El anuncio del Poder Ejecutivo en el sentido que no aumentarán las tarifas de los combustibles durante el mes de abril, constituye otra burda maniobra publicitaria, que apunta a bajar los decibeles del dramatismo por la grave situación sanitaria que padece el país. Lo más sorprendente es que se afirme, como en el caso del senador oficialista Jorge Gandini, que “se puede decir que bajó el combustible en Uruguay”.
En este caso concreto, la noticia no es ciertamente que no aumentarán los combustibles, sino que no habrá otro ajuste tarifaria en apenas cuatro meses. Salvo en el caso de un idiota -que en este país abundan- o de un desmemoriado, todos sabemos que el último incremento data de enero.
En efecto, sin tanto aspaviento, los gobiernos del Frente Amplio bajaron en más de una oportunidad los combustibles y en otras simplemente absorbieron el aumento de costos para no ajustar.
La decisión de no modificar por el momento el precio de los combustibles es parte de una muy bien orquestada operación de fina ingeniería publicitaria, destinada a maquillar la política tarifaria de un gobierno que, antes de asumir, prometió no subir o bien bajar los valores de los servicios que prestan las empresas públicas a la población.
Durante los quince días previos al anuncio de la Ministra Azucena Arbeleche, voceros oficialistas difundieron, a través de oficiosos trascendidos, la versión que el incremento de los combustibles era inminente. Incluso, se especuló con eventuales porcentajes –algunos de ellos desmedidos- en función de la evolución al alza del precio de la materia prima y del tipo de cambio.
Eso generó el caldo de cultivo propicio a diversas especulaciones y hasta las primeras reacciones de estupor, ante la posibilidad de un segundo ajuste en apenas cuatro meses.
Durante la conferencia de prensa, Arbeleche y el Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, afirmaron que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, que no trasladará el aumento de costos a las tarifas, supondrá una erogación adicional de 30 millones de dólares para el Estado, que impactarán directamente en el resultado fiscal.
Al respecto, la Secretaria de Estado puso particular énfasis en destacar que el petróleo Brent registró un aumento del 30,8% en el primer trimestre del año, que será absorbido por ANCAP, con la asistencia de rentas generales.
Empero, es claro que parte de esa erogación fue financiada con el ajuste del pasado mes de enero que, salvo en el caso del gasoil- que ahora sí iba a aumentar- fue de un 6,2%, lo cual fue omitido por ambos secretarios de Estado. Por entonces, la modificación tarifaria no se justificaba.
Obviamente, en esta oportunidad ambos jerarcas se rasgaron las vestiduras, precisando que la decisión gubernamental tiene el propósito de apoyar al sector productivo y a la población, en una compleja coyuntura de aguda recesión económica.
En efecto, un segundo ajuste en cuatro meses suponía un auténtico mazazo para la economía de las empresas. Además, coincidentemente -no creemos en coincidencias- la resolución se tomó durante la cosecha de soja, nuestro principal producto de exportación, que comenzó en marzo y culminará en mayo.
¿Usted no sospecharía una eventual conjunción de intereses, dado el vínculo existente entre notorios referentes multicolores y el negocio agropecuario?
No obstante, nadie se cree que el gobierno decidió no ajustar el valor de los combustibles merced a un minucioso estudio de costos. Fue una medida política, precedida de una bien orquestada operación mediática, destinada a difundir por lo menos una noticia positiva, en un contexto de virtual desastre sanitario, social y económico.
Detrás de esta engañosa fachada trabaja un tan sagaz como competente equipo de publicistas y comunicadores, quienes utilizan, tal vez sin saberlo, algunas estrategias del célebre político, filósofo y escritor florentino Nicolás Maquiavelo.
No en vano el autor de “El príncipe”, publicado en 1532, quien fue un cómplice de los peores déspotas y corruptos de la época, acuñó frases que merecen ser recordadas y que retratan las más oscuras cloacas del poder.
Una de esas célebres reflexiones es: “Yo no digo nunca lo que creo ni creo nunca lo que digo y, si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras que es difícil reconocerla”.
Tal vez este enunciado, que a priori nadie admitiría compartir, sea el que mejor define a este conglomerado multicolor, que, para ser gobierno, debió mentirle a cara de perro al electorado.
En efecto y más allá de los estragos provocados por la pandemia, prometieron que mantendrían el poder de compra de los salarios y las jubilaciones y, sin embargo, los bajaron drásticamente.
En tal sentido y pese a que anunciaron que se mantendría la negociación colectiva, los Consejos de Salarios no funcionaron y los trabajadores privados debieron padecer el atropello de un ajuste del 3% con una inflación anual superior al 9%.
Obviamente, anunciaron que no ajustarían las tarifas al alza y hasta las rebajarían durante el período de gobierno. Empero, concretaron dos aumentos en apenas diez meses.
Tampoco cumplieron el compromiso de no tocar la inversión social, a la cual aplicaron salvajes recortes que afectaron a la educación, la investigación, la salud y la vivienda.
Por ahora, la falacia institucionalizada y el blindaje mediático le permiten al gobierno conservar altos niveles de aprobación, atribuyendo la crisis a la pandemia y al gobierno anterior.
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