Las campañas electorales están conformadas por una serie de hitos que marcan el transcurso y el devenir de la misma. La mayoría de ellos se establecen previamente en la planificación estratégica mientras que otros vienen dados por el almanaque y la misma agenda nacional, como fue el caso del pasado domingo 4 de agosto, cuando se celebró en Uruguay el prerreferéndum que buscaba derogar la Ley Integral Trans.
La normativa aprobada en el año 2018, en el gobierno del Frente Amplio, promueve beneficios vinculados a la salud, educación, vivienda, inclusión laboral y reparación por violencia institucional para el colectivo trans. Se trata de derechos para una “minoría” que otorgó el oficialismo y que buscó ser derogado por parte de la oposición conservadora, fundamentalmente por aquellos que están más vinculados a los colectivos evangélicos.
Para que la normativa se plebiscitara debería haberse alcanzado el 25% del padrón electoral, un listón demasiado alto en general, pero más aún si tenemos en cuenta que esta instancia ante las urnas no es obligatoria.
Menos del 10% del padrón electoral uruguayo se presentó voluntariamente en los circuitos, lo que determinó una aplastante derrota de quienes buscaban cercenar derechos adquiridos. De todas formas no se puede decir que el 90% de los que no acudieron a la cita sean defensores de la normativa.
Existió mucha desinformación, desinterés y poca campaña real. Por un lado el Frente Amplio y sus principales figuras se pronunciaron a favor de la defensa de la ley trans; por otro, sectores del Partido Nacional y de los ultraderechistas de Cabildo Abierto promovían la derogación; el resto optó por un ensordecedor silencio estratégico. Un silencio que no pueda pesar en los comicios presidenciales.
La campaña en sí se vio fagocitada por la “coyuntura política”, los medios no ofrecieron buenas coberturas y la información quedó liberada mayoritariamente a las redes sociales, donde los actores políticos y sociales hicieron sus principales trincheras. Claro está que no faltaron las fakes news, en esta ocasión de parte del colectivo conservador que promovió información falsa que afirmaba que, con la nueva normativa, los menores de edad podrían cambiar de sexo a través de procesos de hormonización, sin el consentimiento de sus padres.
En lo que a hitos se refiere, y tomando en cuenta el modelo de campaña permanente, la izquierda triunfó ante la oposición en la primera de las batallas electorales previstas. Se adjudicó el primer punto de una partida que es la más pareja de los últimos quince años. Desde la oposición, Carlos Iafigliola, el diputado del Partido Nacional y principal promotor de la derogación no abandona su lucha y anuncia que buscará terminar con la ley desde el Parlamento, en el período 2020 – 2025, pero para que eso ocurra el bloque conservador deberá conseguir la mayoría en las elecciones de octubre de este año.
Aún no existen relatos claros de parte de los candidatos presidenciales ni de sus colectivos en la campaña electoral uruguaya, pero en esta primera contienda estuvieron en juego los derechos, derechos que han sido bandera de los gobiernos de izquierda y que mayoritariamente no contaron con el apoyo parlamentario de la oposición.
Más allá de la ley trans, no hay que olvidar que la derecha no prestó los votos de sus legisladores para la aprobación de normativas como las jornadas de 8 horas para los trabajadores rurales, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la regulación de la producción y distribución de la marihuana, el matrimonio igualitario y otras tantas iniciativas.
Se puede prever la llegada de una campaña con una izquierda defensora de los derechos y de una derecha dividida en dos, los que quieren terminar con los mismos y los que utilizarán el silencio como estrategia.
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