La sanción a 15 docentes maragatos que dictan clases en el Liceo Nª 1 de San José acusados por la ex directora del centro educativo Miriam Arnejo de supuesta “violación a la laicidad”, tensó las ya complejas relaciones entre el sindicato que nuclea a los profesores y las autoridades de la ANEP y retrotrajo al país a los tiempos del más rancio autoritarismo.
Este grave episodio, que supone la separación del cargo de los damnificados durante por lo menos los seis meses que insume el sumario con el consiguiente perjuicio económico, es el tercer ataque a la libertad sindical consagrada por la Constitución (artículo 57) perpetrado en menos de un año por las autoridades de la educación instaladas por el gobierno multicolor.
Obviamente, durante este período se sustanciarán las diligencias relacionadas con el procedimiento sumarial que en este caso no es un mero trámite administrativo sino una instancia de naturaleza jurídica, suponemos que con todas las garantías del debido proceso.
Empero, en función de la implicancia política de este auténtico atropello contra actores educativos que no cometieron ningún ilícito y de la falta de garantías que sobrevuela un contexto de aguda polarización, nadie puede asegurar que el desenlace no sea la destitución de los trabajadores afectados por tan draconiana medida.
El falaz argumento de las autoridades de Secundaria, que ha dejado de ser un consejo con autonomía para mutar en una dirección general unipersonal y un mero apéndice del Consejo Directivo Central de la ANEP en cumplimiento de lo estipulado en la LUC, es investigar a los educadores por supuesta violación a la laicidad.
El episodio se retrotrae a octubre de 2019, cuando un grupo de docentes del centro educativo de marras manifestó su tajante rechazo a la reforma constitucional de impronta fascista “Vivir sin miedo” y la imagen fue publicada en la página web de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y en el portal del PIT-CNT.
Por supuesto, el hecho no constituyó- en modo alguno- una violación a la laicidad, ya que no se trató de ninguna proclama ni expresión de naturaleza político partidaria.
Incluso, el propio diccionario de la Real Academia Española define el vocablo laicidad como “el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa”. En tal sentido, la palabra laico refiere a una persona que “no tiene órdenes clericales o “independiente de cualquier organización o confesión religiosa”.
Esta calificación es naturalmente refrendada por el artículo 5 de la Constitución de la República que aborda concretamente esta materia, el cual, en su primer párrafo expresa que “todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay” y que “el Estado no sostiene religión alguna”.
Naturalmente, aunque la normativa constitucional no hace referencia explícita a la política, las mentalidades liberticidas obtusas se han empeñado, en el decurso de la historia, en modificar la letra a su conveniencia y a sus aviesos propósitos represivos.
Ahora, como los docentes dejaron de tener representación en los hoy desaparecidos Consejos de Educación luego que la inconstitucional Ley de Urgente Consideración eliminó arbitrariamente sus espacios de participación, aflora nuevamente el talante sancionatorio y visceralmente punitivo de una derecha rabiosamente reaccionaria.
La noticia fue confirmada por el vicepresidente de Fenapes Marcel Slamovitz, quien manifestó su indisimulable estupor ante la notificación de la División Jurídica de la hoy Dirección General de Educación Secundaria.
Lo insólito es que el expediente, que había sido archivado, fue reflotado por denuncia de la ex directora del Liceo Nº 1 de San José, quien actualmente está jubilada.
Este es otro desaguisado de un gobierno cada vez más represivo, que viola flagrantemente la libertad de reunión en un contexto sanitario complejo y, en este caso concreto, el legítimo derecho a la libre expresión de las ideas, consagrado por el artículo 29 de nuestra Carta Magna.
Este hecho- de superlativa gravedad- se suma a la prepotente prohibición el año pasado, del uso de tapabocas con la inscripción EducarnoLUCrar en todos los liceos del país, que marcó un auténtico mojón en una escalada de impronta autoritaria que todos creíamos desterrada. Tampoco no este caso había ninguna proclama de naturaleza proselitista.
Otro ataque a la democracia fue perpetrado también en 2020, cuando el Presidente del CODICEN, Robert Silva, ordenó arbitrariamente que se borrara una inscripción estudiantil registrada en la acera frente al Liceo Nº 3 “Dámaso Antonio Larrañaga” pero fuera del edificio, que reflexionaba: “falta presupuesto para la educación porque sobran milicos”.
En esa oportunidad, el jerarca fundamentó la insólita medida en que “la educación pública es un espacio integrador y plural”. Sin embargo, con su decisión abolió la pluralidad y violó el derecho constitucional de los jóvenes a la libérrima expresión de ideas.
Esta nueva práctica punitiva de las autoridades educativas del gobierno multicolor, emula los oscuros y prepotentes tiempos del pachecato y naturalmente de la dictadura, cuando se perseguía, se reprimía, se sumariaba y se destituía a los educadores por razones ideológicas, se acallaban las voces disidentes que se oponían a la barbarie y se conculcaba groseramente la libertad de cátedra, al mejor estilo de la Inquisición.
Como lo proclama el cantautor Jorge Do Prado en su célebre candombe libertario, “mucho palo pa que aprenda (aprendan) a no volar”.
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