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Inseguridad alimentaria: ¿Inoperancia o inmoralidad?

Inseguridad alimentaria: ¿Inoperancia o inmoralidad?
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Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) este año, en Uruguay 15% de los hogares tiene inseguridad alimentaria moderada o grave y 2,6% grave.
Los datos son contundentes e incuestionables ya que fueron realizados por el INE y con mucha más profundidad que los realizados por la FAO.
Sin entrar a comparar con el pasado ya que esta es la primera medición con estas características sus resultados son muy preocupantes. ¿Es posible que en un país que produce alimentos para más de 30 millones de personas no lleguemos con comida para toda la población? ¿Qué mecanismos hacen falta para que esto se termine de una vez por todas? ¿Se resuelve con caridad o planes sociales? ¿Por qué es tan caro comer en Uruguay? ¿No resulta indigno que haya gente que pase hambre? ¿Cómo llegamos a un Uruguay con hambre cero?
El escándalo del 2,9% Por Heraclio Labandera
No me tranquiliza saber que de acuerdo a la FAO vivimos en una región que tiene 29,3% de hogares con inseguridad alimentaria moderada y 11,7% con inseguridad alimentaria grave.
Al leer los datos arrojados por el primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares presentado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la primera cifra que hizo ruido fue el 2,9%.
De acuerdo al estudio, ese fue el porcentaje estimado de personas en hogares con inseguridad alimentaria grave, lo que por definición refiere a los que en algún momento del año “se han quedado sin alimentos, sufren hambre y, en el caso más extremo, pasan uno o más días sin comer”.
Hasta el Censo del año próximo no se sabrá con exactitud cuantos habitantes residen en el país, pero de acuerdo a las proyecciones demográficas vigentes ese indicador individualizaría a unas 99.000 personas en todo el país.
Y si luego se advierte la cantidad de personas estimadas en hogares con inseguridad alimentaria moderada, el estudio calculó su existencia en 16,5%.
Considerando que esa categoría por definición, incluye a las personas que “afrontan incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir, en ocasiones durante el año, la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos”, la proyección daría por resultado el impacto en unas 565.000 personas en todo el país.
Es verdad que los datos del estudio presentado al público privilegiaron la cantidad de afectados por sobre las razones que generan el problema, lo que no permite sacar conclusiones demasiado floridas.
Eso es una pena, porque como bien indicó el director técnico del INE, Diego Aboal, éste es un fenómeno “multicausal” que no admite una única explicación.
Algunas cifras del estudio del INE permiten concluir que hay un mayor riesgo de verse afectado de inseguridad alimentaria moderada y grave por razones económicas, pero al cruzar datos con el informe 2022 de la FAO que aborda el tema, se advierte que ambas cifras crecieron en casi todo el mundo desde que el organismo comenzó el relevamiento.
De cualquier modo, sería valioso despejar algunas incógnitas como por ejemplo conocer los motivos que provocaron las causas económicas que detonan en inseguridad alimentaria, si es por desocupación, subocupación, patologías, adicciones, sociopatías, edad, sexo u otras razones.
Pensar que este fenómeno se produjo por “inoperancia”, como pregunta Voces, lleva implícita una sospecha demasiado simplista para un país con un sistema de histórica asistencia alimentaria pública que no depende de los gobiernos de turno.
Tan reduccionista, como afirmar que este problema comenzó recién en 2020 y antes todos los uruguayos eran rubicundos y mofletudos porque gobernaba la otra coalición.
Como explicó el ministro Martín Lema, el inventario de necesidades se realizó con el objeto de “mejorar los mecanismos de accesibilidad alimentaria” para los sectores más vulnerables.
Pero si coincido en que este problema, independiente de los gobiernos de turno, representa una verdadera “inmoralidad” a la que no podemos acostumbrarnos.
En noviembre se cumplirán 38 años de una frase memorable de Wilson Ferreira, que hoy viene a cuento y conserva absoluta vigencia:
“Si no somos capaces de asegurarles una vida digna y decorosa a tres millones de orientales, somos unos criminales”.
Vamos a esperar los resultados de la siguiente encuesta para evaluar cómo funciona el sistema.

¿Súbditos o Ciudadanos? Por Andrés Scavarelli.
Desde el origen de los tiempos la humanidad entendió que su existencia y el mundo en el que se desarrolla está plagado de incertidumbres, amenazas y peligros, por lo que su evolución tanto biológica como cultural ha sido para adaptarse a estas incertidumbres a fin de encontrar una cierta cuota de seguridad, de certeza y de paz que le permita ejercer su natural derecho a la vida, un derecho que no solamente significa hoy día el de la mera supervivencia sino además el de desarrollar un proyecto de vida, es decir, el derecho a vivir no solamente implica prolongar lo más que sea posible sino que esa vida sea en términos dignos y seguros.

“Libertad para vivir sin temor, Libertad para vivir sin miseria, Libertad para vivir con dignidad”, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 66/290 consignan, desarrollando estos conceptos que se citaron recién que “la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”, agregando la importancia de que los Estados y sus gobiernos, en la medida de las respectivas posibilidades, ya que se trata de derechos de los llamados prestacionales, Económicos, Sociales y Culturales, den respuestas “adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas”.

Entonces, no basta con la mera prestación de auxilio para quienes están en condiciones críticas, es necesario tareas de protección y empoderamiento, aquello de “no solamente dar el pescado sino también enseñar a pescar”, de eso se trata el empoderamiento, dar herramientas que permitan a las personas su autonomía y no estar a merced de la voluntad ajena, sea del Estado o de otros, pues ese empoderamiento es la diferencia entre el feudalismo y la democracia o entre ser súbditos o ser ciudadanos.
Nuestro país no escapa a la realidad de un mundo que produce suficiente riqueza o alimentos como para satisfacer las necesidades de todos sus habitantes tal vez por varias veces, a diferencia de otros tiempos donde el hambre era por falta de alimentos, actualmente el hambre es por falta de justicia social, de interés global de encontrar caminos de solución para estas situaciones, en un mundo orientado al lucro y a la generación de riqueza, el materialismo nos está alejando de nuestra propia humanidad y en función de ese narcisismo global es que los pueblos eligen, deciden y priorizan sus intereses o segmentan sus perspectivas.
Es necesario superar la emergencia, la crisis, pero más aún, debemos afrontar y delinear estrategias nacionales, pero también globales para construir un mundo y un Uruguay más justo donde las personas puedan vivir en paz, que como decía Benito Juárez, representa “el respeto al derecho ajeno” o volviendo a las palabras de las Naciones Unidas no es otra cosa que la libertad para vivir sin temor, sin miseria y con dignidad.

El capitalismo es inmoral… y los gobiernos lo hacen funcionar por Oscar Mañán
Según Informe del INE (2022, p.13) “se entiende por inseguridad alimentaria cuando una persona carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable”. Bajo tal definición y en base a las ECH (Encuestas continua de Hogares) se ve que los que tienen insuficiencia moderada y grave son un 15% de los hogares y, es particularmente preocupante, en los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. Lo que hipoteca el futuro del país realmente es que en los hogares con niños y niñas menores de 6 años el porcentaje de los mismos con insuficiencia alimentaria trepa a más del 20%.
Después del dato, vale la pena apuntar posibles causas, aunque ser exhaustivo sería imposible. Hace tiempo se repite la frase de que la pobreza tiene cara de mujer, de niños, niñas y adolescentes; sabemos que la reproducción poblacional se hace con cargo a los sectores más desposeídos, y también que las políticas públicas focalizadas han sido insuficientes. Se conocen las discriminaciones de género con que opera el mercado laboral, fuerte informalidad, desempleo y subempleo, y si remitimos a los últimos tres años, los salarios se retrasan respecto a los precios con la pérdida de poder de compra de los mismos.
Ciertamente, el país es productor de alimentos, pero no hay políticas que controlen los precios de aquellos productos básicos que podría esperarse que le lleguen a toda la población, incluso a quienes tienen menores ingresos. Además, gran parte de la recaudación por la vía de impuestos (más de la mitad) se basan en los indirectos, particularmente IVA e IMESI, que gravan los productos de consumo, especialmente el IVA es leonino comparado con el de otros países.
Pero también, podría analizarse el grado de monopolio en que opera la economía, en varios sectores pocas empresas controlan el mercado, tienen posibilidades de fijar precios tanto a los productores como a los consumidores (i.e. la industria cárnica). El clima es una variante aún poco controlada en Uruguay, faltan inversiones y políticas que la posibiliten, por tanto en momentos como los actuales (sequía preocupante) las industrias especulan con los precios, obtiene ganancias extraordinarias porque los productores venden con la soga al cuello y los consumidores siguen pagando precios altos. La actual política de ajuste para los combustibles es poco razonable, mantiene precios elevadísimos para la producción y servicios conexos, pero además, no permite a los productores hacer cálculos razonables para la inversión en plazos medianos.
Abaratar una canasta de consumo mínima, fijar precios para bienes indispensables, ampliar los fondos sociales de alivio a la pobreza, son políticas que no tienen dificultades ni costos descabellados, se hicieron en varias épocas del pasado… es cuestión de voluntad. Políticas redistributivas, un sistema impositivo que grave al capital más que al trabajo, que exija a las empresas más contribución para los sistemas de seguridad social que se basa dominantemente en los aportes de los trabajadores, también con voluntad y algo de inteligencia se logra. Cuando se dice voluntad, se alude a un acto de dominación, hay que imponerla y aguantar la embestida de los sectores que se opongan, claro para ello deben elegirse gobiernos populares y generar controles estrictos en base a la movilización.
Sin embargo, la inmoralidad del capitalismo es una cualidad innata, superarla lleva el desafío de pensar y articular una nueva forma de producir no solo bienes sino vida, que ponga en el centro la vida humana y no la ganancia. Darle respuesta también a las preguntas que se hacía Galeano (1984, .p. 154)* “… ¿Por qué unos países se han hecho dueños de otros países, y unos hombres dueños de otros hombres, y los hombres dueños de las mujeres, y las mujeres de los niños y las cosas dueñas de las personas?»
*Nota: Galeano, E. (1984). Apuntes para un auto-retrato. Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien,43(43), 153-155.

Política del hambre y descomposición capitalista por Lucía Siola

Los datos que recoge el INE sobre inseguridad alimentaria dan cuenta de una realidad social gravísima e inadmisible. Que en un país que produce alimentos para 30 millones de personas el 15% de los hogares uruguayos sufra hambre no es sólo una contradicción sino que es un dato irrefutable del fracaso de un régimen social.
Sus administradores multicolores no han hecho otra cosa que desenvolver un programa político de ataque a los derechos elementales de la población trabajadora y a los sectores más pobres, con lineamientos que imponen la rebaja salarial en todas las ramas, ajuste fiscal en el sector público (vivienda, salud y educación, asistencia social) recorte de derechos (seguridad social; recorte en el pago por enfermedad para los públicos, reforma con aumento de la edad de jubilación). Lejos de fomentar la creación de trabajo genuino y proveer la alimentación mínima de miles de desocupados que se alimentan diariamente en las ollas populares organizadas por vecinos, organizaciones barriales y sindicatos, han promovido políticas de privatización, una mayor precarización del trabajo y reducción del empleo público (recortes de horas docentes en la educación, eliminación de vacantes en la Administración Central). Además han recortado diversos planes de asistencia social (planes, refugios) al punto de ubicar en edificios deteriorados con riesgo de vida a familias en condición de calle con tal de ahorrar algún peso. Se trata de una política deliberada, clasista, que busca favorecer la acumulación de riqueza de una elite empresarial y política en detrimento de las mayorías populares y cumplir con los mandatos del capital financiero. Lo evidencia también las condiciones económicas actuales donde hay un crecimiento significativo, en particular con exportaciones récord (1500 millones de dólares) derivado de un aumento de los precios internacionales de las materias primas (especialmente la soja que creció un 86% y la carne que lo hizo un 24% entre enero de 2020 y marzo 2022) y de los depósitos uruguayos en el exterior que llegan a 10 mil millones de dólares (un sexto del PIB).
Esta polarización social no es la consecuencia de “un modelo de la desigualdad” que sería contrapuesto a un “modelo igualitario” bajo el régimen capitalista -impulsado, quizás, bajo otros colores políticos en el gobierno. La llamada “inseguridad alimentaria” es el mote encubridor de la miseria social provocada por la descomposición del capitalismo. Es el resultado de un capitalismo que no puede ya garantizar la explotación del trabajo y la producción asalariada. La degradación contemporánea del “mundo del trabajo” es indisociable de la degradación del capitalismo, en su más alto grado de desarrollo; pues revelan un agotamiento de la propia relación social capitalista. Por tanto: no hay salida fuera de una política anticapitalista.
La pelea contra el ajuste del capital es vital para la subsistencia y la defensa de condiciones de vida digas para la población trabajadora. Sin embargo, no basta con un aumento del gasto social o planes asistenciales que constituyen paliativos a esta realidad. El impulso a la creación de puestos de trabajo, la prohibición de los despidos, la reducción de la jornada sin pérdida salarial, un salario mínimo nacional igual a la canasta familiar y un plan económico al servicio de los productores, no de los que lucran a costa de su trabajo, son los primeros pasos para avanzar en una transformación y reorganización social y productiva profunda donde trabajemos todos para trabajar menos.
El bien de toda la comunidad por Juan Pablo Grandal

Las soluciones a la problemática hoy planteada no son fáciles, ni mucho menos. Es muy fácil decir por ejemplo que debemos controlar las exportaciones para que nuestra producción alimentaria “se quede acá”. O por el otro lado, abrir desmesuradamente las importaciones de alimentos. En ambos casos nuestra matriz productiva se vería afectada de tal manera que lejos de ayudar, probablemente empeoraríamos la situación. Hay que evitar tales ideas “cortoplacistas”, el desarrollo nacional es un proyecto a largo plazo y en ese sentido hay que plantear políticas. Pero por algún lado hay que empezar, y algunas de las políticas que voy a nombrar ya se encaran, pero muchas no.

Políticas que podrían ayudar a encaminarnos hacia el desarrollo pueden incluir, por ejemplo: promover aquellos sectores que prevén un crecimiento de cara al futuro, como el de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación); promover la integración comercial regional y a la vez buscar nuevos mercados para nuestra producción; aumentar la inversión en investigación + desarrollo (I+D); invertir en infraestructura; entre muchas otras.

El problema con muchas de estas políticas es que, obviamente, conllevan un costo económico para el Estado. Si bien el sector privado puede y debe cooperar en todas ellas, no podemos esperar que “la mano invisible” actúe por sí sola y acorde a los intereses de nuestra comunidad.

También este es el caso con las llamadas “políticas sociales”. Su eficacia o ineficacia es más que discutible, y no deben juzgarse por sus intenciones, sino por sus resultados. Y queda claro que las políticas sociales como están planteadas hoy son al menos, insuficientes. En este caso creo que también existe un discurso muy demagógico, con gente que plantea por un lado que hay que eliminar las políticas sociales porque contribuyen a “mantener vagos”, y gente que plantea poco más que el Estado tiene la capacidad de por su propia acción paliar cada necesidad existente en la sociedad.

La realidad es que las políticas redistributivas son necesarias para tener una comunidad integrada y justa. Pero en su justa medida. Se debe promover la iniciativa individual y/o privada en todo aquello que no perjudique al Estado; y promover la acción estatal en todo aquello que no perjudique a los individuos y al sector privado en su conjunto. Pero por sobre todo poniendo el bien del colectivo social por encima del de cualquier individuo u organización particular. Si consideramos necesario garantizar el acceso a la alimentación de calidad para todos los orientales, las autoridades deben tomar medidas para que así sea, caiga quien caiga.

Quizás las políticas sociales deberían ser pensadas con mayor amplitud. Por ejemplo, está estudiado en varias partes del mundo que aquellos niños que crecen en familias monoparentales tienden desproporcionadamente a ser pobres. Bueno, a la vez que se focalizan ayudas en dichas familias, ¿por qué no promover activamente aquellas estructuras familiares que muestran mejores resultados? También, si pensamos que las políticas estatales son insuficientes, ¿por qué no promover la formación y persistencia de instituciones pilares de las comunidades: como las iglesias, clubes barriales, instituciones deportivas? ¿No es mejor que la demagogia berreta, sea desde el neoliberalismo o el colectivismo socialista?

Y lo más importante: conjugar esto último con lo planteado anteriormente sobre el desarrollo nacional. Emprender un camino al desarrollo cuyos beneficios sean disfrutados por todos y cada uno de los habitantes de esta tierra. Desde los más ricos a los más pobres, y todos los que se encuentren en el medio. Y si algunas de las propuestas en cuanto al desarrollo nacional o las políticas sociales nos llevan a cuestionar algunas de las vacas sagradas de la posmodernidad atomizante en la que vivimos: ¡pues mejor! Dos pájaros de un tiro.

No hay solución final para estas cuestiones, como he dicho en anteriores columnas, no existe Edén posible ni sociedad utópica. Pero no me cabe duda de que podríamos vivir mucho mejor, y particularmente, los más vulnerables, en quienes más deben esforzarse nuestras autoridades, podrían vivir mucho mejor. Tanto desde el punto de vista material como espiritual. Y la historia demuestra que conjugando los intereses del individuo con los de la comunidad, y con clases dirigentes que toman iniciativa en pos del bien común, se logran los mejores resultados. Lo cual beneficia a todos los individuos y todas las clases.

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