Heber: ¿Investigado investigándose?
Por el caso del pasaporte al narcotraficante Marset, la Fiscalía citará como indagados al canciller Bustillo, al ministro Heber y al subsecretario Maciel. La situación es bastante paradojal porque los encargados de investigar a los indagados, la policía, son subordinados a ellos mismos, Heber Y Maciel. Aparentemente no hay ninguna disposición legal para un caso como este, pero la situación, rechina un poco. Y la eventual asistencia al narcotráfico parece ser un delito de extrema gravedad.
¿Deberían los jerarcas mencionados dar un paso al costado mientras dure el procedimiento? ¿Licencia o renuncia? ¿No está reñida con la ética esta situación? ¿Hay que establecer alguna norma legal para este tipo de casos? ¿Podría esa norma ser utilizada para deshacerse de ministros, acusándolos de cualquier cosa? ¿Qué funcionario policial se animará a investigar a la máxima autoridad, que además cuenta con el respaldo presidencial? Ya una fiscal declaró hace poco que no se inmolaría por hacer justicia, ¿lo hará alguien con menos poder? ¿Hallará y aportará Heber a Fiscalía las pruebas para que lo manden preso?
El republicanismo como sistema y garantía por Andrés Scavarelli
No existe sistema perfecto, pero podemos decir que el republicano se le aproxima mucho.
Esto se logra mediante lo que los norteamericanos han llamado “checks and balances” y cuya traducción aproximada sería “de pesos y contrapesos”, para referir al equilibrio y límites que la división de poderes como sinónimo de republicanismo, establece.
Es tanta la identidad entre República y Separación de Poderes que la propia Declaración Francesa de 1789 en su artículo 16 señala que donde no haya separación de poderes no habrá Constitución como tal.
Esta separación de poderes no debe ser solamente institucional sino también sustancial, formal, por tanto, efectiva y real, ella se manifiesta por ejemplo en la imparcialidad externa e interna de los jueces como en la objetividad y autonomía técnica de los fiscales, todos quienes deben investigar y eventualmente imputar, o no, siguiendo criterios técnicos, ceñidos a la normativa aplicable al caso y a no otra cosa.
Porque cuando así no sucede, cuando no hay efectiva imparcialidad o autonomía técnica no hay separación de funciones, y por tanto, razonando junto a la declaración francesa, tampoco respeto al sistema republicano.
Esto sin prejuicio de construcciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la calidad de los imputados y sus garantías en función de la posición y dominio que tienen de la situación, lo que ha Sido denominado como la diferencia entre los imputados débiles (interpretación clásica del imputado) y los imputados fuertes que son justamente aquellos que ostentan una posición de poder, sea político, social, religioso o de cualquier otro orden, dentro de un sistema social e institucional dado
Uruguay cuenta con sólidas instituciones y un sistema político que, a pesar de nuestras críticas internas, es visto con respeto y envidia desde el exterior. Es un sistema que ha demostrado que no mira al costado cuando se ha juzgado a ministros, hasta un vicepresidente lo ha sido y hoy día uno, sino tal vez el más importante, de los senadores oficialistas.
Esta es la tranquilidad que tengo como ciudadano, no es una desprovista de atención y cautela, porque una cosa es tener confianza en las instituciones y otra muy distinta es desconocer la naturaleza humana y caer en la candidez.
El país del «siga siga». Por Mauro Mego
En el caso Marset, más allá de tecnicismos, poca cosa hay clara. Más bien nada hay claro. Cruces de acusaciones, debates interminables, declaraciones de prensa. Lo central es que la situación es preocupante justamente por eso, por la opacidad, por lo poco claro que ha sido todo. Creo que un hecho de tal magnitud, la adquisición de un pasaporte en esas condiciones por todos conocidas, en un país serio terminaría en la renuncia o remoción de todos los jerarcas involucrados. Cualquier observador por más ignorante que sea puede hacerse una pregunta cuya respuesta urge tener: quién y cómo le hizo llegar ese pasaporte a Marset y por qué razón. ¿Pueden dos o tres estamentos del Estado, con el cruce de información de los tiempos que corren, haber cometido un error tan grueso? Que la justicia haya convocado a Maciel, Bustillo y Heber en calidad de indagados habla a las claras de que esas preguntas que nos hacemos cualquiera de nosotros, se las está haciendo la justicia. Porque es obvio que, en la mejor y más benévola hipótesis, hay una cadena de negligencias o errores que concatenan los hechos. Las declaraciones recientes de la ex vice canciller Carolina Ache arrojan un balde de espesas dudas sobre el tema.
Siempre que hay un grupo de jerarquías involucradas la exigencia de un debido proceso se hace aún más fuerte, ya que como sabemos, hablamos de un aparato estatal encargado de investigar a quienes hoy son sus directores, por lo que las sospechas y los temores se multiplican. Sería muy importante que el país pudiera dar una señal de independencia de poderes y de profesionalismo en el Estado y pueda avanzar en este tipo de investigaciones pesen sobre quien pesen. Porque la democracia no es solamente un conjunto de procedimientos, formalidades y fotos de ex presidentes sonrientes, es también una esperanza ético-política de que la igualdad ante la ley se haga efectiva, dónde la mugre no sea puesta siempre debajo de la alfombra o los pactos “caballerescos” lo cierren todo. Es cierto que en este momento el gobierno, golpeado por todos lados y con cosas indefendibles a esta altura, sigue sintiéndose a sus anchas, haciendo gala todos los días de su impunidad semántica que lo lleva a re-bautizar todos los bochornos que los rodean con cálidos eufemismos que arrancaron allá con la “libertad responsable” (un sálvese quien pueda) o cuándo Astesiano era un “pícaro”. A esta tarea están convocados también los medios de comunicación que a mi juicio han sido bastante benévolos o poco insistentes con temas que, me animo a decir, serían una novela interminable si gobernara el Frente Amplio. Alguien tiene que hacerse responsable.
Las repúblicas democráticas por David Rabinovich
En cualquier manual escolar encontramos, perfectamente explicado, por qué la separación de poderes es una característica esencial de las repúblicas y de las democracias. El Parlamento, la Justicia y el Ejecutivo se complementan y controlan los unos a los otros como poderes independientes y al servicio del pueblo. Suena lindo, pero no funciona como debería.
Nuestra historia, o la de cualquier otro país que se quiera considerar, está llena de ejemplos que muestran cómo funcionan otros poderes, fácticos, que imponen leyes; prácticas judiciales y administrativas a conveniencia de sectores o grupos de interés que integran las complejas sociedades modernas.
El episodio del pasaporte de Marset es un ejemplo notable de cómo operan “sobre” y “en” la justicia, la administración y la elaboración de las leyes muchos intereses ‘non sanctos’.
Las democracias se debilitan cuando el Ejecutivo se investiga sí mismo e investiga a sus opositores usando, claro, diferentes varas para valorar causas y consecuencias. Las sociedades se envilecen cuando los medios de comunicación dejan de informar y se dedican a formar opinión pública. Las bases republicanas se resienten cuando las mayorías circunstanciales instaladas en las bancas parlamentarias, imponen leyes que atentan contra los intereses generales en beneficio de los ‘malla oro’.
Algunos aparecen como ejemplos destacados de representantes de sí mismos, de sus propios intereses y del estrecho círculo de sus compinches. Llegan a responsabilidades de gobierno mediante nuevas formas de hacer política, usando las herramientas que hoy ofrecen ‘las redes’. Plazas y locales públicos, naturales espacios para el debate colectivo, democrático, diarios y semanarios que ofrecían análisis y contexto ya no cumplen esas funciones de la misma manera. El habitat natural de las democracias ha sido progresivamente sustituido por las redes. En la nueva política, el eje son las emociones; crear emoción, mística, imagen en el votante. “Emocionarse con el cambio social, con nuevas ideas, con retos frescos, generar ilusión. Sólo emocionándonos lograremos emocionar a otros” recomienda un asesor de campañas políticas.
A Heber, Penadés o los Lacalle, no podemos “perdonarles el éxito”, porque su éxito es nuestro fracaso. Como dijo Quino: “No se puede amasar fortunas sin hacer harina a los demás”.
Luego de arrasar con las seguridades jurídicas que les molestaban, cuando los vientos políticos cambien: ¿será posible reconstruir lo bueno que se derribó y levantar una sociedad más justa, solidaria, eficiente…?
Uruguay Narco, irresponsabilidad compartida por Andrés Copelmayer
Desde los años 90 el narcotráfico viene insertándose cada vez más en la vida social y en las instituciones del Uruguay sin que nadie se preocupe demasiado. La encuesta continua de hogares del INE muestra como la penetración narco es directamente proporcional al aumento anual continuo de uruguayos que han consumido o consumen marihuana, cocaína o sus derivados. En nuestro patético chauvinismo oriental, los principales dirigentes de todas las áreas siguen creyendo que somos diferentes y que acá el narco nunca penetrará hasta el hueso como en Colombia, México, Brasil, o Argentina. Los investigadores uruguayos alertan sobre el riesgo que se está asumiendo y tienen malas noticias para nuestra peligrosa e interesada autocomplacencia. El caso Marset ilustra cabalmente cuan corrompida está nuestra sociedad e instituciones por el narco. Con participación de los ministros Heber y Bustillo, ambos indagados por la justicia en la causa, Uruguay otorgó un pasaporte exprés a Marset, preso en Dubai, documento que se le venía negando por tener 3 causas abiertas. La mentira al Parlamento en la interpelación a ambos jerarcas quedará en los anales de la desfachatez. Los ministros les dijeron a los parlamentarios que no sabían que Marset era narco. Verso desmentido por Ache, la ex Subsecretaria de Cancillería, que tampoco es ninguna santa ya que solo habló cuando la removieron del cargo, y a medias, ya que no agregó detalles de sus reiteradas comunicaciones con el Dr. Balbi, abogado representante del narco y gestor del pasaporte. En octubre del 2020 la Jueza Adriana Chamsarian cerró todas las causas abiertas por delitos cometidos por Marset. Uno de ellos fue el homicidio de su mejor amigo con filmación en varias cámaras municipales. Le redujo la pena y lo dejo libre. Otro fue el atentado contra la brigada antidrogas de la Uruguay el 9 de mayo del 2020 y al día siguiente la amenaza de muerte realizada a la fiscal especializada en Estupefacientes Mónica Ferrero. Ambos hechos auto atribuidos por mensaje al PCU, Primer Cartel Uruguayo, fundado y dirigido por Marset. Vale recordar que la jueza Chamsarian “casualmente” fue la misma que absolvió al narco Muttio acusado de enviar 4.5 toneladas de cocaína a Alemania desde el puerto de Montevideo. Fallo revocado en 2ª instancia y por el cual ahora se condenó a Muttio. Al mismo PCU pertenece el narco de la Tahona que en una impecable investigación de la fiscal Ferrero, quien no descansa en su lucha antidrogas, fue detenido con 265kg de cocaína. Los ladrillos de droga decían “King of the south” la marca del cartel de Marset.
En síntesis, ya tenemos el primer cartel uruguayo, con su jefe Marset operando libre y prófugo, gracias al pasaporte oriental que le regalaron. Además, hay jueces, jerarcas, políticos, empresarios, y estudios prestigiosos que, aun desconociendo las razones, ya actúan impunemente favoreciendo los intereses del primer cartel narco uruguayo. A eso debemos sumar la tragedia de que en promedio cada 2 días matan a un “soldadito” en la guerra de pandillas narco barriales por el territorio.
Si estos indicadores no son indiciaros de que nos hemos transformado en un narco estado, es que nos conviene no verlo para no hacernos cargo o somos cómplices. Ya no pido renuncias de nadie. Sólo políticas de estado integrales e inclusivas, que se evalúen y mejoren sistemáticamente y que perduren en el tiempo más allá de los períodos de gobierno. Salvar la república de nuestras propias tentaciones de poder, es responsabilidad de todos. Hora de actuar.
Ser y parecer por Rodrigo da Oliveira
Difícil es, desde este ámbito, definir la situación procesal actual de los ministros Heber y Bustillo. Es decir, su NO situación.
Partiendo del hecho de estar citados como «indagados», forma que hoy aparece perimida admitiendo ser citados solo como imputados o testigos, resulta complejo entender hacia donde apunta Fiscalía con este pedido de comparecencia. Esto y no otra cosa es lo posible hoy, difícilmente se alcance una imputación en algún sentido, de ser así hubieran sido citados como testigos o directamente acusados.
Hace pensar que no tiene entre manos algo sustancial o tangible, que alcance para ser llevados ante la Justicia.
¿Es necesario que sea fehacientemente aclarada la situación documentaria del narco mencionado, sobre todo por parte de las autoridades que participaron de los hechos de facilitación de pasaporte y demás actuaciones? Sin lugar a dudas.
Las actuaciones de los funcionarios políticos o de carrera deben ser pasibles de escrutinio y llamado eventual a responsabilidades, de ser preciso.
La convocatoria parlamentaria fue un suceso que dejó algunas dudas, luego surgieron declaraciones de los actores de los hechos que empeoraron el ambiente.
Junto a Heber y Bustillo están citados también algunos de ellos, incluida Ache, ex canciller.
¿Políticamente será un golpe fuerte a la imagen del gobierno, ahora sí lo sentirá? Depende de la rapidez de las actuaciones judiciales, pero ello no quitará el tema de la agenda de la campaña opositora.
¿Compró la administración acaso un problema, al igual que en el caso Astesiano? Sin lugar a dudas. Las razones para ello aún no están del todo claras, aunque teorías hay muchas.
Otro tema que sería deseable es que se eviten las filtraciones desde los espacios judiciales. Para ello debería haber voluntad desde el Poder Judicial, instruyendo a tales efectos. Ellas ensucian los procedimientos y, muchas veces, hacen que resulten viciados los resultados, incluida la pérdida de las investigaciones.
Ello da como resultado un mayor descreimiento del sistema; la transparencia del mismo debería ser materia que nos interpele cada día, aunque no parece que tal esté dentro de la mira de muchos. Luego, garganteamos democracias y repúblicas.
En el fondo de todo esto, lo político.
La interrogante queda planteada desde el momento mismo de trascendida la noticia: ¿cómo fue posible que tantos hicieran todo para que se formara una bomba de tiempo?
¿A nadie interpeló el hecho que al saberse se iba a transformar en un arma de ida y vuelta, más allá de las justificaciones jurídicas que pudieran expresarse?
La tarea de gobernar exige muchas cosas, entre ellas el mantener altos los niveles de transparencia y evitar una exposición innecesaria.
Cuidar el sistema requiere tomar acciones y dar explicaciones que no dejen dudas, más allá de la utilización política eventual de la oposición del momento.
El abrir frentes desde donde ser golpeados no parece ser la manera más efectiva de defender gestiones.
Los próximos días nos despejarán dudas, o no tanto. De lo que no escaparemos será de la tormenta subsiguiente. Gratuita y evitable.
Un manejo muy desprolijo por Martin Forischi
Habida cuenta del caso del pasaporte al narcotraficante Marset, la fiscalía citara a indagatoria al canciller Bustillo, al ministro Heber y al subsecretario Maciel. Habitualmente cuando suceden situaciones similares, si el propio indagado no solicita la licencia, políticamente se lo terminan pidiendo para colaborar en la investigación del fiscal de turno.
Qué cosa rara es esto, investigar a jerarcas del ministerio del interior y cancillería, que a su vez cuentan con el apoyo de presidencia de la república. Pero este no es el único problema que tuvo y tiene este gobierno de turno. Nunca entendí el ejercicio de ganar para destruir; el ejercicio de ganar las elecciones para destruir, aunque es un ejercicio muy impuesto en los países tercermundistas.
Estamos cansados de ver en muchos países, políticos que ganan elecciones y terminan perjudicando una situación que ya era compleja para dichos países, llevándolos a una situación aún más compleja al final de su periodo; sin ir más lejos, el gobierno de Bolsonaro.
Todos sabemos que Lacalle Pou se presentó 2 veces para elecciones presidenciales. ¿Cuál era la idea de Lacalle Pou al llegar a la presidencia? ganar y hacer una gran gestión, un mejor país. En su campaña a candidato presidenciable dijo que ha tratado de rodearse “…de gente que piense con el corazón, y que le agregue intelecto…” evidentemente entre el ministro, el canciller y el subsecretario no hubo ni pienso, ni intelecto, pero cuentan con el apoyo del presidente.
Pero este no es el primer problema que tuvo este gobierno, ya los tuvo con Astesiano; la economía del país; el agua de OSE, la LUC; el relacionamiento con Argentina; los conflictos con la enseñanza pública; Cabildo Abierto; los dichos de Bianchi, y puedo seguir nombrando.
Acá evidentemente hay una estrategia política que no la pudieron ver los que lo votaron, pero como objetar y discutir lo que voto el otro, que está en su entera libertad de decidir, pero lo que los demás votaron nos termina perjudicando a todos.
Pero quieran o no, este tonto que está escribiendo esta columna de opinión, hace 4 años escribe marcando error por error que le noto a este gobierno de turno, y a la incompetencia de sus integrantes para gobernar; por eso, el FA gano caminando tres elecciones seguidas, y perdió la cuarta por voto castigo. ¿Y la idea de estos intrépidos es seguir manejando así el país? Pero en el medio hay personas que necesitan que al país le vaya bien, y ya pasaron 4 años, y hay cientos de familias que no los votaron y necesitamos que al país le vaya bien, y no tengo miedo de lo que digo, porque yo creo que una persona diciendo lo que siente con respeto no puede tener miedo, y lo único que digo es que me parece que el manejo del caso Marset, como otros temas ha sido un manejo muy desprolijo, que el manejo fue muy desacertado, que estos señores ni siquiera han tenido la amabilidad de solicitar licencia para que el fiscal pueda investigar con mayor comodidad; y yo no tengo por qué esperar al final de la investigación fiscal para decir lo que estoy sintiendo desde el mismo momento que la prensa informó por primera vez, semanas atrás sobre el pasaporte de Marset; yo no puedo estar orejeando la carta y solicitando permiso para decir o no decir lo que pienso.
Yo digo lo que siento, y lo que siento hace mucho tiempo es que este gobierno no dio la talla en múltiples aspectos
El narco y la política por Juan Pablo Grandal
La seguridad pública es uno de los principales problemas que afecta al actual gobierno, así como a los anteriores. Esto se debe a que es una problemática con la que cientos de miles de compatriotas deben vivir a diario. Y el tema del narcotráfico es uno que se encuentra crecientemente en la agenda pública. Este en particular es un tema que genera particular interés en la población, por razones obvias. Una buena parte de nuestro pueblo conoce algún familiar o amigo con problemas de adicciones, alguien que se terminó involucrando por la razón que sea con alguna banda u organización criminal, o simplemente debe vivir a diario la violencia generada por esta industria (que es como hay que llamarla).
Es una temática que se presta mucho para las soluciones “facilongas” y demagógicas típicas de tiempos de campaña electoral. Es muy común el discurso de que simplemente ejerciendo con más severidad la violencia legítima del Estado contra las organizaciones criminales, estas se desbaratarían y pasaríamos a vivir en la armonía social más idílica. Se ha llegado a proponer cuestiones con un potencial nocivo reconocido por figuras del propio Ejército como el actual Senador Guido Manini Ríos, como involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
También hay cierta ingenuidad por parte de algunos sectores de la izquierda que plantean que la represión no sería algo necesario, que promoviendo la inclusión social y desbaratando injusticias sería suficiente. Claramente tienen parte de razón en que se deben atender las causas profundas de la criminalidad, y promover la inclusión y la justicia social es un fin en sí mismo. Pero claramente se debe aplicar la represión, no es una cosa o la otra.
Pero todos estos debates parecen más inútiles y estériles aún que lo que ya son cuando todos presenciamos episodios de este tipo. No me voy a pronunciar sobre ninguna culpabilidad o inocencia porque eso le corresponde a la Justicia, y haríamos bien en ser más fieles al principio de presunción de inocencia. Pero la sola apariencia de los hechos, de un potencial acercamiento de parte de la clase política con un reconocido narcotraficante, le quita bastante seriedad al combate al narcotráfico. Y en este caso se dictaminará lo que se deba, pero, ¿existe algún oriental que dude que existe un relacionamiento entre el narcotráfico y al menos parte de nuestra clase política y el empresariado? Este es el caso en la gran mayoría de sociedades donde este flagelo crece y se enquista, ¿por qué el Uruguay sería diferente? Entiendo perfectamente que nuestra asumida excepcionalidad nos tiende a causar ceguera, pero creo que en este tema la mayoría de la sociedad está un poquito más avivada. Sabe darse cuenta de las cosas.
Tenemos que sincerarnos. El Uruguay es un lugar de tránsito para la droga, ninguna organización dedicada a esta industria, de las pesadas, basa su riqueza en el mercado de consumidores locales. Por lo tanto, pensar que vamos a terminar con el narcotráfico desde el Uruguay, es fantasioso. Lamentablemente, la realidad es que muchas sociedades del primer mundo, particularmente la Norteamericana, tiene una cantidad impresionante de consumidores de drogas prohibidas, y mientras esa demanda exista, la oferta también va a existir. En buena parte del continente, estamos pagando los platos rotos por problemáticas sociales de otros lares. Y que no podemos solucionar nosotros, aunque queramos.
Lo que sí podemos hacer al menos es tratar de garantizar cierta paz social a nivel local. Controlar que las drogas más nocivas no envenenen a nuestros ciudadanos, que no hayan tiroteos constantes entre bandas. Que los adictos reciban la atención que necesitan. Que se promueva la reinserción en la sociedad de los presos. Que se controle sólidamente el lavado de activos. Son cuestiones que si bien no solucionarían la problemática (como ya dije, el narcotráfico seguirá operando mientras haya una oferta para los productos que ofrecen), se puede reducir, y el dolor y trauma que genera en nuestra sociedad puede ser menor.
Y que se garantice cierta probidad por parte de nuestra clase política, cualquier asociación, aunque sea presunta de las élites o parte de ellas con elementos criminales, no hace más que generar una sensación de impunidad que asusta. Que dificulta el trabajo de las propias fuerzas de seguridad.
No estoy seguro si en este caso en particular se deba legislar para forzar la renuncia del Ministro Heber, el Canciller Bustillo, o el Subsecretario Maciel. Es mi opinión que Heber ha realizado un bastante mal trabajo en la cartera, opinión que creo es compartida por muchos uruguayos. No me daría ninguna lástima que se le pidiera la renuncia. Pero legislar para forzar la renuncia de jerarcas del Estado en caso de ser citados como indagados por Fiscalía es abrirle la puerta a una judicialización de la política absolutamente inaceptable. No podemos ayudar a que disputas de tipo político sean dirimidas por la Justicia. La Justicia en este caso debe investigar el accionar de estos jerarcas, y en caso de descubrirse su culpabilidad, juzgarlos como a cualquier ciudadano. No brindemos mecanismos para convertir este tipo de situaciones aún más en un escenario de una puja político-partidaria.
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