Mario Layera es policía desde hace muchos años, está considerado, junto al fallecido Julio Guarteche, como uno de los más lúcidos que ha dado el país después de la restauración democrática. En las últimas horas sus dichos, algunos de ellos polémicos, generaron una tormenta política con ruido a varias bandas.
Desde el seno del Frente Amplio y del gobierno hubo reproches y pedidos de renuncia, pero también apoyos y respaldos.
Me imagino que a Layera, a quien conozco bien, y sé de su bajo perfil desde sus épocas en que andaba camuflado persiguiendo narcotraficantes de alto vuelo, no le debe hacer gracia ver su nombre y su foto un día sí y otro también en los medios de comunicación.
O, mejor dicho, le debe hacer gracia escuchar las más variadas especulaciones sobre por qué dijo lo que dijo, sobre a quién le estaba haciendo un mandado, a cuenta de que y por qué. Hay sobre la mesa variadas especulaciones: que lo mandó el presidente Tabaré Vázquez, que es una venganza del MPP, en este caso sería el ex presidente José Mujica quien le habría mandado a hacer estas declaraciones, que el objetivo es el fiscal Jorge Díaz. En fin, solo faltó que se dijera que sus declaraciones al diario El Observador y al periodista Gabriel Pereyra formaron parte del Plan Atlanta.
Como es gratis hablar todos hablaron y especularon, pero increíblemente nadie tomó en cuenta que Layera es ante todo un policía, más allá de que ahora sea el Director Nacional de la Policía, el tercero en importancia en el Ministerio del Interior.
Pero, además, no es un policía más. Es un policía estudioso que se ha dedicado a hacer prospectiva en materia de seguridad: comportamiento social y delito.
Voy a contar algo porque sé que no violo ningún acuerdo ni pacto. Hace unos diez años, Layera y Guarteche fueron los entrevistados centrales de un programa periodístico de televisión que supe co-conducir (¡qué tiempos aquellos en los que había programas periodísticos en la televisión!). Estábamos en la sala de maquillaje mientras nos preparaban para la salida al aire; allí, en una conversación informal, Layera me dijo, palabras más palabras menos: “estamos viendo con preocupación como muchos jóvenes llegan a los centros sanitarios con balazos en las piernas, debajo de la cintura y se niegan a denunciar. Está claro, agregó, que se trata de balazos intimidatorios, el problema se va a incrementar cuando se levante el caño del arma unos centímetros y ahí ya no vamos hablar de heridos sino de muertos. Es lo que se viene”, sentenció.
No pasó mucho tiempo cuando efectivamente se levantó el caño de las armas y hoy tenemos como algo ya naturalizado los ajustes de cuentas.
Layera y Guarteche, junto con el fiscal Jorge Díaz anticiparon hace seis años la llegada del sicariato a Uruguay y hablaron de los intentos de feudalización en algunos barrios y localidades del interior del país. Lamentablemente estos extremos se cumplieron.
Por eso, ahora, cuando Layera, hablando como policía alerta sobre la posibilidad de que Uruguay llegue a extremos tales como los que se vive en Guatemala o El Salvador, no se deben tapar los oídos y mirar para otro lado, o solo decir, muy suelto de cuerpo “a este milico se le fue la moto”. Hay que atender este llamado como no se hizo con los anteriores y así estamos.
«El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo».
¿Catastrofismo en esto? Un ejemplo: la Tahona es un barrio privado, quizás el más conocido. Está en Canelones a poco de salir de Montevideo. Es un barrio cerrado, con ingreso controlado y donde hay seguridad propia. ¿De verdad creen los que le pegan a Layera que estamos tan lejos? Más bien ya estamos.
Leyera como no lo hizo ningún otro policía habla de la necesidad de coordinar esfuerzos en el Estado. El problema es que en ninguna parte del estado se coordina algo. Es un problema de chacras, de partidos, de sectores de que cada uno tire para su lado.
Se ha dicho que sus palabras son exageradas, pero no solo Layera lo ha dicho, coindicen en esto los obispos uruguayos cuando hablan de fractura social, o cuando el intendente de Montevideo, Daniel Martínez le envía una carta al presidente de la República preocupado por la cantidad de gente que duerme en la calle, aunque no se sepa el contenido de la misma luego que presidencia se negó a darla a conocer.
Quizás donde sí se excedió Layera fue en el reclamo para acceder a la base de datos del Mides, porque de ahí se puede desprender que se cree que todos los pobres son chorros. Pero eso quedó matizado cuando afirmó que “allí hay problemas en el primer nivel de socialización, que es la familia. Tienen generaciones de familiares con antecedentes. Y allí está el mayor nivel de reproducción. (…) Mandan a la Policía al frente en vez de enviar asistentes sociales que tengan un registro histórico de esas poblaciones. Ahí es más eficiente un trabajador social que un policía».
Las palabras de Layera incomodaron a muchos, descolocaron a otros, pero fueron un buen llamado de alerta para un debate que ya no se puede esquivar.
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