El domingo, en un marco de incertidumbre y en algunos casos de paridad según los sondeos de las empresas encuestadoras, los uruguayos volverán a comparecer en las urnas por cuarta vez en menos de dos años, cerrando un largo ciclo electoral que comenzó el domingo 30 de junio de 2019.
Como es notorio, las elecciones departamentales, que permitirán ungir a los intendentes y a los alcaldes municipales de todo el país, fueron postergadas – por vía de excepción- a raíz de la irrupción de la pandemia de Coronavirus.
El aplazamiento de los comicios previstos para mayo, que extendió la maratón electoral más de la cuenta, sólo incrementó la expectativa de la ciudadanía sobre el eventual desenlace.
En ese contexto y a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, la campaña electoral permaneció congelada durante cuatro meses, en los cuales los uruguayos, en su gran mayoría, observaron una conducta responsable y atendieron las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La actividad política, que se redujo al mínimo, se concentró básicamente en el Poder Ejecutivo y en un parlamento que inicialmente funcionó con las precauciones del caso.
En ese marco, el Covid -19 se transformó en el principal aliado del gobierno multicolor, que, pese a no estar a la altura de las circunstancias en el manejo económico y social de la demoledora crisis que afecta al país, sigue conservando altos niveles de aprobación por su gestión sanitaria de la epidemia.
A ello ha contribuido, naturalmente, el férreo cerco mediático obsecuente particularmente de los canales de televisión privados, que reproduce recurrentemente el discurso del oficialismo y lo blinda contra las críticas de partidos opositores y sindicatos. Evidentemente, siguen haciéndole los mandados al gobierno, que pagó los favores cuando revocó la adjudicación de tres señales de TV por cable otorgadas por la administración pasada.
Esa circunstancia ha posibilitado que la derecha mantenga el control del relato en todo el territorio nacional, que se replica cotidianamente sin solución de continuidad.
A ello se suma una actitud bastante pasiva y dubitativa de la oposición frenteamplista, que no ha sabido elaborar estrategias tendientes a contrarrestar la ofensiva de la derecha, en temas como la Ley de Urgente Consideración, el ruinoso proyecto de presupuesto que está actualmente a consideración de la Cámara de Representantes y los primeros indicios de abierto clientelismo y eventual corrupción en el seno del gobierno.
Esta situación coyuntural alienta a la derecha a seguir avanzando, con el propósito de arrebatarle gobiernos departamentales a la izquierda y teñir el mapa nacional de multicolor.
Si bien hay varias elecciones que parecen definidas en el interior del país, donde el Partido Nacional por tradición históricamente ha sido mayoría y todo parece indicar que el Frente Amplio extenderá su hegemonía en Canelones, hay un grupo de departamentos en disputa, en los cuales se advierte una persistente paridad.
Por supuesto y, salvo en el caso de Rivera, donde seguramente el Partido Colorado retendrá la intendencia, la contienda a nivel nacional sigue siendo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, con Cabildo Abierto compareciendo en algunos casos bajo su propio lema y en otros en modalidad de alianza.
Otro dato no menor es la participación indirecta y solapada del Presidente Luis Lacalle Pou en la campaña, con reiteradas visitas a departamentos donde se observan escenarios de paridad.
Empero, las peculiaridades del momento histórico pusieron a Montevideo en el foco de las encuestadoras y de los observadores políticos, por tratarse del departamento más estratégico del territorio nacional.
Si bien el Frente Amplio ha gobernado durante treinta años y sigue liderando todos los sondeos de intención de voto con ventajas variables según la singularidad de las muestras, la coalición multicolor de derecha, que comparecerá bajo el lema de su socio menor el Partido Independiente con una candidatura única, está desafiando al oficialismo capitalino.
A esa situación ha contribuido la inmoral campaña de enchastre emprendida contra los tres candidatos de la izquierda, con reiteradas denuncias infundadas contra Álvaro Villar por su gestión al frente del Hospital Maciel y contra la hoy senadora Carolina Cosse, cuya actividad al frente de ANTEL es auditada en tiempo récord y duramente cuestionada.
Si el FA actuara con el mismo talante de un bloque conservador que rompió todos los códigos, hubiera recordado las imputaciones penales por presunta corrupción contra Juan Carlos Raffo, el padre de la candidata multicolor Laura Raffo, quien fue acusado de recibir coimas cuando era Ministro de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.
Es desembozada la injerencia del gobierno nacional en la campaña electoral de Montevideo, con el propósito de favorecer las posibilidades de la postulante derechista, quien se ha limitado a criticar al FA –casi siempre con subterfugios y falacias- y a presentar propuestas nada novedosas, que, en muchos casos, ya han sido implementadas.
En efecto y con un estado de opinión pública favorable por el cómplice blindaje mediático que ha transformado a Raffo en una suerte de estrella, la derecha va por todo también en la capital.
Esta campaña electoral corrobora que el bloque conservador apela a cualquier estrategia con tal de alcanzar el poder en el enclave más estratégico del país, recurriendo a una guerra sucia y a métodos tan espurios como deleznables.
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