Asegurar la presencialidad cotidiana en jardines, escuelas y liceos de nuestro país, debería ser uno de los objetivos centrales de todo el tejido social (con las autoridades en primera línea), para el final de este año 2020 y lo que viene en 2021.
Es un desafío de enormes dimensiones, que incluye elementos presupuestales, pero también tensa el tejido organizativo, profesional y social desde donde se construyen las propuestas educativas en general, y las públicas en particular.
Algunas certezas
Mirando cómo ha evolucionado la pandemia del COVID en América Latina y pudiendo anticipar algo de lo que sucederá en 2021 (tomando en cuenta lo que hoy pasa en el hemisferio norte) es bastante aceptada la tesis que también el año próximo será un tiempo de complicaciones sanitarias y por ende, de alteraciones en el calendario y la organización educativa.
Los distanciamientos establecidos por los protocolos, son fundamentales para evitar la propagación del virus y en la organización de los centros escolares (donde hay una intensa concentración y circulación de actores) se juegan gran parte de las medidas de prevención.
Esta situación exige que el conjunto de los actores involucrados, con la clara dirección de la administración educativa, pero también con la participación activa del conjunto de implicados (comunidad científica, docentes, familias, estudiantes) construya alternativas viables que aseguren en el final del 2020 y en todo 2021 la presencia física regular de los estudiantes en los centros.
¿Por qué insistir en la presencialidad?
Esencialmente, por una cuestión de justicia educativa y social.
Esta situación de funcionamiento recortado genera dos efectos muy complejos y que tocan directamente el sentido de la educación pública nacional: por un lado, ha ocasionado la desconexión de las propuestas educativas de amplios porcentajes de los sectores más excluidos de nuestra sociedad y por otro, hace recaer la lógica de cuidados infantiles fundamentalmente en las mujeres (y especialmente en las de menos recursos), agravando las brechas de género.
El éxito del calendario y el horario escolar habitual es su simplicidad y regularidad. Las familias organizan su vida laboral y social en función de las posibilidades de atención de sus hijos en instituciones especializadas para ello. Parte de la clave de la expansión de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y su desarrollo constante en las tasas de egreso educativo en los niveles secundario y terciario, tienen que ver con la expansión del servicio educativo formal y no formal como política educativa y de cuidados.
Es por ello que decimos que la injusticia de un calendario intermitente es doble:
Es educativa, porque hace depender de los recursos económicos, culturales y hasta habitacionales (más allá de la conectividad) que tenga cada niño y joven en su familia, para que puedan acompañar en forma regular las propuestas de trabajo de sus docentes y de esa manera lograr aprendizajes de calidad.
Y es social, porque más allá de los aprendizajes, el conjunto de las relaciones sociales (en sus dimensiones familiares, económicas, de circulación social y – insistimos- de género) con la asistencia intermitente, lesionan a los sectores más desfavorecidos y excluidos.
Principios e ideas para el desarrollo de la presencialidad regular y sostenida
- Desafío gubernamental: Los principales responsables de asegurar la presencialidad regular y sostenida en la educación pública son las autoridades. Para ello, la asignación de recursos que permitan ganar metros cuadrados y además contratar docentes y personal de apoyo que reduzca el número de niños y jóvenes por grupo, es una tarea central. En nuestro país existen innumerables espacios sociales posibles de ser reconvertidos en lugares para educar. Identificarlos, prepararlos, generar la coordinación con los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), es una tarea que se puede (y a nuestro entender se debe) comenzar ya.
Esto incluye al Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo, que podría ser un espacio de seguimiento y construcción de alternativas. Por ejemplo, en España, a principios de julio se creó una comisión parlamentaria para el seguimiento de la reorganización de ciclo escolar (que comenzaría en septiembre). De esta manera, las demandas de las Comunidades Autónomas y del propio Gobierno Central, se veían apoyadas por el refuerzo de gastos presupuestarios votados por el parlamento y además se amplificaban las propuestas de la sociedad civil y los colectivos profesionales.
- Participación social: En esta tarea, de expandir espacios a ser utilizados como lugares educativos, es fundamental la participación del amplio tejido social que rodea a la educació En primera instancia, de los docentes (que deben ser escuchados e incluidos en la planificación del proceso), pero también de las familias y del conjunto de la sociedad civil. Encontrar y acondicionar nuevos locales es una tarea solo posible si se registra cada territorio, se convoca a cada familia y se asume como un desafío de todos.
- Oportunidad de generación de nuevos formatos organizativos y pedagógicos: La presencialidad que nos imaginamos, debe a la vez que mantener los marcos sanitarios de distanciamiento recomendados por las autoridades, ser un punto de reconsiderar las formas de organización del sistema educativo. La educación uruguaya creció cuando nuestros padres fundadores (Miguel Soler, Julio Castro, Enriqueta Compte y Riqué, Olimpia Fernández…) promovieron la integración escolar con el diálogo y la construcción comunitaria. Las mejores experiencias educativas nacionales fueron democráticas, arriesgadas, capaces de romper los moldes establecidos y sobre todo, promotoras de la experimentació
Podríamos retomar este camino para estos tiempos de incertidumbre.
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