ELECCIONES INTERNAS

La realización de las elecciones internas el 30 de junio marca el inicio del ciclo electoral uruguayo. Todo parece indicar que no será muy grande el porcentaje de ciudadanos que concurrirá a votar el domingo. ¿El que gana, gana? ¿Por qué se elige por la convención? ¿Puede suceder que no se elija a un candidato que haya ganado por un pequeño porcentaje con respecto a los otros? ¿La fórmula debería ser el primero y el segundo más votados? ¿Deberían ser obligatorias para contrarrestar esa baja participación? ¿La recurrente baja participación ciudadana, no haría conveniente que revisáramos este mecanismo y consecuentemente el sistema electoral?

Máxima libertad por Alfredo Solari
Para el sistema político creo que es conveniente dar la máxima libertad posible a los ciudadanos en la instancia electoral. Es la forma más idónea para que éstos manifiesten su preferencia individual transformándola en una decisión colectiva. En virtud de ello me parece inconveniente forzar a los ciudadanos a participar en la elección de autoridades del partido político de su preferencia. Sería forzar la voluntad de casi el 50% de los ciudadanos que eligen libremente no participar.
Por otra parte, el sistema vigente adopta criterios distintos para la elección de autoridades partidarias departamentales y nacionales.
A las primeras les otorga mayor libertad, al establecer que el ODD puede promover hasta tres candidaturas a la Intendencia Departamental. En cambio, limita la discrecionalidad del ODN para elegir al candidato (único) a la Presidencia.
Es evidente la diferencia de importancia entre los cargos de Presidente e Intendente siendo el primero mucho más relevante para la conducción de todo el país. Sin embargo, en mi opinión, esto no justifica el mantenimiento de la «Ley de Lemas» en lo departamental.
Por otra parte, la elección del candidato a vice debe resultar de un acuerdo entre el candidato a Presidente y la ODN. Esta responsabilidad compartida me parece adecuada pues, para asegurar su eficacia, el gobierno resultante debe reflejar los matices existentes en cada partido.
Por tanto, el único cambio potencial necesario sería la revisión de las múltiples candidaturas departamentales.

NO ES TAN FÁCIL por Miguel Manzi
En las pasadas internas de 2019 votó menos del 40% del padrón. Probablemente en estas vote menos del 30%. Pero sería una injusticia atribuir tamaño fracaso al sistema electoral (responsable de otros horrores). Lo dice alguien que no cree en el voto obligatorio, ni en las internas, ni en las nacionales, o las universitarias, o las de jubilados, o las que fueran. No creo en la teoría del derecho-deber, y creo que la obligatoriedad es un mecanismo para legitimar a las corporaciones. Sin perjuicio, yo voto, y enseñé a mis hijos a votar, porque creo (con el griego) que el ciudadano que no se involucra en los asuntos públicos, es menos ciudadano (es un idiota, en la acepción griega). Aunque me doy cuenta que a veces la oferta o las circunstancias son tan desmoralizantes, que uno está autorizado a quedarse en la cama. Prestigiosos tratadistas sostienen que el sistema electoral es la piedra de toque de las democracias. Al final, se trata de las reglas para repartir el poder público. Con más o menos garantías para los ciudadanos, más o menos participación de las minorías, más o menos protagonismo de los partidos, y así. El sistema que padecemos actualmente en Uruguay, es el resultado del toqueteo a la Constitución que se perpetró en 1996, en reforma apenitas ratificada por el electorado, promovida por el indisimulado pánico que provocaba la inminente victoria del Frente Amplio. La reforma invocó la teoría de las «familias ideológicas», que se le ocurrió en los 80 a Claus Von Beyme para clasificar a los partidos europeos de la época. El científico alemán identificaba 9 familias. Entre nosotros se cortó grueso, optando por una tosca simplificación que ubicó, de un lado, a los liberales-demócratas-republicanos, y del otro, a los socialistas-marxistas-totalitarios; colocando al Frente Amplio entre los segundos, y a la que hoy es Coalición Republicana entre los primeros. Corte grueso, y grueso error. Sencillamente, no es verdad que la mitad de este país sea socialista-marxista-totalitario. Solo es del Frente Amplio. Además, se copiaron fórmulas de sistemas electorales y políticos menos respetables que el nuestro, que enredan para después hacer trampa. Pese a lo cual, las prevenciones sobre el sistema electoral que Voces insinúa en sus preguntas, aplican solo al PC. En el PN, la amplia mayoría que convoca Delgado las hace irrelevantes. En el P.I. y en C.A., se resuelven por ser unipersonales. En el F.A. manda el Congreso. En términos más generales, los antecedentes autorizan a ensayar un enunciado apodíctico: «Una reforma electoral puede descalabrar a un sistema político; pero se necesita mucho más que una reforma electoral para tener un sistema político de calidad».
¿Un frenteamplista un voto? Por Roberto Elissalde

Hace 30 años los partidos tradicionales veían que la opinión pública avanzaba hacia una visión moderna de estado de bienestar y (al menos algo) de justicia social. Después de las elecciones de 1989, en las que el Frente Amplio ganó el Montevideo y especialmente después de los tercios en que se dividió el electorado en 1994, la derecha inventó el primer mecanismo de convergencia de sus votos y sus intereses: la reforma constitucional que corrió la meta para alcanzar la presidencia de la República. No alcanzaba con ser el lema más votado; a partir de ella se exigió la mitad más uno de los votos. La victoria del FA se aplazó apenas unos años.

Pero esta reforma, ideada para excluir al FA, también tenía elementos positivos, como la designación de candidatos únicos a la presidencia, elegidos a través de un órgano deliberativo nacional (ODN) surgido de elecciones internas o primarias. Lo de las candidaturas únicas había sido un reclamo histórico de la izquierda, pero el ODN de alguna manera se superponía con el mecanismo democrático que sí tenía el FA y no los partidos tradicionales.

La relación de fuerzas internas en el FA decidió en aquel momento que ese ODN no tendría la facultad de enmendarle la plana al Plenario Nacional, órgano estatutariamente en cargado de autorizar/decidir candidaturas. Para una organización democrática y de masas como el FA, siempre existe un grado de distancia entre la opinión de los militantes (que se expresan en su estructura permanente) y la de los votantes (que se expresan en las elecciones nacionales, eligiendo legisladores). En los años finales del siglo pasado el FA pensó y decidió que lo mejor era que los militantes cotidianos (imprescindibles para cualquier proyecto colectivo) retuvieran el poder decidir. Coherentemente con esto, se decidió esterilizar el ODN, por lo que su composición poco importa: hoy la decisión la tienen los electores en primera instancia, pero el poder interno sigue residiendo en un equilibrio entre sectores y bases que integran el Plenario Nacional.

En los momentos de baja militancia en particular, pero en el cotidiano funcionamiento de la fuerza política, se han manifestado sensibilidades y posiciones muchas veces confrontadas. Algunos sectores mayoritarios en las urnas (como el Partido por el Gobierno del Pueblo o Asamblea Uruguay) debieron navegar con corrientes internas mayoritarios en la estructura. En algunos casos ello llevó al cisma (como justo antes de la reforma constitucional) o al acatamiento disciplinado en otras, con los costos políticos asociados.

Este domingo se eligen nuevos órganos deliberativos nacional y departamentales dentro del FA, pero su funcionamiento va a mantenerse atado a las decisiones que la estructura militante tome.

Hace muchos años que la discusión amenaza con superficializarse, pero nunca se concreta: ¿cómo servimos mejor a la consigna “un frenteamplista un voto” y su consiguiente cuota de poder interno? ¿Privilegiando la opinión de aquellos sacrificados militantes de todas las horas, los más politizados y los que “entienden” el funcionamiento del sistema político o la de aquellos que están dispuestos a acompañar determinadas corrientes internas (que tienen un contrato/programa común con las otras) si ése es el rumbo elegido?
Optar entre Yamandú Orsi o Carolina Cosse es importante y urgente. Pero discutir qué tan cerca de la militancia o de los votantes comunes debe estar el FA no parece serlo menos. Queda para la próxima.

Decida por Cristina de Armas

Por primera vez se hace explícito algo que la política intentó ocultar por mucho tiempo: la elección interna es la más importante. Y no es sólo porque de esta elección surgen los candidatos de cada partido y que por lo tanto uno de ellos será el presidente. De esta elección se arman las listas a diputados y senadores de cada partido político que se presentarán en octubre para obtener cargos legislativos; pero, además, luego hay una segunda elección dentro de los partidos donde el sector que ganó la interna y tiene al candidato por el partido toma la mayoría de cargos en la estructura partidaria. Cuando termine el calendario electoral, gane el gobierno o no, será quien haga el reparto de cargos que el Poder Ejecutivo electo le asigne a su partido. Una marea de cargos que usted si elige, cuando vota en la elección interna del próximo 30 de junio y también cuando no vota, cuando decide no decidir. Es tan importante esta elección que la política nunca ha querido que fuera obligatoria. Nunca ha querido que el pueblo elija, ha querido que elijan los militantes y todos aquellos votos que se puedan “acarrear”. Es el tiempo de las promesas y luego de las desilusiones. Por este motivo siempre ha sido la política un ambiente casi de familias en cada partido. Pero algo cambió. En 2014 al Partido de la Concertación departamental lo sorprendió Novick, un empresario. En 2019 Sartori le ganó en la interna a Larrañaga. Por supuesto, el dinero siempre ha sido fundamental para ganar elecciones, pero siempre de los mismos. En las últimas elecciones ha llegado el dinero de los llamados outsiders que ya no sólo quieren financiar, quieren participar y no podemos olvidar un fenómeno social, un mercado millonario que no nos vamos a engañar pensando que acaban de llegar y que nunca han financiado, pero al que se le puede ocurrir participar; el narcotráfico. Ya no se puede dejar librada la elección más importante, la que decide el futuro, al que invierta más. No es mi intención asustarle Lector, tampoco hacerle creer que una ley de financiamiento político brindará transparencia. Mi intención es hacerle entender que la indiferencia es peligrosa, que la no participación deja librado al país a escenarios que nos afectan a todos. Lector, decida.

INTERNAS SIN LIDERES por Isabel Viana

Liderazgo
La sociedad humana no es una masa de seres homogéneos, iguales entre sí física y mentalmente. Su proceso de expansión por todo el planeta llevó a la especie a enfrentar circunstancias muy diversas y a adaptarse a ambientes radicalmente distintos. Cada grupo desarrolló en su territorio culturas adecuadas y habilidades subsistenciales y organizacionales.
En el interior de cada grupo, los distintos miembros desarrollaron especializaciones. Surgieron, entre otros, jefes, sacerdotes, curanderos. Las condiciones necesarias para esas posiciones se desarrollaron a nivel personal y según las circunstancias. Su aceptación grupal fue espontánea.
Los conglomerados humanos crecieron territorial y demográficamente y continuaron diversificándose. Se definió y regularon modos de vida social en ambientes espaciales y culturales diferentes. En su interior se desarrollaron élites de poder y económicas que, a su vez, encararon aumentar la duración y expansión de su poder.
Como resultado de esos procesos surgieron estados, con instituciones y procedimientos definidos, cuyas élites gobernantes, políticas y/o económicas, usaron del poder etático para instrumentar – en lo posible – su permanencia en el poder.
Vida política
La participación activa en la vida colectiva es esencial a la democracia. Un ciudadano debe poder reflexionar (para lo que necesita acceso a flujos de información veraz) y opinar (lo que requiere la apertura de canales de comunicación y diálogo).
Votar en elecciones internas es deseable, pero no es un asunto de Estado: es tema interno de los partidos políticos. Identificar a los líderes naturales de una comunidad política tampoco es tema del Estado. Que el Estado deba organizar, intervenir y pagar por la elección de líderes políticos es una aberración, que permite diagnosticar hasta qué punto el ciudadano común se ha alejado de la vida partidaria. ¿Desilusión por personas y realizaciones de etapas anteriores? ¿Frustración de quienes se vieron paralizados en el hacer por el peso de la burocracia institucional?
Los partidos políticos son parte importante de la vida en sociedad. Surgen en ellos propuestas renovadoras para la construcción del futuro común. Cuando las ideas preceden a la formación del partido, es responsabilidad de quienes lo integran crear formas de difundirlas y compartirlas. En el cumplimiento de la tarea de convencer se forman los militantes y se visibilizan los líderes.
Los partidos han sido vaciados por la maquinaria del poder institucionalizado. Es ella la que requiere elecciones formales, controladas y pagas parcialmente por la sociedad entera.
Elecciones internas
Vivimos hoy una ominosa campaña electoral. Se nos ofrece elegir entre personas cuyas caras conocemos gracias a la publicidad: medios, miles de contaminantes carteles de plástico; convocatoria a seguir bajo banderas históricas al ciudadano que valora votar (“el domingo hay que votar”). Muchos sin trayectoria política. Con “propuestas” que son slogans puntuales y sin enmarque en una visión del futuro del país en el mundo del S XXI.
Todo ello aderezado – en general – por calumnias, reproches y rivalidades por palabras y proveyendo, a la vez, de slogans deplorables e inciertos para uso de las multitudes manipulables, convocadas por colores históricos, todo ambientado por espectáculos, surtidos de cumbias y tamboriles, ¡bien popu!.
No elegimos líderes y menos jefes de estado. Elegimos entre campañas publicitarias multimillonarias que, lamentablemente, subsidiamos. El país entero se permite gastar en esta farándula dineros que no le sobran y que debieran ser destinados a encarar asuntos de encrucijada nacional.
Una elección puede ser hoy un acto muy simple, barato y libre, capaz de recoger directamente la opinión de los ciudadanos. Elegir, representantes de grupos es tema de cada uno de ellos, que usará los procedimientos que su relación con la sociedad le sugiera. Difundir quienes compiten y sus trayectorias es también simple y barato: sobran los medios de comunicación en tiempo real.
Conviene recordar la experiencia de Batlle y Ordóñez para crear su partido: una vida de político; propuestas de avanzada; centros barriales de encuentro y difusión; opinión sin tapujos en un diario de precio al alcance de todos; rotunda y coherente defensa de las ideas que elaboraba con el pequeño grupo de amigos con el que las defendía y llevaba a cabo. Es bueno recordar también la experiencia de Mujica, viejo guerrillero que supo crear y liderar su partido y ganar elecciones sin tanta interferencia institucional.
P.D. – No soy batllista ni seguidora de Mujica…

La participación política por Juan Pablo Grandal

Es común la discusión sobre la obligatoriedad del voto tanto en las elecciones internas como en las elecciones generales, particularmente relacionado a la intención de garantizar la participación de las mayorías en el proceso electoral. Sobre este tema me interesa comenzar mi reflexión de hoy.

Desde mi visión de la conducción política, la participación política de las masas es fundamental. Un gobierno no asentado en la voluntad de las mayorías puede gozar de legitimidad institucional tanto local como internacional, pero no de una legitimidad superior, que solo la puede conceder el pueblo. “Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana”, expresa el credo artiguista.

Pero es más que discutible si los procesos electorales propios de una democracia representativa son los que garantizan la participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones. A fin de cuentas, estamos tomando una decisión una vez cada cinco años, tras lo cual cedemos nuestro poder de decisión a representantes electos. Que luego de acceder a espacios de poder pueden o no basar su acción política en representar la voluntad e intereses de aquellos ciudadanos a los que representan (o dicen representar).

Planteo esto para problematizar la idea de que simplemente obligando al ciudadano a participar en el proceso electoral se promueve la participación política de las masas. También, ¿podría el no concurrir al acto eleccionario ser una forma de participación, de dar un mensaje a la clase política? En sentido opuesto, alguien que concurre a votar obligado y toma su decisión sin mucha reflexión previa, ¿está realmente participando?

También da para discutir si solamente las elecciones donde se define el reparto de poder interno de los partidos políticos, o la competencia entre los distintos partidos por acceso a espacios de poder institucional en octubre y noviembre, deben tener importancia. ¿Realmente son los partidos políticos las instituciones más representativas del pueblo? Gremios, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, iglesias, clubes barriales, ¿no son más cercanos a la realidad de las mayorías?

Si lo que interesa es garantizar la participación real de las mayorías, ¿no deberíamos promover mayor acceso de estas organizaciones a espacios de poder y su participación abierta en la toma de decisiones? ¿Por qué todo debe definirse entre una repartija de poder entre partidos políticos en primer lugar, y acuerdos oscuros tras bambalinas a los que las mayorías no tenemos el más mínimo acceso, en segundo lugar? ¿Garantiza la democracia liberal, republicana, representativa, que el poder resida en las mayorías populares? ¿Modifica esto en algo que en las elecciones internas voten el 40, 60 u 80% de los habilitados a votar? Yo tiendo a creer que es un problema sistémico. Que con el tiempo viene generando desconfianza en muchos sectores sociales en las instituciones, llevando a menor participación y además al crecimiento de figuras realmente monstruosas desde lo ideológico que se nutren de este (en casos, entendible) resentimiento. Como Javier Milei.

En resúmen, me parece un momento interesante para plantear la representatividad real de nuestro proceso electoral y organización institucional, que va más allá de la participación en este hecho puntual. Y también plantear otras cosas. Si tanto importa la participación electoral, ¿por qué no plantear que el transporte público sea gratuito el domingo de las elecciones? ¿Cuánta gente no concurre a votar para ahorrarse el costo del boleto? Muchas más preguntas son pasibles de ser planteadas, mucho más interesantes que la obligatoriedad, a la hora de discutir la participación política.

Elecciones internas, la vice y el sistema electoral por Oscar Mañán
Las elecciones internas de los partidos no tienen demasiada participación si el comparativo son las elecciones nacionales, por la obvia razón de la obligatoriedad en las últimas. Se dice que al ser voluntaria la concurrencia a menudo depende del magnetismo de los candidatos, de la competencia interna en los partidos, hasta del clima de ese día o de que existan otros eventos convocantes (i.e. Copa América), o ciertamente, los costos de movilizarse para aquella población que vota fuera de su lugar de residencia.
Quienes defienden la obligatoriedad ponen énfasis en la legitimidad que le daría a los procesos electores una participación masiva en las urnas. En Uruguay existe una predisposición histórica a participar en las convocatorias electorales dada justamente esa tradición de obligatoriedad. No obstante, esa predisposición se deteriora cuando los partidos y la transparencia en su funcionamiento dejan mucho que desear, o los candidatos no seducen, o el mismo sistema político genera descreimiento en la población. Tal vez, los últimos escándalos de corruptela gubernamental, podrían jugar un papel explicativo si se diera una baja participación electoral.
Particularmente, prefiero la no obligatoriedad, tanto de internas como de las nacionales o locales. El argumento robusto es que la democracia se ve fortalecida no porque muchos vayan a votar, sino porque lo hagan a conciencia, para brindar legitimidad, gobernabilidad, y eventualmente, defiendan a la organización política. Las personas que no están convencidas, que no votan a conciencia, las que participan obligadas por posibles sanciones, son a menudo presa de noticias falsas o acciones que buscan manipular su decisión. Esto último, sí genera mayor vulnerabilidad a la democracia.
La idea de fórmula electoral no cumple un papel estricto en el sistema electoral (más allá del tradicional), el candidato más votado será el aspirante a la presidencia, mientras que las estructuras partidarias deberían determinar su acompañante. Aquí aparecen problemas del sistema electoral, que ya son varios y urge una reforma como lo plantean los estudiosos del tema (i.e. Oscar Bottinelli). Ciertamente, la función de la vice-presidencia, está en conducir la Asamblea General y la Cámara de Senadores y sustituir al presidente a solicitud cuando este deje el cargo, o reemplazarlo cuando el alejamiento sea permanente (Art.94 y 150 de la Constitución). Una discusión sobre si éste era un cargo o una función tuvo lugar cuando renunciara Raúl Sendic, quien debió ser sustituido por el senador más votado de la lista más votada (en aquél entonces la Senadora Topolansky).
En resumen, el legislador pensó en el vice-presidente como articulador entre el poder legislativo (del cuál sería la cabeza visible) y el poder ejecutivo. Salvo en las eventualidades dónde sustituye al presidente, aquí se convertirá en la cabeza del ejecutivo, pero no tendría su lugar en el legislativo (resguardando la división de poderes). Un análisis histórico muestra que son pocos los casos en que el vice-presidente participa de reuniones del ejecutivo (Bottinelli cita como excepciones las de Pacheco Areco y Nin Novoa).
El sistema electoral uruguayo tiene varios otros problemas, infraestructura disponible, de organización (formación de los delegados en las mesas), logística, papeletas, etc.. Pero, fundamentalmente, el documento que le permite votar a los ciudadanos, una credencial que se saca al cumplir la mayoría de edad y su uso se limita a los actos electorales. Sería mejor ir a un documento único para todas las actividades ciudadanas, cédula de identidad y/o carnet de elector, pero único y desde el nacimiento con algún código de barras que registre la información imprescindible. En la última presentación de firmas para activar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, se descartaron muchas de tales firmas (más que en otras ocasiones) bajo la causa dominante de que la misma no coincidía con la estampada en la credencial. Parecería obvio que la firma en un documento emitido a los 18 años no coincida con la que una persona estampe a los 60 u 80, por lo que la aplicación de tal criterio es por lo menos llamativo.

¿Las Convenciones convencen? Por Rodrigo da Oliveira
Estamos nuevamente frente a la primera parte del largo proceso electoral uruguayo, las elecciones primarias. Más conocidas por nosotros como «internas», aunque no lo sean en puridad, dado que son abiertas, no es necesaria la adhesión partidaria y, además, no son obligatorias.
Algunas voces sostienen que sí deberían serlo, al igual que las demás instancias, a saber: nacional, segunda vuelta eventual y municipales.
Es esta la oportunidad de los diferentes sectores de mostrar su poderío en votos, con miras a la integración de las listas de candidatos al Parlamento, además de elegir quién encabezará las fórmulas partidarias y las diferentes Convenciones nacionales y departamentales. Órganos de importancia en general subvalorada, ciertamente.
En el sistema dado por la última reforma electoral, aún no se ha dado, pero podrían llegar a determinar un candidato a la presidencia que no fuere ninguno de los votados en las primarias.
Si ninguno alcanzare la mayoría absoluta o superado en más de un 10 % al segundo, una eventual fórmula de consenso podría surgir de tal Convención Nacional, ya promulgada esta por la Corte Electoral.
Hoy se le adjudica una función subalterna, la de elegir y/o promulgar el candidato a la vicepresidencia.
Una manera posible es que sea la persona que quede segunda en las preferencias de los votantes de un lema. Otra, buscar una fórmula paritaria en género; otra un candidato de consenso para todos.
Válidas todas ellas, será cada partido y su Convención quienes lleven adelante esa tarea.
Poco énfasis se pone en convocar al mayor número posible de votantes, siendo ella una manera de mantener la salud del sistema.
Los diferentes candidatos deberían tomar como tarea principalísima aumentar el caudal ya no solo de sus votantes, sino de sufragantes en general. Sostener al sistema es tan importante como cada instancia sucesiva. De otra manera, seguiremos perdiendo electores voluntarios, para tener apenas gente obligada, descreídos más aún de instituciones y del ejercicio tan natural de ciudadanía como es el sufragar.
Se estima entre 35 y 50 el porcentaje de asistentes el próximo domingo (para otros mucho menor); ello trae como consecuencia que los grupos más movilizados y con mayor «aparato» partidario, tiendan a recibir más adhesiones.
¿No termina siendo ello una manera de desviar el sentido de estos órganos, donde la elección no termina representando la voluntad real de la mayoría de electores de esa fuerza política?

Algunos apuntes sobre la campaña interna por Sebastian Valdomir

Si se tuvieran que enumerar algunos de los aspectos más destacados de estas elecciones Internas del ciclo electoral, en lo que refiere al posicionamiento de los distintos partidos políticos, del gobierno y las precandidaturas primarias, se deberían incluir algunas cuestiones de fondo y contenido, más algunas otras de forma. A continuación un breve punteo de algunas que aparecen como relevantes para analizar este inicio de ciclo electoral 2024-2025.

Desde la perspectiva del Frente Amplio, como único partido de oposición, es importante subrayar que se encuentra ante una tarea nada sencilla como es desplazar del gobierno a un conglomerado de intereses políticos que se puso como objetivo reeditar por otros cinco años la experiencia de la “Coalición Republicana”. Por esto, llama un poco la atención que no exista un consenso interno de la izquierda uruguaya acerca de las reales dimensiones de este desafío político. Porque debería asumirse que a menos que el gobierno saliente este totalmente desacreditado, ganarle al oficialismo en una elección nunca es una tarea fácil. Por eso no es lo más inteligente plantear que el Frente Amplio va a volver a ser gobierno “sea como sea”, por varias razones: la mas simple es que al Frente todos los avances le han costado históricamente miles de horas de esfuerzo militante, paciencia, creatividad, liderazgos creíbles y propuestas radicales y realizables. Nunca nadie le regaló nada al Frente Amplio. Y solo volverá al gobierno en el escenario que todos sus sectores, referentes y estructuras afinen una partitura común y militen cada día entre el 1 de julio y el 30 de octubre como nunca antes.

Pensar que este gobierno del Partido Nacional se va a ir solo por la puerta de atrás sin dar pelea es un error político. El Frente Amplio debe encarar esta etapa como si fuera la madre de todas las batallas, y sólo si se milita en consecuencia, podrá derrotar al conglomerado oficialista en las elecciones nacionales que se avecinan.

En este plano, va una segunda consideración: este Partido Nacional sale de su elección primaria sin las heridas internas de otras veces, y si vemos cuánta plata se ha gastado en esta elección de junio, nos podemos imaginar cuánta plata va a gastar en publicidad, medios y marketing político en octubre. El despliegue mostrado es apenas una fracción de lo que van a emplear en octubre, por lo cual el Frente Amplio estará ante una campaña publicitaria abrumadora que deberá resolver cómo enfrentar.

Una tercera consideración a profundizar es si una colectividad política como el Partido Colorado va a asumir consciente y mansamente el papel de actor de reparto que le asignan incluso algunos de sus propios precandidatos. Su dirigencia parece que sí, pero resta saber si su militancia de raíces históricas batllistas va a acompañar esa estrategia de auto eliminación y testimonialidad asumida. No es menor que esta cuestión se resuelva de una manera o la otra, porque para un partido fundador del Estado, con identidad política definida -aunque desdibujada- permanecer como auxiliares de fiestas ajenas puede significar la clausura definitiva, en algunos casos asemejándose a lo que experimenta el Radicalismo en Argentina.

En la historia política contemporánea, solo una vez el Partido Nacional logró ganar una elección para reelegirse como gobierno; se debe ir hasta las elecciones de principios de los años 60 para tener ese único antecedente, que se sabe que tipo de proceso político de violencia institucional y descomposición inauguró posteriormente de la mano del ajuste del autoritarismo. Como se sabe en los años 90, el gobierno de Lacalle Herrera no tuvo segunda parte y ahora resta saber si habrá segundo tiempo; para la ciudadanía uruguaya es como demasiado pesado el recetario emanado del Honorable Directorio como para repetir el mismo plato por dos veces. Pero esto además nos obliga a pensar otra perspectiva que es la siguiente: si el prontuario de escándalos que este gobierno ambientó en poco más de cuatro años de gestión no impide una reedición de gobierno, la dimensión de la impunidad para ejecutar la misma receta sera incalculable. Es decir, si este gobierno se reelige con Astesiano, Marset, la entrega del puerto, el juicio internacional que eso trae aparejado, Casa de Galicia, la explosion de la violencia, aumento de desigualdad y pobreza infantil, Salto Grande y todo el fichero que se puede enumerar de cuestiones reñidas con la transparencia Republicana, lo que vendrá después será peor, seguramente peor, por la impunidad con que se van a tapar todas estas situaciones. Estamos avisados.

Por último, bastante se ha asociado el nivel de la discusión política de esta campaña con la chatura y el desinterés ciudadano. Como fenómeno de adhesión política, este tema seguramente será analizado en perspectiva en base a evidencias empíricas, pero más desde el plano cualitativo, es necesario subrayar que para mantener buenos debates siempre hacen falta al menos dos actores, ambos consustanciados con la intención de dar buenos argumentos para la toma de decisiones de la ciudadanía. Y el gobierno faltó con aviso casi en pleno a esta cita. Porque siempre los más responsables son los más responsables, y quienes deberían dar el tono de la discusión política son las autoridades de gobierno y sus dirigentes de primera línea. Pero lamentablemente, en lugar de buenos debates, asistimos por parte del elenco oficialista a una deliberada intención de dejarle la cancha libre a lumpen intelectuales que marcaron el tono de la descalificación y la tergiversación de los resultados de las políticas públicas. El Frente Amplio tendrá que mostrar su capacidad de establecer canales alternativos de escucha y diálogo social con la ciudadanía para eludir el barro argumentativo del oficialismo, generado por esos intelectuales lúmpenes que se mencionaba antes.

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