¿La confianza mata al hombre?

El affaire del jefe de custodia presidencial copo la agenda mediática y dio para todo tipo de interpretaciones. Nuevas informaciones y datos surgen día a día. Más allá del uso político de la situación de ambos lados: oposición y gobierno, se plantea un problema de fondo. ¿Funciona la inteligencia estatal en nuestro país? ¿Es tan fácil infiltrar organismos como la Dirección de Identificación Civil, la policía o la cancillería? ¿Alcanza con el conocimiento personal para nombrar en un cargo? ¿Si es compañero o correligionario, es confiable? ¿Hasta dónde deba llegar la investigación del insuceso? ¿Los políticos uruguayos son unos “palomas” fáciles de engañar? ¿Le corresponde solo al presidente asumir la culpa de este error? ¿No es imprescindible una limpieza institucional en varios organismos?

Confiados traicionados y otros simplismos que dañan la política por Eduardo Gudynas

La detención del custodio del presidente como presunto participante en una red delictiva internacional es un escándalo, y lo es por muchas razones, algunas de las cuales se vienen comentando en la prensa. Pero hay otras que no reciben la misma atención, aunque son posiblemente aún más graves.

En primer lugar esto es mucho más que un drama personal de Luis Lacalle Pou, ya que en sentido estricto está en juego la institucionalidad de la presidencia. No sólo se ha traicionado a un individuo sino también a la presidencia, y con ello al Poder Ejecutivo. Teniendo esto presente, es oportuno recordar que en las definiciones originales del concepto de traición existe una larga historia que diferenciaba la “alta traición”, calificándola como aquella cometida contra la soberanía del país o la persona del soberano, que el caso actual reside en la presidencia, afectando su honor o su seguridad.

Las consecuencias del hecho impactan dentro del país pero a la vez tienen serias consecuencias internacionales ya que ahora sabemos que hay cientos, tal vez miles, de pasaportes espurios. Nadie puede sorprenderse si la Unión Europea, Estados Unidos u otros gobiernos estén pidiendo aclaraciones sobre rusos que viajan con documentos uruguayos. La reputación del país ha sufrido un serio golpe, y habrá que ver si el canciller o algún otro representante no debería explicar, por ejemplo, en Bruselas o Washington, lo que acaba de ocurrir. Es por estas razones que la persona, Lacalle Pou, no es la primera víctima en esto, sino que lo es la presidencia, y desde allí el país, todos nosotros como uruguayos.

En segundo lugar, la insistencia del gobierno y de buena parte de la prensa en que se traicionó una confianza genera más problemas de los que resuelve. Es que se está diciendo que se incumplió con una “confianza”, y por lo tanto, que ésta es esencial para ese tipo de puestos. Ese es un razonamiento que no puede compartirse. La confianza no puede ser el atributo único ni esencial en asignar personas en puestos claves dentro de la presidencia y el ejecutivo; no puede estar por encima de las capacitaciones, experiencias y antecedentes personales. Pero todos conocemos que ese ha sido el modo de otorgar puestos en el Estado, repitiéndose con ministros, directores en entes y en otros sitios, donde se asigna por amistad, confianza o lealtad, y no por capacidades.

Las justificaciones de Lacalle Pou, como reconocer que el ex guardaespaldas había “dado una mano” en la campaña, se asemeja a otras que muchas veces repiten los actores políticos (“es amigo de la infancia”, “me lo recomendó mi mejor amigo”, etc.). Ese es un modo de gestionar el Estado que es muy negativo, que no puede descartarse que influya en la pobre gestión pública estatal, y que ahora vemos que llega a tal extremo que desemboca en este escándalo.

En tercer lugar, el presidente ahonda en explicar su marco de referencias sosteniendo que habría gente “buena”, y como consecuencia otros serían “malos”. Más allá del simplismo en esa explicación, que más de uno podría interpretar propia de adolescented que recién se asuman al mundo, se nos dice que desde la presidencia se divide a las personas entre unas bondadosas y otras malvadas, y que la clave estaría en confiar en los que en la Torre Ejecutiva reconocen como buenos.

Ciertamente se puede retrucar que el presidente no piensa ni actúa de esa manera, y que esas floridas explicaciones buscaban esquivar preguntas incómodas. Aunque fuese cierto, el problema de fondo se mantiene, ya que seguimos atrapados bajo una presidencia que se justifica desde sentimentalismos simplistas.

En cuarto lugar, como este descalabro tiene implicancias tanto nacionales como internacionales, la reacción de la institución presidencial debía haber sido ser mucho más enérgica, más rápida y más clara. En forma inmediata se debía haber presentado un programa de revisión de antecedentes de los funcionarios presidenciales, pero eso ocurrió días después. Se debería haber anunciado una radical modificación en los criterios de contratación del personal para asegurar su profesionalidad en lugar de asumir su bondad, lo que aún no se ha hecho. El responsable de la repartición que contrató y debía haber evaluado a esas personas (el prosecretario de la presidencia), tendría que haber renunciado, pero eso ni siquiera se contempló. Tendría que haberse explicado con detalle los modos por los cuales se realizará una revisión exhaustiva de los pasaportes y cómo se invalidarán los que son espurios, y las acciones contra quienes los están utilizando en distintos rincones del mundo. Tampoco están claras las respuestas en ese frente.

Sin embargo, la reacción estatal efectiva es suplantada por metáforas sobre emociones, y el presidente llegó a decir que se puede equivocar pero que no miente. Ante este quinto aspecto, es obvio que repetir que no se miente no soluciona los problemas. De todos modos, al progresar la debacle, el presidente, arrinconado, casi como último recurso, pidió que confiaran en él. En ello hay una cierta paradoja porque el que dice basarse en la confianza para el ejercicio presidencial, quien confiesa haber sido traicionado, le reclama a la ciudadanía que siga apostando a la confianza. Otra vez hay que precisar que la confianza, por sí sola, no soluciona los problemas.

Finalmente, el golpe es tan severo que el gobierno de Lacalle Pou como necesitará concentrarse en el control de los daños tendrá más dificultades para retomar una agenda proactiva. Deberá verse si logrará avanzar en la reforma previsional o si en cambio se anticiparán los ánimos electorales. Es por ello que, en cierta medida, el gobierno Lacalle terminó a fines de setiembre de 2022 para dar paso a una larga transición hasta la próxima elección.

Para evitar quedar atrapado en el simplismo, es necesario entender que las políticas públicas y el funcionamiento del Estado no es un melodrama de sentimientos rotos de una persona, por más que en este caso sea el presidente. Esos simplismos dañan la política, la erosionan, la carcomen. Por el contrario, se necesita rigurosidad, efectividad y profesionalismo tanto en las personas como en las instituciones estatales, y esas son tareas tanto individuales como colectivas, los que las hace políticas pero en un sentido más maduro y más amplio.

Las implicancias políticas del caso Astesiano por Alejandro Guedes
¿Cómo fue posible, tal como evidenció Fiscalía, que el jefe de custodia presidencial coordine la falsificación de pasaportes desde el piso 4 de Torre Ejecutiva? El tema es preocupante y tomó dimensiones internacionales. Aún se desconoce la magnitud del escándalo, pero desde el oficialismo se salió a respaldar al presidente, en tanto, la oposición manifestó voluntad de iniciar acciones parlamentarias. Desde el análisis político son muchos los elementos a considerar por lo que hay que identificar y ordenar los más destacados.
Son varias las dimensiones para analizar un caso delicado y complejo que impacta en el círculo más íntimo del Presidente y enciende varias alarmas a nivel de la gestión del gobierno: 1) selección y control del personal que trabaja con el Presidente; 2) conectado a lo anterior, seguridad de la información y acceso a datos confidenciales; 3) comunicación de gobierno en lo relativo a la estrategia de realizar una conferencia presidencial; y 4) controles ex post desde los distintos poderes.
1-En lo que respecta al reclutamiento y control del personal ha quedado en evidencia que se produjo una enorme falla al no advertirse sobre el legajo del jefe de seguridad. Fue necesario que la Policía se apersone en la residencia de Suárez y Reyes para detener al jefe de custodia y así sacudir el entorno presidencial. Este es el aspecto más mediático.
Ante el desconocimiento inicial que manifestó el presidente en conferencia de prensa (y que luego fue variando en otras declaraciones), los principales medios escritos han ido ampliando información que da cuenta de los antecedentes y anotaciones del implicado. A ello se agrega un elemento no menor, como las investigaciones periodísticas de Caras y Caretas y Radio Sarandí del año 2021. Y también un pedido de información del diputado Gerardo Núñez del 14 de abril de 2020. Bajo el supuesto de que aun así el presidente desconocía sobre las indagatorias, eventualmente estas noticias podrían haber motivado una investigación de los organismos de inteligencia, tanto de Presidencia como de Interior. De hecho, en la edición del día jueves 29 en Búsqueda se publica una breve nota donde el titular de Inteligencia Álvaro Garcé manifestó que en su momento se le comunicó al presidente. Por otra parte, los legisladores y los ministerios tienen destinado un presupuesto para el acceso a la prensa, por lo que también legisladores, jerarcas o asesores cercanos podrían haber advertido al presidente sobre esta situación para no dejarlo expuesto. Acaso ¿no hay legisladores en el oficialismo y particularmente en el Partido Nacional que no conocieran al jefe de seguridad?
En esta oportunidad la confianza política le jugó una mala pasada al presidente. En otros países la selección de los cuerpos de seguridad suele estar en manos de agencias especializadas en la materia. Pero en Uruguay se conjuga que pueden estar por fuera de los vínculos de función pública tradicionales y que pueden ser seleccionado por criterio de confianza. Al parecer este último criterio es el que primó para el armado del cuerpo de custodias sobre el que hoy pesa una investigación de legajos a solicitud del propio presidente.
Cabe mencionar otro punto polémico dentro de esta dimensión, relativo a la normativa que rige para los funcionarios públicos. Es oportuno para aclarar y advertir un aspecto fundamental: no todos los funcionarios son funcionarios públicos. La normativa relativa a normas de conducta de la función pública, Estatuto del funcionario público, decreto 500 y pruebas que aplican para la función pública en materia de ética, seguridad de la información, etc. no necesariamente aplican para todos los trabajadores de la administración pública. Hay que tener en cuenta que es muy frecuente que en los círculos de confianza política los vínculos laborales no necesariamente son de función pública, sino de contratos unipersonales o de otro tipo, por lo que toda la normativa y estatuto del funcionario no rige en esos casos. Sí rige en caso de comprobarse la existencia de funcionarios públicos en puestos estratégicos que proveían información, tal como se sospecha en trascendidos de prensa en base a la investigación de Fiscalía.
2-Este último aspecto nos lleva a una segunda dimensión: la seguridad de la información. La publicación de los mensajes de Whatsapp evidenció graves problemas que comprometen datos personales de la ciudadanía. Resulta paradójico que en el mismo edificio donde se coordinaba la actividad delictiva con acceso a bases de datos oficiales, trabaja la agencia (AGESIC) que entre otras competencias le compete la seguridad de la información y gobierno electrónico. De comprobarse las conexiones del implicado con personal de Cancillería y Ministerio del Interior para el acceso a bases de datos del gobierno estaríamos ante otra gran falla. Este es un asunto gravísimo en la medida que evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de información. Al día siguiente de la publicación de un avance de esta nota en mi blog La Polis el ministro de Interior Luis Alberto Heber anunció el inicio de sumario y separación del cargo del Director de Identificación Criminal por haber “adulterado” el informe sobre Astesiano. Si bien desde presidencia se ha reformulado una justificación apelando a una suerte de “engaño” al presidente, la explicación basada en la maniobra del director parece insuficiente.
3-En cuanto a la comunicación gubernamental y específicamente de presidencia, muy elogiada hasta el momento, parece haberse adoptado una estrategia apresurada e improvisada en este caso que daña un activo muy preciado por los políticos: la reputación. La conferencia de prensa brindada por el presidente con escasa información sobre el caso, lo ha dejado expuesto ante la información que fue surgiendo posteriormente y ante la crítica de la oposición. Al contrario de lo que venía sucediendo con anteriores conferencias, en esta oportunidad se dejó más dudas que certezas. A su vez tampoco se coordinó una salida con otros jerarcas de presidencia o de otras carteras, como sí se ha hecho en otras ocasiones. En términos de la comunicación política podría pensarse que no se calculó bien la situación de riesgo y eso puede dañar la reputación presidencial que hasta el momento goza de una buena imagen general.
4-Por último, y no menos importante, los controles políticos. Desde el gobierno, los principales referentes de la coalición han salido a respaldar públicamente al presidente. Pero desde la oposición se manifestó la voluntad de avanzar con llamados a sala y no se descartó solicitar la conformación de una comisión investigadora para identificar posibles responsabilidades políticas. Estos mecanismos de control ex post -sin perjuicio de la Justicia- siempre son saludables para la democracia. Lo han sido en años anteriores y lo puede ser para echar luz sobre un caso complejo como este. Un aspecto a tener en cuenta es que el caso está muy intrincado en presidencia. Constitucionalmente los jerarcas de la órbita de presidencia no rinden cuentas al Parlamento en una interpelación. Sí lo pueden hacer los ministros. Este es otro problema estructural que tiene el sistema político ya que el centro de gobierno, que es la órbita de presidencia, se ha ampliado considerablemente con una diversidad de secretaría y agencias con competencias muy sustantivas, pero que no rinden cuentas al Parlamento como sí lo hacen los ministerios. De todos modos las herramientas con las que cuenta el parlamento pueden ser de utilidad para el análisis de información que circula por los canales oficiales, desde expedientes, solicitudes, mail o las propias consultas a jerarcas y mandos medios.
En suma, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, el sistema democrático está ante el desafío de demostrar su vitalidad a hombros de los controles entre los poderes de estado y el trabajo periodístico.

Una sobreactuación ridícula por Oscar Sarlo
¿La confianza mata al hombre?
Sí, pero como aquí no hay un problema de confianza, sino de complicidad, no matará al hombre. No creo que un político tan avezado, meticuloso y calculador como nuestro Presidente, haya sido víctima de confianza o ingenuidad. Quien ha sido capaz de hacer “desaparecer” a su propio padre de los medios para que no obstaculizase su estrategia electoral, es obvio que no peca ni de ingenuidad ni de inocencia.
¿Funciona la inteligencia estatal en nuestro país?
Entiendo que sí, desde que el Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, Alvaro Garcé le había advertido de los antecedentes de Astesiano. También funcionó en el caso Marset. El problema es que -aparentemente- el Presidente se maneja con otros criterios.
¿Es tan fácil infiltrar organismos como la Dirección de Identificación Civil, la policía o la cancillería?
No creo que sea fácil, ni tampoco entiendo por qué se sugiere que Astesiano era un inflitrado ¿de quién?
¿Alcanza con el conocimiento personal para nombrar en un cargo?
Obviamente, conocimiento personal + información de inteligencia, deberían ser una base segura para conformar el equipo de seguridad.
¿Si es compañero o correligionario, es confiable?
No necesariamente, pero tampoco es el caso.
¿Hasta dónde deba llegar la investigación del insuceso?
Debería llegar hasta el círculo más inmediato del Presidente. Pero, como en tantos otros episodios, ya se está instalando una operación mediática destinada a que nada se averigüe, o no tenga ninguna consecuencia, y en todo caso, ya se están sentando las bases para deslizar que el error se originó en un reglamento, decisión o personaje vinculado al gobierno del Frente (como en el caso Marset, ya que hablamos de pasaportes…). Toda la estrategia comunicacional del gobierno ha sido esa: trasladar las culpas a los gobiernos del Frente y desdecirse impunemente.
¿Los políticos uruguayos son unos “palomas” fáciles de engañar?
De ninguna manera: no tendrían el poder que tienen si lo fueran.
¿Le corresponde solo al presidente asumir la culpa de este error?
Por supuesto, en primer lugar. Él se jacta permanentemente de haber formado el mejor equipo, de hacerse cargo, y de no mentir. Y aquí vemos que su equipo estuvo lleno de puntos oscuros (la depuración de la policía no termina nunca), todos los papelones se los endosa a algún funcionario o decisión de los gobiernos frentistas, y no se le mueve un pelo al mentirnos (el lunes 26 dijo no tener “el más mínimo indicio” de los antecedentes de Astesiano, al otro día empezó a reacomodar la declaración. Pero ahora con una sobreactuación rídícula: afirmar que nunca miente, sabiendo que la sinceridad no es algo que pueda afirmarse de uno mismo, sino que resulta del juicio de quienes nos evalúan. Me hizo recordar la frase del personaje mafioso “Tony” Montana (Al Pacino): “Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento…”
¿No es imprescindible una limpieza institucional en varios organismos?
Desde luego, pero en algunos casos, los procedimientos exigidos por la Constitución se subordinan a lealtades políticas…

Había una vez un guardaespaldas y un Presidente por Virginia Cáceres
La noticia se conoció y estalló el escándalo, miles de hipótesis, conjeturas y construcción de variadas teorías aparecieron rápidamente. Es que en la monotonía de lo cotidiano la noticia tenía todos los condimentos necesarios para ser una gran noticia y, en el mundo de la inmediatez en el que vivimos hoy en donde la necesidad de información lleva a una sobreproducción de material, con una amplísima variedad de formas y métodos, es una combinación que nunca puede ser buena para quien es pasible de ser “la noticia”, pero tampoco para quienes quieren ser informados correctamente de los hechos ocurridos.
Si logramos entonces corrernos del lugar fácil de cargar todas las responsabilidades en la figura del Presidente nos vamos a encontrar con una situación que debería despertar la preocupación de todo el sistema político porque que evidencia una falla grave en el sistema de contralor en algunas oficinas del Estado, por ejemplo los hechos ocurridos en el Registro Civil que ameritaron el inicio de una investigación administrativa que permitirá determinar posibles responsabilidades y que son de una gravedad todavía no dimensionada.
La trama delictiva que comienza a develarse muestra un derrame en varias oficinas del Estado, evidencia una estructura organizada, estable y, aparentemente, con un tiempo de existencia considerable que involucraría a varios funcionarios públicos. Más allá de lo novelesco de la situación del custodio, el cual no es funcionario público y no forma parte de los estamentos estables de la burocracia estatal, la realidad es que el foco necesariamente debe estar puesto en las acciones que realizaron los funcionarios públicos del Registro Civil, del Ministerio del Interior, el de Relaciones Exteriores o cualquier otro que haya participado de una u otra forma en alguna de las etapas que permitieron cumplir con los encargos delictivos.
Y es importante y debe ser el motivo de preocupación y de investigación porque estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando del Estado y de una posible red de corrupción metida dentro de distintos organismos que trabajan en forma coordinada y por encargo y respecto de la cual todavía no sabemos el alcance.
Claro que rinde mucho más en términos políticos endosarle la exclusividad de la responsabilidad al Presidente, pero la realidad es que el custodio ya es historia, no está más en Torre Ejecutiva y no cuida más al Presidente, sin embargo hay una cantidad de funcionarios públicos, no sabemos exactamente cuántos, que todos los días van a sus respectivas oficinas a trabajar, a los que les pagamos un sueldo todos los meses y que siguen teniendo las condiciones necesarias para realizar los mismos actos, que propicien los mismos hechos delictivos, encargados ahora por alguien distinto al custodio.
Es muy pronto para realizar un análisis de la situación, aunque no parezca, no contamos con información suficiente que permita evaluar la magnitud de los hechos o que grado de implicancia estatal hay en esta trama todo lo cual, necesariamente requiere una investigación seria, rápida y transparente y mientras que eso suceda el sistema político debería mantener una prudente calma y practicar el arte del silencio a los efectos de avanzar en la investigación de una trama que aparenta ser bastante más compleja que la situación procesal del guardaespaldas del Presidente.
Claro que esto no va a suceder y como en cualquier telenovela hay actores que quieren ser protagonistas de cualquier historia. La oposición ya anunció una interpelación que, como todos sabemos, no va a aportar ningún hecho que permita avanzar en la investigación más que satisfacer la necesidad de protagonismo de algunos actores.
Alguien que le alcance el bisturí. Por Mauro Mego

Ningún Presidente puede estar atento a todos y cada uno de los detalles de la estructura que dirige. Es muy vasta, descansa sobre la acción de mucha gente que no se conoce. Si bien el Presidente es el responsable último y más relevante de lo que ocurre en un gobierno, sería una tontería pensar que sabe todo lo que ocurre en la administración. El problema del caso Astesiano es que se desarrolló demasiado cerca, vulnerando la imagen que el Presidente mismo ha construido sobre sí mismo y con la ayuda de una corriente mediática no menor. El Presidente se ha sentido muy cómodo definiéndose como responsable absoluto de todo lo que pasa, más de una vez lo ha dicho explícitamente, ha basado el prestigio de su gobierno casi que estrictamente en su figura. Pero en este caso el Presidente ha roto, al parecer voluntariamente, ese hechizo. Ha decidido pasar por crédulo, por inocente, por confiado, ante tamaño escándalo. No lo ha hecho solo, lo ha hecho con muchos analistas que ahora le otorgan una carta de crédito llamativamente inédita si tomamos en cuenta los niveles de exigencia moral con que opinaban unos años atrás. No estamos ante un cambio repentino de un funcionario subalterno, ante una macana puntual de la que nadie está libre, estamos ante una sucesión-de varios años-de hechos de extrema gravedad alrededor de nada menos que el número uno de la seguridad del Presidente quien según el propio mandatario tenía estrecha relación con su partido político desde hacía años. Es alguien que por la naturaleza de su trabajo debe saber mucho, debe dialogar con todas las áreas de seguridad e inteligencia del Estado, tiene acceso a datos de extrema delicadeza no solo nacionales sino internacionales. Asimismo, los delitos por los cuales está indagado requieren necesariamente la connivencia de mucha más gente en lugares claves del Estado: hablamos del acceso a información a la que no accede cualquiera, hablamos de hechos que para llevarse a cabo requieren una maquinaria eficiente, requieren más gente y más silencios. Cada día que pasa todo huele peor, cada día rinde menos “cancherearla”, las autoreferencias campechanas y las luces de sala de prensa ya empiezan a no dar gracia, ni a despertar sonrisas cándidas de algunos comunicadores en idilio con nuestro adalid liberal criollo. Si uno registra las declaraciones del Presidente y las volteretas discursivas que ha dado, rápidamente calibra la magnitud del hecho. Quedará por verse si nuestro sistema pone esto debajo de la alfombra o si al fin el bisturí entrará a fondo. Demasiado grueso para pensar que esto es una mera falla de confianza o una cuestión de “idoneidad técnica”.

“Crepúsculo en Arcadia”: corrupción en “la oficina con status de país” por Oscar Mañán
El título refiere a dos monumentales trabajos sociológicos realizados por periodistas y escribidores: Carlos Martínez Moreno y Mario Benedetti . El primero, apunta al deterioro de la institucionalidad democrática pre-dictadura, donde los uruguayos amanecíamos del sueño de la “Suiza de América”, y redescubríamos una realidad más dura y contrastante. El segundo, describe el proceso de burocratización del país, visto como una pequeña oficina, donde todo ocurre, lo legal, lo ético y lo no tanto.
En los últimos días saltó a la palestra un conjunto de actividades ilícitas imputadas al jefe de seguridad del Presidente de la República. Desde el período electoral se apuntaban supuestas denuncias a dicha persona, ahora un fiscal pidió su encarcelamiento y se le agregan a la causa múltiples actividades ilícitas, incluso una asociación para delinquir.
Fuentes oficialistas, lejos de “hacerse cargo” de la vergüenza, rescatan la institucionalidad del país, porque dado la orden del fiscal se procedió como corresponde a la captura de este señor que cumplía funciones en la misma casa presidencial. Es decir, los mecanismos previstos por las leyes se cumplieron, una causa judicial con pruebas suficientes de delitos llevó a la detención del acusado. Se resalta aquí, no siempre de manera explícita, que no hubo intervenciones de presidencia para entorpecer la acción de la justicia. Asimismo, el presidente había mantenido un tiempo atrás toda su confianza en el funcionario, alegando que “todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario”, principio básico del derecho.
Sin embargo, cuando analizamos un poco más de cerca los delitos imputados, la supuesta fortaleza de la institucionalidad democrática se tambalea. Veamos.
Cuando se cuestiona la falta de controles para habilitar la contratación de un funcionario con la responsabilidad asignada (cuidar el entorno del presidente), se aduce que los antecedentes que llegaron a quienes hicieron la evaluación respectiva no estaban completos. Es decir, alguien fue responsable de intervenir para realizar un cambio o “desasociar” el expediente del funcionario de su actividad delictiva anterior. Dicha falla interpela la institucionalidad del Estado y sus controles; o peor aún, genera indicios de organizaciones ad hoc para vulnerarla.
Asimismo, uno de los delitos que se le acusa a dicho funcionario es la falsificación de pasaportes, para lo que debió disponer de la información respectiva para el acceso y manejo del banco de datos de la oficina de identificación civil. Este hecho, sumado al caso anterior donde se le otorgara un pasaporte en condiciones de legalidad normales a un ciudadano uruguayo preso en Dubái por portación de pasaporte paraguayo falso; mismo que tenía antecedentes en el país y era buscado internacionalmente por tráfico de drogas y pesaba sobre él una acusación de participar en el asesinato de un juez paraguayo. El mecanismo y la celeridad con que se otorgó el documento, la entrega del mismo por vías no usuales, incluso, ante la alerta de la propia cancillería uruguaya en Dubái. Todo esto, pone fuertemente en tela de juicio la institucionalidad del país, su imagen internacional y su vulnerabilidad respecto de relaciones clientelares y/o amiguismos que permiten su manipulación.
Increíblemente, en la torre Ejecutiva, cede administrativa del Poder Ejecutivo de una de las “democracias ejemplares” operaba una red de corrupción, basada en información calificada y en las narices de las máximas autoridades del país. Esto delata una institucionalidad deteriorada, falta de profesionalidad de la burocracia, cuestiona la probidad de la función pública y muestra un Estado vulnerable a logias de intereses particulares. El Estado moderno tipificado por Weber como una organización racional-legal retrocede a su estadio anterior: un Estado oligárquico donde el cuerpo administrativo se basa en relaciones de confianza y lealtad con las jerarquías de turno alentando beneficios particulares.

Martínez, C. (1971). Crepúsculo en Arcadia: la institucionalidad y su derrumbe a la uruguaya. Bs As: Siglo XXI ed.
2 Benedetti, M. ([1960]1966). El país de la cola de paja. Mvd: Asir.

El peor momento de tus mejores cinco años por Roberto Elissalde
Sembrar la desconfianza en las capacidades de gestión y en la idoneidad moral del Frente Amplio fue uno de los principales objetivos de la futura coalición de derecha que hoy gobierna al país. El “robo” de 800 millones de dólares en ANCAP (en realidad era un déficit), el fracaso del proyecto de la regasificadora, la liquidación de PLUNA, la “inoperancia” del Ministerio del Interior ante el crecimiento del delito, la fuga de Rocco Morabito y finalmente la falta de título de licenciado y el manejo de una tarjeta de crédito de forma inapropiada por parte del ex vicepresidente Raúl Sendic fueron los arietes utilizados para derribar la confianza mayoritaria en el Frente Amplio.
La gran operación no se hizo para avanzar hacia una utopía liberal sino con el objetivo de sustituir a un elenco político que parecía inepto y corrupto.
En el marco de esa operación no se dudó en poner en peligro la credibilidad de instituciones intachables, como el INE, la Jutep o el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.
Hoy la realidad se ha vuelto contra la coalición y el gobierno se encuentra en el peor momento de sus mejores cinco años de vida: poner a la policía en la calle no fue suficiente para bajar los asesinatos, la caída de los asesores del exministro Germán Cardoso anuncian un final no feliz para el capo de la banda y el crecimiento económico sólo fue aprovechado por los malla oro, mientras sigue creciendo el número de pobres. Montepaz consiguió ventajas a pedido, contra el consenso sanitario mundial a través de una humilde charla con las autoridades. Y finalmente el fuego llegó a Cancillería y Presidencia: la entrega de un pasaporte exprés a Sebastián Marset y la contratación de Alejandro Astesiano –un delincuente conocido– como guardia personal del más alto cargo ejecutivo del país, llevaron el peligro al área chica.
Increíblemente, el presidente Luis Lacalle tomó una decisión comparable a la de Sendic cinco años atrás: en vez de encarar el problema decidió poner su credibilidad como escudo y último fusible. Astesiano no tenía antecedentes y él fue engañado en su buena fe.
No tengo hipótesis que intenten explicar por qué Astesiano consiguió ese trabajo y qué le permitió montar una oficina para delinquir desde la propia Torre Ejecutiva. Pero veo que la política criminal de alguno de los coaligados para dinamitar la confianza en las instituciones no sólo hacía daño cuando eran oposición. Son capaces de dañarlas incluso cuando son gobierno.
La culpa no la tienen los servicios de inteligencia policial, ni el Poder Judicial, ni el director de Identificación Civil: un asesor de ese rango no se solicita a una agencia de colocaciones.
La subsiguiente decisión de pasar los costos políticos a funcionarios de menor escala dentro del aparato del Estado es comprensible (todo político trata de acumular peso político y despegarse de todos los costos), pero el gobierno está pasado de rosca. Generar desconfianza en las instituciones cuando lo que fallan son las personas (el Presidente, el Prosecretario de Presidencia, los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores) es una manera de no hacerse cargo.
El Partido Nacional y sus socios menores nunca prometieron la utopía de un país diferente, sino que implementaron una forma práctica de librarse de los incompetentes y los corruptos (léase el FA). Pero ahora, roto el himen de la inocencia, el gobierno va a ser evaluado por su performance en el mundo real.
Se abre una gran oportunidad para el FA. Esperemos que la autocrítica haya sido asumida y que no se caiga en el oportunismo de tirar las instituciones junto con los actuales gobernantes. Si logra corregir errores y entusiasmar con un destino mejor para la mayoría absoluta de los uruguayos, hay una buena chance de que el multicolorismo sea una golondrina de un solo verano.

Espalda con espalda por Gonzalo Maciel
El tema que nos convoca es delicado, porque afectó al presidente directamente, como persona y como funcionario. Además, y no menor, la situación de que, a un ciudadano, alguien le borró antecedentes penales con el único objetivo de engañar a alguien, en este caso, nada más y nada menos que al presidente de la República.
Quizás si nos ponemos en lugar del presidente podremos decir que jamás hubiésemos tomado como jefe de seguridad a alguien investigado por supuestos delitos, por más que no tuviese antecedentes. Y siguiendo en el terreno de lo hipotético, lo hubiésemos puesto en otro lugar, pero no de jefe de la seguridad presidencial.
Dicho lo anterior debemos tener en cuenta que el mismo presidente reconoció públicamente el error, reconoció que lo habían puesto en aviso, pero eligió confiar en quien estuvo durante mucho tiempo a su lado.
Los que hemos hablado con Lacalle y /o sabemos de su forma de actuar, sabemos que se mueve por la confianza en las personas y el afecto. Quizás ahí es donde tendría que hacer autocrítica (estoy siendo muy atrevido). Aun sabiendo que le estaríamos pidiendo que deje de ser él mismo, virtud que hemos resaltado y que creemos lo ha llevado a ser el primero de la fila.
Ahora, repensando el párrafo anterior y siendo honesto, prefiero a este presidente, honesto con los ciudadanos y honesto consigo mismo, siendo transparente ante la opinión pública y mostrándose humano. Esto nos debería servir a todos, para de una vez por todas abandonar esa costumbre de creer que los líderes son infalibles, omnipresentes y omnipotentes.
Para cerrar debemos concluir algunas cosas.
El Uruguay institucionalmente ha vuelto a demostrar su fortaleza, a pesar de lo grave y delicado de la situación, la Justicia y Fiscalía investigaron durante un año al jefe de la custodia presidencial, como consecuencia lo detienen y formalizan, sin injerencia alguna de otro de los Poderes del Estado. Por lo que podemos afirmar, que los que andan gritando “hay una crisis institucional” están dando manija infundada.
Que una vez que el caso está en la Justicia, debemos dejarla actuar. Y el gobierno debe poner su atención, como lo viene haciendo, en los temas importantes, empleo, seguridad y educación. En eso si nos va el presente y el futuro como país.
Y que gobernar es tomar decisiones, este presidente las ha tomado y se ha hecho cargo desde el momento uno, asumiendo las consecuencias de esas decisiones. A esta altura del gobierno y del caso específico, podemos mirar para atrás y afirmar sin miedo alguno, que las buenas decisiones frente a las malas decisiones han sido más, en cantidad y en calidad. Por lo que seguiremos estando espalda con espalda con el presidente Luis Lacalle Pou.

El poder real por Juan Pablo Grandal
Un problema que sufren los Estados modernos desde alrededor de mediados del siglo XX, es la casi (y no tan casi) autonomía que los servicios de inteligencia disfrutan del poder político. Es algo que incluso se ha transformado en cierto sentido común en muchas sociedades, la cantidad de obras de ficción norteamericanas que incluyen dentro de su guión, agentes de inteligencia o agencias enteras accionando de forma completamente independiente del poder político son incontables. Obviamente no hay que tomar aquello que nos presenta la ficción como cierto, pero en este como en muchos casos, hay elementos de realidad en ella, que puede exagerarse para entretener al público, pero no es una fantasía completa.

Citando al periodista y pensador inglés GK Chesterton, “la principal característica de las formas modernas de gobierno es que NO sabemos quien nos gobierna tanto ‘de facto’ como ‘de jure’”. Tendemos a creernos la ficción de que quienes realmente ejercen el poder en nuestras sociedades son quienes tienen el derecho a ejercerlo. Marx llamaba a esto “falsa conciencia”, mentiras útiles que nos creemos que están en contradicción con las reales condiciones materiales de la existencia.

Creemos que por vivir en una democracia liberal, en la que por lo tanto ejercemos un montón de derechos, entre ellos el de elegir libremente a nuestros representantes, el pueblo es quien gobierna. Sí, tenemos cierta capacidad de decisión, es cierto, que en otros contextos no se tiene. Y nuestros representantes ejercen cierto poder también, es cierto. Pero como explican autores tan variados como Spengler o Schmitt, todo esto esconde que en la realidad las decisiones más importantes siguen siendo tomadas por un número ínfimo de personas. De la misma manera que en regímenes abiertamente aristocráticos. En nuestros sistemas modernos hacemos poco más que ocultar la naturaleza inherentemente aristocrática del poder político, en la que una minoría ejerce el poder y las mayorías son gobernadas.

Quien no entiende esto claramente, al ver hechos como los relacionados al caso Astesiano, es incapaz de creer que el Presidente Lacalle Pou no estaba enterado de las actividades de su guardaespaldas. O que estaba enterado en parte pero no en su totalidad. Es el Presidente, ¿cómo podía no saber? Es quién manda a fin de cuentas, ¿no?

Estas preguntas no son tan fáciles de responder como parece, pero hay algunas cosas que quedan claras. Se le ocultó información al Presidente sobre una conspiración criminal que tenía como protagonista a una persona muy cercana a él y que disfrutaba de su confianza; y hay elementos criminales y de inteligencia extranjera que se encuentran infiltrados en el Estado al más alto nivel.

Políticamente, que esto se haga público es perjudicial tanto para el gobierno como para el país. Para el gobierno porque deja al Presidente como un impotente de cara a la opinión pública, peor aún cuando esta situación involucra al Ministerio del Interior, cuando la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la población, a la que el gobierno no pareciera brindar las respuestas adecuadas. Esta apariencia de impotencia es aumentada inclusive por las propias declaraciones del Presidente. Para el país, porque daña nuestra reputación internacional, y la confianza que en los últimos tiempos ha generado a nivel internacional un pasaporte uruguayo.

Entiendo que pedirle que controle efectivamente a los servicios de inteligencia es mucho pedir por lo que dije al principio (estos muchas veces responden a los más variados e inconfesables intereses), más aún a aquellos servicios extranjeros que operen en el país. Pero quizás recambios de autoridades en el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Inteligencia serían adecuados, aunque sea solo por un tema de imágen, que no deja de ser importante. Hay que dejar atrás la imagen de impotencia. Es importante que nuestros líderes al menos aparenten ejercer el poder, nadie, del signo político que sea, esté a favor o en contra del gobierno, o sea apartidario, quiere ser gobernado por impotentes.

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