Como consecuencia de la Ley General de Educación del 2008, y con la creación del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP dos años más tarde, en Uruguay comenzó a consolidarse un sistema de formación docente con alcance nacional y creciente desarrollo orientado hacia la concreción de las tres funciones universitarias primordiales: enseñanza, investigación y extensión, en tránsito hacia la creación de una Universidad de la Educación (UNED).
Actualmente el CFE cuenta con una población estudiantil que ronda los treinta mil estudiantes que cursan sus carreras en treinta y tres centros distribuidos en todo el país, con presencia en cada uno de los departamentos del país. En Montevideo se ubican los Institutos Normales, el Instituto de Profesores “Artigas”, los Institutos Normales de Enseñanza Técnica (INET), el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) y el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), en tanto que en el interior funcionan veintidós Institutos de Formación Docente (IFD) con carreras de magisterio y profesorado y seis Centros Regionales de Profesores (CERP). De esta forma, de crearse la UNED, sería la primera institución universitaria de Uruguay presente en todo el territorio nacional, permitiendo el acceso a una formación universitaria a los jóvenes del interior sin necesidad de trasladarse a otros puntos del territorio fuera de su departamento o de radicarse en la capital.
En Uruguay, los docentes de enseñanza primaria y secundaria no son licenciados ni técnicos, sino maestros y profesores. Esa es su titulación de grado, fruto de un modelo de formación distinto al universitario tradicional, y que debe preservarse, en tanto responde a las particularidades propias de la profesión docente, diferentes de las de las llamadas profesiones liberales. A ello se suma una sólida cultura institucional, construida históricamente en paralelo al desarrollo de la principal universidad del país.
Como señalamos, en los últimos años la formación docente se ha orientado hacia la consolidación de un modelo educativo acorde con los principios de la reforma universitaria de Córdoba, sustentado en una institucionalidad autónoma —independiente de los vaivenes electorales y de la injerencia del poder político de turno en la definición de sus orientaciones pedagógicas— y cogobernada —en la que docentes, estudiantes y egresados integran una comunidad académica que dirige sus propios destinos. Ambos principios se sostienen recíprocamente y difícilmente puedan garantizarse de manera aislada. A ello se suman los avances hacia la consolidación de un modelo universitario asentado en sus tres pilares fundamentales: enseñanza, investigación y extensión.
En definitiva, la creación de una institución universitaria para la formación en educación —que debe ser el objetivo fundamental, mediante los acuerdos políticos que se requieran— responde a la necesidad de que los propios educadores se constituyan, como comunidad académica profesional, en sujetos de su propia formación, accediendo a instancias de grado, posgrado y desarrollo superior, así como a procesos de perfeccionamiento permanente. Al mismo tiempo, dicha formación debe asentarse en la articulación entre la práctica de la enseñanza y la investigación sobre esas mismas prácticas, de modo de generar conocimiento a partir de la experiencia. Todo ello exige sostener, en forma constante, un compromiso indeclinable con su tiempo histórico y con el medio social en el que se inscriben.
Por estas razones, la reforma de la formación en educación constituye la base de todas las reformas educativas: sin ella, cualquier intento de mejora estará, probablemente, condenado al fracaso. Ante la necesidad histórica de consolidar la profesionalización docente en la enseñanza primaria, secundaria y técnico-profesional, resulta imprescindible que el sistema político esté a la altura de las circunstancias, concretando la creación de la Universidad de la Educación como una verdadera política de Estado, al igual que en su momento lo fue la Universidad Tecnológica (UTEC).
Tener una educación pública de calidad, capaz de responder a las necesidades materiales y productivas del mundo contemporáneo sin renunciar a una concepción humanista que la entiende como el camino fundamental para la formación de ciudadanos en un mundo globalizado, implica formar personas capaces de comprender las dinámicas cambiantes de su tiempo, librepensadoras, no dogmáticas, y comprometidas con los principios de libertad de conciencia y de expresión del pensamiento, con una responsabilidad política y social acorde con la vida democrática y republicana. Este objetivo no se alcanzará únicamente mediante la mejora de las estructuras administrativas, la adecuación de los planes curriculares o el incremento de los recursos —aspectos todos necesarios para garantizar condiciones óptimas de educabilidad—, sino, sobre todo, a través de la calidad del proceso educativo desde el punto de vista pedagógico y formativo, comenzando por la sólida preparación profesional de los educadores, sin perder nunca de vista a los educandos como protagonistas de sus propios aprendizajes. Naturalmente, numerosos factores adicionales inciden en este proceso. Muchos dependen de la mejora del entorno social. Y en todo ello se nos va, en buena medida, el futuro de nuestro país.
