Inclusión financiera: ¿Ataque a la libertad o tecnología inevitable?

En estos días todo el mundo habla de la inclusión financiera o bancarización. Ya hay dos proyectos de plebiscito para derogar la ley y diversos dirigentes políticos argumentan a favor o en contra.

¿Es correcto hacerla obligatoria? ¿Tiene lógica pelear contra el avance tecnológico? ¿Se beneficia solo a los bancos? ¿Limita la libertad de los ciudadanos? ¿Se está usando el tema electoralmente? ¿Por qué pagan más los comercios chicos que las grandes cadenas? ¿Qué va a pasar con los pequeños pueblos del interior? ¿Es una intromisión en la vida privada de los ciudadanos? ¿Es una herramienta para evitar la evasión? ¿Son el gobierno y los agentes financieros garantía a la privacidad como para manejar todos los datos que proporcionan estas prácticas?

Clink Caja por Raúl Viñas

El tradicional sonido del cajón de la máquina registradora al abrirse ya casi no se escucha, mas lejos aún va quedando el cajón de madera para el dinero, el que en muchos comercios estaba justo debajo del mostrador.

La “facilidad” y “necesidad” del registro informático ha cambiado las registradoras mecánicas primero, las electromecánicas después y finalmente las electrónicas, por equipos computadorizados que en algunos casos están directamente conectados a esa misteriosa entidad que algunos llaman internet, otros la web y otros la red de redes.

Me refiero a ese ignoto “lugar” en que vive el ”Tío Gugle” o Google, ese que todo lo sabe.

Así como cambió la registradora, también cambió la billetera, el monedero e incluso el porta documentos.  Un pequeño pedazo  de plástico con un trozo de cinta magnética y algunos datos de identificación, que antes solo utilizaban unos pocos iniciados, miembros de clubes casi exclusivos, están hoy presentes en diferentes formas entre las cosas que la mayoría de los habitantes de este país llevamos con nosotros a donde sea que vamos.

Las tenemos con coloridos diseños y logos, desde la tarjeta de puntos o descuentos de una cadena de supermercados, que así conoce de nuestras compras y hábitos de consumo, pasando por la bancaria que en muchos casos toma periódicamente una porción de nuestro  dinero a cambio de la “facilidad” de permitirnos  no tener nuestro dinero en casa.

Ese  costo bancario que asumimos voluntariamente en el contrato de la cuenta, se justifica al menos parcialmente, en algunos casos, con la posibilidad de pagar servicios mediante débitos, programas de descuentos en espectáculos o servicios de auxilio mecánico para vehículos e incluso la posibilidad de generar un sobregiro limitado en la cuenta, o sea, poder utilizar más dinero del disponible en una cuenta pagando intereses e impuestos por ese servicio.

El panorama no estaría completo sin considerar la tarjeta denominada de crédito que nos permite realizar compras fraccionando su costo en cuotas mensuales, cuyo no pago en fecha nos penaliza con recargos e intereses sobre los saldos; y cuyo uso genera una historia crediticia personal que nos acompaña toda nuestra vida.

Esta tecnología, ahora complementada por la inclusión de chips capaces de contener mucha más información que las cintas magnéticas, se encuentra y entrecruza con las registradoras de los comercios en los denominados POS un acrónimo en inglés por “Point Of Sale” o en castellano punto de venta.

En ese punto es posible conocer incluso de nuestros desplazamientos, viajes y vacaciones tal y como se muestra en películas y series cuando rastrean a un sujeto mediante el uso que hace de sus tarjetas.

Así se cierra el círculo en el que muchos de nosotros hemos entregado y entregamos, quizá sin plena conciencia, pero voluntariamente, grandes cantidades de información personal.

La bancarización obligatoria cambia las reglas del juego. Dejando de  lado que ese proceso implica un gigantesco negocio para las instituciones bancarias que integran a su cartera de “clientes” a todos los habitantes del país, la obligatoriedad echa por tierra lo de voluntario del sistema y así quedan todos integrados a un esquema financiero que ni siquiera el genio de George Orwell pudo imaginar. Queda asi nuestra información en manos de instituciones, bancos y similares, que no han sido diseñadas ni tiene el propósito o el fin último de salvaguardarla.

Alguien podría objetar que si uno no tiene nada que ocultar, no debiera preocuparse por el destino de esa información, olvidando del derecho de todos a la privacidad.

La reacción ciudadana que intenta mediante el instrumento del plebiscito, parar este proceso, esta así, solo por eso plenamente justificada. Igualmente será difícilque lo logre, en principio por la multiplicidad de las iniciativas, lo que les resta fuerza,  y en segundo término por lo complejo de las propuestas, lo que dificulta su rápida comprensión por el público sin una importante campaña de difusión.

Tampoco ayuda a la mejor decisión, la partidización que tiñe de color político el tema, alejando la posibilidad de una discusión seria, al tiempo que los actores políticos, que tienen las  herramientas y el mandato ciudadano, dado por las urnas, para actuar en el mejor interés de todos, en lugar de hacer su trabajo discuten y se acusan mutuamente de los más oscuros propósitos.

Al fin y al cabo bastaría con modificar un vocablo en la denominada ley de bancarización, sustituyendo  la obligación del “deberá” por la voluntariedad del  “podrá”

Si la bancarización es tan buena como algunos dicen, entonces la racionalidad de nuestros compatriotas y las campañas que hagan los directamente interesados, los bancos, debieran de tener como resultado el incremento de la bancarización. Si no es tan buena y no es aceptada por los uruguayos, entonces mejor que no se haga en forma obligatoria.

1984 no es el paradigma de sociedad a la que debiéramos aspirar.

Entre la bancarización, la libertad y la igualdad  por Roberto Soria

La libertad es un valor relevante, comparte el horizonte con la igualdad y la solidaridad.  En la disputa entre las tradiciones liberales y republicanas, el lugar que ocupa y su relación con los demás valores es uno de los nudos centrales de la discusión. Para los que somos afines al republicanismo, la libertad es un valor que debe ser protegido con especial énfasis pero en una relación de armonía con los demás (lo que no es tarea sencilla). Así, debemos reflexionar y luchar para que la libertad sea inescindible de la igualdad, porque de hecho no hay libertad posible sin igualdad; dicha relación, es estructural. Si no participamos sobre los asuntos que nos atañen, si no se nos da la posibilidad de decir, de replicar y elegir cómo queremos gestionar los asuntos que hacen a la vida individual y en común, no estamos en una comunidad de iguales ni de libres.

Con tal espíritu, es que pretendo hacer explícitos una serie de argumentos en contra de la bancarización impuesta por la Ley 19.120; que como todos sabemos, el sistema político votó por unanimidad y bautizó ideológicamente como ‘’Ley de inclusión financiera’’. A pesar de que el abogado Gustavo Salle inició una campaña de recolección de firmas para impulsar un plebiscito al respecto para el año 2019, muchos de los argumentos por él manejados no son del todo entendibles por la ciudadanía, y en lo personal, pienso que su forma de comunicar es poco feliz y a veces sus razones de fondo no son compartibles.

El plebiscito está correctamente planteado; es necesario que nos pronunciemos acerca del asunto, pero antes, a pesar de la aridez técnica del discurso jurídico-financiero,  hay que  discutir ampliamente, y para eso, hay entender por qué la bancarización es negativa. A continuación, expongo una serie de razones, quizá no muy originales y ya conocidas por muchos, pero que pretenden solamente  sistematizar la información, arrojar luz y contribuir mínimamente a este debate.

Entonces, he aquí las razones. La bancarización implica:

1. a) un límite a la libertad para contratar y manipular el dinero propio, ya que (a pesar de que se sostenga lo contrario por parte del Estado) todas las operaciones económicas tienden a realizarse por cuentas bancarias, desde el cobro de sueldos, pago de alquiler, compras de cualquier índole;
2. b) en la fase inicial es ‘’gratis’’ para el ciudadano tener una cuenta, porque se pretende fomentar la medida, pero es obvio que los bancos empezarán a cobrar por el ‘’mantenimiento’’ de las cuentas y a venderlas como un servicio;
3. c) dado que a los comerciantes los obligan a tener pos para tarjetas, lo que tiene un costo y por ende les quita un margen de ganancia considerable, la suba de precios es inevitable;
4. d) el Estado pierde fuerza y soberanía, ya que le da espacio a las entidades financieras para crear dinero electrónico y enriquecerse desmedidamente;
5. e) si el sistema financiero quiebra, hay algún fraude, un virus, o un apagón de internet, nos solo nos quedamos sin dinero, además, adviene una caos económico y social digno de cualquier distopía de ficción científica;
6. f) todos los datos que producimos con tarjetas tienen nuestro nombre y apellido, o sea que es nuestra información, y aparte de estar hiper controlados, alimentamos un mercado que opera comprando y vendiendo estos datos.

Esta lista podría seguir o ser más detallada, pero en síntesis, lo que se pretendo apuntar es que con la bancarización se perjudica a los que estamos más abajo en la cadena de producción (como casi todo lo que nos impone el sistema financiero internacional). Se perjudica a los que tienen menos en favor de los poderosos. Y digo perjudica, asumiendo como estándar de evaluación la libertad e igualdad en sentido republicano.

De lo central no se habla por Gustavo Melazzi

Innecesario es “presentar” el tema. Está en curso una gran campaña oficial, que la presenta con todos los atributos positivos imaginables. Comentaremos uno a uno sus argumentos y, luego, nos centraremos en lo que no se habla.

En este escenario, bienvenida la intervención de dos senadores de la oposición. Más allá de sus posiciones, mientras el gobierno aspira a que su propuesta (que no es suya, como veremos) se apruebe sin agitar las aguas, colocan y con peso el tema sobre la mesa. Y es extremadamente importante.

De partida, señalemos que es erróneo referirse a objetivos de la IF, sus beneficiados o perjudicados sin establecer diferencias; como si la sociedad uruguaya fuera homogénea en lo social y económico. Los diferentes grupos serán afectados de diversa manera. Y no podemos considerar de la misma manera el ingreso de la inmensa mayoría de la población que se destina a un acto de consumo cotidiano (incluyendo pago de alquiler o cuota, vestimenta o servicios varios) junto con las operaciones de las PYMES, que altos ingresos dirigidos a la compra de un inmueble, un automotor o a una transacción comercial empresarial.

Comentarios a partir de los argumentos oficiales.

1)  La “seguridad” que la IF favorecería no es tal. Un rapiñero primero actúa y, luego, ve cuánto dinero se tiene. Además, la salida de los cajeros automáticos es un “llamador”, y los delincuentes también pueden obligar a un transeúnte a extraer dinero y quitárselo.

2)  En ciertas zonas, la accesibilidad de puntos habilitados es difícil y dificultosa su generalización, dado el costo de las POS (controladas sólo por dos empresas) y las tasas que su uso implica.

3)  Sin duda aumenta la eficiencia en las operaciones financieras; pero preguntémonos si ello redunda en su abaratamiento, por ejemplo si llevó a una baja en los intereses. Ya tenemos experiencia: cada vez más los usuarios debemos realizar digitalmente tareas que antes estaban a cargo de funcionarios, pero si bien bajaron costos (y empleos), no se perciben beneficios a los usuarios.

Lo mismo ocurre con las transacciones con tarjetas y el ahorro de los bancos en cuanto a tener que trasladar físicamente el dinero.

4)  Ante la frase “combatir la asimetría entre patrón y trabajador”, no se entiende a qué se refieren, ni explican por qué ocurriría. Pero ¿y la asimetría entre los bancos y el gobierno frente a los consumidores? ¿Ésta no interesa? (Volveremos más adelante).

Quizás se vincule con que al impulsar la IF, el Banco Mundial (y, al citarlo, vamos “orejeando la baraja”), dice que es para beneficiar a los pobres, ya que con ella superan su “déficit de acceso financiero”. O que la IF fomente la “transparencia”.

Nuevamente: superar asimetrías; beneficiar a los pobres; transparencia. ¿Para quién? ¿Para los trabajadores? Planteado más fondo, citemos a Aldo. Mazzucchelli: Todo el mundo está comunicado y se generan dinámicas en esa comunicación. ¿Pero dónde está la conexión con una de las ideas centrales de la democracia, que es el control ciudadano del poder?[i].  Porque con la IF, todos quedamos comunicados.

5)  Este tema del control ciudadano nos conduce a dos aspectos: el control fiscal, y el de los ciudadanos en sentido integral, sus comportamientos y aspiraciones.

El mismo gobierno señala que el aumento en la recaudación fiscal es uno de sus objetivos. En abstracto, podríamos estar de acuerdo. Pero es uno de los temas donde nuestra observación del inicio toma relevancia: la sociedad no es homogénea, y tampoco lo son las políticas del gobierno. En concreto: al mismo tiempo que la IF aspira a que los consumidores paguen sus impuestos, se exonera a los grandes capitales y empresas transnacionales de cuantiosas cifras.

En otras palabras: ¿acaso se nos está diciendo que los responsables de insuficientes recursos fiscales somos los ciudadanos consumidores? (que además la mayoría es cautiva). Contradictoriamente, se dice que la evasión del IVA es del 12%, cuando en países con elevadísimo cumplimiento tributario es del 10%. ¿Entonces?

Veremos más adelante los objetivos de fondo de la IF, pero adelantemos que no se pensó para los países de altos ingresos. En lo fiscal, sus poblaciones consideran natural y lógico efectuar sus pagos (protestas menores nunca faltan). Por lo tanto, en Uruguay: ¿es la IF la única alternativa para avanzar en el tema fiscal? Por supuesto que no; hay muchas, pero el gobierno debería abordar la triangulación en el comercio internacional; las auditorías contables; las off shore; los altos ingresos; la sobre y  subfacturación de importaciones y exportaciones; el lavado, y así sucesivamente.

Poco y nada tiene que ver esto con imponer una bancarización forzosa a los ciudadanos. Son dos mundos diferentes.

La IF conduce a un alto nivel de control hacia los ciudadanos. Sus compras; traslados; preferencias en el uso de instrumentos digitales; nivel cultural y prioridades en literatura o deportes; capacidad de endeudamiento; visiones sobre la educación, y otras. Apenas menciono aquí que esta lista se potencia increíblemente si consideramos la posibilidad de una articulación, un intercambio de información con la que surge de los celulares, que ya prevén operar financieramente.

¿Serán afirmaciones aventuradas? Michael Kosinski, investigador de la Escuela de Negocios de Stanford señala que la venta de los datos de clientes bancarios y sus transacciones puede llegar a ser más valiosa que las comisiones “tradicionales” de los servicios bancarios. Y un investigador de Citibanamex pone un ejemplo: si una persona registra una transacción en un café el sábado, y otra en una cafetería distinta el domingo, el banco podrá predecir si está buscando un departamento y conocer entonces qué servicios financieros ofrecerle. El proceso avanza, y un ejemplo es el Consorcio R3, formado por bancos internacionales y compañías de investigación tecnológica, entre otros.

Hace ya dos años, un sobrino, mientras caminaba por Barcelona recibe una llamada a su celular ofreciéndole un préstamo pero, para aceptarlo, “debe resolver en una hora”. ¿Imaginan el “poder” de un ciudadano de bajos recursos y educación para actuar racionalmente ante tal ofrecimiento? ¿Cómo es posible que se pretenda que estas situaciones, estos “nuevos productos financieros”, “modernos”, beneficien a la población de bajos recursos?

Estos procesos ya están en marcha, pero no deberíamos favorecerlos abiertamente.

            De lo que no se habla.

Si los temas anteriores son importantes –especialmente el control ciudadano– , llama la atención el silencio vinculado a la masa de dinero involucrada y sus consecuencias. Sobre todo cuando los impulsores de la IF deben  conocer el escenario internacional, y quiénes la impulsan.

Ubiquémonos. Desde 2004, el Banco Mundial (BM), por vía del Grupo Consultivo para Ayudar a los Pobres (GCAP), sostenido por 33 agencias internacionales y fundaciones privadas, estableció una serie de principios sobre las microfinanzas. Mencionemos el primero: “1. Las personas pobres necesitan una variedad de servicios financieros, no solamente créditos. Adicionalmente, requieren instrumentos de ahorro, seguros y transferencias de dinero” [ii].

A partir de la crisis de 2008, el capital financiero busca nuevas alternativas para obtener ganancias. Previamente (y entre otras áreas) había apostado a las “microfinanzas”, inicialmente desarrolladas en el Greenbank, impulsado por el Premio Nobel Muhammad Yunus en 1983. Dicho capital, pese a las altísimas tasas de interés que cobraban, abandonó los “créditos para beneficiar a los pobres” por su alto riesgo; el sobreendeudamiento; suicidios masivos; campañas por el no pago.

Es en 2014 que el BM ordena y sistematiza un proceso que venía ocurriendo en lo internacional (Financial Inclusion. Global Financial Development Report 2014, Washington. Citado por B. Stolowicz (BS). En él se señala claramente el papel clave que en la inclusión financiera (utiliza específicamente el término) debe jugar el Estado: El compromiso entre el gobierno y el sector privado es necesario para expandir la inclusión financiera de los individuos (…) con nuevas tecnologías y modernos sistemas de información sobre pagos y créditos (…) y con iniciativas de alfabetización financiera. (BS: p.970).

El propio BM es aún más claro: Las transferencias gubernamentales proveen una atractiva oportunidad para llevar a los no bancarizados a servicios financieros formales a través de un consistente flujo de dinero a las cuentas (BS: p. 971). Menciona la “seguridad” para los más pobres, y agrega que la “inclusión” de sus ingresos “… probablemente permanecerán en la cuenta durante algún tiempo. Esto, a su vez, puede dar lugar a más transacciones que generen comisiones, y permitir la función de intermediación para obtener intereses de los fondos desde que se depositan hasta que se retiran (BS: p. 972).

En 2008 se crea la Alianza para la Inclusión Financiera, en la cual están integrados todos los países de la América Latina continental[iii].

Está todo dicho. Esta bancarización forzosa (esencialmente, los salarios) pone a disposición de los bancos una inmensa masa de dinero para que operen con ella; los trabajadores financian gratuitamente al capital bancario (BS: p. 948). Sin riesgos; sin pagar intereses a sus verdaderos dueños (asalariados, por ejemplo), aunque luego, si solicitan crédito, les cobran intereses; cobran por el uso de las tarjetas.

Culminemos este apartado con todo rigor, citando nuevamente la investigadora: El fondo de consumo –actual y diferido- de los trabajadores es transferido para la valorización del capital financiero mediante su bancarización forzosa, antes de que llegue como ingreso a las manos de los trabajadores mismos (BS: p. 947; negritas en el original).

Conclusiones

La realidad está muy lejos de las declaraciones de “inclusión para el beneficio de los pobres”; entremos en la “modernidad”; “superemos las asimetrías”; la “democratización de las transacciones financieras”, debemos “razonar con el chip de la tecnología”, y así sucesivamente.

El acuerdo del gobierno para favorecer en los hechos el capital financiero, es inaudito. Repite palabra por palabra los lineamientos del BM; otras instituciones financieras y el capital financiero internacional.

Está fuera de duda quiénes ponen el dinero y quiénes se benefician.

[i] A. Mazzucchelli: El gran problema es el poder. En Brecha, 10/02/17.

[ii] Citado en Beatriz Stolowicz: El misterio del posneoliberalismo. Tomo II: La estrategia para América Latina. Volumen 2, pág. 951. ILSA y Espacio Crítico Ediciones, Colombia. 2016.

Los conceptos básicos de este apartado se originan y son fieles a lo señalado en este excepcional trabajo de la investigadora uruguaya radicada en México.

[iii] Quizás esto explique por qué es tan difícil “encontrar la siete diferencias” entre las declaraciones de responsables de la política económica y los escritos del Banco Mundial.

¿Tecnología obligatoria o incultura económica? por Ian Ruiz

La inclusión financiera es un objetivo perseguido por el gobierno nacional con la intención de proporcionarle a la ciudadanía instrumentos formales y regulados con el fin de que puedan gestionar mejor los recursos y proteger su patrimonio familiar.

Aunque puede parecer un importante avance, hay que reconocer que en Uruguay existe un número cuantioso de personas (casi unas 800 mil, MEF) que no poseen cuenta de ahorro, ni tarjetas de crédito o debito. Incluso muchos han dejado de ser usuarios de instituciones bancarias, en los últimos años. Estas situaciones hablan mucho de la desconfianza que predomina hacia las instituciones financieras. Incredulidad que también aumenta en cuanto al gobierno, a medida que trascienden las muestras de malas gestiones, corrupción y lo será más, si se evidencia el despilfarro de los recursos de los contribuyentes en beneficio de pocos.

Este temor vive y convive en la realidad de la población del interior del país, sobre todo, y se observa en el rechazo a la obligatoriedad de la bancarización.

No es correcto imponer a las personas a optar por algo, en este caso por formar parte de una supuesta “esclavitud bancaria” como algunos promotores de derogar la ley de inclusión financiera se animan a denominarla. La obligación, da a entender que se trata de una medida autoritaria cuyo objetivo es manejar el efectivo, una acción que perjudica a la ciudadanía al imponerle el pago de comisiones a bancos, si analizamos la situación en un razonamiento rápido. Lo correcto sería permitirle a la población acceder a una mayor formación económica y financiera, de ese modo su percepción cambiaría, y si se les enseña a utilizar el modelo que se pretende establecer, tendrán un incentivo más para incorporarse al sistema financiero nacional. Un sistema financiero, que dicho sea de paso, puede beneficiar a la economía de nuestro país con un mayor flujo de efectivo que incentive luego, la inversión de capital. Siempre y cuando no sucedan “errores humanos” en la gestión.

Como hemos aprendido a lo largo de la historia, los pronósticos que dan un mundo sin efectivo, no se han cumplido. Cierto es que la sociedad terminará utilizando dinero electrónico, pero más tarde que temprano. Estamos ante un progreso que se produce lentamente, y en parte porque tiene que luchar contra el dinero físico, una de las pocas tecnologías que ha funcionado satisfactoriamente para las personas, desde mucho tiempo.

La ley 19.210, esclava para unos, protectora para otros, parece ser positiva más allá de ciertos matices porque controlaría las fugas impositivas y el dinero sucio generado desde lo ilegal. Los aspectos a corregir serían anular los aranceles por parte de cada banco que la persona elija, y transformar los posts credit/debit y al BROU en un servicio a los ciudadanos, no un negocio.

Entre los objetivos, también debería estar la mejora del sistema de cajeros automáticos, porque de querer sacar todo tu dinero no puedes y hay días en que los cajeros no cuentan con dinero. Fuera de Montevideo, suponen un dolor de cabeza que en temporadas estivales en los Departamentos al Este del país, no se alivian con un analgésico. De lo contrario podríamos hablar, ahí sí, de que se beneficiaría a los bancos y a aquellas empresas que aparezcan con herramientas digitales para evitar el efectivo, como el bitcoin.
Si bien la ley se esfuerza por combatir el fraude y las falsificaciones, la evasión de impuestos y otros crímenes relacionados con las monedas corrientes, se encuentra con la incomodidad de empresarios chicos a los que los bancos les cobran un porcentaje, los más altos de la región, por las transacciones con tarjeta.

En base a lo que señala el Banco Central del Uruguay, “ningún comercio, banco o acreedor puede oponerse a recibir un pago en efectivo” en ese sentido, uno de los mayores desafíos que debe enfrentar el gobierno, es cultural. La mayoría de compatriotas prefiere seguir usando efectivo, aun así tenga otras opciones plásticas.

La reestructuración actual de los sistemas financieros mundiales brinda la oportunidad para que distintos países promuevan una visión ambiciosa para lograr inclusión financiera plena para 2020, utilizando un concepto que mantenga en el primer plano las necesidades los ciudadanos. Siendo así, tan solo esperaremos cumplir con la ley.

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Falta de boliche por Max Sapolinski

El proceso de redacción de la Ley de Inclusión Financiera y su subsiguiente implementación ha dejado en evidencia algunas características del gobierno y de su fuerza política.

Por supuesto, que el objetivo de posicionar a todo el sistema dentro de los cánones que los adelantos tecnológicos y la ruta que viene siendo marcada por la economía global, son propósitos loables que en su enunciación debieran ser compartidos por todos.

Sin embargo, cabe analizar algunos aspectos vinculados a los responsables de la implementación de la ley.

En primer término, cabe decir, que el Frente Amplio, aquejado de un verdadero estado de esquizofrenia, ha basado su discurso en la protección de los estratos sociales más necesitados, pero cuando llega el momento de aplicar las políticas, nos encontramos que desarrolla iniciativas como la que nos ocupa, vinculadas directamente al sistema financiero, sector al que habitualmente ha estigmatizado incorporándolo al conjunto de “los poderosos”. Este sector sigue cargando sobre sus clientes, y me animaría decir, sobre la ciudadanía en general, costos financieros, que en algunos casos, como las tasas que imperan en los créditos al consumo (tarjetas de crédito, etc.) se aproximan al nivel de épocas en que el nivel de inflación era cuatro o más veces superior al actual.

Se nos ha dicho, por ejemplo, que los trabajadores no tienen costos que emanen de la cuenta en que perciben sus remuneraciones. Pero se omite recordar, que los pequeños comerciantes deben pagar tasas muy superiores a las de las grandes superficies. Estos costos van en perjuicio de aquellos, que si bien son empresarios, sus ingresos se asimilan más a los de un salario que al de opíparos dividendos empresariales. Si no asimilan dichos costos, los mismos son trasladados al cliente.

Otro aspecto que ha quedado en evidencia en este proceso, es el divorcio que existe entre los sesudos planteamientos técnicos que emanan de los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas y la realidad dura y cruda de la economía doméstica. Lo que habitualmente llamamos como “falta de boliche”. Lo demuestra la necesidad de las constantes modificaciones que debieron implementarse motivadas por problemas que pudieron haber sido previstos. Por ejemplo, la marcha atrás que debió encararse en los pequeños centros poblados que carecen de cajeros.

El día que quise retirar en un cajero automático el saldo disponible que tenía y ante mis ojos se dibujó la leyenda que me obligaba a retirar un múltiplo de quinientos pesos, me preguntaba cuál sería la reacción del humilde trabajador que apremiado por sus necesidades debía recurrir a su saldo de unos pocos cientos de pesos y cual película de comics aparecía la máquina infernal burlándose de sus urgencias.

Por último, un capítulo aparte para un elemento, que muchas veces es bastardeado, pero que tiene capital importancia: el ataque a la libertad de los ciudadanos.

Desde el gobierno, se buscó justamente, tal vez porque lo consideraban uno de los puntos débiles de la reforma, resaltar la libertad de los trabajadores en cuanto a la elección del mecanismo de pago de sus remuneraciones. Esto es una falacia. Los trabajadores tienen únicamente la posibilidad de elegir el banco o agente financiero que será el receptor del depósito que contenga sus haberes. En la práctica, al final del proceso, todo confluye en la tarjeta y el cajero automático con las dificultades que ya enumeramos. También se nos dijo que los comercios están en libertad de utilizar o no los mecanismos en boga. Esto también es una falacia. Si se abstienen de utilizarlo, van quedando por fuera del circuito, y lo que es peor, tal cual se anunciara, pasarían a estar en la mira de los organismos de recaudación tributaria. Desde su tumba, con su obra 1984 bajo el brazo, George Orwell sonríe.

Con franqueza, no me asombra la adopción de mecanismos por parte de este gobierno que afecten la libertad de los individuos, que en su discurso pugnan por la modernización e inserción y en realidad se constituyen en artilugios de intromisión en la vida privada de las personas con el objetivo, que puede ser encomiable si no se avasallan garantías, de evitar la evasión.

La explicación para mí, ameritaría un profundo análisis filosófico. En resumen, lo explico brevemente, contrastando la filosofía “progresista” del gobierno con el ideario batllista.

Mientras éste último, basó siempre sus exitosos procesos reformistas en la defensa acérrima del concepto de la libertad y en procurar la búsqueda de la justicia social, en lo que habitualmente denominamos “emparejar hacia arriba”, el frenteamplismo, tal vez influido por el ideario marxista de algunos de sus sectores, tiene como objetivo final el emparejamiento social sin importarle la generación de oportunidades y la recompensa por el esfuerzo propio y está siempre dispuesto a darle “cachones” al valor supremo de la libertad.

Nacionalizar la banca por Rafael Fernández

La “bancarización” obligatoria tiene un claro objetivo fiscal. La resignación de algunos puntos del IVA (únicamente para los pagos con tarjeta) tuvo por finalidad impulsar ese medio de pago, para permitir un mayor control de la DGI sobre las transacciones. A todo esto se lo embelleció con el enternecedor nombre de “inclusión financiera”.

Se trata de una política del Banco Mundial, no de una invención local. Por una parte, busca dar mayores ingresos a los Estados, para que puedan afrontar el pago de la deuda pública. Por otra parte, vuelca una gran masa de dinero al circuito financiero, constituyéndose en un fabuloso subsidio a los bancos. Presentar esta política como “progresista” es una gran impostura. Los que abandonaron hace décadas la bandera de la nacionalización de la banca, se han convertido en los principales propagandistas a favor de los banqueros. Y esto en un país que ha sufrido sistemáticamente los vaciamientos y quiebras bancarias por lo menos desde 1965 -la más reciente  fue el derrumbe de 2002.

Para los pequeños comerciantes, la aceptación del pago con tarjetas de débito o crédito implica un costo adicional, cuando muchos están amenazados de ir a la quiebra por la competencia de las grandes superficies. El alquiler de los POS, las comisiones que deben pagar, la demora para hacerse del dinero, son todos costos que los perjudican, y que deberán trasladar al menos en parte a los precios.

La voracidad fiscal se manifiesta sobre los trabajadores y las capas medias, no sobre las grandes empresas -muchas de las cuales están abiertamente subsidiadas, o instaladas en zonas francas. Resulta que se combate la evasión del pequeño comerciante o del trabajador que quiere comprar sin boleta, mientras se organiza la evasión masiva del gran capital. Y encima, a UPM le van a destinar 1.000 millones de dólares en obras de infraestructura, para que pueda instalar una segunda planta -que también estará exonerada de impuestos.

Dicho todo esto, es evidente que quitar la obligatoriedad al pago de salarios en cuenta bancaria, o a la realización de determinados pagos vía transferencia bancaria, no va a cambiar lo esencial. Colocar un plebiscito nacional en torno a este tema es una gran cortina de humo, porque la salida no radica en hacer “voluntaria” la bancarización, sino en nacionalizar la banca bajo control de los trabajadores, entre otras medidas, como el no pago de la deuda externa, la eliminación de las Afaps, la nacionalización de la tierra (expropiación de los latifundios), es decir, una verdadera transformación social. No en vano Lacalle Pou y otros reaccionarios, que defienden a los banqueros, a los grandes capitalistas y a los latifundistas, pueden apoyar tal plebiscito. Porque no cambiará nada en lo esencial. La tendencia a la liquidación de los pequeños propietarios de tierra en beneficio de los grandes terratenientes, o de los pequeños comerciantes en favor de grandes cadenas, es bien anterior a la famosa “inclusión financiera”. Los sectores patronales “opositores” utilizan el plebiscito para explotar políticamente el descontento con el gobierno de las capas medias y cada vez más sectores populares.

La cúpula del PIT-CNT y la mayoría de AEBU han salido a apoyar al gobierno, convirtiéndose en abogados y propagandistas de la “bancarización”. Se hacen cómplices de la explotación del pueblo por los banqueros, algo que encima redunda en contra de los bancarios -cuyos puestos de trabajo van siendo sustituidos por las redes de pagos y otras “corresponsalías” no bancarias basadas en bajos salarios y trabajo precario. La “inclusión financiera” va de la mano de la “des-bancarización” de los puestos de trabajo.

Es necesario levantar un programa de reordenamiento de la sociedad sobre nuevas bases. Los falsos “progresistas” han fracasado en todo el continente, así como los derechistas como Temer y Macri que los sustituyeron. Preparemos la lucha por un gobierno de trabajadores.