La restitución de la placa en homenaje al desparecido represor Víctor Castiglioni en la sede de la Dirección de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, constituye un hecho realmente escandaloso, tomando en cuenta los oscuros antecedentes del ex inspector de Policía y su actuación en los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente.
En efecto, no se explica que un gobierno supuestamente democrático ungido por la voluntad popular expresada libérrimamente en las urnas en noviembre pasado, haya reivindicado a uno de los peores criminales de la dictadura liberticida.
Es insólito que el Ministro del Interior Jorge Larrañaga, quien se autodefine como wilsonista aunque no lo parezca, admita –sin pruritos y sin pestañear- un desliz de esta naturaleza.
Obviamente, el caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate fue un férreo opositor al gobierno autoritario, que lo proscribió, lo persiguió y lo encarceló para que no pudiera ser candidato a la presidencia de la República, en las rengas elecciones tuteladas convocadas por los usurpadores uniformados de 1984.
Por más que el histórico líder votó en 1986 la Ley de Caducidad que perdonó los delitos de lesa humanidad perpetrados por los militares, en el marco del sórdido plan de impunidad urdido por el entonces presidente Julio María Sanguinetti, nadie puede dudar de sus reconocidas credenciales democráticas.
En efecto, el dirigente y fundador del Movimiento Nacional por la Patria del Partido Nacional, fue, sin lugar a dudas, un enemigo acérrimo de la dictadura cuyos atropellos denunció –durante su largo exilio- en diversos foros internacionales y ante organizaciones de derechos humanos.
En ese contexto, trabajó coordinadamente con la Convergencia Democrática, una organización multipartidaria de resistencia al autoritarismo y la prepotencia que operó desde el exterior.
No hay nada que puede identificar a Jorge Larrañaga con Wilson Ferreira Aldunate, quien jamás hubiera impulsado o apoyado medidas furiosamente represivas como las contenidas en la fracasada reforma constitucional fascista “Vivir sin miedo”, que, en caso de haberse aprobado, hubiera permitido los allanamientos nocturnos, la creación de una guarda nacional integrada militares y el establecimiento de la retrógrada pena de cadena perpetua.
Por esas contradicciones, que son naturalmente flagrantes, a nadie debería sorprender que una Secretaría de Estado conducida por el inefable Larrañaga admita la reivindicación pública de un criminal como el Inspector Víctor Castiglioni.
Naturalmente, el hecho promovió un pedido de informes del Frente Amplio al Ministerio del Interior. Al respecto, el senador del MPP Charles Carrera reflexionó: “parece realmente lamentable, creo que es un mensaje muy complicado. En ese lugar se practicaron torturas en forma sistemática y Castiglioni es un responsable. Es preocupante, a casi 47 años del golpe de Estado, tener que recordar que víctimas de terrorismo de Estado tuvimos todos los partidos políticos”.
La placa fue retirada en 2016 durante el tercer gobierno progresista y el salón de actos fue rebautizado con el nombre del fallecido Julio Guarteche, un ejemplar jerarca policial recordado por su valor, su ética, su inteligencia y su honestidad.
No parece coherente reparar la memoria de un personaje tan siniestro, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la dictadura hasta 1982 y ha sido denunciado por múltiples crímenes.
En efecto, Castiglioni, quien fue acusado en 1972 de integrar el Escuadrón de la Muerte y de participar en el operativo de secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976, también fue imputado de organizar una fuerte ofensiva en 1975 contra el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda.
Asimismo, se le señala como protagonista de la denominada Operación Morgan, responsable de 23 desapariciones, 16 asesinatos por tortura, un homicidio en Argentina, seis muertes en prisión y salvajes apremios físicos a cientos de presos políticos.
Incluso, antes de abandonar su cargo, este policía criminal informó al Ministerio del Interior del gobierno dictatorial que, en cuatro años, había investigado a 300.000 personas, según lo denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
El propósito de este trabajo sucio era determinar si los indagados habían pertenecido a organizaciones de izquierda y/o sindicales o tenían “antecedentes ideológicos negativos”, a los efectos de otorgarles o no el denominado certificado de “fe democrática”.
En este caso, los ciudadanos eran divididos en las categorías A, B y C. De esa arbitraria calificación dependía la autorización para desempeñar diversas actividades o para acceder a un puesto de trabajo.
Naturalmente, nunca fue imputado penalmente, porque se amparó en la Ley de Impunidad y falleció en 2000.
Estas son algunas de las fechorías perpetradas por este sombrío criminal, cuya placa volvió a ser colocada en la sede de la Dirección Nacional e Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, con la insólita inscripción “Al señor. Insp. Gral. (R) Víctor Castiglioni en homenaje a su liderazgo sustentado en firme convicción, fuerza moral y una visión profesional ejemplar”.
El episodio es otro brutal desaguisado de este impresentable gobierno multicolor y de un Ministro del Interior que, pese a su talante represivo, no ha logrado bajar la tasa de delitos en pleno confinamiento por la emergencia sanitaria y menos aun la de homicidios, que ya marca un auténtico récord, aunque se insista en maquillar las cifras oficiales.
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