La rúbrica del denominado acuerdo salarial “puente” en el ámbito del Consejo Superior Tripartito integrado por el gobierno, las cámaras empresariales y el movimiento sindical, consagró uno de los más groseros y bochornosos despojos a la clase trabajadora de la historia reciente.
En ese contexto y con la epidemia de Coronavirus como aliada circunstancial, se dibujó la utopía perfecta del gran capital: rebaja salarial, desregulación laboral, precariedad e incertidumbre.
Este deletéreo caldo de cultivo –que afectará las retribuciones de los trabajadores e indirectamente de los jubilados- tiene consecuencias conocidas: radical merma del poder de compra de las familias en un escenario de fuerte empuje inflacionario, caída de la demanda y el consumo y, en muchos casos, pobreza y miseria.
Estos son los conocidos ingredientes del menú neoliberal, que, en 2002, -en un pasado no tan lejano en el tiempo- provocaron la peor crisis económica y social de nuestra historia.
Coincidentemente, también en este caso al frente del país está una coalición integrada por blancos y colorados como entonces, que –junto a sus otros tres socios derechistas – descarga todo el peso del desastre devenido de la epidemia sobre la clase trabajadora.
El documento, que fue firmado a regañadientes por el PIT-CNT y con la lógica complacencia por el sector empresarial -cuyos objetivos sintonizan perfectamente con los de la administración de Luis Lacalle Pou- puede considerarse como histórico, ya que es la primera vez que una negociación salarial avala una rebaja, desde la creación de esta herramienta en 1943.
En efecto, esta contingencia es peor que la de la década del noventa, cuando el gobierno nacionalista de Luis Lacalle Pou violó groseramente la ley al no convocar a los Consejos de Salarios. El mismo criterio siguieron las administraciones de los colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle.
Por entonces, los sindicatos tenían intacta su capacidad de movilización y de adoptar medidas de lucha, porque la situación del mercado del trabajo no era tan crítica como en el presente, con un horizonte de desocupación estimado en un 15% para el segundo semestre del año.
Las pautas que acaban de ser aprobadas -que son realmente vergonzosas- suponen un retroceso salarial que abarcará por lo menos dos años, dependiendo de la evolución de la economía y de los humores del mercado.
Esta situación tendrá dramáticas consecuencias sobre la mayoría de los hogares uruguayos, pero también impactará al comercio y, algo que parece no percibir el gobierno, provocará un serio deterioro en las arcas del Estado por la pérdida de recaudación de los impuestos al consumo.
Incluso, esta “solución” tal vez sea peor que la aplicada en la década del sesenta por el gobierno fascista del colorado Jorge Pacheco Areco, que congeló por decreto los sueldos pero también los precios.
¿Cómo logrará el MEF equilibrar las cuentas públicas y reducir la brecha fiscal con esta caía de sus ingresos? Por supuesto, bajando los salarios públicos, las jubilaciones y la inversión en políticas sociales, típicas recetas neoliberales.
Evidentemente, el acuerdo tripartito debió incluir, como mínimo, el compromiso del Poder Ejecutivo de no ajustar las tarifas y el de los empresarios de no remarcar precios, a los efectos de no golpear aun más las economías domésticas de los uruguayos. Obviamente, nada de ello sucedió. Todo parece ser a pedir de boca de la oligarquía vernácula que detenta la propiedad privada de los medios de producción, la cual siempre movió los hilos de la economía entre bambalinas.
Por supuesto, el contenido del documento rubricado por las partes, que ciertamente es bastante conocido por la amplia difusión que ha recibido, es bochornoso y una auténtica afrenta a la más elemental racionalidad.
En efecto, con una inflación anualizada que ya supera el 10% en el primer semestre del año, lo proyectado es un irrisorio ajuste salarial del 3% en enero de 2021 y un eventual adicional de un 1% para los trabajadores con retribuciones de mera supervivencia. Incluso, en el caso de las empresas en dificultades, el ajuste puede ser diferido hasta el mes de abril.
La segunda etapa será a fines del junio del año que viene, cuando se aplicará un correctivo por inflación de los últimos doce meses, al cual se le descontará lo otorgado en enero y el índice de caída que sufra la economía, que se estima en un 3%.
Recién en 2022 se podría iniciar un escenario de recuperación salarial para alcanzar los niveles del presente, siempre que el Producto Bruto Interno crezca, acorde con la apócrifa teoría del derrame. Realmente, hay que tener mucho “coraje” o caradurismo para anunciar este impresentable adefesio, como lo hizo el Ministro de Trabajo Pablo Mieres
La fórmula, que cierra perfectamente con la rapacidad de las cámaras empresariales, tiene poca relación con la coyuntura de crisis devenida de la epidemia de Coronavirus.
En efecto, durante el pasado quinquenio y en un escenario político diferente, estos señores –que son los dueños del país- ya reclamaban la reducción de los costos laborales y medidas de flexibilización que les permitieran seguirse enriqueciendo.
El ejemplar acto de constricción del movimiento sindical firmando el acta de un acuerdo desdoroso para no generar conflictos en una situación compleja, contrasta radicalmente con la deleznable actitud de una oligarquía empresarial cerril e insensible que- en plena epidemia- no pagará los costos de la crisis y seguirá engulléndose la plusvalía producida por sus empleados.
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