Una costosa estaca en el corazón de las garantías individuales
El problema de los allanamientos nocturnos tiene que estudiarse a la luz del día. La propuesta plebiscitada no tiene las virtudes necesarias en su formulación, argumentación y diseño. Eso augura un pésimo panorama de implementación. La protección sagrada del hogar es una garantía que tiene raíz en el artículo 135 de la Constitución de 1830. Desenterrar una protección constitucional de derechos fundamentales con doscientos años de vigencia debería cumplir con un esfuerzo argumentativo exigente. O por lo menos, a la altura de una democracia que se precie de su lucidez y solidez. Eso no sucede ni en el discurso promotor de la reforma ni en la estructura normativa de la propia reforma. En esta contribución, sin confundir teología con dogmática jurídica, vamos a exorcizar los fantasmas del allanamiento diurno y las pretendidas propiedades mágicas del nocturno.
León Alacio escribió en 1645 algunas reflexiones que nada envidian a las recetas de seguridad pública barajadas electoralmente sin escrúpulo político y científico. Sobre ese texto nos interesa resaltar una premisa fundamental: las garantías dependen de las personas y su capacidad para ejecutarlas. Una garantía luminosamente postulada en el Medioevo rezaba que los vampiros no podían ingresar en la noche a los hogares si eran rechazados por el jefe. Algo similar a lo que establece el artículo 11 de la Constitución ahora sometido al temperamental destino del ethos plebiscitario. Esa construcción teológica se traduce en un aforismo: los vampiros deben pedir permiso. El asunto, antes y ahora, es que resulta complejo para quien padece estos llamados bestiales decir que no. Las amenazas de peores maleficios obligaban a las personas a aceptar la intrusión vampira y el registro voluntario de sus cuellos y hogares, claro. Nadie descarta que esa coacción pueda emplearse para realizar registros no tan voluntarios, y bajo el anuncio de una inminente orden judicial de allanamiento nocturno.
La protección sagrada del hogar implica que nadie puede ser allanado nocturnamente contra la voluntad del titular y sin orden y control judicial efectivo. Aunque si pueden allanarse establecimientos rurales, industriales y/o comerciales que no están abarcados por el perímetro jurídico de esta protección. Preservar la intimidad del hogar es marca de calidad de la democracia uruguaya y no inhibe ni impide que la policía pueda ensayar registros voluntarios y nocturnos en hogares ni incautar varias toneladas de cocaína en establecimientos portuarios, agropecuarios o comerciales con orden judicial debidamente fundamentada. Los depósitos de altísimas cantidades de sustancias no suelen coincidir con los hogares y el ariete punitivo no incrementa su eficacia probatoria en la noche.
La bala de plata o el asedio a los castillos de chapa
Pero basta de cháchara teológica. El allanamiento, como medida de prueba regulada en los arts. 192 a 196 del Código del Proceso Penal, presupone una ejecución judicialmente controlada, metodológicamente rigurosa y fehacientemente documentada. Esto so riesgo de generar una nulidad en todas las actuaciones: el efecto diametralmente opuesto desde el punto de vista de la investigación y el proceso. Desde el año 2004 se han sancionado en Uruguay distintas herramientas normativas que permiten ejecutar el ingreso en la esfera de intimidad de las personas y sus viviendas, entre ellas, las leyes nº 17.835, 18.494, 18.914 y 19.149 y 19.574. Estos instrumentos legales regulaban y regulan las técnicas especiales de investigación que apuntan a utilizar una menor cantidad de recursos y alcanzar resultados concretos en la recolección de evidencia para investigaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes. Estas medidas de prueba son más eficaces que los mentados allanamientos nocturnos aunque simbólicamente menos espectaculares. El medio (probatorio) no puede ser el mensaje. Se trata de una delicada cuestión técnica. Por supuesto el allanamiento también puede ser empleado como una técnica que integra la ejecución de una orden de detención. Nada impide que esas detenciones se practiquen durante el día, con un menor costo de recursos y siempre que exista una tarea de inteligencia policial consistente. El efecto es exactamente el mismo, aunque los costos de detener de noche sean infinitamente superiores. Otra que bala de salva.
La aplicación selectiva del allanamiento como medio de intimidación permite vislumbrar en el amanecer el montaje fotográfico de un exitoso procedimiento de 60 funcionarios policiales, bauticemos en esta ocasión, Operación Drácula Uno, y con la incautación de cincuenta chasquis, una balanza casera y dos celulares, a una poderosa organización familiar de narcotraficantes. No todos los castillos son iguales ante la ley ni todos están igualmente amparados por la Castle Doctrine .
El riesgo de una democracia anémica
Por último, el disclaimer necesario. Más allá de la alegoría tan poco lúdicas como paparula la autoridad policial debe ser respetada porque su función es esencial para el Estado de derecho. Y debe ser especialmente oída en este aspecto crítico del procedimiento policial. El reforzamiento beligerante de la autoridad policial, sin una estrategia territorial y con sustento en información calificada, se traduce en un derroche innecesario de recursos. La sanguínea Doctrina Robocop solo afecta a los seres humanos de carne y hueso pese a que los hechizos jurídicos se lanzan desde la comodidad política de un despacho céntrico.
Una vez liquidada la sagrada protección del hogar la fórmula es next. Y que pase la siguiente garantía constitucional. El discurso que jerarquiza martillar bocas que se ocultan alternativamente no funciona. Esta reforma injustificada, ineficiente e innecesaria es una estaca en el corazón de las garantías individuales y augura que cualquier profeta puede morder la Constitución sin base empírica de tipo alguno, o casi por superstición de vampiros. Este escenario de sangrado de garantías combinado con una consolidación logística de Uruguay como hub de exportación de cocaína no presagia nada bueno para nuestra democracia: a mirar el Rosario o rezarlo.
Ajo y agua si después vienen por otro derecho: quien puede lo más, puede lo menos.
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