Las victorias obtenidas por el Frente Amplio en los comicios departamentales de Montevideo y Canelones, que ungieron a Carolina Cosse como futura intendenta y consagraron la reelección de Yamandú Orsi, confirmaron, una vez más, la amplia supremacía de la izquierda en los departamentos más poblados del territorio nacional.
Estos éxitos electorales, que contrastan claramente con la pérdida de otros gobiernos departamentales en el interior del país, operarán igualmente como plataforma de relanzamiento de la fuerza política a nivel nacional.
Asimismo, perfilan tanto a Carolina Cosse como a Yamandú Orsi como dos de las más potentes figuras emergentes de la izquierda en un escenario de insoslayable renovación, con el horizonte en las elecciones de 2024.
Obviamente, en ambos casos el desenlace electoral -que era previsible y acorde con los pronósticos- configura un espaldarazo para el progresismo y un incentivo para emprender el camino de la recuperación, luego de la derrota de noviembre pasado y la pérdida del gobierno nacional.
En el caso de nuestra capital- bastión progresista desde hace tres décadas- de nada valió la inmoral operación de enchastre -en algunos casos subrepticia y en otros explícita- con el propósito de horadar la imágenes de los candidatos frenteamplistas.
En efecto, en una de las campañas electorales más sucias que registra la memoria colectiva, se reiteraron los ataques contra Carolina Cosse- a la sazón electa intendenta- y contra el aspirante Álvaro Villar, quien obtuvo una interesante votación.
Imposible olvidar la catarata de denuncias sin sustento contra Villar por su actuación como director del Hospital Maciel y las descalificaciones contra Cosse –incluyendo una auditoría procesada en tiempo récord- por su gestión al frente de ANTEL.
Aunque la merma de caudal electoral y de espacios de poder en el interior del país puede evaluarse como un retroceso, ello responde a la no bien digerida derrota del FA en 2019 y al efecto de arrastre del alto nivel de aprobación del gobierno de Lacalle Pou en la opinión pública.
No es secreto que la epidemia de Covid -19 se ha transformado en aliada de la nueva administración, a lo cual se suma naturalmente el cerco mediático obsecuente que la ha blindado contra las críticas y la reproducción del discurso oficial, como si se tratara de un mandato bíblico.
Esa propaganda sin cargo, que replica la tendencia observada el año pasado durante la campaña electoral hacia las elecciones nacionales, es un bien aceitado operativo de la alianza estratégica entre los propietarios privados de los medios audiovisuales y el bloque conservador de raigambre empresarial, que sostienen el proyecto regresivo de la derecha hegemónica.
En esta oportunidad, los dueños de los medios oligopólicos le pagaron a la gobierno un nuevo favor: haber revocado la adjudicación de tres señales de cable otorgadas durante el período anterior a otros tantos permisarios alternativos.
Ese es el verdadero sustento de esta estrategia de dimensión orwelliana, que consiste en abolir la verdad, instaurar la mentira como verdad oficial y edulcorar una realidad realmente dramática. Esa suerte de bloqueo mediático oculta la contundencia de los números: más de 150.000 trabajadores todavía en el seguro de paro, casi 100.000 uruguayos que han pedido su empleo y una tasa de pobreza que, ya en el mes de mayo, había ascendido un 3,1% (11,6%), lo cual equivale a entre 94.000 y 127.000 personas.
A ello se suma, naturalmente, una Ley de Urgente Consideración que contiene reformas estructurales de impronta neoliberal, pautas salariales y de jubilaciones a la baja y atadas a la incierta evolución de la economía y un presupuesto restrictivo que privilegia la represión (Ministerios de Defensa e Interior) sobre políticas sociales tan cruciales como la educación, donde se recortarán o congelarán recursos.
Aunque en algún momento estallará la burbuja artificial y la propia realidad demolerá el inflado circo montado por el oficialismo, lo real es que el Partido Nacional que encabeza la coalición multicolor sigue ganando espacios de poder en los gobiernos de tierra adentro.
No obstante, para nada es sorpresiva la primacía del PN en los departamentos del Interior, donde siempre ha pesado la tradición, la identidad partidaria y el predicamento de los caudillos.
Ese fenómeno cambió radicalmente en 2005, cuando la izquierda, potenciada por un triunfo electoral demoledor que transformó en 2004 a Tabaré Vázquez en el primer presidente progresista, conquistó nada menos que ocho gobiernos departamentales.
Los nuevos triunfos en Montevideo- donde el FA gobernará por séptimo período consecutivo- y en Canelones, que confirma la hegemonía de la izquierda por cuarta vez, configuran un acontecimiento auspicioso, en un contexto agridulce y complejo para el bloque progresista, que perdió el año pasado el 9% de su electorado a nivel nacional.
En efecto, ambos departamentos suman, en conjunto, casi 1.900.000 habitantes, bastante más de la mitad de la población total de nuestro país, con todo el peso político, social y económico que ello supone.
Pasado el maratón electoral, el supremo desafío del Frente Amplio como fuerza política será mantener la unidad en la diversidad como lo proclama naturalmente el mandato histórico de sus insignes fundadores, y ejercer una oposición responsable pero no exenta cuando sea menester de perfil confrontativo, para minimizar los previsibles daños emergentes del proyecto restaurador del gobierno multicolor y recrear la esperanza para dentro de cuatro años.
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