La áspera controversia que enfrentó en el parlamento a la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura con su colega del partido ultra-derechista Cabildo Abierto coronel ® Raúl Lozano, que lidera Guido Manini Ríos, revela hasta qué punto las lacerantes heridas provocadas por la dictadura están lejos de cerrarse. El motivo de la confrontación verbal que se ventiló en el ámbito legislativo durante dos jornadas, fue el procesamiento, por parte de la jueza penal Silvia Urioste, del soldado retirado Leonardo Vidal Antunez, quien, en 1972, asesinó de un disparo por la espalda al preso político tupamaro Nelson Barrera. En aquella época, la Justicia -que por entonces no tenía nada de independiente, ya que el país vivía en una situación de excepción, en plena escalada represiva- exoneró al uniformado de culpa. Al respecto, se adujo que el efectivo castrense abrió fuego contra el recluso porque este intentó huir, pretexto muy habitual en aquel momento para justificar las tropelías de una banda criminal militar que ya actuaba con absoluta discrecionalidad. Como se recordará, en julio de ese mismo año, los partidos tradicionales sancionaron la Ley de Seguridad del Estado, que entregó virtualmente el poder a las Fuerzas Armadas, casi un año antes de la consumación del golpe de Estado. Contrariamente a lo que afirma el senador Lozano, en esa época Uruguay estaba lejos de vivir en una democracia plena, por la vigencia de las medidas prontas de seguridad, la suspensión de garantías individuales y la conculcación de libertades públicas. En ese contexto y con el paraguas de la nueva legislación, las fuerzas represivas actuaban con grosera impunidad, practicando detenciones arbitrarias y sometiendo a civiles a la justicia militar. Ciertamente, resultan indigeribles las expresiones del legislador cabildante, quien afirmó que no podía permanecer indiferente ante el procesamiento del soldado, al cual insólitamente calificó de “atentado contra el estado de derecho”.
Al respecto, reivindicó la obediencia debida que rige los autoritarios reglamentos castrenses y obliga a los subalternos a cumplir órdenes superiores, aunque se trate de perpetrar un delito. Es inverosímil que este militar devenido político reclame la proscripción de ese y otros homicidios perpetrados por el terrorismo de Estado, que, por ser de lesa humanidad, son imprescriptibles, acorde con las normas internacionales en la materia. Lozano no dudó en calificar la imputación como “una venganza y una persecución ideológica, que nada tiene que ver con justicia”, invocando el precario estado de salud del hoy septuagenario acusado, quien padece una grave patología. El parlamentario derechista remató sus reflexiones, afirmando que «deberemos modificar las leyes, organismos e institutos que consienten este tipo de violaciones a los derechos humanos”. De algún modo y aunque el propio Manini Ríos lo niegue, varios dirigentes del CA están promoviendo una amnistía para los delitos cometidos por los militares durante la dictadura, que reforzaría la impunidad ya consagrada por la Ley de Caducidad aprobada en 1986 por blancos y colorados.
Sugestivamente, el Ministro de Defensa Nacional del gobierno multicolor, Javier García, coincidió con la visión del parlamentario de Cabildo Abierto, afirmando que el presidente de la República Luis Lacalle Pou compartía su inquietud. Este pronunciamiento público, que generó un enérgico repudio de la oposición frenteamplista, convalidó también implícitamente el principio de la obediencia debida invocado por Lozano, en función del cual habría actuando el soldado procesado. Dos semanas después y en el marco de la media hora previa, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura fustigó con rigor la actitud de su colega cabildante, citando expresiones del propio fiscal Ricardo Perciballe, quien señaló que “no se puede poner el eje en que las víctimas son los militares porque actúa la Justicia. Las víctimas son los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos sexuales. Esas son las víctimas sin importar lo que hicieron. Porque hayan hecho lo que hayan hecho, no se los puede matar, ni torturar, ni hacer desaparecer”.
Amanda Della Ventura descalificó la obediencia debida, aduciendo que “la jurisprudencia moderna considera que en tal caso, se tiene no ya el derecho, sino el deber de desobedecer», argumentando que “esta manifiesta ilegitimidad es un límite infranqueable”. Por supuesto, no es la primera vez que Cabildo Abierto defiende explícitamente a los represores y cuestiona los dictámenes del Poder Judicial. Hace apenas un mes, el propio senador Guido Manini Ríos criticó ácidamente el procesamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez, quien fue imputado por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), perpetrado durante la dictadura. Por supuesto, su actitud sintoniza perfectamente con la asumida cuando –en pleno ejercicio de la comandancia del Ejército-omitió, durante casi un año, denunciar las graves confesiones vertidas por el criminal José “Nino” Gavazzo ante un tribunal de honor, lo cual constituye un delito que deberá dirimir la Justicia, si se concreta finalmente su improbable desafuero. Para garantizar la gobernabilidad de una coalición multicolor cada vez más agrietada, el presidente Luis Lacalle Pou deberá seguir soportando -en cómplice silencio- el terrorismo verbal de un partido de extracción fascista y militarista, sin cuyos votos perdería la mayoría parlamentaria.
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