿Cuál es la función y el cometido de los servicios de inteligencia? ¿Cuál es el ámbito que le corresponde a la inteligencia militar y cuál el ámbito de la inteligencia policial? ¿Cuáles son los controles político-institucionales que deben existir sobre esos servicios (ambos)? ¿Hacia quién fluye la información recabada? ¿Cómo y dónde se guarda? ¿Para quienes es clasificada y para quienes no lo es? ¿Por cuanto tiempo? ¿Qué sanciones corresponden al uso indebido de la misma? ¿Cuál es el rol de la justicia en todo ese proceso?

Pero nada de esto pasó por la cabeza del Diputado Puig. Quiso meter un golazo y le salió un gol en contra. Las cuentas a cobrar son una obsesión enfermiza demasiado extendida en nuestro país (y que tiene una legión de compatriotas dedicados a ella full time). Lo peor es que refieren a un pasado falso, manipulado a conveniencia, y en el que se insiste aún cuando hay evidencia en contra.

[1] El viernes 19 de mayo, recojo de La Diaria: “Fiscal asegura que no existen pruebas que vinculen robos en los 90 con el MPP”. La fiscal en cuestión es Stella Llorente. La Diaria nos recuerda al fin de la nota que fue ella quien procesó a Amodio Perez el año pasado. Yo por mi parte les recuerdo a los lectores que lo procesó por privación de libertad porque Amodio, ya preso antes del 73, salía a la calle con las Fuerzas Conjuntas a señalar a otros tupas, es decir, salía a colaborar con la autoridad legítima en el combate a los delincuentes subversivos, cosa que todo ciudadano debe hacer. Los tupas tienen todo derecho a considerar a Amodio un traidor pero el estado, a través de una fiscal, no le puede imputar ese delito. Toda la jurisprudencia criticó a la fiscal Llorente por su disparate jurídico, el tribunal de segunda instancia revocó el fallo y Amodio anda suelto dando entrevistas por televisión y confirmando, junto con Zabalza y otros, que las tupabandas existieron y actuaron en las fechas y según los modos que describen Garcé y Urruzola.