Exultante por la inminente asunción del futuro gobierno de derecha, el gran capital aglutinado en las cámaras empresariales comienza a mover sus fichas en el nuevo tablero de ajedrez de poder que configura el radical cambio de ciclo político.
Evidentemente, existe una fuerte sintonía de propósitos entre la penta-coalición que conducirá los destinos del país a partir del 1º de marzo, y estos poderosos grupos de presión que operan históricamente entre bambalinas.
Por supuesto, a nadie sorprende las coincidencias entre el bloque conservador integrado por cinco fuerzas políticas que se instalará próximamente en la Torre Ejecutiva y los propietarios de los medios de producción. Obviamente, los une el mismo proyecto regresivo, que trasciende a las fronteras partidarios.
No en vano, durante los quince años de hegemonía del progresismo, estas dos ramas del mismo árbol ideológico actuaron de consuno, en una suerte de matrimonio de mutua conveniencia signado por intereses comunes.
Mientras blancos, colorados e independientes se dedicaron sistemáticamente a denostar a los gobiernos frenteamplistas, la oligarquía hacía su trabajo sistemático y silencioso.
En ese contexto, tal vez las dos únicas manifestaciones estridentes fueron la queja radicada ante la Organización Internacional del Trabajo por los empresarios – que denunciaron las ocupaciones de los lugares de trabajo y cuestionaron la negociación salarial tripartita- y la no tan sorpresiva irrupción de Un solo Uruguay, conglomerado liderado por el patriciado rural.
Obviamente, tanto los programas de los partidos que encabezarán el futuro gobierno como algunas de las propuestas contenidas en la cuestionada ley de urgente consideración, visualizan una suerte de traje de medida para el paradigma de la clase dominante, que sueña con un país casi sin presión tributaria sobre los sectores más pudientes, con generosas exoneraciones y con un mercado de trabajo desregulado.
Así quedó claramente explicitado durante un encuentro mantenido por el designado Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el Presidente de la Cámara de Industrias y su homólogo de la Cámara de Comercio y Servicios.
Como se recordará, estos señores son los responsables de una sórdida maniobra apátrida de la peor laya, cuando -mediante diversos subterfugios e intrigas- lograron que Uruguay fuera cuestionado e ingresara a una “lista negra” de la OIT.
Lo insólito es que esta nómina está integrada por países que no respetan convenios ni libertades laborales, contrariamente a lo que sucedió durante los gobiernos del FA, que garantizaron- como nunca antes- el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores.
Durante el cónclave, que según las fuentes consultadas fue como estaba previsto una suerte de tertulia de amigos, los empresarios plantearon la flexibilización de los descuelgues salariales.
Esta demanda equivale, ni más ni menos, que a no respetar los ajustes de sueldos acordados en la última ronda de negociaciones y a dejar a los trabajadores sin mejoras.
Al respecto, vale recordar que este mecanismo está previsto en la ley actualmente vigente, pero se limita únicamente a las empresas que puedan probar- en forma fehaciente- que tienen dificultades económicas para financiar los incrementos salariales.
En estos casos, se prioriza la fuente del trabajo. Sin embargo, la norma no contempla naturalmente todos los casos, sino que opera por vía de excepción y con debida justificación.
Según los empresarios participantes en la reunión, el Presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, y su parte de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, la prioridad es el empleo.
Por supuesto, ambos reiteraron el recurrente sonsonete de los altos costos de producción, la productividad y la afectación de la competitividad, a lo que atribuyen la alta tasa de desempleo.
Al respecto, consideran que los salarios evolucionaron a un ritmo desacompasado con respecto a la actividad de las empresas, por lo cual, a su juicio, es menester flexibilizar las pautas de relacionamiento en el mercado laboral.
En este caso, la clave de todo es la inmoral apropiación de la plus valía por parte de quienes detentan la propiedad privada del aparato productivo, que, durante los primeros diez años de los gobiernos de izquierda, capturaron la mayor porción de la renta, acorde con las reglas del modelo concentrador.
Simultáneamente, los empresarios aguardan que el nuevo gobierno adopte medidas que mejoren la competitividad. Aunque en esta oportunidad los voceros empresariales no lo explicitaron, la aspiración es que se bajen los costos vía reducción de la presión tributaria, se acoten al máximo los incrementos salariales y, por supuesto, se devalúe la moneda.
Para ellos, la prioridad es el clima de negocios, acorde con una obtusa mentalidad que considera a los trabajadores únicamente recursos humanos y meros engranajes del proceso productivo.
Si prosperan estos ominosos propósitos, el país volvería al auge del paradigma neoliberal de la década del noventa, cuando los salarios y las jubilaciones se ajustaban según las reglas del mercado, campeaba la informalidad laboral y la sindicalización cayó a sus más bajos niveles históricos.
Por supuesto, esa sombría escenografía fue el preámbulo de la demoledora crisis de 2002 provocado por el gobierno de coalición blanqui- colorado encabezado por el hoy extinto ex presidente Jorge Batlle, que devino en dramáticas tasas de pobreza y miseria, rampante desocupación, radical caída de sueldos y pasividades y generalizada desesperanza.
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