La prohibición del uso de tapabocas con la inscripción EducarnoLUCrar por parte del Consejo de Educación Secundaria en los liceos de todo el país, marca el primer mojón de una escalada represiva de impronta autoritaria que todos creíamos desterrada en el sistema educativo nacional. En ese contexto, las autoridades instaladas por el gobierno multicolor fundamentaron su decisión en la presunta necesidad de preservar el principio de laicidad consagrado en la Constitución. La reacción más enérgica a la medida –que tiene naturalmente un talante reaccionario y evoca los tiempos más oscuros de nuestra historia contemporánea- partió desde la Federación de Profesores de Educación Secundaria, que la calificó de “represiva”. Obviamente, en este caso concreto el argumento de las jerarquías educativas carece totalmente de sustento, porque la propia expresión que lucen los tapabocas prohibidos no viola en modo alguno la laicidad, ya que no supone ninguna proclama proselitista de naturaleza político-partidaria ni religiosa. Incluso, el propio diccionario de la Real Academia Española define al vocablo laicidad como “el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa”. En tal sentido, la palabra laico refiere a una persona que “no tiene órdenes clericales” o “independiente de cualquier organización o confesión religiosa”. Esta calificación es refrendada por el artículo 5º de la Constitución de la República, que aborda concretamente a esta materia, el cual, en su primer párrafo, expresa que “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay” y que “el Estado no sostiene religión alguna”. Sin embargo, el propio Luis Lacalle Pou, apenas 24 horas después de haber asumido la presidencia de la República y en compañía de varios ministros, violó groseramente la Carta Magna participando –desde su investidura y en calidad de invitado especial-en un oficio religioso celebrado en la Catedral Metropolitana. Incluso, la noticia fue consignada en el portal informativo de la Presidencia, lo cual convalida su carácter oficial. Contrariamente a ese gruesa trasgresión, que por cierto no pasó inadvertida pese a que fue, como siempre, blindada por los medios obsecuentes, los tapabocas censurados a estudiantes y docentes no violentan ningún principio constitucional.
A lo sumo, es el Consejo de Educación Secundaria el que está conculcando el legítimo derecho a la libre expresión de las ideas, vulnerando el artículo 29 de la Constitución. Esta circunstancia reactiva el sempiterno debate entre laicidad y censura, que –durante más de medio siglo- ha transformado a la educación uruguaya en un escenario de batalla ideológica y en un coto de caza político. No en vano, desde mediados del siglo pasado, la derecha más recalcitrante acusaba a la izquierda de infiltrar a la educación pública con “ideas foráneas” y presuntamente desestabilizadoras.
Ulteriormente, durante las décadas del sesenta y el setenta, antes incluso de la inauguración de la dictadura liberticida, el aparato estatal de los gobiernos conservadores emprendió una feroz ofensiva contra educadores y estudiantes, consciente que en ese territorio en disputa se jugaba buena parte del destino nacional. En ese marco, el primer ataque reaccionario contra la enseñanza pública fue perpetrado por el gobierno autoritario del colorado Jorge Pacheco Areco en 1970, con el arbitrario e ilegal decreto de intervención de la educación pública.
Obviamente, este grotesco atentando contra la laicidad y la autonomía se inscribió en un marco de brutal represión callejera contra estudiantes, que concluyó con el asesinato, por parte de la Policía, en 1968, de los mártires Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos. El segundo golpe fascista contra el sistema educativo se concretó a comienzos de 1973, con la promulgación de la ley 14.101, denominada peyorativamente “ley Sanguinetti”, en referencia al ex presidente de la República, quien fue Ministro de Educación y Cultura del gobierno ultra-derechista del luego dictador Juan María Bordaberry.
Esa norma, que creó el Consejo Nacional de Educación (CONAE) como órgano rector, abolió literalmente la autonomía de los consejos de educación también consagrada por la Constitución y fue luego funcional a la dictadura, que persiguió y destituyó a miles de docentes por razones ideológicas. Ahora, la propia ley de urgente consideración del gobierno multicolor propone cambios en la gobernanza de la educación, que arrasan literalmente contra el principio de autonomía.
En esta materia, a la cual nos referiremos en futuras notas, la nueva normativa elimina de un plumazo los consejos desconcentrados y los sustituye por meras direcciones generales encabezadas por miembros políticos. Como se advierte, ni el propio gobierno autoritario –que detentaba todo el poder político y por ende podía actuar a su antojo y sin ninguna cortapisa- fue tan lejos, pese a su furiosa ofensiva contra la educación pública. Es lógico que los sindicatos que nuclean a los docentes y a los organizaciones estudiantiles se opongan a un desaguisado de tal calibre, que viola preceptos constitucionales y, en el futuro, atentará contra la libertad de cátedra, entre otras tantas restricciones. Los tapabocas que expresan su repudio a este paquetazo legislativo de impronta represiva, antipopular y autoritaria, son una reacción de colectivos militantes que se resisten a este artero ataque fascista a los derechos ciudadanos, que –a 47 años del golpe de Estado- retrotrae a nuestro país a dramáticos tiempos de oscurantismo.
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