(1)
El 24 de agosto de 1994, una multitud se reunió en los alrededores del Hospital Filtro. La justicia uruguaya había fallado favorablemente un pedido de extradición de ciudadanos vascos al Reino de España por su presunta pertenencia a la banda terrorista ETA.
Estos ciudadanos vascos se encontraban -aparentemente- en huelga de hambre y, esas miles de personas que se concentraban en las proximidades del hospital, lo hacían en protesta por una decisión judicial que consideraban absolutamente injusta.
No es intención de esta nota referirse a los tristes incidentes que se produjeron ese día, ni a la lamentable actuación de las autoridades públicas, especialmente las del Ministerio del Interior.
Lo que sí me importa destacar es que -naturalmente- los distitntos medios de prensa se ocuparon mucho de la situación. Así, hubo radios que no solamente enviaron periodistas al lugar de los hechos, sino que, como en el caso de Radio Panamericana, se hizo una transmisión continua a cargo de dos periodistas desde estudios centrales y permanentes intervenciones de aquellos que trabajaron en el lugar.
El Director de Radio Panamericana era José Mujica. Los dos periodistas a cargo de la transmisión desde estudios a que se hizo referencia en el párrafo anterior -perfectamente identificados- comenzaron a emitir una serie de frases e insultos contra el Fiscal actuante y otras autoridades (por ejemplo, al referirse al Fiscal actuante en la extradición, se referían a él como “el gordo Fulano”), además de un collar de insultos y acusaciones.
En noviembre de 1994, José Mujica es electo diputado por el Frente Amplio Encuentro Progresista. Asume el 15 de febrero de 1995. Ese fue el día en que Pepe llegó con su moto al Palacio Legislativo y estacionó su moto en el lugar reservado a legisladores y funcionarios. “¿Se va a quedar mucho?” preguntó uno de los porteros. “Si los milicos me dejan cinco años”, dicen que contestó. Si non e vero…
(2)
Instalada la 44a legislatura (período 1995 – 2000), la Cámara de Representantes recibe el pedido de desafuero del Señor Representante Nacional José Mujica, por su responsabilidad en delitos cometidos a través de la prensa.
Recibida la solicitud, la cámara pasa el asunto a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración que yo tenía el honor de integrar por el FAEP junto al inolvidable Daniel Díaz Maynard.
En los pedidos de desafuero, la Cámara involucrada debe decidir “si hay lugar a la formación de causa”. Con esta tarea por delante, la comisión (que debe hacer un informe al pleno de la Cámara acerca de si es pertinente o no el pedido) decidió convocar al Fiscal actuante a efectos de que se explayara sobre el por qué de su petición.
El Fiscal explicó a la Comisión que se habían cometido tales y cuales delitos a través de un medio de prensa, concretamente de Radio Panamericana y que, siendo en el momento de la comisión de esos delitos José Mujica Director de esa emisora radial, era penalmente responsable de éstos.
23 años después, tengo muy presente el estupor con que escuché esas palabras. Le señalamos entonces al Señor Fiscal, junto con Daniel Díaz Maynard y Felipe Michelini, que la responsabilidad de un Director de un medio, segúna la ley de prensa vigente, era subsidiaria y para el caso que no se pudiera identificar a el o los responsables de la emisión, el escrito o lo que fuera. Porque si la ley no hubiera establecido esto, de hecho se estaría fomentando la censura previa, ya que la única manera que un Director podría salvar su posible responsabilidad era controlando primero qué se iba a escribir o a decir.
Ante este cuestioamiento, el Señor Fiscal vaciló unos segundos y luego dijo algo así como: “No lo había pensado así” (como si hubiera otra forma de pensarlo, digo yo). Y agregó: “Voy a estudiarlo”. Tardó mucho en pensarlo y estudiarlo, porque nunca más supimos nada.
La Cámara nunca trató formalmente el desafuero. Todos tuvimos claro que aquel pedido era un disparate.
(Todo lo aquí relatado se puede leer en las actas de la Comisión. No es difícil. Los secretarios son extraordinariamente eficientes.)
Naturalmente que, si no hubieran existido los fueros, posiblemente José Mujica hubiera sido procesado y su carrera política terminaba allí lo que, a todas luces, hubiera sido tremendamente injusto. A un señor puesto en su banca por miles de personas, lo hubiera sacado el grave error de un Fiscal. Para quien llegó a ser Presidente de la República, no habría habido después.
Por eso Pepe te ruego que medites sobre tu propia historia ante de apoyar propuestas irresponsables de quienes no entienden el profundo sentido democrático de la separación de poderes. Y, como trataré de explicar suscintamente más adelante, sin fueros la separación se ve profundamente afectada.
(3)
Hace unos años (no muchos, fue en este siglo) en la capital de un departamento del interior del país “de cuyo nombre no quiero acordarme”, se produjo una gran inundación que provocó muchísimos evacuados. Naturalmente que, en situaciones como estas, la urgencia le gana a todo. Permanentemente hay que tomar decisiones y todas ellas a partir de una premisa fundamental: asegurar la vida de la gente y ayudarla a que pase lo mejor posible hasta que la situación se resuelva.
En estas circunstancias, el Poder Ejecutivo de la época destinó una partida de dinero para la compra (supongamos) de frazadas. Cuando la referida partida llegó finalmente a las arcas de la Intendencia, ésta había recibido una gran donación de frazadas y, con buen tino, el Intendente decidió que ese dinero se destinara a la compra de (supongamos) carpas para alojar a los damnificados. Pués a un Señor Fiscal se le ocurrió que eso era un delito porque el dinero se había entregado para un destino y se lo aplicaba para otro.
Recuerdo que, cuando era niño, en casa mamá tenía unas cajitas. En una ponía la plata de la UTE, en otra la de OSE, en otra la de la libreta del almacén, etc. Parece que este era el sistema de administración que el Señor Fiscal pretendía que se aplicara. Si la cajita contenía dinero para frazadas, aunque se hubiera acumulado stock como para venderlas, ese dinero no se podía usar para otra cosa. Y como el Señor Intendente había cesado en su mandato y había sido electo diputado, se solicito su desafuero.
Por supuesto que no se aprobó. Simplemente porque era un tremendo disparate. Y tanto en el caso de Mujica como en este último, la Cámara de Representantes no defendió la impunidad de nadie, sino que cumplió con su deber constitucional de determinar si había lugar a la formación de causa. En definitiva, se trató de sostener la independencia de un poder del estado, compuesto por personas que representan a miles de otras que allí los pusieron con su voto.
(4)
ALGUNOS DISPARATES SOBRE LOS FUEROS Y AFINES
4.1 Frecuentemente se escucha por parte de actores muy importantes del sistema político frases como: “Si la justicia me lo pide, yo renuncio a mis fueros”.No sé si la frase responde a la demgogia, la ignorancia o alguna combinación de ambas.
Como enseña Justino Jiménez de Aréchaga (La Constitución Nacional, pag. 250, publicación de la Cámara de Senadores) “el fuero no es renunciable desde que no es un beneficio otorgado personalmente al legislador”. Y los fueros no son renunciables porque es la cámara respectiva la que debe decidir si se levantan o no. Jamás la sola voluntad del legislador involucrado.
4.2 Siendo yo legislador, la Cámara de Representantes recibió más de una solicitud de desafuero para que un diputado fuera a declarar sea como testigo o como indagado.
Este es otro error. Para declarar ante la justicia, no es necesario el retiro de fuero alguno. Si, consecuencia de la investigación, se llega a la conclusión de que el legislador en cuestión pueda haber cometido un delito, entonces sí, la Cámara deberá decidir si, habiendo lugar a la formación de causa, se levanta el fuero. Pero declarar, puede hacerlo sin trámite alguno.
4.3 En el año 2012, siendo Presidente de la Cámara de Representantes, recibí un cedulón en el que se le notificaba a la Cámara de una demanda presentada por personas que se sentían perjudicadas por la aprobación de una ley y hacían responsables a los demandados por los votos emitidos en el ejercicio de su función. Aquí hubo dos errores graves:
UNO – El de los demandantes y su abogado patrocinante que ignoraron olímpicamente la Constitución que establece: “Senadores y Representantes jamás serán responsables de los dichos y opiniones que emitan durante el ejercicio de sus funciones”.
DOS – También se equivocó el juzgado actuante dado que, de conformidad con la clarísima disposición constitucional, la demanda era manifiestamente inoponible y se debió rechazar de plano.
(5)
Por supuesto que, este artículo, no pretende agotar ni poco menos el tema del fuero de los legisladores y sus consecuencias. Sí transmitir alunas experiencias vividas durante mis veinte años de legislador que me llevaron a tener que manejar frecuentemente situaciones muy delicadas.
Como afirma el Doctor en Ciencia Política Adolfo Garcé y yo comparto íntegramente refiriéndose a una posible eliminación de los fueros parlamentarios, “es un error tomar por este camino porque implica la judicialización de la política. Es evidente que la manera más sencilla de destruír políticamente a un riva es acusarlo de haber cometido un delito. Este expediente no es solamente el más sencillo. También es, potencialmente, el más dañino para todo el sistema (…) la partidización de la justicia es tan nociva como la judicialización de la política” (“El dabate sobre la eliminación de los fueros parlamentarios”, diario El Observador del 25.4.2018, pag. 14).
Cierta vez, fui designado por la Unión Parlamentaria como observador internacional a un proceso penal que se desarrolló en Bogotá y en el que se acusaba a un Senador de la República de Colombia de ciertos delitos. En ese hermano país, los legisladores no tienen fueros. Allí pude ver directamente qué significa la judicialización de la política. No quiero eso para mi país.
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