En los últimos tiempos la lluvia de denuncias y condenas a las políticas de Israel hacía los palestinos está haciendo caer la máscara que presentaba a ese estado como una democracia ejemplar y hasta la única en la región. El muy difundido informe presentado por Amnistía Internacional (AI) el 1º de febrero titulado: “El apartheid de Israel contra la población palestina: un cruel sistema de dominación y un crimen de lesa humanidad”, lo desnuda.
Apartheid es un término legal utilizado en principio para describir el régimen segregacionista de Sudáfrica que se estableció en 1948 y fue derrotado en 1994.
Recordemos que la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de la ONU, en 1973, definió el crimen del apartheid como “actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación por un grupo racial sobre otro grupo racial y oprimiéndolos sistemáticamente”.
En 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) incorpora este crimen de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma, abarcando actos inhumanos como la tortura, el asesinato, la transferencia forzosa, la prisión o la persecución de un grupo identificable de discriminación política, racial, nacional, étnica, cultural, religiosa o de otra índole “cometida en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación por un grupo racial sobre cualquier grupo o grupos raciales y cometida con la intención de mantener ese régimen”.
El informe de AI “llega a la conclusión de que dichos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid. Israel debe desmantelar este cruel sistema y la comunidad internacional debe presionarle para que lo haga. Quienes posean jurisdicción sobre los delitos cometidos para mantener este sistema deben investigarlos…”
La respuesta no se hizo esperar, el Ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, califico el informe de “antisemita” y un “reciclaje de mentiras”. “Amnistía solía ser una organización valiosa que todos respetábamos. Hoy es exactamente lo contrario”. “No me gusta decir que si Israel no fuera un Estado judío nadie en Amnistía se atrevería a atacarlo, pero no veo otra explicación”, indicó.
USTEDES CALLADITOS
A pocos meses de instalada la actual coalición gobernante, el Ministerio de Defensa ha declarado a seis ONG palestinas defensoras de los derechos humanos como organizaciones terroristas, pero no ha aportado pruebas de sus acusaciones. Pesa la amenaza de proscribirlas.
Se trata de grupos humanitarios y de derechos humanos respetados internacionalmente, que cooperan con la ONU e importantes tribunales de justicia internacionales, como la CPI y la Corte Internacional de Justicia, con los que mantienen asociaciones para el suministro de información, investigaciones y estudios sobre las constantes violaciones de derechos por parte de la ocupación sionista.
Las organizaciones afectadas son la Asociación de Apoyo a los Presos y los Derechos Humanos (Addameer), cuyo sitio web actualiza con frecuencia la situación de los presos políticos palestinos; Al-Haq, que defiende los derechos humanos de los palestinos desde 1979; Defensa de los Niños Internacional (DCI), que lleva 35 años trabajando por los derechos de los niños; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC); el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo; y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, vinculada a la OLP.
DESVELA A ISRAEL
En marzo de 2021, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, confirmó que su oficina había abierto una investigación relacionada con los “crímenes del Estatuto de Roma” cometidos por “Israel” contra los palestinos. Se refiere a cuatro crímenes: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Todos se traducen en horror.
Cuando la fiscal anunció la apertura de la investigación de presuntos crímenes de guerra de Israel y grupos armados palestinos en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, El Gobierno israelí respondió que no cometió crímenes de guerra y que no cooperará con Bensouda porque no tiene potestad legal para investigar, ya que Israel no forma parte de la CPI y la parte demandante, Palestina, no es un Estado soberano.
Por otro lado, en febrero, comienza el 49º período de sesiones regulares del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU). Y se presentará un informe relativo al bombardeo de Gaza por parte de “Israel” en 2021. Después del cese del fuego el CDHNU aprobó una resolución para establecer una “comisión de investigación internacional independiente y permanente” que indagará diversos crímenes en los Territorios Ocupados, incluido Jerusalén Este, e Israel.
Según un informe de julio de 2021 de HRW, uso el término “crímenes de guerra” para describir los ataques de “las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos”. Analizó ataque israelí “que asesinó a 62 palestinos” y no había “objetivos militares evidentes en las inmediaciones”.
Se espera que la comisión presente su primer informe al CDHNU en junio. “Israel” reconoce que pocos de los países del CDHNU votarán en contra del mismo, donde, se prevé, lo calificará de “Estado Apartheid”.
Para evitar que el informe salga a la luz se plantea dos cosas: deslegitimar a los comisionados, especialmente a Navi Pillay, la presidenta y pedir a EEUU que utilice su pertenencia al Comité para retrasar la publicación del informe.
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