La destitución del colorado Germán Cardoso como Ministro de Turismo, por graves irregularidades en el manejo de las compras por la modalidad de contratación directa denunciadas por un jerarca de su propia partido, generó una nueva mini-crisis en el gobierno multicolor.
Más allá de las conductas ilegales del ahora ex Secretario de Estado, el conflicto se originó por una guerra intestina que se dirime en la interna colorada.
Aunque desde el oficialismo se haya bajados los decibeles al incidente, la salida del tercer ministro colorado desde que se inauguró la administración hace un año y medio, constituye un episodio que corrobora la extrema vulnerabilidad de la penta-coalición gobernante.
Evidentemente, no renunció -como se anunció- sino que fue presionado a hacerlo por Lacalle Pou. Obviamente, fue destituido y ahora regresará a su banca de la Cámara de Representantes para seguir usufructuando los privilegios de tal condición.
No en vano, los tres representantes colorados en el gobierno designados el 1º de marzo del año pasado, dejaron sus cargos por distintas circunstancias, cuando recién se consumó el primer tercio del mandato que le confirió la mayoría de la ciudadanía a este impresentable engendro derechista.
El primero en desertar, el año pasado, fue el Canciller de la República Ernesto Talvi, quien renunció por graves desavenencias y falta de sintonía con jerarcas de su entorno y como producto de una ominosa operación encubierta ejecutada por el Presidente Luis Lacalle Pou, en acuerdo con el ex presidente Julio María Sanguinetti.
De ese modo, el Jefe de Estado logró colocar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a Francisco Bustillo, un blanco de su absoluta confianza y a cambio de ello, le cedió el cuasi inexistente Ministerio de Medio Ambiente al coloradismo.
Por su parte, Julio María Sanguinetti, secretario general del PC y aun una figura muy influyente en la política nacional, se desquitó de la dura derrota que le infligió Talvi –con quien no mantenía una buena relación- en las elecciones internas de 2019.
Esa fue la primera consecuencia de la batalla que horada al decadente Partido Colorado, en un proceso de creciente fragmentación y de cada vez menos peso electoral, que amenaza con hacer desaparecer a la histórica fuerza política fundada hace 185 años por el traidor y genocida Fructuoso Rivera.
El segundo ministro en abandonar el gobierno fue Carlos María Uriarte, quien ocupaba la Secretaría de Estado de Ganadería, Agricultura y Pesca. Aunque su partida se dirimió en silencio y sin mayor ruido mediático, demostró las graves fisuras existentes en el seno de la coalición republicana y en las filas del propio Partido Colorado.
Tras la destitución de Cardoso, asumió al Frente del Ministerio de Turismo el senador Tabaré Viera, dos veces Intendente del departamento de Rivera, quien obviamente no tiene ni experiencia ni conocimientos en el tema. En efecto, su único mérito es siempre haber sido un delfín funcional a Sanguinetti.
Empero, la salida de Cardoso está rodeada de otras connotaciones, que son habituales en este gobierno: el manejo discrecional de los dineros públicos, los procedimientos opacos y las contrataciones directas sin licitación, violando en muchos casos los montos máximos estipulados por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera que legalmente regula las compras estatales.
Lo sugestivo es que todas las compras –que exceden claramente los montos autorizados por contratación directa- fueron realizadas a una sola empresa, cuando la normativa establece que deben consultarse por lo menos tres precios. Incluso, trascendió que la firma beneficiaria es propiedad de la hija de un alto jerarca de gobierno, extremo que no pudo ser fehacientemente confirmado por quien escribe esta columna.
La cierto es que Germán Cardoso, más allá de haber patinado al frente del Ministerio de Turismo cuando se creyó con derecho a quebrantar todas las reglas de la buena administración, tiene por lo menos dos o tres antecedentes negativos en su haber.
En efecto, en 2015, cuando ya ocupaba una banca en la Cámara de Representantes, fue ácidamente criticado por su propio partido por haber desistido de su candidatura a la Intendencia de Maldonado y apoyar al blanco Enrique Antía, quien resultó electo. El pago del favor fue la designación de colorados afines a Cardoso en cargos de confianza política.
Dos años después, el ex ministro fue acusado y debió comparecer ante un estrado judicial, para explicar sus vínculos con el delincuente Francisco Sanabria, quien fue procesado por estafas reiteradas contra varios clientes, en el marco del sonado caso del Cambio Nelson.
Sanabria era el primer suplente de Cardoso en la cámara baja y, según se confirmó en el curso de la investigación, habría contribuido a financiar la campaña de Cardoso con dinero sucio.
Incluso, hace apenas dos meses, debió explicar a la Justicia el contenido de conversaciones telefónicas mantenidas con el comisario Fernando Pereira, quien fue imputado por abuso de funciones. Aparentemente, el Secretario de Estado le habría pedido algunos favores personales al jerarca policial.
Este nutrido prontuario, sumado a su vidrioso proceder al frente del Ministerio de Turismo, debió ameritar una investigación judicial que derivara en eventuales responsabilidades penales.
Sin embargo, el férreo blindaje del ex presidente Julio María Sanguinetti y del Presidente Luis Lacalle Pou, quienes acordaron su salida, evitó que el escándalo asumiera otra dimensión.
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