La furibunda ofensiva por la apropiación del relato de este gobierno predador en torno a las ollas y los merenderos populares, es otra deleznable expresión de odio y desprecio de clase hacia quienes ejercen la solidaridad sin pedir nada a cambio, con el propósito de mitigar los estragos provocados por una política económica hecha a la medida de la burguesía.
En tal sentido, la controversia entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Coordinadora Popular y Solidaria constituye un contundente testimonio de las falacias y la hipocresía del oficialismo, que sigue negando lo innegable.
Aunque nadie pueda afirmar que la situación es tan grave como hace dos años, cuando irrumpió la pandemia de Coronavirus, es evidente aun persisten miles de personas castigadas por la miseria y con sus necesidades básicas insatisfechas.
No en vano, como denunciamos en una columna precedente, aun existen 380.000 uruguayos situados bajo la línea de la pobreza y este indicador estadístico, que debería convocarnos a la reflexión como sociedad, se mantiene en un 10,7% de la población, dos puntos más que en 2019. La situación más aguda es la que afecta a la infancia y la adolescencia.
Como este gobierno inescrupuloso miente a cara de perro como estrategia sistemática para parapetarse detrás de una blindada cortina de falacias, acusa a las organizaciones sociales de mentir en un tema tan sensible como la alimentación.
En tal sentido, una reciente investigación de campo condensada en un minucioso informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, retrata -con contundente elocuencia y en toda su crudeza- la dramática realidad que afecta paradójicamente a la multitud de uruguayos que aun padecen hambre, en un país de poco más de tres millones de habitantes pero con capacidad para alimentar a treinta millones.
Según el reporte, si bien este año funcionan 103 ollas populares menos que en 2020, la cantidad de porciones servidas es virtualmente la misma, lo cual evidencia que la realidad mata al relato malicioso y enrevesado del gobierno.
En efecto, de las 645 iniciativas populares que había en 2020, hoy quedan 542 funcionando en todo el territorio nacional. Empero, aunque hay menos ollas, las bocas siguen siendo casi las mismas. Al respecto, mientras hace dos años las porciones que se servían eran 1.880.466, entre junio y julio de 2022 ese número está situado en 1.806.853.
Otro dato realmente sugestivo es que el descenso de la cantidad de establecimientos solidarios que entregan comida gratuita se registró en el Interior, pasando de 381 en 2020 a 219 en la actualidad. Sin embargo, muy por el contrario en Montevideo se ha registrado un incremento, de 273 ollas activas en 2020 a 323 que funcionan en el presente.
En definitiva, los números corroboran que el 59% de las ollas o merenderos operan en nuestra capital, ya que la capacidad de los comedores de Instituto Nacional de Alimentación que gestiona el Estado no alcanza a cubrir la demanda emergente.
Incluso, hay personas que trabajan y por ende reciben un salario mensual, pero igualmente acuden a las ollas, los merenderos o los comedores, porque sus irrisorios ingresos no son suficientes para cubrir el costo del arrendamiento de una vivienda o de una pieza de pensión y la manutención de un hogar, con una inflación anualizada que está orillando el 10%.
Por supuesto, las autoridades no coinciden con las cifras aportadas por la Coordinadora Popular y Solidaria ni por el detallado informe de la Facultad de Ciencias Sociales, aunque sea imposible tapar el sol con un dedo.
Evidentemente, quieren convencer a la opinión pública que las necesidades básicas insatisfechas de miles de compatriotas son parte de un relato de la oposición y de las organizaciones sociales, pese a que el propio Instituto Nacional de Estadística reveló, en su último reporte, que la pobreza creció en el primer semestre del año en comparación con igual período de 2021.
Si bien la confrontación de números en torno a las bocas hambrientas genera controversia, lo cierto es que la realidad sigue siendo muy grave, pese al sostenido crecimiento de la economía registrado el año pasado y en los primeros seis meses de este año.
En el núcleo de esta polémica, que culminó con el retiro del apoyo estatal a estas loables iniciativas espontáneas, subyace el odio y el desprecio por la militancia solidaria y desinteresada.
Evidentemente, no valoran que cientos de personas se pongan al hombro la responsabilidad de alimentar a compatriotas carenciados, aportando su tiempo, su esfuerzo, su trabajo e incluso, en algunos casos, su propio dinero para sostener ollas y merenderos.
Tampoco quieren admitir que el fruto del crecimiento macroeconómico, que el año pasado superó el 4% y este año aparentemente trepará al 5%, sigue sin derramar al conjunto de la sociedad, acorde a las reglas de un modelo capitalista de inspiración ortodoxa y rabiosamente neoliberal.
¿Es racional que en un país donde una minoría privilegiada ahorró en cuentas bancarias la friolera de 9.000 millones de dólares en dos años haya todavía miles de uruguayos alimentándose gracias a la solidaridad y el apoyo estatal?
Esa interrogante, que debería ser respondida por un gobierno que hizo de la mentira un discurso y una estrategia manipuladora, se explica por una política económica de impronta clasista que privilegia únicamente los intereses de la clase dominante en detrimento de las demandas y necesidades de las grandes mayorías nacionales.
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