“Cataluña dice, los catalanes dicen: Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español” (Manuel Azaña a las Cortes de la Segunda República, 27 de mayo de 1932)
Una gran interrogación se abre en la península acerca de qué y cómo se resolverá y saldará el contencioso catalán que amenaza -para preocupación de Madrid- desbordarse y auspiciar situaciones parecidas en otros sitios, ateniéndonos a las manifestaciones habidas en Galicia y en el País Vasco. Estas acompañan la declaración independentista del Parlament de Catalunya y de la Generalitat del pasado 27 de octubre, contestada desde el Estado Central con la aplicación del Artículo 155 que a la vez destituye, suplanta y convoca a una elección de autoridades, reprime apresando -de momento- a 10 representantes de la autoridad catalana y persigue a otros internacionalmente, demandando la extradición. El contagio de lo ocurrido con la generación del conflicto entre las partes confrontadas y encerradas en este callejón, parece un virus de propagación sine die a otras áreas de la península.
Por cierto, Carles Puigdemont, presidente depuesto de la Generalitat, y los cuatro exconsellers que están con él en Bruselas, quedaron en libertad luego que un juez les tomara declaración. Les impusieron medidas cautelares retirándoles los pasaportes y tendrán que comunicar dónde se alojan, mientras corren los 15 días en que se analizará la euroorden española. Puigdemont permanecerá en Bélgica durante la campaña electoral ordenada para diciembre: él especula con presentarse como candidato. El vicepremier belga y ministro del Interior, Jan Jambon, afirmó que Madrid “ha ido demasiado lejos” en la respuesta al desafío independentista. “Existe la ley española -dijo- pero también el Derecho Internacional, la Convención Europea de Derechos Humanos y otras cosas. Y todo esto está por encima de la ley de un Estado miembro”, afirmó. Jambon es un ultraderechista flamenco, miembro del separatista Nueva Alianza Flamenca, uno de los tres partidos del gobierno.
Desde Madrid imputan a presos y requeridos por delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho: a la justicia metropolitana sólo le faltó -para aumentar la gravedad de los supuestos delitos- acusarlos de terrorismo. Por todos los medios de difusión que dispone incitan en el reino a la animadversión contra catalanes independentistas soberanistas, intoxicando -afirman algunos- su comunicación monárquicos y burgueses, plenos de supremacismo centralista y colonial, propios del franquismo. La pluralidad, como la existencia de diversas nacionalidades, es indeseable para la imposición centralista, cómplice de poderes económicos regionales que, a su vez, menosprecian las iniciativas populares.
Sin embargo, se debe decir que el gobierno español no es la dictadura franquista, aunque mantiene estamentos político-administrativos, comportamientos y formas impropias de democracias maduras: su centralismo es considerado natural en un mundo que da cada vez más poder a las regiones urbanas.
Hay que considerar que la Constitución española de 1978 no precisó el alcance jurídico de las autonomías y la consideración acerca de nacionalidades en España. Fue así que produjo -según expresión de un parlamentario- un “amasijo sintáctico” en su Artículo 2: una “patria común e indivisible”, España, con “nacionalidades” en su seno. Por su lado, el Tribunal Constitucional (TC) interpuso un límite en 2008 cuando suspendió la consulta soberanista del País Vasco, manifestando que el único “titular del derecho a decidir” es “el pueblo español”, y en 2010 al dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña: anuló 14 artículos e interpretó 23. Los integrantes del TC indicaron que “Cataluña como nación” y la “realidad nacional de Cataluña” carecen de “eficacia jurídica” porque “la Constitución no conoce otra nación que la española”. De paso declararon inconstitucional el uso preferente del catalán sobre el castellano en instituciones y medios de comunicación públicos, anularon el Consejo de Justicia y la competencia de la Generalitat para acordar la fiscalidad a los ayuntamientos.
Hoy Madrid se comporta como afirmaba Manuel Fraga sobre “la introducción de la expresión nacionalidades en la Constitución”, que “para nosotros no existe más nación que la española […] Y no es el momento de volver sobre el hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo; ni de recordar […] las inevitables consecuencias de un pretendido derecho a la autodeterminación y a un Estado propio”.
Las autoridades asentadas en Castilla-La Mancha ni siquiera se permiten el desliz de un espacio para considerar al liberal austríaco Hans Kelsen quien sustentaba que el Estado Central está obligado por todo aquello que los Estados miembros dispongan dentro de la competencia que les atribuye y determina la Constitución General. Se trata, de acuerdo con el tratadista, de una afirmación que significa una verdadera autonomía asignada y respaldada en la Carta Magna correspondiente.
Asimismo, hay que reflexionar que los independentistas catalanes y su gobierno cometieron varios imprudentes errores: se fijaron la independencia como meta fundamental, cortoplacista, cuando el proceso -que cobró fuerza en la última década- debió considerarse de largo plazo, sin inmediatez. Otra innegable falencia la constituyó la sistemática negativa a un referéndum legal y el rechazo permanente a la negociación. El tercer equívoco fue el triunfo del 1-O que indujo a la declaración de independencia. De lo anterior se coligen, en boca de analistas, dos cosas: “se puede morir de éxito” y “Catalunya no es el problema, el Estado español sí lo es”.
En tanto, el sindicalismo catalán, opuesto a la aplicación del 155, firmó la Taula per la Democràcia por un centenar de asociaciones reunidas por organizaciones locales, el 3 de noviembre, que consideran la medida del gobierno madrileño “un ataque directo a la democracia”.
El análisis que se hace indica que las varias expresiones de derecha españolas precisan “enemigos” para hacerlos chivos expiatorios. El comunismo y sus militantes ya lo fueron. Antes y después, ETA; ahora los migrantes, musulmanes y en particular los yijadistas, pero a pesar de su número son insuficientes “para justificar la corrupción, las políticas antisociales, los privilegios de las élites políticas y económicas. Ahora el chivo expiatorio son los catalanes -que pretenden ‘romper España’-, los supuestos culpables de la recesión económica que acecha y la deuda española acumulada por la pésima gestión del gobierno y del sistema financiero. Es la estrategia de los ‘pogroms’: desviar la atención de las clases populares y medias hacia un enemigo ficticio, al que se señala como diferente y perverso, que justifica el autoritarismo y la mala gestión pública. Se adivina también un proyecto político desdemocratizador y recentralizador del Gobierno español y compartido probablemente por los populares, neoderechistas de Ciudadanos y dirigentes y barones del PSOE”.
Según escribe Vicenç Navarro -casi proclamando una inclinación partidaria- Podemos (un partido que no existía hace sólo cuatro años) ha alcanzado tales dimensiones a lo largo del territorio español -junto con otros nuevos partidos políticos como En Comú en Cataluña, En Marea en Galicia, y otros renovados como Izquierda Unida y Equo- desarrollando un nuevo espacio político con una clara vocación transformadora de España que ha asustado a las estructuras del poder económico y financiero y a sus instrumentos políticos que temen perder sus privilegios.
Como señalamos en otra colaboración, lo jurídico -con la aplicación de la ley- no soluciona con justicia los problemas políticos.
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