En medio de la epidemia de Coronavirus que azota al país, con fuertes y aun imprevisibles impactos en lo sanitario, lo económico y lo social, el senador ultraderechista Guido Manini Ríos volvió a desubicarse, durante la media hora previa de una sesión del Senado de la República.
Exacerbado como siempre cuando aborda el urticante tema de los derechos humanos, el líder de Cabildo Abierto volvió a fustigar al Poder Judicial como es su costumbre, acusándolo de presuntas prácticas revanchistas.
El detonante de esta situación fue el reciente procesamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez, quien fue imputado por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), perpetrado durante la dictadura.
El militar fue remitido a la cárcel por la jueza Isaura Tórtora, aunque es investigado por su participación en otros crímenes cometidos en tiempos del gobierno autoritario.
Según lo consignado en una pericia practicada por personal técnico de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República, Morales murió por los “traumatismos múltiples» que recibió al ser torturado, el 21 de noviembre de 1974.
En ese contexto, el senador Guido Manini Ríos, quien deberá comparecer ante los estrados judiciales por su responsabilidad en el presunto ocultamiento del testimonio del represor José “Nino” Gavazzo ante un tribunal de honor cuando era Comandante en Jefe del Ejército, criticó ácidamente el dictamen judicial.
Al respecto, Manini afirmó “el pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar por sus desvaríos sesentistas que costaron muchísima sangre y dolor a nuestro país”. En ese marco, reafirmó que “el pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo en las nuevas generaciones e incluso los textos de estudio”.
Evidentemente, su odio visceral hacia la verdad empírica e incontrastable lo obnubila, al punto de tildar de “sesentistas” a los magistrados que cumplen con su deber y operan -en el marco de la Constitución y la Ley- para seguir derrumbando el edificio de la impunidad institucionalizada en el período de posdictadura.
En todo caso, el sesentista es él, porque sigue analizando el pasado con una mirada sesgada propia de la guerra fría y avalando la tan mentada y apócrifa teoría de los dos demonios.
En su opinión, se ha tergiversado la verdad, lo cual equivale a afirmar –aunque parezca inverosímil- que realmente no hubo dictadura, ni violaciones a los derechos humanos, ni asesinatos y ni desaparecidos durante el período más oscuro de nuestra historia reciente.
Los que realmente prostituyeron la verdad fueron los uniformados que negaron lo que sucedió y ocultaron y escamotearon las pruebas de las aberraciones que aún perviven, como una dramática herida abierta, en la memoria colectiva.
Por supuesto, para no ser castigados por la Justicia como era menester, esos criminales se ampararon en la inconstitucional Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que, como se recordará, fue aprobada por el bloque derechista en 1986.
Manini Ríos cuestionó que el imputado, que tiene 75 años de edad y recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica, fuera trasladado en un patrullero junto a otras cinco personas desde su casa hasta Montevideo.
“¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible, detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la que se estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, se preguntó el legislador.
La primera observación que corresponden formular sobre los comentarios de este señor, es que no se trata de hechos que sucedieron hace cincuenta años, sino, en algunos casos, hace treinta y seis años, como el brutal homicidio del médico Vladimir Roslik, quien murió el 16 de abril de 1984, luego de ser sometido a salvajes torturas en el Batallón Nº 9 de Fray Bentos.
La otra reflexión que merecen sus dichos –a todas luces descontextualizadas- es que si estos militares criminales hubieran sido procesados a la salida de la dictadura como era deseable, hoy ya habrían purgado sus penas y no deberían enfrentar a la Justicia con tan avanzada edad.
Ello no fue posible porque –durante por lo menos veinte años y durante los gobiernos blanqui-colorados- estos asesinos se ampararon en una norma que ha sido cuestionada incluso por el derecho internacional.
Como es notorio, las imputaciones penales permanecieron congeladas hasta 2005, cuando los gobiernos del Frente Amplio dispusieron el desarchivo de numerosas causas, lo cual permitió el procesamiento de notorios represores.
De todos modos, muchos delitos siguen impunes por falta de información y testimonios fehacientes y aun se desconoce el destino de los restos de la mayoría de los desaparecidos, a 35 años del epílogo de la dictadura.
Aunque parezca insólito, Guido Manini Ríos se preocupa por los derechos humanos de los victimarios, pero no por los de las víctimas que padecieron la barbarie del despotismo liberticida del terrorismo de Estado que asoló al país durante doce largos años.
Para no ser contaminados por este virus de odio, intolerancia y resentimiento explícitamente anti- democrático, habría que colocarse barbijos en los oídos.
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